José Valencia Castañeda archivos

En La Fontana republicamos entrevista aparecida en Cambio21.cl. En el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, el viernes 10 de septiembre, se lanzó la segunda edición del libro “La Placa, mucho más que un trozo de metal”. La presentación del manuscrito, fue realizada por el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el abogado Carlos Margotta Trincado.

La obra del periodista y diseñador José Valencia Castañeda, relata los detalles del reconocimiento que hicieron un grupo de militantes de la Juventud Demócrata Cristiana en 1998 instalando una placa de bronce con los nombres de los mártires DC asesinados en dictadura.

Cambio21 conversó con el autor del libro José Valencia, quien aparece en la foto.

-¿Cómo surge la idea de instalar una placa con las víctimas de la DC en la sede partidaria?

-La respuesta se circunscribe a una serie de situaciones de contexto muy particular, en 1998 con Pinochet asumiendo como senador vitalicio, a la necesidad de evitar el olvido, a la urgencia de reivindicar a nuestros mártires y publicar sus nombres plasmándolos en bronce. Es una placa que originalmente contiene imprecisiones y omisiones, que se extravía por una década y es repuesta en 2017. Este manuscrito es la historia de esa placa memorial, no es la historia de las víctimas porque considero que cada uno de ellos merece su propio libro para conocer sus vidas, sus sueños y sus ideas.

-¿Cuál es el sentido de esta publicación?

-Este libro es la historia de una reivindicación, la de la memoria de dieciséis personas, hombres y mujeres, que abrazaron la causa del humanismo cristiano, y que en razón de su militancia o adhesión a los valores que inspiraron su quehacer, fueron víctimas de la más brutal represión dictatorial. Es una acción para rescatar la memoria.

-¿Quiénes eran las víctimas?

-Son 16 personas asesinadas por agentes del Estado, 11 Ejecutados Políticos y 5 Detenidos Desaparecidos. Un grupo de chilenos y chilenas comunes y corrientes, secretarias, campesinos, profesionales, funcionarios públicos, jubilados, comerciantes, estudiantes secundarios y estudiantes universitarios, que en un momento vibrante de sus vidas militaron en la expresión política del humanismo cristiano. Entre ellos, también un exPresidente de la República.

-¿Qué encontraste en la investigación?

-Encontré algunas precisiones, datos relevantes que difieren de la historia oficial y principalmente testimonios desgarradores. No fue fácil reunir información de fuentes directas para construir los esbozos biográficos contenidos en esta publicación. Desde esa perspectiva, este libro es tal vez -todavía en su segunda edición- un texto provisorio, cuya redacción final aún está pendiente. Ello no es casual, ya que después de tantas décadas de olvido los testimonios de parientes, amigos y compañeros de ruta se han perdido en el tiempo. Pero logré encontrar algunos familiares y en ellos también a las víctimas, debo reconocer que me conmoví en más de una ocasión, con los relatos y los pequeños pasajes de vida que me relataron y que ellos atesoran como el más preciado de los recuerdos. Agradezco la sinceridad, la confianza y la contribución de esos testimonios.

-¿Por qué escribir este libro tantos años después?

-Porque formo parte de una generación que se resiste a olvidar y sigue pensando que acceder a toda la verdad y a toda la justicia constituye la condición necesaria e imprescindible para sanar las heridas de 17 años de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, sin justicia y sin verdad hasta hoy. Porque en este Gobierno vi nuevamente el accionar del terrorismo de Estado, torturando, mutilando y dejando ciegos a los manifestantes de la revuelta social. Porque ahora, nuevamente en Chile hay presos políticos y por lo mismo estoy convencido que este libro, constituye una pequeña contribución pensando en las futuras generaciones, para que nunca más en Chile se repitan las graves violaciones a los derechos humanos como las que aquí ocurrieron y que hoy se asoman nuevamente, cuando las multitudes colman las calles de la ciudad y la represión procede emulando la brutalidad de la dictadura cívico-militar.

*Estos son los DC que fueron asesinados por la Dictadura:

1. Eduardo Frei Montalva, Asesinato Político.
2. Guillermo Amador Álvarez Cañas, Ejecutado Político.
3. José Emiliano Balboa Benítez, Detenido Desaparecido.
4. Sonia De Las Mercedes Bustos Reyes, Detenida Desaparecida.
5. Hernán Horacio Castillo Calcagni, Ejecutado Político.
6. Gustavo Efraín Domínguez Jara, Detenido Desaparecido.
7. Tomás Rogelio Domínguez Jara, Detenido Desaparecido.
8. Mario Gilberto Fernández López, Asesinato Político.
9. Mario Daniel Martínez Rodríguez, Asesinato Político.
10. Juan Guillermo Navarrete Solar, Ejecutado Político.
11. Juan Segundo Palma Arévalo, Ejecutado Político.
11. Roberto Romualdo Romero Reyes, Ejecutado Político.
13. Sergio Orlando Verdugo Herrera, Ejecutado Político.
14. Juan Antonio Villaseñor Jara, Ejecutado Político.
15. Sergio Gervasio Rodríguez Villanueva, Detenido Desaparecido.
16. Fernando David Becerra Julio, Ejecutado Político.

*Ver video realizado por #EnLaFontana que cubrió el evento y transmitió en vivo vía streaming, vía Facebook: https://fb.watch/81PlhCGxsB/ y subimos en Youtube video.

Por José Valencia Castañeda

Periodista y diseñador gráfico

Espacios obscuros y lúgubres, situaciones de penumbra y de conspiración, pero especialmente de desatención y turbiedad. Eso evoca la reconocida y antigua frase “Entre Gallos y Medianoche» y en materia de complotar a espaldas de la gente en situaciones de crisis y contextos complejos, la ultraderecha tiene experticia, más aún, cuando para concretar su estrategia cuenta casi con el monopolio de los medios de comunicación.

En ese contexto, y porque las actividades presidenciales distan mucho de ser casuales e imprevistas, hace unas semanas (9 de junio), Sebastián Piñera aprovechó la turbulencia de la epidemia para enviar un Proyecto de Ley, que busca enajenar los bienes de los narcotraficantes y destinarlos a ambas policías. La idea es de larga data, pero esta vez tuvo la indicación presidencial de “tramitarse con la urgencia que el problema amerita”.

Con los bemoles propios que sólo puede tener una iniciativa legislativa generada en medio de una pandemia, el ejecutivo se jacta de que “esta vez le cerrará el paso al narcotráfico donde más les duele, esto es, atacando sus recursos y bienes que han conseguido producto de los ilícitos cometidos”. Así como la reasignación de recursos no es nueva, para este Gobierno tampoco es nueva la idea de poner el énfasis en la labor policial para combatir el consumo de drogas.

Pero el pronunciamiento presidencial no termina ahí, durante el anuncio la autoridad se refiere al Senda (Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol), como “el servicio que se preocupa de la rehabilitación de aquellos que han caído en la adicción de la droga”, dejando en claro una vez más que la posición gubernamental, visualiza a la institución experta en la materia como un órgano centrado en la rehabilitación (tarea que principalmente es ejecutada por fundaciones y prestadores), negando la labor preventiva y por consecuencia también educativa, como una de las herramientas destinadas a evitar el consumo del alcohol y otras drogas.

Entonces, lejos de producir dolor a los narcotraficantes, el mandatario se equivoca otra vez en la estrategia antidrogas, tal como hace un año realizaron una incipiente campaña en la que ponían al cannabis en el mismo nivel del clorhidrato de cocaína, como si la producción, efectos o condiciones sociales tuvieran alguna similitud, depositan ahora los esfuerzos del Estado en fortalecer la represión y no la educación.

Siguiendo en el camino de las iniciativas tras bambalinas, el 12 de mayo el Ejecutivo ingresó otro proyecto de Ley a la Cámara de Diputados, esta vez el manuscrito busca zafar al primer mandatario, de los acuerdos suscritos por Chile que reconocen la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional de La Haya en crímenes de lesa humanidad.

La preocupación de La Moneda, surge ante los cuestionamientos y acusaciones que ha recibido el Gobierno por parte de diversas organizaciones de defensa y promoción de los derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, por las graves transgresiones a los derechos fundamentales de las personas cometidas por agentes del Estado durante el estallido social que comenzó en octubre de 2019, en algunos casos la represión dejó secuelas irreversibles en las víctimas y quedó registrada por medios de comunicación y por los propios activistas que durante las movilizaciones pudieron grabar el actuar de las policías.

Algunas de estas acciones represivas, están tipificadas como uso desproporcionado de la fuerza, incitación a la violencia con policías infiltrados en las manifestaciones, además de tortura y abusos sexuales. La iniciativa, pretende otorgar al Gobierno la facultad de discernir respecto a la pertinencia de aplicar jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos, buscando dejar al Gobierno en la más completa impunidad.

La preocupación que emana desde Palacio tiene sentido, considerando la evidencia y el testimonio de las víctimas, además de la baja adhesión que tiene el Presidente en las encuestas, la mala evaluación de la opinión pública y de los organismos especializados respecto del desempeño del Gobierno en la pandemia, auguran un resultado electoral que obligaría a la derecha a dejar el poder.

La posibilidad de perder el mando, les perturba como a todas las tiranías que temen enfrentar la justicia cuando han gobernado con mano dura vulnerando todos los derechos sociales, por eso, en medio de la crisis sanitaria ponen sus esfuerzos en la construcción de un Estado Policial, amparados en los privilegios de los cargos que detentan para defender sus propios intereses.//ELF

«La Placa»: A 48 años del golpe presentan segunda edición de libro que describe a las víctimas DC asesinadas en la dictadura cívico-militar

Entre gallos y medianoche

Periodista y diseñador gráfico