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Por José Valencia Castañeda

Periodista y diseñador gráfico

Espacios obscuros y lúgubres, situaciones de penumbra y de conspiración, pero especialmente de desatención y turbiedad. Eso evoca la reconocida y antigua frase “Entre Gallos y Medianoche» y en materia de complotar a espaldas de la gente en situaciones de crisis y contextos complejos, la ultraderecha tiene experticia, más aún, cuando para concretar su estrategia cuenta casi con el monopolio de los medios de comunicación.

En ese contexto, y porque las actividades presidenciales distan mucho de ser casuales e imprevistas, hace unas semanas (9 de junio), Sebastián Piñera aprovechó la turbulencia de la epidemia para enviar un Proyecto de Ley, que busca enajenar los bienes de los narcotraficantes y destinarlos a ambas policías. La idea es de larga data, pero esta vez tuvo la indicación presidencial de “tramitarse con la urgencia que el problema amerita”.

Con los bemoles propios que sólo puede tener una iniciativa legislativa generada en medio de una pandemia, el ejecutivo se jacta de que “esta vez le cerrará el paso al narcotráfico donde más les duele, esto es, atacando sus recursos y bienes que han conseguido producto de los ilícitos cometidos”. Así como la reasignación de recursos no es nueva, para este Gobierno tampoco es nueva la idea de poner el énfasis en la labor policial para combatir el consumo de drogas.

Pero el pronunciamiento presidencial no termina ahí, durante el anuncio la autoridad se refiere al Senda (Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol), como “el servicio que se preocupa de la rehabilitación de aquellos que han caído en la adicción de la droga”, dejando en claro una vez más que la posición gubernamental, visualiza a la institución experta en la materia como un órgano centrado en la rehabilitación (tarea que principalmente es ejecutada por fundaciones y prestadores), negando la labor preventiva y por consecuencia también educativa, como una de las herramientas destinadas a evitar el consumo del alcohol y otras drogas.

Entonces, lejos de producir dolor a los narcotraficantes, el mandatario se equivoca otra vez en la estrategia antidrogas, tal como hace un año realizaron una incipiente campaña en la que ponían al cannabis en el mismo nivel del clorhidrato de cocaína, como si la producción, efectos o condiciones sociales tuvieran alguna similitud, depositan ahora los esfuerzos del Estado en fortalecer la represión y no la educación.

Siguiendo en el camino de las iniciativas tras bambalinas, el 12 de mayo el Ejecutivo ingresó otro proyecto de Ley a la Cámara de Diputados, esta vez el manuscrito busca zafar al primer mandatario, de los acuerdos suscritos por Chile que reconocen la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional de La Haya en crímenes de lesa humanidad.

La preocupación de La Moneda, surge ante los cuestionamientos y acusaciones que ha recibido el Gobierno por parte de diversas organizaciones de defensa y promoción de los derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, por las graves transgresiones a los derechos fundamentales de las personas cometidas por agentes del Estado durante el estallido social que comenzó en octubre de 2019, en algunos casos la represión dejó secuelas irreversibles en las víctimas y quedó registrada por medios de comunicación y por los propios activistas que durante las movilizaciones pudieron grabar el actuar de las policías.

Algunas de estas acciones represivas, están tipificadas como uso desproporcionado de la fuerza, incitación a la violencia con policías infiltrados en las manifestaciones, además de tortura y abusos sexuales. La iniciativa, pretende otorgar al Gobierno la facultad de discernir respecto a la pertinencia de aplicar jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos, buscando dejar al Gobierno en la más completa impunidad.

La preocupación que emana desde Palacio tiene sentido, considerando la evidencia y el testimonio de las víctimas, además de la baja adhesión que tiene el Presidente en las encuestas, la mala evaluación de la opinión pública y de los organismos especializados respecto del desempeño del Gobierno en la pandemia, auguran un resultado electoral que obligaría a la derecha a dejar el poder.

La posibilidad de perder el mando, les perturba como a todas las tiranías que temen enfrentar la justicia cuando han gobernado con mano dura vulnerando todos los derechos sociales, por eso, en medio de la crisis sanitaria ponen sus esfuerzos en la construcción de un Estado Policial, amparados en los privilegios de los cargos que detentan para defender sus propios intereses.//ELF