A través de una nota publicada en anef.cl los directorios nacionales de AFIICH y ANEIICH se refieren a “un nuevo perdonazo a la empresa PENTA, permitiéndole rebajar de su base imponible el pago de los equipos jurídicos que defendieron a sus directores de la querella por fraude al fisco presentada por el financiamiento ilegal de la política”.
En el artículo, las organizaciones señalan que “Nuestra institución necesita un cambio profundo en sus equipos directivos, los que de forma insistente han destruido el espíritu que nos rige, intentando imponer lógicas del mundo privado que no se condicen con el rol y función social de servicio al país”. Además desde las asociaciones de funcionarios indican que presentarán una denuncia ante la Contraloría General de la Republica “para que investigue estas irregularidades de nuestras máximas autoridades” y llaman a la Cámara de Diputados a ejercer sus funciones fiscalizadoras “y constituya una comisión investigadora para esclarecer estos graves hechos”.
A continuación replicamos la nota de las asociaciones, publicada en la página web de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF
Gracias a un excelente y agudo reportaje publicado por CIPER Chile, “el país conoció cómo el Director Nacional del SII, Fernando Barraza, en concordancia con el Director de Grandes Contribuyentes, Harry Ibaceta, y el Subdirector Jurídico, Miguel Zamora, le otorgaron un nuevo perdonazo a la empresa PENTA, permitiéndole rebajar de su base imponible el pago de los equipos jurídicos que defendieron a sus directores de la querella por fraude al fisco presentada por el financiamiento ilegal de la política”.
“Cuando con motivo de una crisis sanitaria jamás antes vista, se otorga un “bono” a la clase media, el propio gobierno ha cuestionado a casi medio millón de trabajadores, prejuzgando que la información entregada para obtenerlo es engañosa, sin argumentos que den fe de esta situación, y se amenaza con cárcel a quienes no hagan el reembolso del mismo, a otros se les sigue otorgando privilegios, aun cuando fueron los propios tribunales que acreditaron sus delitos”, señalan en el artículo.
Aunque parezca increíble, el mismo “Caso PENTA” que conmocionó al país por el volumen de recursos involucrados y los mecanismos utilizados para defraudar en más de 1.700 millones al fisco, la sanción con “clases de ética” a sus máximos ejecutivos y la decisión del Director Nacional de no llevar a cabo una querella en contra de todos los que resulten responsables, ahora vuelve a generar la indignación de la ciudadanía al permitírsele a la empresa rebajar del pago de impuestos, gastos por concepto de asesoría y defensa legal por parte de las principales empresas auditoras del país, por un monto similar al defraudado originalmente.
Con esta decisión, el señor Fernando Barraza suma a su historial de gestión un nuevo episodio de vergüenza y lamentable distanciamiento a la integridad que debe regir en todas las actuaciones de nuestro Servicio, y ratificó todas las observaciones formuladas por nuestras asociaciones de funcionarios ante el nombramiento de Harry Ibaceta como Director de Grandes Contribuyentes, dados sus evidentes conflictos de interés, producto de su asesoría directa a los grupos empresariales que ahora debe fiscalizar.
En este nuevo episodio, no se trata de una mera interpretación de la norma, sino que reviste un abierto carácter ilegal, definiendo como “tributarios” gastos que en ningún término están destinados a generar rentas, sino que corresponden a la defensa judicial frente a acciones dolosas por parte de los representantes de una empresa que cometió actos constitutivos de delito en forma reiterada, y que fue condenada por ello.
Cualquier acción destinada a investigar y resarcir el daño ocasionado por un actuar doloso, queda reducido a su mínima expresión, si el SII reconoce como gasto aceptado a las empresas, los honorarios de abogados contratados precisamente para defenderse de la acción de organismos fiscalizadores y de control.
Esta concepción sobre los gastos empresariales, fue una de las ideas centrales que propuso el gobierno de Sebastian Piñera en su proyecto de reforma, mal llamada “Ley de Modernización Tributaria”, que logró ser rechazada en el parlamento gracias a la acción de nuestras asociaciones de funcionarios y la presión ciudadana.
Asimismo, la interpretación esgrimida por las máximas autoridades del SII para aceptar estos gastos de la empresa PENTA, no posee ningún sustento legal, ni en el código tributario ni en su normativa interna. De hecho, la Circular 53 de la Subdirección Normativa, emitida con fecha 10 de agosto de 2020, señala expresamente que “no procede considerar como gastos necesarios para producir la renta aquellos que tengan como causa la culpa leve o grave del contribuyente”.
De consagrarse el criterio de los señores Barraza, Ibaceta, Zamora y del gobierno actual, permitiría por ejemplo, que todas las ISAPRES descuenten de sus impuestos el pago de abogados y costas derivadas por el alza ilegal de sus planes, o que hagan lo propio las empresas sancionadas por colusión. Dicho de otro modo, que las y los ciudadanos financiemos con nuestros impuestos las malas prácticas empresariales y delitos de cuello y corbata.
¿Cuántos episodios más tendremos que esperar de los señores Barraza, Ibaceta y Zamora para que les remueva de sus cargos? ¿Cómo es posible que el énfasis de nuestro director nacional sea la persecución de “filtraciones” por sobre el fraude al fisco, mientras se “incendia Roma” frente a sus ojos?
Nuestra institución necesita un cambio profundo en sus equipos directivos, los que de forma insistente han destruido el espíritu que nos rige, intentando imponer lógicas del mundo privado que no se condicen con el rol y función social de servicio al país.
Esta actitud ajena, indolente y alineada con los viejos y mezquinos intereses que han quebrado la institucionalidad de nuestro país, solo enfatizan la urgente necesidad de realizar reformas profundas al sistema tributario, y de contar con un Servicio de Impuestos Internos con autoridades institucionales autónomas, que sepan responder al interés superior de Chile.
Es por esta razón que desde nuestras asociaciones de funcionarios presentaremos una denuncia formal ante la Contraloría General de la Republica para que investigue estas irregularidades de nuestras máximas autoridades, y hacemos un llamado a la Cámara de Diputados para que ejerza sus funciones fiscalizadoras y constituya una comisión investigadora para esclarecer estos graves hechos.
Tal es la gravedad de la situación, que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados citó hoy en la tarde al Director Nacional para dar explicaciones al país de lo ocurrido. Las declaraciones del Sr. Barraza fueron simplemente vergonzosas, careciendo de todo argumento legal y alejado de la Circular que el mismo firmó, y lo que es peor e inaceptable, es que declaró que el problema no es la aceptación de los gastos, sino la filtración del caso a la prensa, anunciando el inicio de una auditoría y sumarios, que entendemos como una “cacería de brujas en el SII”.
Por último, el pasado domingo la ciudadanía dio una clara señal democrática señalando que este tipo de prácticas son las que deben ser erradicadas, por dignidad y respeto a los ciudadanos. Lo que hoy conocemos y denunciamos públicamente no es un problema de los/as funcionarios/as ni del servicio público, sino que es el resultado de un sistema social, político e institucional carcomido y obsoleto, que tanto el país como las y los funcionarios del SII demandamos reformular.