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Por Jaime Abedrapo

Dr. en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Académico de la Universidad San Sebastián.

Hemos visto como los medios de comunicación han recogido de autoridades acusaciones cruzadas respecto de quien ha ocultado el Informe de la PDI, en el cual entrega los resultados de una investigación realizada en el SENAME durante el 2017.

El informe al que hemos podido acceder gracias a que CIPER lo ha publicado íntegramente, viene nuevamente a revelar lo que antes había señalado el informe del INDH y una investigación realizada por la UNICEF, que sostuvo que en Chile se han violado sistemáticamente los derechos humanos de los niños vulnerables que están bajo la protección del Estado.

Los funcionarios de la PDI nos señalan que el 88% de las residencias registran abuso físico, maltrato y abuso sexual, es decir, entrega antecedentes contundentes para insistir que en Chile se viola no sólo la Convención de los Niños de 1989, sino que la misma Declaración de los Derechos del Niño de 1959, situación que de golpe nos derriba la narrativa de “país en el umbral del desarrollo”. En efecto, hay quienes mantienen tozudamente la tesis de que ello se mide por el per cápita de los países, sin embargo, es tiempo de reconocer y aceptar que el crecimiento per sé no nos convierte en una mejor nación.

El crecimiento de algunos en la sociedad o la mayor libertad de oportunidades para una parte de la sociedad, no es sinónimo de desarrollo, sino que precisamente puede ser la condicionante para establecer conflictos sociales, aumento de delitos o corrupción. Difícilmente la probidad, el acato a la ley y el compromiso con bien común sean hijos de la falta de interés por la comunidad, sino que, por el contrario, la injusticia social genera desconfianza e ilegitimidad de las instituciones de la República, rebaja la moral de sus ciudadanos y fomenta la crispación social. ¿No se parece en algo a la realidad chilena actual?

Esta columna no pretende levantar una bandera anti crecimiento, sino una de crecimiento con sentido político y social ante la comunidad (toda). La situación que nos reveló el informe de la PDI nos advierte que Chile no resguarda algunos principios fundamentales de los derechos que emanan de la propia dignidad de los niños, niñas y adolescentes, como lo es el “derecho a recibir cariño, afecto y compresión”, que por cierto Chile se comprometió a respetar desde 1959. A la luz de los nuevos antecedentes podríamos afirmar que ello fue un acuerdo internacional suscrito, entre muchos otros, que no se acompañó de los recursos y las políticas públicas requeridas para su cumplimiento. La pregunta que debiéramos hacernos entonces ¿ello sucedió por ineficacia o desinterés?

Para los que entienden que el progreso es lineal y que sin duda vamos en camino hacia él, les resulta complejo comprender que a pesar de que nuestro país en los últimos 30 años haya prácticamente triplicado su Producto Interno Bruto, estos temas sigan siendo acuciante. Posiblemente se deba a que su perspectiva material de desarrollo no entregue elementos de juicio que le permitan comprender que el tejido social no se regenera automáticamente, y que el individualismo no es la estrategia más eficaz para ello.

En los hechos la situación de los niños del SENAME viola prácticamente los diez principios que se comprometieron por Chile a mediados del siglo XX, sin embargo, el más notoriamente incumplido ha sido el derecho que tienen los NNA de protección contra malos tratos.

Recientemente en el país se ha creado una nueva institucionalidad para la niñez, la cual posiblemente no podrá sola superar la situación actual del ex SENAME, por lo que se requerirá nuevos esfuerzos de todos los actores políticos y sociales para abordar gradualmente la situación de nuestros niños. En definitiva, avanzar de manera decidida hacia las casas de acogida, intentando evitar más íntegramente que los NNA lleguen a instituciones despersonalizadas y carentes de afecto.