En La Fontana publicamos la contribución del FTDC al VI Congreso Partido Demócrata Cristiano (PDC) al mundo de los trabajadores en Chile y de las políticas públicas que se deberían aplicar para mejorar el sector. 

El Frente de Trabajadores de la Democracia Cristiana hace llegar a ustedes, su contribución al VI Congreso del partido. Esto es el resultado de un largo trabajo y un diálogo directo con trabajadores y trabajadoras, dirigentes sindicales de nuestro partido y frentes sindicales de los partidos de la oposición. Recogimos las opiniones sobre temas de coyuntura en seis encuentros virtuales con dirigentes, parlamentarios y expertos. Es también el resultado de diversos análisis de documentos y publicaciones de la OIT, del movimiento sindical nacional e internacional y además, tuvimos siempre como marco orientador y referencial, la Encíclica Fratelli Tutti del Santo Padre Francisco, sobre la Fraternidad y la Amistad Social.

Esperamos que nuestro aporte favorezca el debate interno previo al VI Congreso y al mismo tiempo, apoye el proceso que hemos iniciado de reorganización y fortalecimiento del Frente de Trabajadores a nivel nacional como en cada región, con el fin de contar con un referente de los trabajadores y sindicalistas DC, que recupere el respeto a su institucionalidad y el protagonismo que por historia y doctrina le corresponde y también para que los trabajadoras y trabajadores, volvamos a tener el sitial que nos corresponde en el Partido.

Si se analiza el esfuerzo tesonero que muchos/as sindicalistas DC han realizado a través de la historia y de las difíciles situaciones vividas, si se conocen los aportes y las acciones que siguen entregando y el testimonio de muchos y muchas de ellas, surge la pregunta ¿y si han logrado superar todo eso, por qué no se puede ahora alcanzar esa meta?

Ese es el desafío urgente y prioritario. Que, en cada lugar de nuestro país, en el Partido y en todos los niveles de las distintas organizaciones de trabajadores/ras, se logre trascender y superar las individualidades, los problemas que desbordan a las direcciones, las carencias y las debilidades, las divisiones y roces, las malas experiencias y las decepciones. El incentivo para ello es la conciencia lúcida que unidos seremos mucho más, que la suma de recursos, y potencialidades de unos cuantos dirigentes. Comprometiendo a todos y todas en un esfuerzo que sea más que una simple sumatoria de acciones individuales. En el FTDC entendemos que lograr un Frente empoderado y activo, revitalizara la acción política de la Democracia Cristiana y a la vez, podremos volver a tener un rol preponderante en las definiciones partidarias y al interior del mundo sindical chileno.

Por todas estas razones y desafíos, el Frente de Trabajadores de la Democracia Cristiana agradece el esfuerzo realizado de todos y todas para cumplir esta tarea y se complace en presentar este documento, como contribución al VI Congreso del PDC, con la esperanza de que se constituya en una fuente de inspiración, reflexión y compromiso político para transformar nuestra sociedad en favor de las grandes mayorías de nuestra Patria.

🔴Firman:

-Flavio Garrido Sepúlveda Presidente Nacional

-María A. Escobar Silva Secretaria Nacional

-Irene Celis Ramírez Vicepresidenta Nacional

-Jorge Consales Carvajal Vicepresidente Nacional

-Patricio Argandoña Rojas Vicepresidente Nacional

1.- INTRODUCCIÓN.

En octubre de 2007 nuestro partido realizó su V Congreso Ideológico y Programático

cuyos acuerdos y resoluciones las respaldamos unánimemente porque, además de representar nuestros valores y principios, nos trazaba el futuro camino a seguir frente al proceso de cambio que estaba en curso en el mundo y que estaba afectando de manera particular la organización del trabajo produciendo profundas transformaciones. Fue un Congreso visionario.

Han pasado 13 años desde aquellos acuerdos y resoluciones que han permanecido indiferentes a las distintas directivas nacionales del partido. Hoy ante el VI Congreso de la Democracia Cristiana reiteramos y afirmamos la vigencia de esos acuerdos y resoluciones.

La tarea para las organizaciones sindicales aún es ardua. La doctrina neoliberal se mantiene a la ofensiva. Su impacto se deja sentir en la alarmante desigualdad persistente en nuestro país; en los niveles de pobreza extrema que subsisten y que están en aumento; en las tasas de desempleo y subempleo que resultan de  su lógica de predominio absoluto del mercado; y en la grave situación de desprotección que afecta sobre todo a trabajadores/as jóvenes, trabajadoras mujeres y otros colectivos especialmente vulnerables. Todo lo anterior desnudado y agravado por la pandemia, COVID-19.

La agenda sindical se amplía más allá de los temas estrictamente salariales y de legislación laboral, a los temas de la política macroeconómica, de la política social y de la gestión gubernamental en general. Pero todavía se ha obtenido muy poco en términos de acuerdos concretos, limitándose sólo a avances en el debate público y en las discusiones que se llevan a cabo en algunos espacios de diálogo y concertación.

Hoy queremos hacer una mirada hacia el futuro y del Chile que queremos, nuestra prioridad no debería limitarse a debatir sobre los factores que causan los cambios en el mundo del trabajo ni sobre la cuantificación de esos cambios ya que, justamente por ser cambios, se modifican constantemente y, además, son cuestiones sobre las que se ha analizado y escrito mucho. Ello no quiere decir que ambas cuestiones deban ser dejadas de lado. En modo alguno, la Academia debe seguir atenta a la aparición de nuevos factores de cambio y a las transformaciones cualitativas y cuantitativas provocadas por dichos cambios.

2.- UNA BREVE MIRADA A NUESTRA REALIDAD.

Las relaciones laborales han cambiado. Las transformaciones en el escenario internacional y el predominio de políticas de corte neoliberal han acelerado la puesta en práctica de programas económicos de ajuste y flexibilización. De igual manera, los efectos de la globalización que han producido, tanto la reducción del papel del estado en la economía, como la desregulación jurídica de las relaciones de trabajo, han modificado los microcosmos donde se desarrollaban los contactos y acuerdos entre trabajadores/trabajadoras y empleadores/empleadoras.

Las organizaciones de trabajadores en nuestro país se asientan sobre un escenario particularmente adverso para el derecho de la libertad sindical. Chile ha sido sacudido por los mismos fenómenos –resultado de la globalización económica y hoy día por la pandemia del COVID19- que han agravado los desequilibrios sociales y económicos en todo el mundo. Los particulares procesos sociales y económicos han profundizado las consecuencias negativas de la globalización económica y multiplicaron los niveles de precariedad. La economía informal está creciendo en proporciones inimaginables e intolerables; la cobertura de las normas laborales y de la seguridad social disminuye; y la reducción del Estado, promovida por las corrientes neoliberales, ha implicado un menor énfasis en la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Se ha reeditado una muy antigua versión de la vida social y económica en la que sólo el mercado ordena y asigna los recursos.

Las organizaciones de trabajadores de nuestro país no siempre han podido afrontar con el éxito deseado los retos planteados por el nuevo escenario internacional y nacional, pero sus acciones y su persistencia, incluso en las condiciones más adversas, viene demostrado que las trasformaciones orientadas a la construcción de una sociedad justa y democrática es posible. Aún agobiadas por prácticas neoliberales y actos antisindicales, las organizaciones de trabajadoras y trabajadores de nuestro país han aportado esfuerzos y vidas de generaciones de hombres y mujeres trabajadoras para la construcción de la democracia. La dictadura fue abatida gracias a la acción organizada de los trabajadores y trabajadoras, que al luchar por la libertad sindical lucharon también por el respeto de todo el conjunto de libertades inherentes al ser humano; sin embargo, muchas políticas económicas orientadas a profundizar los desequilibrios impuestos por el mercado han permanecido.

3.- CARENCIAS Y DESAFÍOS.

La estrategia de crecimiento económico de nuestro país, basada en las exportaciones, es a todas luces insuficiente para superar la heterogeneidad productiva y permitir la generación de un trabajo decente. Varios son los desafíos que se alzan para lograrlo. Entre ellos:

• El desafío central es lograr un crecimiento económico y desarrollo que  promueva el trabajo decente.
• Para impulsar este crecimiento y desarrollo falta impulsar la productividad de los sectores más rezagados

• Así como la implementación de políticas complementarias en el mercado de trabajo. Ello representa un ingente esfuerzo considerando el enorme déficit del empleo formal.

• Ello exige una tasa sostenida de crecimiento económico de al menos el 5% anual.

• Así como la generación de políticas destinadas a elevar la productividad y a mejorar la competitividad de la economía.

• Lo que finalmente redundaría en una expansión de la oferta de trabajo decente.

Estos desafíos nos muestran con claridad y precisión los alcances, más allá de lo avanzado, los caminos que faltan por recorrer, y más en particular, las implicancias y las exigencias que le plantea el trabajo decente a la Democracia Cristiana junto a sus mujeres y hombres trabajadores.

4.- EXIGENCIAS DE UN TRABAJO DECENTE.

En efecto, el trabajo decente:

• Es aquel que permite mantener una perspectiva futura de estabilidad del puesto de trabajo.
• Incluye condiciones de trabajo dignas, así como la salvaguarda del equilibrio entre el trabajo y la vida familiar.
• Debe dar la posibilidad de enviar a los hijos a la escuela y de sustraerlos al trabajo infantil.
• Supone la igualdad de género y la capacitación de las mujeres para que puedan asumir el control de sus vidas.
• Así como las capacidades personales para competir en el mercado, la capacidad de mantenerse al día con las nuevas calificaciones tecnológicas.
• Exige igualmente la conservación de la salud.
• La posibilidad de recibir una parte equitativa de la riqueza que el trabajo ha ayudado a crear.
• La seguridad de no ser objeto de discriminación.
• La capacidad de tener una voz en el lugar de trabajo y en la comunidad.

• La libertad para organizar y afiliarse a un sindicato, así como negociar colectivamente sus condiciones de trabajo.

5.- SUPERACIÓN DE LAS BRECHAS Y DESIGUALDADES EXISTENTES.

La importancia del trabajo decente estriba en que es el único que permite superar una variedad de desigualdades o brechas propias de la sociedad actual. Estas son principalmente:

• En primer lugar “la brecha del empleo” que se expresa en un desempleo visible actual de alrededor de 13,1% y que el empleo informal alcanza al 40.5% la brecha sube escandalosamente.
• En segundo lugar, “la brecha de los derechos”, que se expresa en la denegación y/o la limitación del derecho de libertad sindical y de negociación colectiva y la incidencia del trabajo forzado, la discriminación y el trabajo infantil.
• En tercer lugar, “la brecha de la protección social” que se traduce en que el 80% de hombres y mujeres trabajadoras carecen del amparo de mecanismos de protección social adecuados.
• En cuarto lugar, “la brecha del diálogo social”, que pone de relieve el déficit de representación en el mundo laboral y la exclusión consecuente de amplios segmentos de trabajadores/as de los procesos de diálogo y de integración social.
• Hay una “brecha adicional”, que envuelve a las anteriores y las hace resistentes al diálogo. Se trata de la brecha cultural que separa los ámbitos de la economía y de la sociedad, en instituciones, lenguajes y prácticas incomunicables.

6.- CAMINOS DE SUPERACIÓN.

Para garantizar este trabajo decente, es necesario, como ya adelantábamos, tener claros los principales caminos de superación de las brechas y desigualdades que atentan contra la situación de vida y de trabajo de importantes sectores nacionales.

Entre ellos:

• Garantizar un crecimiento y desarrollo económico sustentable

• Asegurar la aplicación efectiva de los principios y derechos fundamentales en el trabajo.

• Afianzar y consolidar la democracia y el diálogo social.

• Lograr la ampliación y el fortalecimiento de los programas de prevención y protección social de los/as trabajadores.

• Incrementar la inclusión social y laboral para reducir la desigualdad.
  

7.- EL ENORME VALOR DE LA LIBERTAD SINDICAL.

Quizás, lo primero que haya que reafirmar en este contexto es el enorme valor de la libertad sindical.

La libertad sindical es uno de los derechos que de forma más decisiva realza y expresa la dignidad del hombre y la mujer. Por ello, forma parte del catálogo de valores indispensables para la convivencia social, contenido en todas las declaraciones de derechos humanos de ámbito mundial y regional y en los convenios internacionales de la OIT.

Como corresponde a su condición de derecho humano, la libertad sindical ha desarrollado un rol preponderante para los trabajadores, hombres y mujeres, para el sistema productivo y para la democracia y la sociedad en su conjunto.

El derecho humano de libertad sindical ha permitido a millones de trabajadores y trabajadoras en el mundo hacer sentir su voz cuando el mercantilismo salvaje olvidaba que la riqueza de las naciones la construyen los hombres y mujeres que trabajan y no los capitales. Como ningún otro derecho, la libertad sindical ha des mercantilizado el valor del trabajo y ha devuelto centralidad a la persona en el proceso productivo, haciendo posible su participación en el escenario productivo y sociopolítico. En suma, la libertad sindical ha enseñado a los trabajadores/as de todo el mundo que el trabajo dignifica cuando convierte al hombre y la mujer en ciudadanos, dotado de voz y de derechos, esto es, cuando se trata de un trabajo decente.

Pero, además de ser consustancial a la dignidad humana, el derecho humano de libertad sindical ha contribuido y contribuye enormemente a la viabilidad de los sistemas productivos y al fortalecimiento de los sistemas democráticos.

La libertad sindical está en la base de toda la gama de derechos consagrados por las normas nacionales e internacionales en favor de los hombres y mujeres trabajadoras. Estas normas establecieron un conjunto de límites a las posibilidades de los empleadores de organizar el trabajo y la producción, y esos límites aseguraron la marcha óptima de los sistemas productivos. Hoy, superadas largamente las teorías económicas clásicas que atribuían a la sindicación efectos nocivos para la sociedad, la libertad sindical aparece como un factor clave para la sostenibilidad de los proyectos empresariales y como uno de los mecanismos más efectivos para incrementar la productividad y forjar el único modelo de competitividad admisible: aquel basado en el respeto de los derechos de hombres y mujeres trabajadoras. Aunque afirmar que la libertad sindical es un derecho humano debería ser suficiente para motivar su respeto irrestricto por parte de empleadores y gobiernos, hoy es posible afirmar también que la libertad sindical promueve la eficiencia de los sistemas productivos.

La libertad sindical también resulta sustancial para la construcción y consolidación de los sistemas democráticos. Como lo ha señalado la OIT, existe una relación estrecha entre la libertad sindical y la democracia: la democracia es esencial para el ejercicio pleno de la libertad sindical, pero, también, la libertad sindical es esencial para la construcción y consolidación de un auténtico sistema democrático. Sólo donde hay libertad sindical hay democracia y, por ello, las violaciones de la libertad sindical en nuestro país hablan claramente del aún claro predominio de una cultura autoritaria. Un régimen que viola o es testigo indolente de violaciones a los derechos sindicales evidencian su carácter autoritario, pues un atentado a la libertad sindical es, finalmente, un atentado contra la democracia.

La inclusión de la libertad sindical como el primero de los derechos fundamentales en el trabajo reafirma su condición de valor esencial para la humanidad. La Democracia Cristiana debe hacer esfuerzos urgentes para hacerla efectiva en este proceso de cambio que estamos viviendo y plasmarla en la Nueva Constitución.

8.- LAS RELACIONES LABORALES Y UN NUEVO CONTRATO SOCIAL.

La negociación colectiva y el diálogo social son los mecanismos más justos y eficientes para la mejora de las condiciones de empleo y la distribución de las oportunidades y la riqueza generada por las empresas y el país. Ambos mecanismos, basados en el consenso, son especialmente efectivos para distribuir los efectos de los períodos de bienestar y de crisis, promoviendo de esta forma un modelo de desarrollo social y económico participativo y no excluyente, propio de una auténtica democracia.

Hoy, cuando nos acercamos a cambiar la Constitución de nuestro país, mujeres y hombres trabajadores, a través de sus organizaciones, y por tanto del partido Demócrata Cristiano, aparecen como actores claves para la construcción de una auténtica cultura democrática, en la que negociación colectiva y el diálogo social se conviertan en el mecanismo natural para la definición de las condiciones de empleo y las políticas económicas y sociales a nivel nacional.

La Democracia Cristiana, está llamada a convertir al trabajo en el centro de las políticas económicas y consolidar procesos de integración con una marcada dimensión social.

Es urgente definir las bases para negociar un nuevo contrato social entre gobiernos, empresarios/as y trabajadores/as, que debería considerar:

• La libertad sindical y la negociación colectiva como un derecho humano fundamental.
• Una campaña nacional de salarios resulta primordial para garantizar que ningún trabajador cobre menos de un salario mínimo que le garantice poder vivir dignamente.
• La protección social universal y la garantía de unos servicios públicos vitales resultan esenciales.
• Las políticas extremistas, incluyendo xenofobia, racismo y toda forma de exclusión, deberán ser rechazadas en aras del bien común.

9.- LAS GRANDES CUESTIONES A DEBATIR SOBRE EL FUTURO DEL TRABAJO.

Se necesita con urgencia profundizar nuestro análisis y debatir nuevas propuestas respecto a cuatro cuestiones que pareciera que no son suficientemente debatidas y que, sin embargo, resultan cruciales para el futuro de trabajo: la desigualdad en el mercado de trabajo, las «nuevas» relaciones de trabajo, los desafíos que enfrentan los actores sociales y el diálogo social.

Existen ciertos consensos acerca de los efectos de los cambios tecnológicos actuales sobre el mundo del trabajo. Así, si bien se destruye empleo en algunos sectores, también se genera en otros, con un saldo neto que dependerá de la composición de la estructura productiva de nuestro país, de los niveles de educación-formación, de las migraciones, de la volatilidad geopolítica, entre otros.

A estos consensos se deben añadir otros. Uno de ellos es que producto de los cambios tecnológicos y de la reorganización de procesos productivos, surgen nuevas formas de utilización del trabajo y en ellas las relaciones laborales o no existen o son muy difusas. Otro consenso es que la normativa laboral tradicional no contemple adecuadamente el tipo de relación laboral que se desarrolla en estas nuevas formas de utilización del trabajo, por más que se quiera enmascarar dicha relación laboral, y que por ello es necesario adecuar y desarrollar la normativa laboral existente para que se pueda aplicar a estas nuevas formas de trabajo.

Un consenso más es el reconocimiento del debilitamiento en las últimas décadas de la organización sindical de los trabajadores/as y de las asociaciones de empleadores/as, lo que ha contribuido, además del desinterés de los gobiernos y empresarios, al debilitamiento, y en muchos casos desaparición, de los procesos de diálogo y concertación social. Adicionalmente a estos consensos señalados, también  hay acuerdo entre académicos, políticos y dirigentes sindicales y empresariales en que los actuales sistemas de educación y formación, si bien han servido para extender la cobertura de la educación, en especial la educación pública, adolece de unos problemas de calidad que hace que no esté contribuyendo adecuadamente a preparar a las personas para trabajos y empleos que, cada vez más, demandarán no solo una alta especialización sino también una gran capacidad de resolución de problemas.

Tomando en cuenta estos consensos básicos formulamos algunas líneas estratégicas en lo que a las políticas laborales para el futuro se refiere.

• En primer lugar, es preciso insistir en la necesidad de una profunda revisión de los sistemas de educación y formación a fin de que puedan responder adecuadamente a las auténticas demandas provenientes de la actividad productiva.
• En segundo lugar, es necesaria una adecuación de la normativa laboral; adecuación que no solo reconozca la existencia de la relación laboral en las nuevas formas de utilización del trabajo, sino también que regule dicha relación, protegiendo los derechos laborales del trabajador, así como los derechos económicos del empleador

• En tercer lugar, es urgente defender agresivamente la libertad sindical y fomentar la organización de los trabajadores, persiguiendo sin contemplaciones toda forma de hostigamiento y persecución sindical, incluida la organización por parte de algunos empresarios de sindicatos fantasmas supeditados a los dictados de esos empresarios.
• Finalmente, es económica, social y políticamente importante fomentar un proceso de Diálogo y Concertación Social, todo ello en el marco de un nuevo

«contrato social» que establezca e institucionalice mecanismos democráticos que faciliten arribar a acuerdos que no solo protejan derechos y establezcan obligaciones de las partes, sino también que garanticen la libertad, la justicia social y el progreso económico individual y colectivo. Se trata, en suma,  de volver a algo tan evidente y a la vez sencillo como es el acuerdo, contrato o pacto que sume, frente al desacuerdo y el conflicto que restan.

 

• – EL CHILE JUSTO QUE ASPIRAMOS HOY DÍA.

1. • Una Nueva Constitución basada en el trabajo y que consagre los derechos económicos, sociales y culturales, como los derechos de salud, educación, vivienda, seguridad social. Como también mecanismos de consulta participativa, plebiscitos, iniciativa legal ciudadana y la revocación.
   • Un Estado de derecho social y democrático que promueva la Protección Ambiental incluido el Cambio Climático. Proteja los recursos naturales, especialmente cobre, litio y agua que deben recuperarse para el país y fortalecer CODELCO, ENAP, manteniendo su propiedad estatal, y de las demás empresas públicas, conjuntamente con una política nacional que promueva energías alternativas y sustentables.
   • Un Estado moderno, que cumpla un rol en favor de los sectores medios y populares, teniendo como eje lograr servicios de calidad, la dignificación de la función pública, el reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores estatales, su estabilidad laboral y respeto a la carrera funcionaria. Asimismo, iniciar una verdadera descentralización con regiones que tengan autonomía financiera y política.
   • Chile es el único país en el mundo donde el agua; tanto sus fuentes de origen como la distribución han sido privatizadas. El agua es un recurso vital y mundialmente escaso, por eso debe ser un derecho humano garantizado en la nueva Constitución y definir una política pública de los recursos hídricos, eliminando el actual Código de Aguas.
   • Un nuevo sistema de pensiones, con un pilar contributivo de reparto y solidaridad inter e intra generacional, administrado por una entidad estatal y financiado tripartitamente, por Trabajadores, Estado y Empresarios, junto a una profunda reforma al régimen de AFP, y estableciendo plena libertad para elegir el régimen previsional y el destino de los aportes de seguridad social.

• • Promover y aplicar el convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas y otorgarles niveles de autonomía política para su incorporación al desarrollo nacional con su propia identidad racial y cultural.
  • Avanzar en la desmunicipalización y fortalecer la educación pública, para lograr un sistema educacional de calidad, gratuito y sin segregación. Al mismo tiempo, mejorar la salud pública para que llegue, en oportunidad y calidad a todos los chilenos y chilenas, dotándola con más establecimientos, equipos, recursos y profesionales.
  • Acceso a la vivienda, con barrios y ciudades resilientes, integradores e inclusivos que fomenten la vida familiar y comunitaria y dotar a las organizaciones  vecinales de facultades que las transformen en actores relevantes del Gobierno Local.
  • Mejorar el transporte público, con un financiamiento estatal directo que favorezca alternativas no contaminantes, reduzca su costo del pasaje y los tiempos de traslado.
  • Nueva reforma tributaria, estableciendo un impuesto al patrimonio de los más ricos, y aumentar la carga tributaria de las grandes empresas, estableciendo un tratamiento especial e incentivos para la pequeña y microempresa.
  • Un Nuevo Código del Trabajo que promueva la organización sindical y reconozca el pleno derecho de huelga y la negociación colectiva a nivel de empresa, ramal, sectorial y nacional, para los trabajadores privados y públicos sin excepción.

Un modelo de Desarrollo Sostenible, que reemplace al actual modelo neoliberal y permita crecimiento con equidad social. Un modelo capaz de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer el futuro de las nuevas generaciones. El crecimiento debe respetar la naturaleza y los seres humanos. Se requiere reformar patrones de consumo, y formas puramente extractivistas de producción. El Cambio Climático es un fenómeno cuyas consecuencias ambientales, sociales y económicas afectan de mayor manera a los más pobres, profundizando la desigualdad. Por ello, se debe incentivar el uso de las energías renovables, cambiar hábitos alimenticios y transformar la actividad de la construcción con la utilización de materiales con menor huella de carbono y mayor eficiencia energética.

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