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El anuncio lo hizo la diputada y vicepresidenta de la falange, Joanna Pérez, tras los informes de las instituciones internacionales y nacionales que denunciaron los delitos de lesa humanidad tras el estallido social. Desde el Ejecutivo, el gobernador Ignacio Fica reconoció la posibilidad de la idea y explicó que se podría demorar en su tramitación, pues es un proceso largo que debe pasar por varias etapas legislativas.

La Moneda ha recibido cuatro informes internacionales de organismos tan reconocidos en el mundo como la Organización de Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, además del texto anual que entrega el Instituto Nacional de Derechos Humanos. En todos se concluye y condena la comisión de delitos de lesa humanidad cometidos por instituciones del Estado encargadas del orden y de la seguridad.

En su portal oficial, como pie de foto, el INDH expone que “más de mil personas, cuyos derechos humanos han sido vulnerados desde el 18 de octubre, son hoy legalmente representadas por el INDH. Si viste vulnerados tus derechos fundamentales, haz que tu caso vea la luz, acércate a nosotros”.

Ante tales documentos, la Democracia Cristiana ha decidido solicitar al Ejecutivo la creación de una Comisión de Verdad, Reparación y Justicia, tal como lo propuso el Frente Amplio cuando se cumplió un mes del estallido social.

En concreto, esta instancia busca conocer la verdad, reparar los daños causados por los agentes del Estado y subsanar, en la medida de lo posible, las consecuencias personales y familiares que dejaron las violaciones de los derechos humanos, tal como lo hicieron tras la dictadura las comisiones Rettig y Valech.

LA IDEA DE LA DC

En conversación con Diario La Tribuna, la diputada y vicepresidenta de la Democracia Cristiana, Joanna Pérez, explicó que la idea de la falange es “que el Estado responda en el futuro por los traumas oculares, por las violaciones y por las muertes tras el estallido social del 18 que estén ligadas con las violaciones a los derechos humanos”.

La parlamentaria detalló que la presentación de esta idea es “para esclarecer y para que nadie obstaculice ningún proceso en materia de la verdad“, asumiendo que “lo que está haciendo hoy el gobierno es obstaculizar la verdad, está buscando argumentos para no reconocer lo que sucede en Chile con las policías”.

En este sentido, la representante del distrito 21 recordó que una Comisión de Verdad, Reparación y Justicia va en carriles separados respecto de las acusaciones constitucionales (responsabilidad política) y las querellas (responsabilidad individual y penal): “Es distinta la responsabilidad penal a la responsabilidad institucional del Estado de Chile; ahí hay violaciones a los derechos humanos y eso es lo que han relatado los cuatro últimos informes internacionales y el informe chileno del Instituto Nacional de Derechos Humanos que lleva Sergio Mico (democratacristiano)”, sentenció.

Joanna Pérez insistió en apuntar al gobierno por la demora en el reconocimiento de las violaciones de los derechos fundamentales de los manifestantes: “Cuesta, claramente, poder hacer entender a las autoridades de este gobierno que en Chile sí se han violado los derechos humanos y, en el fondo, también debemos restablecer la paz, la justicia social y una nueva Constitución, pero debe hacerse sobre el reconocimiento de que se ha causado daño, muertes a otras personas; mientras no tengamos un reconocimiento institucional, es muy difícil hacerlo como Estado, como país”.

En consecuencia, dijo la congresista, si se reconoce como Estado, este debe reparar el daño causado: “Si el Estado reconoce que efectivamente ha causado pérdida ocular, muerte, violaciones a mujeres, hay que pensar en aquello. Esto va para más, no termina aquí. Tenemos familias que están sufriendo y esperando justicia, por lo tanto, este es un camino más largo, estos son los momentos más tristes de esta crisis post 18 de octubre, que ha dejado muchas personas damnificadas en materia de derechos humanos”.

LA VISIÓN DEL GOBIERNO

Consultado el gobernador de la provincia de Biobío, Ignacio Fica, sobre la idea de la Democracia Cristiana, este detalló, más bien compungido, que “cualquier situación reparatoria no va a cubrir los daños que se han producido en esas familias”.

Fica también quiso terminar con los ataques de la oposición al decir que el gobierno ya reconoció los hechos denunciados por los organismos de derechos humanos: “Indicar que como gobierno nos preocupa muchísimo y lo hemos planteado, y las policías también lo han hecho realizando un mea culpa; hago este análisis respecto a algunos procedimientos que están en investigación porque se reconoce un mal comportamiento de algunos uniformados y de algunas personas que conforman estas instituciones”.

Además, pidió “diferenciar entre el proceder general de las policías respecto del mal manejo que han tenido algunos uniformados en el país”.

El gobernador de Biobío, que reconoció la importancia de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación, aclaró que todas estas ideas tienen su tiempo: “la DC tiene esta iniciativa por carpeta; hay que entrar al proceso de discusión, pero esto es el puntapié inicial; eso va a tener seguramente modificaciones hasta que se apruebe una medida compensatoria a todos los que lo pasaron mal y lo siguen pasando mal en sus vidas”.

En medio de sus palabras, la autoridad reiteró sus felicitaciones a los biobenses por su comportamiento: “Hay que destacar que, a nivel provincial, no tenemos de estos casos producto del buen comportamiento que tuvo la gente en estos más de 70 días de movimiento social en la provincia y, sobre todo, la posibilidad que nos dio de entregar un mensaje claro. Las demandas que nos dejaron claro desde el primer día las valoramos y respaldamos”.