PS

*En La Fontana publicamos las conclusiones a las que llegó informe sobre materias laborales del Instituto Igualdad del Partido Socialista (PS). Este documento se hizo consultando la opinión de más de 70 dirigentes sindicales nacionales y regionales de diversos sectores productivos y de servicios, privados y públicos.

«Este es el tercer informe de seguimiento del equipo, y su objetivo es analizar las consecuencias del COVID19 y de las políticas implementadas en el ámbito laboral, poniendo énfasis en la destrucción del empleo formal, la suspensión y la reducción de ingresos, la alteración de rutinas de trabajo en muchas empresas y aceleración del teletrabajo, así como fuertes restricciones para el trabajo informal.

En el trimestre móvil marzo-abril-mayo se estima que 3 millones 284 mil personas se han desmovilizado del mercado laboral o están desempleados o con relación laboral suspendida (Según datos INE). Han sido expulsados de la Fuerza de Trabajo 1 millón 256 mil personas que están esperando para reincorporarse, probablemente muchos de ellos lo harán a puestos de trabajo informales. Los trabajadores cesantes son 879 mil, que no se encuentran afectos a la protección de empleo, y muchos de ellos pueden incluso estar fuera del seguro de cesantía si sus puestos de trabajo eran informales.

Dentro de los ocupados, se registran 1 millón 149 mil trabajadores ausentes, que estarían con algún grado de suplencia de ingresos, pero que ya están con una tasa de reemplazo de 55% que sin duda los deja bajo el salario mínimo.

Este informe analiza cómo el gobierno ha enfrentado la pandemia en el mundo laboral, poniendo énfasis en la nueva normativa que se ha dictado en este tiempo, sus efectos jurídicos y consecuencias prácticas, algunas situaciones específicas que no han sido abordadas por la autoridad, así como el rol de la institucionalidad laboral durante este período.

Para la evaluación de esta normativa se ha consultado la opinión de más de 70 dirigentes sindicales nacionales y regionales de diversos sectores productivos y de servicios, privados y públicos. La conclusión no es positiva, y se pone en evidencia que, en esta crisis los trabajadores no están protegidos.

Conclusiones del informe

Como se advierte, los trabajadores y trabajadoras no se encuentran protegidos en esta pandemia. Ni la legislación aprobada los protege adecuadamente en sus fuentes de trabajo o sus ingresos, ni la actuación de la autoridad ha sido la adecuada.

Para trabajadores con contrato laboral, proponemos las siguientes medidas para corregir la abierta injusticia que existe hoy:

• Aumento de las tasas de reemplazo del Fondo Individual del Seguro de Cesantía estableciendo un fijo de 70%.

• Aumento de los beneficios del Fondo Solidario de Cesantía, de forma tal que cubra al trabajador y trabajadora que producto de la suspensión ha agotado su cuenta individual, pudiendo acceder en el futuro a las mismas prestaciones como si hiciera uso de su Cuenta Individual, sin topes.

• Inclusión de las Trabajadoras de Casa Particular, al Fondo Solidario. Dar una respuesta directa a aquellas trabajadoras informalizadas que ni siquiera cuentan con el fondo del 4.11%.

• Aumento de nivel mínimo Ingreso mínimo Garantizado a $500.000.

• Prohibir despido por necesidades de la empresa en caso de uso de LPE.

• Eliminación del artículo 13 de la Ley N°19.728, que permite que el empleador descuente del monto de la indemnización por años de servicios el aporte hecho en la cuenta individual, incrementado en la rentabilidad ganada por el fondo.

Excluir a todas las madres trabajadoras de todo cambio que implique menoscabo remuneracional.

• Desarrollar un programa de fiscalización de oficio sobre la adecuada regularización de la condición de los trabajadores y trabajadoras que realizan teletrabajo, sancionando a las empresas que no cumplen efectivamente con lo señalado por la ley, especialmente en lo relativo provisión de equipos y elementos necesarios, así como en lo relativo a las reglas de jornada de trabajo.

• Se debe garantizar que los empleadores deban reembolsar los gastos adicionales incurridos por los trabajadores y trabajadoras a raíz de la implementación de la modalidad a teletrabajo.

• Garantizar que todo acuerdo colectivo en este contexto, tendrá el carácter de temporal y en ningún caso afectará piso de las negociaciones colectivas futuras establecidos en instrumentos vigentes.

• Se debe entregar bonos especiales o beneficio previsional (símil bono por hijo), a los trabajadores y trabajadoras de sectores como la educación, salud, aseo comunales, por su labor en este periodo de crisis».

Atte.,

PS e Instituto Igualdad