En la Fontana

A reconstruir la centroizquierda

Isabel Allende

Senadora Isabel Allende entrega su apoyo a Patricio Rozas (PS) para la alcaldía de Valparaíso

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La senadora socialista por la Región de Valparaíso, da su irrestricto apoyo a la candidatura del Socialista Patricio Rozas a la Alcaldía de Valparaíso, para estas primarias convencionales del 20 de diciembre.

Allende recalca los temas centrales de la campaña de Patricio Rozas, enfocados en la reconstrucción de Valparaíso, en la creación de empleo con un gran énfasis en inversión pública; salud primaria centrada en la atención de calidad y construcción de tres SAR de alta resolución; repoblamiento del plan de la ciudad en particular el Barrio Almendral; énfasis en la creación de empleo dedicados al turismo en el sector Barrio Puerto; preocupación por los adultos mayores que incluye la construcción de vivienda adecuada para sus necesidades; transporte público de calidad centrados en la electromovilidad, comodidad y sustentabilidad; entre otras importantes iniciativas de generación de inversión pública, destinada a generar empleo y atraer inversión privada a la ciudad para complementar el esfuerzo público.

Patricio Rozas, es porteño de nacimiento, educado en los valores del Puerto y la capacidad creadora de su gente. Patricio, es sociólogo, economista, con Magister en Desarrollo de FLACSO. Trabajó durante 26 años como funcionario de Naciones Unidas en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL.

A fines de 2019, varias de las corrientes internas del Partido Socialista pidieron a Rozas postularse a la Alcaldía de Valparaíso, reconociendo en él un liderazgo responsable, con capacidad técnica y profesional, pero sobre todo, con facilidad de conformar equipos profesionales altamente capacitados y con un gran poder de interlocución con los diferentes actores sociales y políticos de la ciudad.

Patricio Rozas es el Candidato del PS para la Alcaldía de Valparaíso, a la cual se presenta a las primarias convencionales de Unidad Constituyente de este 20 de diciembre.

PS acusa que Fogape tiene deficiencias de acceso, cobertura y transparencia

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Un informe realizado por el Partido Socialista y más de 50 micro y pequeñas empresas, detectó que el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape) entregado durante la pandemia tiene deficiencias de acceso, cobertura, y transparencia.

El documento, elaborado para fiscalizar el plan de emergencia del Gobierno, reveló que sólo 128 mil mipymes se han adjudicado el fondo, y que, en la práctica, existen problemas con la suspensión de otros créditos vigentes concedidos por los bancos.

En ese contexto, la presidenta de la Comisión Económica del Partido Socialista, Lyssete Henríquez, acusó que el Ejecutivo no ha cumplido con con la cobertura total a las micro y pequeñas empresas.

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Por su parte, el titular de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Germán Dantres, aseguró que los bancos no estaban preparados para otorgar este crédito y que, por ello, sólo 350 mil mipymes podrán postular al fondo.

Es por esa razón que sugirió que las microempresas no deberían optar al Fogape, sino que a un subsidio de más fácil acceso.

Dicha postura fue compartida por el presidente de la Multigremial de Emprendedores de Chile, Juan Pablo Swett, quien añadió que las pequeñas empresas son “las grandes ausentes” de este crédito de emergencia.

A raíz de la problemática, el informe del Partido Socialista establece propuestas de mejora, como revisar la normativa del Fogape y otorgar un papel relevante al Banco Estado por su especialización en Microempresas.

Senadora Isabel Allende (PS) En La Fontana: «No creo que existan las condiciones ahora para un gran acuerdo nacional»

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*En La Fontana conversamos con la senadora socialista para analizar este llamado a un gran acuerdo nacional entre oposición, actores sociales y oficialismo, en materias de enfrentar mejor la pandemia del coronavirus, lo que pase después, pero también para generar un gran pacto social en salud, economía, previsional y educación. Además, le consultamos sobre cómo evalúa la gestión del Ejecutivo en esta crisis sanitaria. 

La propuesta de acuerdo nacional impulsado por el senador socialista José Miguel Insulza y del timonel de Renovación Nacional (RN), diputado Mario Desbordes, no ha logrado respaldo ni en la oposición ni en el oficialismo.

El documento, firmado por ambos legisladores, incluye algunos de los puntos que creen deben estar presentes en un «gran pacto social» para enfrentar la crisis que va a dejar a su paso la pandemia de Covid-19.

Ante las críticas recibidas, incluso cuestionándose su figura como un representante real del PS, el propio Insulza reconoció que no están las condiciones para poner hoy firmas sobre la mesa, aunque agregó que la idea fue siempre fue iniciar un debate.

«Hubo voces en contra de oposición y de Chile Vamos también, lo cual finalmente muestra que realmente no hay condiciones para hacer un acuerdo hoy, si nadie preveía hacer un acuerdo hoy», dijo el senador.

Apertura de discusión 

Consultada por nuestro medio, al respecto, la senadora Isabel Allende responde: «No creo que existan las condiciones ahora para un gran acuerdo nacional. Ese documento, tiene la virtud de que, al menos, abre la discusión y tiene algunos contenidos, pero, evidentemente, faltan muchas materias (…) Sería muy pretencioso hablar de un acuerdo nacional, dado que faltan muchos actores, solo hablan dos personas, además tenemos un Gobierno que hace las cosas de una manera errónea».

-¿El Ejecutivo no acoje iniciativas que sean diferentes a sus ideas? 

-El Gobierno no ha querido escuchar. Ha estado tozudo e insistió en su proyecto de Ingreso Familiar de Emergencia; le dijimos que es insuficiente, decreciente y excluyente. Deja afuera a más de un millón de personas. Este es el momento para una preocupación mayor para combatir la pandemia. Acá estamos frente a una crisis sanitaria, pero también económica y social; y a esto tenemos que abocarnos de cabeza.

-La oposición ha reiterado que las medidas son insuficientes… 

-Es es así. Lamentablemente, las políticas que  ha hecho el Gobierno hasta el momento de medidas de «goteo», son insuficientes y agudizan la crisis. La gente así se ve obligada a salir a las calles a buscar el sustento diario. Este Ingreso de Emergencia de $65 mil primero, $55 mil luego y después $45 mil, es completamente insuficiente y está haciendo que la gente igual salga a trabajar, porque no puede quedarse a su casa y tiene que sobrevivir, y ahora se lanzó esta medidas de caja de alimentos que se entiende menos, por qué no mejor se implementó un ingreso más sólido y así la gente no sale de su casa. Además, las personas se agolparon en los municipios porque nadie sabe cómo se entregarán y a quienes.

-¿Está el Gobierno improvisando? 

-El Gobierno tiene que escuchar más a los expertos, a epidemiólogos, infectogo, a la mesa de e expertos Covid-19, a quienes hacen las proyecciones matemáticas y a muchos otros actores sociales. Y también tiene que entender lo que se le está diciendo, que estamos en un momento excepcional y de gran gravedad. Entonces, es fundamental cuidar la salud de las personas y no hay que presipitarse. Acá hubo un cierto exitismo prematuro, se habló de la meseta, el retorno seguro, la nueva normalidad y la posibilidad de tomarse un cafecito o cerveza y esa manera, etc. De esa manera, no se logra generar confianza hacia las personas.

-¿El Ejecutivo se debe coordinar mejor con los alcaldes? 

-Claro, el Gobierno debe trabajar más con los municipios, dado que los alcaldes están en la primera línea y espero que los recursos prometidos lleguen pronto a las municipalidades, porque no se ha hecho un aumento al Fondo Común Municipal, al revés, hubo una reducción del 20%. Entonces, no se entiende la manera de cómo está actuando este gobierno.

-¿Hay mayor espacio para gasto fiscal destinado a las personas?

-Sí, lo hay. Lo dicen directores de Banco Centrales, exministros de Hacienda, connotados economistas, pero el Gobierno no quiere escuchar.//ELF

El sabor amargo de la Ley de protección al empleo

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Por Isabel Allende

Senadora del Partido Socialista (PS)

La ley que permite suspender la relación laboral entre trabajadores y empleadores fue presentada al Congreso y al país como una herramienta especialmente diseñada para salvaguardar el empleo y la viabilidad económica de las PYMES.

Sin embargo, a más de un mes de su aprobación, quienes la apoyamos con nuestro voto, y en general la ciudadanía, hemos visto serias desviaciones en su aplicación y finalidad, las que pueden calificarse como “un uso abusivo” por parte de algunas grandes empresas de la economía nacional.

Cuando decimos abusivo nos referimos a la torcida, vergonzosa y hasta inmoral aplicación de una norma que fue concebida para proteger a la parte más débil de la relación laboral, pero que a la larga ha servido para proteger justamente a la parte que se suponía tenia las herramientas y espaldas financieras que le permitirían sortear este difícil escenario junto a sus trabajadores.

La empresas no tienen “alma” nI hacen beneficencia, pero al estar inmersas en la sociedad deben cumplir con un rol social más allá del objetivo único de pretender siempre maximizar sus ganancias no importando el costo. Su responsabilidad social debe comenzar primero, y así debe entenderse, por sus trabajadores.

Grandes empresas del retail han utilizado esta figura, Almacenes París y Ripley entre ellas, que en sus balances aparecen con millonarias utilidades en 2019, y que por tanto creemos no tienen justificación para usar este instrumento.

El ejemplo de la cadena Starbucks ya es usado incluso internacionalmente para demostrar el mal uso de la herramienta, que llevó incluso a este empleador a suspender a trabajadoras que se encontraban con fuero maternal, cuestión que tuvo que resolver la Justicia en favor de las trabajadoras.

Dentro de estas empresas también sabemos que hoy se ofrecen préstamos a sus trabajadores para que puedan “sortear los difíciles momentos que vivimos”, entonces nuevamente surge la duda y nos obliga a concluir que si hoy cuentan con dineros para ofrecer préstamos, siempre pudieron pagar los sueldos de sus funcionarios.

Esta semana, y a pesar de no ser lo mejor que hubiéramos esperado, pues cabe recordar que la iniciativa en esta materia solo la tiene el Ejecutivo, pudimos aprobar “con un sabor amargo” al dar nuestro voto para algunas modificaciones a esta norma: la principal de ellas es la prohibición de repartir utilidades en aquellas empresas que se acogen a esta ley, pues si los trabajadores no pueden recibir sus sueldos, lo lógico es que tampoco puedan recibir ganancias los dueños de estos capitales, haciéndonos cargo de alguna manera de lo que ocurrió con el grupo Cencosud, que finalmente decidió echar pie atrás a su polémica decisión..

Comentario aparte nos merece el retraso y las dificultades que ha tenido la AFC en el primer mes de pago de este seguro, denunciado nuevamente por trabajadores del retail, cuestión que requiere investigación y sanción de ser procedente, pues los trabajadores no pueden, además, soportar el costo de una mala gestión de los empleadores o de esta entidad.

Decimos que las empresas no tienen alma ni conciencia, pero a ellas y a sus ejecutivos se les pidió un pacto de buena fe, buena fe que creemos ha sido quebrantada por algunos, y que requiere la investigación y sanción por parte de los organismos administrativos y de la Justicia, pues debemos recordar que esta normativa contiene implicancias penales para quienes precisamente la mal utilicen.

La Ley de Protección al Empleo por cierto ha servido para que las Pymes y sus trabajadores puedan aguantar de mejor manera este tiempo tan duro, sin embargo su mala aplicación deja de manifiesto, una vez más, que las reglas del mercado siguen siendo insuficientes para normar la actitud de algunos, y estamos convencido/as que una nueva Constitución debe enmendar las grandes deficiencias del actual orden económico.