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En mayo de 2015 fue promulgada la Ley Nº 20.845 de Inclusión Escolar, que presentaba tres principios básicos: fin al copago, fin al lucro y fin a la selección escolar. Este último criterio, se consigue mediante un sistema de admisión único y centralizado, que busca asegurar un proceso justo, equitativo y transparente para todas las familias, y que acabe con los procesos de selección discriminatorios y arbitrarios. Para ello se utiliza una plataforma de postulación y algoritmo que asigna los cupos de acuerdo a ciertas restricciones y la relación entre oferta y demanda.

Por Mauricio Castro

Jefe del área de Educación

 Lagos & Asociados Abogado

Los resultados han sido los siguientes desde su implemtación; el 2016 se desarrolló en la región de Magallanes, donde 86,7% fue admitido en algún colegio de su preferencia, el 2,4% fue asignado a un establecimiento cercano a su domicilio y un 3,8% se mantuvo en su colegio de origen, para el año 2017, se realizó en Tarapacá, Coquimbo, O’Higgins, Los Lagos y Magallanes, teniendo como resultado que un 88,9% fue admitido en algún colegio de su preferencia, el 0,3% fue asignado a un establecimiento cercano a su domicilio y un 4,4% se mantuvo en su colegio de origen y en el 2018, se implementó el sistema de admisión en todas las regiones (exceptuando la Región Metropolitana), un 82,5% fue admitido dentro de sus preferencias, un 4,8% fue asignado a un establecimiento cercano a su domicilio y un 8,6% se mantuvo en su colegio de origen. Lo que comparado con otras paises y/o cuidades donde se ocupa el mismo sistema, poe ejemplo Nueva York, Boston, Amsterdam, etc., tienen rangos de porcentaje similares.

Por lo anterior, surge la interrogante de qué hacer para disminuir el porcentaje de familias que no logran quedar en los establecimientos de su preferencia, teniendo presente que siempre existirá un porcentaje insatisfecho y considerando, además, que el 2019 ingresan al sistema de admisión escolar alrededor de 240.000 nuevos postulantes que corresponden a los primeros niveles (pre-kínder, kínder, primero básico, séptimo básico y primero medio) de la región metropolitana y a todos los niveles de las demás regiones que ingresaron el año 2018.

En este contexto, el Mineduc deberiá; a) Proyectar la demanda y conocer la oferta de cupos por nivel y, en aquellas regiones o comunas donde existan brechas importantes intentar buscar soluciones que permitan acotar dichas brechas antes de iniciar el proceso de admisión, b) Desarrollar un proceso de información y capacitación amplio territorialmente que permita llegar a todos los sostenedores y en particular a los padres y apoderados, con una fuerte interacción de los servicios públicos, c) Que padres y apoderados se comprometan a conocer los proyectos educativos y los establecimientos antes del proceso de postulación, reforzando la idea de postular a más de tres opciones que es el promedio de postulaciones actual, d) Revisar y mejorar la plataforma respecto a las sugerencias que entregan de cupos disponibles cuando el estudiante no queda en un colegio de su preferencia, que éstas sean en la comuna donde la familia escoja o en la comuna de residencia, y así no altere la planificación familiar, e) Corregir el concepto de familia, evolucionar el concepto de “familia” erradicando el vocablo “tradicional”, respecto a los cupos reservado para hermanos (para el caso de familias constituidas con hermanos no consanguíneos).

Ahora bien, buscar mejorar el sistema de admisión, a través del cambio en la forma de selección de los establecimientos de alta exigencia y el porcentaje de alumnos que pueden seleccionar, no genera ninguna mejora real, sino todo lo contrario. Este camino sólo aumenta la segregación. En primer lugar, son muy pocos los establecimientos que cumplirían con la condiciones que la Ley 20.845 señala para ser un Liceo de Excelencia, por tanto no tiene una condición de universalidad. Asimismo, el desarrollo de pruebas o seleccionar por notas, en el largo plazo va en contra de la igualdad de oportunidades, haciendo discriminatorio el proceso. Como se ha mencionado: no es mérito, es privilegio. Por ejemplo, poner una prueba en sexto básico para ingreso a séptimo, tiene un sesgo socioeconómico y cultural inmenso, discriminando a los más pobres, tal como sucede con el Simce y la PSU.

En consecuencia, se deben realizar cambios que ayuden a mejorar el sistema de admisión escolar y disminuir el porcentaje de familias que no quedan en los colegios de su preferencia. Lo demás son construcciones sesgadas que se alejan e implican un retroceso de los principios de fin al lucro, fin al copago y fin a la selección.