A reconstruir la centroizquierda
LLYC desarrolló un comparativo de los artículos más controversiales de la actual Constitución y la propuesta de Carta Magna, los que despertaron el temor de algún sector, como el derecho a la propiedad privada, la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijas e hijos, entre otros.
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU y expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, expresó su apoyo a la propuesta de una nueva Constitución.
El borrador se encuentra en la fase de revisión final y el 5 de julio debería ser entregado oficialmente por la testera de la Convención Constitucional. Dos meses después, exactamente el 4 de septiembre, la ciudadanía deberá acudir a las urnas -de forma obligatoria- para ratificar, o no, la propuesta constitucional en el plebiscito de salida.
“Es ofrecer un nuevo contrato social”, agregó además la exjefa de Estado en diálogo con la agencia Bloomberg, quien también abordó la labor de los convencionales y los desafíos que han enfrentado durante el debate constituyente.
“Creo que uno de los desafíos que tienen es poder comunicarse mejor con la gente”, aseveró al respecto.
La última encuesta Plaza Pública Cadem -publicada el domingo- reveló que la intención de votar Apruebo en el referéndum constitucional evidenció una leve alza de 3 puntos porcentuales, llegando al 38%. Esto, tras seis semanas a la baja.
Pese a los resultados, a juicio de la expresidenta Bachelet “hay muchos temas buenos” en la propuesta emanada de la Convención.
“No he leído el último documento porque no está listo. Se acaba de resolver”, expresó, sin embargo apuntó a que “está ofreciendo un nuevo contrato social basado en un bonito proceso nacional legal”.
“Son temas muy importantes para resolver algunas de las dificultades y desafíos más importantes para nuestro país, en cuanto a lograr que todas las regiones del país se sientan completamente representadas, que los pueblos indígenas se sientan realmente representados y cómo se pueda integrar mejor los estándares internacionales de derechos humanos. Derechos como la salud y las cuestiones indígenas también”, agregó.
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Con 499 artículos, las y los miembros del hemiciclo zanjaron la configuración del contenido principal de la propuesta constituyente, la que ahora deberá ser revisada por la Comisión de Armonización.
El Pleno de la Convención Constitucional cerró el proceso de discusión para la elaboración de las normas permanentes que integran el primer borrador para una nueva Constitución.
Con 499 artículos y tras 10 meses de trabajo, las y los miembros del hemiciclo zanjaron la configuración del contenido principal de la propuesta constituyente, la que ahora deberá ser revisada por la Comisión de Armonización.
Desde la Convención también clarificaron que desde ayer iniciarán las sesiones de las comisiones finales de armonización para las normas transitorias de la nueva Carta Magna y de preámbulo.
“Chile es un Estado Plurinacional e Intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado”, zanja por ejemplo, el texto propuesto por las y los convencionales, en el capítulo sobre Estado Plurinacional y autodeterminación de los pueblos.
*Puedes revisar el borrador de la propuesta para la nueva Constitución de Chile a continuación:
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A tiempo completo. Al igual que sus colegas. Así es el trabajo del convencional por distrito 13 (Región Metropolitana), Marcos Barraza (PC). El exministro de Desarrollo Social y Familia, además de exsubsecretario del Trabajo y Previsión Social, en el segundo periodo del gobierno de Michelle Bachelet, conversó para nuestro medio En La Fontana.
El vicepresidente de la Convención Constitucional (CC), Gaspar Domínguez, informó la semana pasada que se han aprobado hasta el momento 130 normas constitucionales, que pasarán al borrador de la nueva Constitución. Hay varias que les falta aprobarse en pleno, incorporando o retirando, indicaciones que se voten en las comisiones.
El 4 de julio es la fecha fijada para que la Convención entregue la propuesta final que tendría que ser votada en septiembre por todos los chilenos, en plebiscito de salida, tras aprobación por parte de convencionales de extender el plazo de 9 a 12 meses para entrega definitiva. Una eventual nueva postergación sería difícil, puesto que se tendría que votar en el Senado, donde se tiene que contar con 2/3 del apoyo para que esta idea tenga éxito. No estarían los votos necesarios para ello.
Para conocer su visión de lo que espera de la nueva Constitución, las iniciativas que respalda y su diagnóstico del trabajo realizado por los convencionales, hasta el momento, dialogamos En La Fontana con el constituyente, Marcos Barraza (PC).
—¿Cómo evalúa hasta el momento el resultado parcial de la Convención Constitucional con 130 normas aprobadas?
-Ya está establecida una primera cantidad de normas constitucionales, que dan cuenta que ha habido un trabajo intenso, provechoso, político y de mucho rigor; donde los esfuerzos integrados de los diferentes colectivos para ponerse de acuerdo, nos está permitiendo contar con normas que están dando cuenta de la voluntad social, que es lo más importante. Estas normas son absolutamente distintas a la lógica de la actual Constitución. En consecuencia, están sintonizadas con las expectativas sociales y con el mandato popular que tienen los diferentes constituyentes.
-¿Con la prórroga por 3 meses más el trabajo de la Convención, – que puede ser por más tiempo incluso-, eso asegura un resultado de más calidad respecto del texto constituyente?
-Pese a lo acotado del tiempo, prorrogar más allá del año no sería conveniente. El país requiere de una nueva Constitución de una manera más pronta y no más tarde. La gente está expectante de este proceso. Ya hay debates en el país, que se están dando, relacionados con tema de pensiones o sistema político, que se prolongarían innecesariamente, si es que la Convención también se prolongara. En consecuencia, creo que pese a todas las dificultades ha habido un buen trabajo, y ese buen trabajo se puede realizar en el plazo mandatado por la Ley.
Bicameralismo asimétrico
-¿Usted como convencional está por un Congreso Unicameral con un presidencialismo atenuado o apoya otro tipo de sistema político?
-Inicialmente, los comunistas planteamos un Congreso unicameral. De hecho, la Comisión de Sistema Político se impuso por una leve mayoría de 13 vs 12 votos. El correlato de esto, era que en el pleno de la Convención, el unicameralismo tenía 83 votos, pero no los 103 que requería. Por eso, transitamos hacia una propuesta de bicameralismo asimétrico, en el entendido de que existe un Congreso de diputadas y diputados, donde se inician y concluyen los procesos legislativos, con un vínculo asimétrico con una Cámara en las regiones, que permita tener una representación efectiva y real de las regiones, y no como el actual Senado.
Lo más importante es que el nuevo sistema legislativo que se está diseñando, se fundamenta en un Congreso con atribuciones políticas, que le permite no tener Cámara revisora («Cámara espejo»). Y eso es bueno, porque sabemos que la mayoría de las legislaciones que se han cursado estos años, sea por falta de voluntad política, pero también diseño institucional, no han respondido a las expectativas populares. Se han dilatado los procesos legislativos y, en eso, el Senado ha sido el principal responsable, en el sentido de que su existencia ha hecho más lento el proceso legislativo.
-¿Qué piensa de voces que hablan de que en plebiscito de salida exista una tercera vía al Apruebo o Rechazo, según habría recomendado la Comisión de Venecia?
-Lo primero que hay que despejar es que la Comisión de Venecia no propuso esa tercera vía. Más bien alertó sobre los riesgos que tenía, en términos de legitimidad política. En segundo lugar, es bien cuestionable que un organismo técnico foráneo que asesora a la Unión Europea (UE) haya emitido un informe respecto de Chile. Es decir, lo que hizo el Senado anterior fue mandatar o solicitar a un organismo externo que evaluara un proceso soberano. Y eso, es indebido, porque lo que buscaba ese mandato por parte del Senado es tener, claramente, respuestas funcionales a sus intereses corporativos (…) Es indebido el informe que presenta la Comisión de Venecia. Lo que debiese uno poner atención es que, en términos políticos, una tercera vía, como se ha señalado, no es otra cosa que buscar el reforzamiento para el Rechazo. No tiene como propósito ampliar las alternativas en materia de decisión. Lo que pretende establecer es una tercera instancia que permita el status quo. Es decir, que no se provoquen transformaciones. En consecuencia, no estamos disponibles para eso.
-¿De qué manera se pueden conciliar los derechos sociales y esenciales que la nueva Constitución garantizaría sin perjudicar el derecho a la propiedad, en su sentido más amplio?
-A ver. De hecho, ya se aprobaron las normas de propiedad. Para todos, es absolutamente claro que la propiedad es un principio de los derechos de las personas: La propiedad privada, la propiedad estatal, la propiedad comunitaria y la propiedad colectiva. Y eso, no colisiona con el ejercicio de los derechos fundamentales. Yo creo que aquí hay que modificar la lógica de que lo privado se superpone a lo público. Y ese debate es bastante importante, por ejemplo, en materia del uso del suelo para efectos de la construcción de viviendas. Entonces, aquí no hay riesgos o contradicciones entre los derechos sociales y la propiedad privada.
Rol del Ejecutivo
-¿Qué rol debería jugar el Gobierno de Gabriel Boric frente a la Convención o debería mantenerse completamente al margen?
-El gobierno del Presidente Boric ha desplegado un rol correcto, que es básicamente un apoyo en materia logística, en capacidades técnicas, en viabilizar los procesos administrativos de la Convención Constituyente y opinar cuando corresponda. Y ha mantenido, eso sí, la distancia adecuada para que la Convención actúe con autonomía y deliberación propia de un poder constituyente.
-Por último, ¿Qué espera de la nueva Constitución si gana el Apruebo en plebiscito de salida?, ¿Será realmente la casa común de todos que traiga paz o podría sobrerrepresentar a algunos grupos de interés, por ejemplo, a pueblos originarios que habitan Chile?
–Yo espero que esta nueva Constitución se haga cargo de los pueblos históricamente excluidos, desventajados, se haga cargo de la desigualdad de los ingresos, entre las trabajadoras y trabajadores y quienes son las grandes empresas. Espero que se haga cargo de la justicia social, la igualdad. Yo creo que la nueva Constitución va a ser, por lejos, un texto constitucional mucho más democrático que el que tenemos hoy, y que será valorado por la ciudadanía. //ELF
Este domingo se inaugura en Chile la primera sesión de la Convención Constitucional encargada de redactar una nueva Carta Magna que sustituya a la Constitución de 1980 heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.
Comienzan así los 9 meses, prorrogables por tres más, de que disponen para ponerse de acuerdo y generar un nuevo texto, una de las principales demandas del estallido social de octubre de 2019.
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Los 155 convencionales constituyentes elegidos en las elecciones del pasado 15-16 de mayo inauguran este domingo 4 de julio la primera sesión de la Convención, iniciando así la cuenta atrás para el período de su redacción. Son 78 hombres y 77 mujeres, en el primer organismo paritario de este tipo en el mundo.
En la ceremonia no participará ninguna autoridad del estado, después de que algunos de los sectores de los constituyentes rechazaran la participación del Gobierno y la figura del presidente, Sebastián Piñera.
Hay convocadas, además, al menos tres manifestaciones, algunas organizadas por la propia Lista del Pueblo, el grupo de 27 constituyentes que fue la mayor sorpresa de las elecciones y que provienen directamente de las personas y los grupos que salieron a manifestarse durante meses a partir de octubre de 2019 por un Chile distinto.
En esta primera sesión, todos los constituyentes deberán elegir por mayoría a la persona que ocupe la presidencia y la vicepresidencia de la Convención.
Las propuestas presentadas hasta ahora favorecen la presidencia de una mujer que podría proceder de uno de los 17 escaños que fueron reservados a los diez pueblos originarios de Chile para dar una señal política de cambio.
Varios grupos de constituyentes que se han reunido en semanas anteriores propusieron a Elisa Loncon, mujer, mapuche, académica y activista de las lenguas de los pueblos indígenas.
“Es importante dar señales de que el país avanza hacia una sociedad más plural, más representativa, sobre todo desde el punto de vista de la incorporación de los pueblos originarios al proceso y también la igualdad política entre hombres mujeres”, analiza Rodrigo Espinoza, coordinador y académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales.
“Se rechazó de plano que en la ceremonia inaugural estuvieran los poderes del Estado (…) porque el mensaje sobre todo de los sectores más de izquierda es que ‘nosotros no tenemos nada que ver con los poderes que ya están constituidos’», que cuentan con el rechazo de la ciudadanía. “Se ha marcado una línea divisoria, los poderes constituidos forman parte del pasado que se quiere transformar con la nueva Constitución”, afirma el analista político.
Del 4 de julio al 4 de septiembre: definición de reglamento
En los primeros dos o tres meses de funcionamiento, la Convención deberá definir de forma autónoma su reglamento, la composición de las mesas y las comisiones en relación a los distintos temas y áreas a tratar. Los convencionales contarán con presupuesto para contratar asesorías técnicas.
El reglamento deberá definir cómo va a funcionar la Convención, cuántas comisiones va a tener, cómo van a votar, si habrá participación ciudadana y cómo se concretará ésta, normas de ética y regular todo lo relacionado a conflictos de interés.
“Hay propuestas de reglamentos bastante interesantes por parte de movimientos feministas”, señala Espinoza. “Que las comisiones más relevantes no se asignen solo a hombres (como ocurre en el Congreso), que se respete el derecho de las mujeres de estar con sus familias, con sus hijos, que el reglamento considere paridad también en la confirmación de todas las comisiones”, afirma.
Una de las principales polémicas en los días previos a la inauguración fue que el Gobierno destinó una partida de 500 millones de pesos a participación ciudadana para la Convención, prácticamente el mismo monto que los 488 millones destinados a seguridad.
Algunos parlamentarios reclamaron que la participación ciudadana debía pesar más en el presupuesto. Además, también señalaron que la empresa de seguridad elegida para brindar protección a la Convención tendría en sus componentes a personas que formaron parte de la guardia personal del dictador Augusto Pinochet y del primer presidente en democracia, Patricio Aylwin y que acumularía más de 197 causas por diversos atropellos laborales a sus empleados, como no respetar sus descansos o reducir salarios sin acuerdo. La información la difundió el medio de investigación Cipee Chile.
Del 4 de abril al 4 de julio de 2022: elaboración de una nueva Carta Magna
Los 155 constituyentes dispondrán de un plazo de 9 meses, prorrogables por tres más, para elaborar un nuevo texto Constitucional.
“Es un plazo realista, ha habido convenciones constituyentes que han tomado menos tiempo y otros que han tomado más. La colombiana se hizo en 6 meses, la boliviana no alcanzó, hubo que prorrogarla después con otros pactos políticos, hubo que darle más tiempo y así y todo tampoco alcanzó”, explica María Cristina Escudero, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.
Para ser un órgano que va a estar solo dedicado a la Constitución que no tiene otras leyes y otras funciones, “es un tiempo adecuado”, señala: “Va a depender mucho de cómo se organice la Convención internamente, cómo se de el diálogo de su sistema de toma de decisiones”, establece la experta.
El quórum necesario para lograr acuerdos en puntos clave es de dos tercios, algo que podría dificultar el avance de los diálogos.
Espinoza explica que el acuerdo que dio lugar al plebiscito estableció que la Convención se regirá por el principio de la hoja en blanco, es decir que, cuando no haya acuerdos de dos tercios en algún tema, se remitirá a una hoja en blanco y tendrá que lograrse algún tipo de conciliación. No se acudirá al texto de la Constitución de 1980 “como había propuesto inicialmente la derecha”, señala.
Dadas las diversas polémicas que ha precedido a la instalación Convención, se puede pronosticar un clima de ciertos conflictos. «El mayor desafío de la Convención será la capacidad de que los actores políticos puedan ponerse de acuerdo”, señala Espinoza, dado que ningún grupo tiene la mayoría.
“Tenemos una Convención Constitucional compuesta en su mayoría por independientes”, y estos grupos, sobre todo la Lista del Pueblo, “desconocen los poderes instituidos”. Para Espinoza, esto es un error porque “todos los grupos tienen derecho a voz”.
“Hay un ambiente políticamente bastante convulsionado, polarizado, sobre todo porque hay sectores más radicales que creen que la Convención Constitucional va a estar prácticamente en un búnker y se va a aislar del mundo para redactar la nueva Constitución”, señala Espinoza.
Para el analista, la Convención debería ser un organismo abierto que empiece “a poner a prueba el músculo de la negociación y la tolerancia y empezar a dialogar para evitar posturas radicales”.
4 de septiembre de 2022
Una vez aprobado el texto por los constituyentes, existe un plazo de 60 días para convocar un plebiscito de salida, con voto obligatorio, para que todos los chilenos ratifiquen o rechacen el texto.
En caso de que la nueva Carta Magna no cuente con el apoyo en las urnas, seguiría rigiendo la Constitución de 1980.
El Presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció durante esta jornada que la primera sesión de la Convención Constitucional se realizará el domingo 4 de julio a las 10:00 de la mañana.
“Hoy estamos convocando a la primera sesión de instalación de la Convención Constitucional, la que tendrá lugar el domingo 4 de julio del año 2021″, informó el Mandatario.
Según explicó, la primera convocatoria se llevará a cabo en el edificio del Congreso Nacional en Santiago, Región Metropolitana.
El Mandatario detalló que la Convención deberá en un plazo de “nueve meses -prorrogables por tres meses adicionales- redactar y aprobar una nueva Constitución para Chile, la que deberá ser ratificada por la ciudadanía a través de un Plebiscito”.
“Esta Convención Constitucional representa sin duda una gran oportunidad para lograr esos acuerdos amplios y sólidos, que permitan dar origen a una nueva Constitución, que sea reconocida y respetada por todos los chilenos y constituya un gran marco de unidad, de estabilidad, de proyección hacia el futuro, para nuestra democracia y para nuestra sociedad“, agregó el Jefe de Estado.
El Presidente explicó que esta “Convención Constitucional nace de la Reforma Constitucional que promulgamos el 24 de diciembre del año 2019, luego de la convocatoria que hizo el Gobierno la noche del 12 de noviembre a un acuerdo por la paz, por la justicia y por una nueva Constitución, y luego del acuerdo alcanzado tres días después por una amplia mayoría de sectores políticos en nuestro Congreso”.
“Una amplia mayoría de ciudadanos refrendó esta convocatoria y este acuerdo en el Plebiscito del 25 de octubre del año pasado, y finalmente el 15 y el 16 de mayo de este año la ciudadanía eligió una Convención Constitucional integrada por 155 miembros, con una equitativa participación de hombres, mujeres y de nuestros pueblos originarios“, complementó.
Junto a esto, enfatizó que “de acuerdo al Mandato Constitucional que da origen a esta convención y le otorga sus atribuciones y competencias, ella deberá respetar el carácter de República que tiene el Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas, y los tratados internacionales ratificados y que se encuentran vigentes”.
Adicionalmente, la convención “no podrá poner término anticipado al período de las autoridades elegidas por votación popular. Por otra parte, y tal como lo establece la Reforma Constitucional que dio origen a esta convención, esta convención no puede atribuirse el ejercicio de la soberanía ni asumir otras atribuciones que no le hayan sido expresamente conferidas”.
“Dentro de este marco, fijado por la Reforma Constitucional, esta convención tiene importantes grados de autonomía, que todos debemos respetar, sin embargo, su misión no es gobernar ni legislar, tareas que les corresponden al Gobierno y al Congreso, y que seguirán siendo ejercidas“, dijo el Presidente Piñera.
“El Gobierno, en cumplimiento de ese mismo mandato Constitucional, prestará a esta convención todo el apoyo técnico, financiero y administrativo necesario para su instalación y funcionamiento”, sostuvo.
En cuanto al funcionamiento de la convención, el Presidente indicó que tiene que ser “respetando siempre nuestra Constitución y nuestro Estado de Derecho, a través del diálogo, la colaboración y la búsqueda de acuerdos; lograr la mayoría de 2/3 necesarias para acordar y proponer una nueva Constitución para Chile”.
Esta misión exigirá “mucha grandeza, visión, sabiduría y patriotismo“, señaló el Jefe de Estado, agregando que espera que “la historia, nuestra hermosa historia, recuerde a los Convencionales Constituyentes como los constructores de los grandes acuerdos y los forjadores de un mejor futuro para Chile y para todos los chilenos”.