Por Isabel Allende Bussi
Senadora de la república
El 14 de junio, y después de 13 años de tramitación en el Congreso, fue despachado a ley el proyecto que crea el nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) para nuestro país. Estamos hablando de un paso histórico que nos permitirá ponernos al día con una tarea pendiente, permitiendo a Chile completar su institucionalidad ambiental, diseñada originalmente como un eje compuesto por cuatro instituciones, a saber: el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), la Superintendencia del Medio Ambiente, los Tribunales Ambientales y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.
El SBAP se erige como el proyecto ambiental más importante y ambicioso de la última década en nuestro país, permitiéndonos hacer frente de mejor manera a la emergencia climática que nos acecha. Hoy en día se calcula que un millón de especies están en peligro de extinción, y que cada 10 minutos desaparece una en nuestro planeta. Nuestros ecosistemas han superado diferentes umbrales críticos y no hay duda alguna de que nosotros, los humanos y nuestro modelo de desarrollo, estamos detrás de esa presión sobre el planeta. La crisis que vivimos hoy no es solo climática, sino también una crisis que amenaza nuestra biodiversidad.
Chile ha avanzado enormemente en el aumento de la protección de sus áreas protegidas en los últimos años. Hoy en día el país cuenta con al menos 105 áreas bajo el resguardo de Conaf. Esto equivale a 18 millones de hectáreas, lo que corresponde al 21,3% del territorio continental. En el caso de ecosistemas marinos, las áreas protegidas ocupan el 42% de las 200 millas de Zona Económica Exclusiva. Según el Banco Mundial, a nivel comparativo, ubica a Chile en el puesto 77 de casi 200 países entre los que tienen mayor resguardo de áreas terrestres y en el quinto puesto en áreas marinas.
Sin embargo, las distintas funciones estatales respecto a la gestión de la biodiversidad hoy están fragmentadas y aisladas en al menos cinco ministerios que muchas veces actúan de manera descoordinada. Además, necesitamos un fuerte aumento en el presupuesto que destinamos a proteger nuestra biodiversidad. Según datos del PNUD, Chile gasta solo US$ 0,60 por hectárea protegida, lejos del promedio de América latina y el Caribe de US$1,95.
Esta nueva institucionalidad nos permitirá enfrentar la dispersión administrativa de nuestras áreas protegidas, así como dotar al país de mayores instrumentos para la conservación en todo el territorio, tanto en el mar como en tierra, en territorio continental e insular, así como dentro y fuera de áreas protegidas, teniendo como único foco la protección y preservación de la naturaleza. Aquello se materializará mediante un aumento de 57% del presupuesto anual destinado a esta materia, junto con la participación privada en la gestión de áreas protegidas, duplicando la cantidad de guardaparques en el país, los cuales han sido fundamentales en la tramitación, llegando a importantes acuerdos y asegurando su participación en la implementación del Servicio.
Este proyecto contempla la creación de cerca de 10 nuevos instrumentos, que en la práctica son nuevas potestades para el Estado de Chile para conservar su valioso patrimonio ambiental. Entre ellas, destacan la planificación ecológica, con el objetivo de definir prioridades de conservación de la biodiversidad, así como los planes de manejo para cada una de las áreas protegidas, los cuales también podrán variar en su objetivo, pudiendo tratarse por ejemplo de planes de manejo de conservación para ecosistemas amenazados, así como planes de restauración ecológica para las áreas degradadas.
La nueva ley SBAP reagrupa las categorías hoy vigentes de nuestras áreas protegidas, pasando de nueve a seis nuevas categorías (Reserva de Región Virgen, Parque Nacional, Reserva Nacional, Monumento Natural, Área de Conservación y Áreas de Conservación de Pueblos Indígenas) según los estándares internacionales de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) lo que permitirá una mejor gestión y fiscalización en relación a los usos permitidos en cada área, incluyendo las áreas protegidas privadas.
Pero más allá de la gran cantidad de hectáreas de áreas protegidas que se han sumado a nuestro país en los últimos años, no debemos perder de vista que aún estamos lejos de alcanzar un modelo de desarrollo sustentable para un país que basa su economía en la explotación de recursos naturales. Durante mucho tiempo, las áreas protegidas se han encontrado altamente vulnerables a la realización de actividades industriales en su interior. Según datos del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, de un total de 173 áreas protegidas de diversas categorías, en 73 de ellas (42%), se ha desarrollado o ha habido intenciones de desarrollar actividades industriales (minería, proyectos hidroeléctricos, concesión eléctrica, otorgamiento de derechos de agua, entre otros).
Por estos motivos en la ley SBAP incorporamos usos permitidos para cada categoría, los cuales deberán adecuarse a su plan de manejo. Del mismo modo, se reguló las concesiones que podrán otorgarse, permitiendo aquellas destinadas a la educación, científicas y de turismo. Para otras concesiones sectoriales en las áreas protegidas deberán sujetarse a lo establecido en su plan de manejo, estando prohibida su instalación en reservas de región virgen, parques nacionales y monumentos naturales.
Adicionalmente, se discutió la limitación para futuras concesiones acuícolas en áreas protegidas en relación a especies exóticas, fundamentalmente concesiones salmoneras, teniendo siempre a la vista la continuidad de las concesiones ya otorgadas y las que están en trámite, algunas de las cuales son indefinidas y representan ⅔ de las vigentes, otorgando certeza jurídica a una industria que cuenta ya con 426 concesiones otorgadas, asegurando su irretroactividad y que aquellos procedimientos avanzados puedan finalizar su tramitación. Sin perjuicio de ello, aquello no puede soslayar los gravísimos desastres ambientales que se han provocado en los últimos años en nuestras áreas protegidas y las enormes pérdidas económicas asociadas, que han derivado en crisis sociales y la afectación de miles de empleos para las familias que dependen de esta actividad. En la práctica, no se llegó a acuerdo en esta materia, la cual seguramente volverá a ser contingente en un futuro proyecto de ley acuícola anunciado por el gobierno.
En definitiva, los avances que entrega la ley que crea este servicio son innumerables y representan un verdadero cambio de timón en la manera en cómo hemos gestionado nuestra naturaleza y biodiversidad durante décadas, lo que nos augura proyectar políticas a largo plazo, incluyendo a la ciudadanía y al mundo privado; sentando lineamientos de prevención que nos aseguren un óptimo manejo de nuestro patrimonio natural, tanto dentro como fuera de las áreas protegidas.
El camino al desarrollo no pasa por debatir falsamente entre crecimiento y cuidado de la naturaleza, sino que más bien por entender que la conservación de nuestro patrimonio ambiental potencia el crecimiento, permitiendo desarrollar una cultura de aprecio y valoración del capital natural del país. Lo que se busca a fin de cuentas con este nuevo servicio no es más ni menos que eso: un desarrollo sustentable para Chile; un desarrollo que sea integral y perdurable en el tiempo, y que nos permita resguardar nuestros ecosistemas para las generaciones presentes y futuras, previniendo con ello el colapso de ecosistemas producto de la crisis civilizatoria que nos aqueja. //ELF
