Por Francisco Huenchumilla
Senador DC y exIntendente de la Región de La Araucanía
El 18 de septiembre (¿aprovechando el feriado?) el gobierno filtró el anuncio que propone resolver la reforma del sistema de pensiones para evitar que el tema llegue a la Convención Constitucional y sea parte de la discusión sobre el país que queremos construir. Una vez más la derecha busca mecanismos que le permitan resolver temas que teme perder en una discusión más general.
La derecha parece aceptar que tener pensiones básicas universales tiene que ser parte de la solución. Incluso Horizontal, centro de estudios de Evópoli, ha planteado que se podría partir con una pensión básica universal (PBU) de doscientos mil pesos mensuales. Eso sacaría a los jubilados de menores ingresos por encima de la línea de pobreza y puede ser un punto de partida. También parecen aceptar que esto tiene que ser financiado con impuestos.
Las discrepancias parten en este punto. Hay que resolver qué impuestos.
Chile Vamos, la coalición política de la derecha, fiel a sus principios, quiere que los impuestos los paguen los pobres subiendo el IVA en un punto porcentual.
Como todos estamos de acuerdo en que el IVA es un impuesto regresivo, han buscado artimañas comunicacionales para hacerlo más aceptable hablando de un “impuesto al consumo”. En Chile ese impuesto se llama IVA. Elevar el IVA en un punto porcentual llevaría la tasa del impuesto a 20%, por encima de la tasa promedio de la OCDE, y se estima que generaría ingresos por unos US$1.300 millones.
Desde luego, hay una alternativa que no es regresiva. Elevar los impuestos a las rentas que pagan los más ricos. Esto tienen dos ventajas. La primera, es que pagan más los que más tienen, como es de toda y evidente justicia.
La segunda es que nos acercaríamos, aunque lentamente, a la participación que tienen en la OCDE los impuestos a la renta: 60% de la recaudación total versus sólo 40% en Chile. ¿Por qué habría que superar a la OCDE en IVA y no igualarla en impuestos a la renta de los más ricos? Seguramente formular una respuesta molesta a nuestros compatriotas de la derecha más acomodada.
La argumentación de la derecha va más allá de cómo se financia la PBU. Lo que busca, estratégicamente, es defender el negocio de las AFP, uno de los más rentables del país. Si el tema de los jubilados de menores ingresos queda resuelto por la vía que ellos mismos paguen por sus jubilaciones con sus compras de alimentos y medicinas, entonces el 6% de cotización adicional podría ir en su totalidad a las AFP, aumentando el tamaño del negocio.
Para que la oposición se allane a un acuerdo nos ofrecerán crear una AFP estatal que con el tiempo podría llegar a tener una pequeña parte del negocio. Como el negocio es enorme y se financia con los sueldos de todos los trabajadores, no les importa perder una parte menor de una gran y apetitosa torta de miles de millones de dólares.
Una vez más el gobierno de Piñera busca sacar las castañas del fuego con las manos de los pobres, como la ha hecho con buena parte de las medidas adoptadas para paliar los efectos de la pandemia que aqueja al país.
No pierdo la esperanza que la oposición esté unida para evitar este nuevo abuso y que nos demos el tiempo para establecer un verdadero sistema de seguridad social, que saque a los jubilados de la pobreza y que asegure que eso lo hagamos entre todos de acuerdo con nuestra capacidad de aportar y no a expensas de los pobres vía un impuesto al consumo.
Por último, inevitablemente el tema de las pensiones estará en el debate de la futura Constitución Política por la miopía de la derecha y de los grupos económicos que no entienden que este es uno de los pilares del modelo que nos divide como país y que requiere de un consenso de todos los sectores.
La vieja derecha no quiere aprender que se le acabaron los tiempos de las maniobras tácticas, el siglo 21 y el proceso constituyente requieren de visiones estratégicas.//ELF