El nuevo ministro de Justicia, Luis Cordero, se reunió este jueves con el Pleno de la Corte Suprema, en una de sus primeras actividades protocolares tras asumir el cargo, en medio de la polémica por los indultos.
Según señaló la vocera del máximo tribunal del país, Ángela Vivanco, se trató de una “grata conversación”, donde además le manifestaron sus preocupaciones, como por ejemplo la protección de los Derechos Humanos y la situación del sistema penitenciario.
“Durante la gestión de la ministra anterior tuvimos una muy buena relación con el Ministerio y esperamos también mantener, y en consecuencia, que haya una continuidad”, dijo Vivanco.
Así también, le ofrecieron apoyo en el proceso constitucional que viene, ya que -según dijo- “en el proceso anterior la Corte Suprema trató de colaborar, pero no siempre pudo ser oída en toda la medida de lo que nosotros hubiéramos esperado”.
“Le hemos pedido al ministro que podamos mantener un diálogo muy cercano en materia de lo que viene constitucionalmente”, añadió.
No obstante, la ministra Vivanco aseguró que la polémica por los indultos no fue tema en la reunión, añadiendo además que el Poder Judicial no se pronuncia respecto a temas que podrían eventualmente judicializarse.
Al respecto, el ministro Cordero, tal como lo señaló ayer tras asumir su cargo, señaló que aún debe revisar “los papeles”. Aunque, también apuntó al rol que cumplirá la Contraloría General de la República y el Tribunal Constitucional.
“En estos momentos existen tres solicitudes de dictamen a la Contraloría, que ha solicitado el informe del Ministerio que tiene que evacuarse en los próximos 10 días, probablemente va a existir una prórroga. En segundo lugar, la oposición ha solicitado dos requerimientos al Tribunal Constitucional en contra de esos decretos”, dijo.
“En consecuencia, hoy la discusión ha quedado trabada sobre las consecuencias jurídicas de los indultos, y, por lo tanto, en ese espacio se va a mantener en las siguientes semanas”, adelantó.
“Desde el punto de vista técnico, las tres solicitudes de dictamen en Contraloría y los dos anunciados requerimientos (en el TC), llevan a que la discusión de los indultos quede hoy día trabada como una discusión jurídica”, sentenció.
Y sobre eventuales investigaciones internas tras las desprolijidades que el propio presidente Gabriel Boric reconoció, Cordero sostuvo que eso tuvo que ver con responsabilidades políticas.
“Eso tuvo consecuencias y una de esas consecuencias es que me tienen acá”, dijo, en relación con la salida de Marcela Ríos.
“Sobre eventuales responsabilidades administrativas, mientras las responsabilidades administrativas son resultados de consecuencias jurídicas y mientras esas sean planteadas como una discusión jurídica, en ese espacio se mantendrá, las responsabilidades disciplinarias es algo que por ahora no forma parte de la discusión fundamentalmente, porque el Gobierno tiene que responder a los oficios de la Contraloría y esperar el requerimiento que ha anunciado la oposición al Tribunal Constitucional”, enfatizó.
De todas maneras, explicó que “en el sistema institucional chileno, mientras la presunción de legalidad no sea derribada, esos actos administrativos son ajustados a derecho”.
Consultado por los últimos antecedentes que vinculan al fiscal nacional, Ángel Valencia, con el exalcalde y exintendente, Felipe Guevara, el ministro Cordero evitó entrar en detalles, apuntando a que el Ministerio Público es un ente autónomo.
“Es algo que tiene que responder el Ministerio Público, en particular, el fiscal Valencia”, sentenció.
