La Contraloría General de la República arrojó que el Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) contrató encuestas de manera improcedente a dos consultoras entre enero de 2020 y octubre de 2021, es decir, durante los últimos dos años del segundo mandato de Sebastián Piñera.
Mediante una auditoría a las adquisiciones realizadas por esa cartera por trato directo en ese periodo, se determinó que «contrató al proveedor Consultores Asociados de Marketing CADEM S.A. a través de 12 tratos directos, servicios por concepto de estudios de opinión estratégicos por un total de $345.149.782», consigna el informe del ente contralor.
En esa misma época, «se contrataron los estudios estratégicos con la Universidad del Desarrollo, la empresa Fases Asesoría e Investigación en Gestión de Marketing y Asesoría e Inversiones VVS SPA (Criteria) por un total de $255.000.000, $193.246.048 y $138.592.000, respectivamente».
«En lo específico, el fundamento de dichos tratos directos fue que aquellas empresas contaban con una reconocida y comprobada experiencia técnica, orientada hacia la investigación de mercado y opinión pública en Chile, sin que se haya demostrado documentadamente la causal invocada», afirma el documento.
Verificado lo anterior, la Contraloría instruyó a la Segegob a «incorporar esta materia en los procedimientos disciplinarios anunciados en su respuesta, correspondiendo que remita el acto administrativo que así lo disponga a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de este Organismo de Control, en el plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe».
Esto «sin perjuicio de adoptar las medidas de control necesarias para fortalecer sus procedimientos sobre la materia, a fin de ajustarse a la normativa de compras públicas, justificando adecuadamente la realización de tratos directos, de modo de no repetir situaciones como las observadas», agrega el escrito.
Por otro lado, también «se constataron adquisiciones con los proveedores Consultores Asociados de Marketing CADEM S.A. y Fases Investigación y Asesorías en Gestión de Marketing Ltda. por montos superiores a 1.000 UTM, sin que conste la existencia de los respectivos contratos, situación reconocida por el servicio».
Respecto a ello, el ente contralor ordenó «dar estricto cumplimiento a la normativa vigente y al manual de adquisiciones institucional en términos de formalizar un contrato para adquisiciones» de este tipo, así como «iniciar el proceso disciplinario comprometido en su respuesta, debiendo remitir el acto administrativo que así lo instruya a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de este Organismo de Control, en el plazo de 15 días hábiles».
Además, se determinó que las resoluciones que autorizaron estos tratos directos no establecieron el cumplimiento «de los objetivos mencionados en el inciso penúltimo del artículo 10 del Reglamento de la ley de Compras Públicas, para no exigir el otorgamiento de una garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, y por lo tanto, dicha operación debió contar con la garantía o resguardo respectiva».
En ese sentido, también se instó a acatar ese apartado en el futuro, «definiendo para ello procedimientos de control tendientes a verificar su aplicación, los cuales tendrá que informar en el plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción del presente informe final», materia que de todos modos será parte de un proceso disciplinario «a fin de establecer las eventuales responsabilidades administrativas, correspondiéndole remitir el acto administrativo que así lo instruya, en el plazo de 15 días hábiles».
Finalmente, la Contraloría acreditó un «incumplimiento del plazo de ejecución de los servicios contratados con el proveedor Pontificia Universidad Católica de Chile, de 8 semanas a partir de la aceptación de la orden de compra, para la realización de un estudio sobre discriminación y participación ciudadana, por un monto de $9.800.000».
Como la resolución exenta N°272/130 califica como un incumplimiento grave el atraso en la entrega de tales servicios -sancionada con multas del 20% sobre el precio del contrato por día, respecto del valor neto total-, se determinó que la Segegob también incluya tales hechos en el proceso disciplinario, «remitiendo el acto administrativo que así lo disponga a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía en el plazo de 15 días hábiles».
Dicha entidad «deberá analizar lo señalado y efectuar los cobros que correspondan, lo cual deberá acreditarse y documentarse en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe final», cierra el resumen de los hallazgos.
