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Servicio Nacional de Discapacidad oficia a Carabineros por hombre en silla de rueda que recibió chorro del carro lanzaagua que lo lanzó a cinco metros

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El Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) solicitó a Carabineros entregar antecedentes en relación con un video en que el chorro del carro lanzaagua es disparado hacia un hombre en silla de ruedas, haciéndolo caer al suelo.

El registro, que se viralizó en redes sociales este lunes, habría sido captado durante las protestas del domingo en el sector de Plaza Baquedano, y pese a que muchos usuarios han compartido las imágenes, aún se desconoce el estado de salud del manifestante.

Senadis es la primera repartición en reaccionar al video, señalando en Twitter que «estamos solicitando los antecedentes a Carabineros, pues hace algunos meses firmamos un convenio de colaboración con su Dirección de Derechos Humanos».

«En casos como estos, las personas con discapacidad pueden acceder a nuestro Programa de Acceso a la Justicia para recibir orientación y apoyo legal», agregó el Servicio, dejando el link del sitio de esta iniciativa.

Desde Carabineros indagan eventuales responsabilidades administrativas por este hecho.

Diputada Carolina Marzán (PPD ) ofició a la Súper de Pensiones por retraso de pagos del retiro del 10%

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La diputada Carolina Marzán (PPD ) ofició a la Superintendencia de Pensiones (SP) por el incumplimiento en los plazos establecidos que han tenido algunas administradoras en el pago de retiro del 10% de los fondos previsionales.

Marzán afirmó que “hemos recibido muchas denuncias de personas que se encuentran muy angustiadas porque su AFP no ha cumplido con el pago del 10% en las fechas establecidas por la misma Superintendencia de Pensiones la que determina que se deberá pagar máximo después de 10 días hábiles a la fecha de solicitud e incluso si el afiliado iba a sacar el mínimo establecido que es 35 UF, se podría retirar en una sola cuota”.

En la misma línea, agregó que esto “no ha sucedido, afectando a miles de personas que esperan y necesitan de estos dineros. Hay que recordar que presentamos este proyecto porque hay un grupo importantísimo de familias que no recibieron ningún beneficio del gobierno y que este dinero es lo que necesitan para sobrevivir. Es el deber de las administradoras cumplir con lo establecido”.

Asimismo, la parlamentaria explicó que “también existen otros incumplimientos que nos preocupan como no dar aviso de la aprobación o rechazo de la solicitud, por ejemplo por un documento vencido que por ley está permitido su uso, como así también la injustificada retención de quienes no tienen deudas de alimentos”.

“Nos parece que los usuarios no tienen por qué pagar las consecuencias por los problemas de sistemas que tengas las aseguradoras. Por lo que los tiempos que tendrían que cumplirse son desde que se hizo la solicitud por parte de los usuarios”, indicó.

La diputada Marzán expresó su preocupación porque “los deudores de pensión de alimentos ya han hecho el retiro puesto que no dieron los tiempos para informar la retención, esto es bastante lamentable para lo que buscaba la ley”.

“Es por eso que solicitamos que se nos informe cual es el porcentaje de deudores de alimentos que ya retiraron su 10% y a su vez que estos antecedentes llegue a las demandantes para que puedan continuar con el proceso judicial. No podemos permitir que nuevamente se les falle a los niños, niñas y adolescentes por falta de información directa y oportuna”, sentenció la legisladora.

Contraloría inició sumario por inconsistencias en registro de contagiados del Minsal

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La entidad fiscalizadora cuestionó que los resultados de los exámenes PCR de los laboratorios enviados al Minsal están en una planilla Excel.

La Contraloría General de la República dio a conocer los resultados de la auditoría realizada a inicios de junio para verificar el nivel de cumplimiento de los protocolos respecto al registro oficial de contagiados por COVID-19, cuando Jaime Mañalich era ministro de Salud.

Y el ente contralor arrojó que la nómina de personas contagiadas presentes en la plataforma EPIVIGILA no considera la totalidad de casos confirmados por los laboratorios que realizan exámenes PCR.

Así, se consigna que en el reporte del 9 de junio, el Ministerio de Salud (Minsal) dio cuenta de 142.759 casos informados en el EPIVIGILA, pero en el sistema no estaban considerados otros 34.542 casos, lo que impide el control efectivo y la trazabilidad, señala Contraloría.

En vista de las indicaciones presentadas por Contraloría, la Subsecretaría de Salud Pública ajustó 31.412 personas contagiadas no consideradas en el EPIVIGILA. Pero no se pudo constatar que estos números fueran los detectados en la auditoría, ya que se incluyeron casos con la información recopilada hasta el 25 de junio, pero no se entregaron detalles de los contagiados a la base de datos.

Junto con ello, Contraloría cuestionó que los resultados de los exámenes PCR de los laboratorios enviados al Minsal están en una planilla Excel, ante la ausencia de un sistema automático de procesamiento de información, con el consiguiente riesgo de modificación de datos en el registro.

Ante esto, el organismo dirigido por Jorge Bermúdez instruyó un sumario a la Subsecretaría de Salud Pública para dar cuenta de las responsabilidades administrativas.

En el texto, Contraloría indica que «se constató que al 8 de junio de 2020, la información contenida en ese sistema EPIVIGILA no considera la totalidad de los casos que han sido confirmados con COVID-19 por los laboratorios que practican el examen PCR, por cuanto, no todos los facultativos cumplen con su obligación legal de notificar en el mencionado aplicativo a las personas sospechosas de parar esa enfermedad, sin que además el Minsal haya efectuado todas las acciones tendientes ingresar a la plataforma tales casos, a pesar de que contaba con la información para ello, a través de los resultados con diagnóstico positivo que le remiten dichos laboratorios».

Agrega que «a lo anterior, se suma el hecho de que existen laboratorios que realizan tomas de muestra sin la solicitud de una orden médica, por lo cual, no existe un facultativo para incorporar la información de los casos al sistema».

*Ver oficio de Contraloría:

OFICIO FINAL 283-A-2020.pdf

Cura Mariano Puga ofició misa frente al Centro de Justicia para exigir la liberación de los presos del estallido social

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Ayer, el frontis del Centro de Justicia fue escenario de una misa encabezada por el sacerdote Mariano Puga, para exigir la libertad de los presos -en su mayoría jóvenes- del estallido social.

Junto a madres, padres y familias, el religioso reconocido por su lucha contra la violación de Derechos Humanos en dictadura, pidió justicia en estos casos de personas, como los de Diego Ulloa, Nicolás Ríos, César Yañez Santana, Diego Espinoza, Jonathan Marigual, Damián Toro y Elías Cruz.

Todos cumplen prisión preventiva tanto en recintos penitenciarios como en centros del Servicio Nacional de Menores (Sename).

La actividad fue convocada por la Coordinadora 18 de Octubre y la Agrupación de Familiares de Santiago 1.

Cabe recordar que en mayo del año pasado, a sus 88 años de edad, Mariano Puga fue diagnosticado con cáncer linfático. La instancia fue encabezada por este sacerdote, reconocido por su lucha contra la violación de Derechos Humanos en dictadura.