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Contraloría

Encuesta de Contraloría: 70% cree que en Chile hay más corrupción, respecto al año pasado

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De acuerdo a los consultados, no suelen denunciar este tipo de incidentes porque no confían en las instituciones.

A través de una consulta online, elaborada por la Contraloría General de la República, el organismo determinó que más de un 70% de los encuestados cree que Chile tiene más corrupción, respecto al año pasado.

La medición se elaboró en base a la respuesta de 16 mil personas y se realizó para que el organismo pueda evaluar una serie de medidas que permitan reducir el nivel de corrupción en Chile.

Esta encuesta de Contraloría también determinó que las materias donde existe una peor percepción de la ciudadanía son: compras públicas (71,8%), contratación de personal (65,3%), construcciones de obras públicas (54%), entrega de beneficios sociales (43,8%) y la fiscalización y auditorías (32,6%).

El estudio se realizó con fondos del programa Eurosocial de la Unión Europea y contó con la ayuda metodológica de la Universidad Austral y de Chile Transparente.

Víctimas de actos de corrupción no denuncian

Eso sí, al ser consultados si fueron víctimas o testigos de actos de corrupción, la cifra bajó considerablemente. En detalle, sólo el 51,4% de los encuestados confirmó haber vivido de cerca algún caso de corrupción.

Sin embargo, de este porcentaje, una cantidad aún menor –32,9%- denunció la situación ante las autoridades. Respecto a las razones, el estudio de Contraloría afirmó que la baja cifra se debe a la desconfianza que existiría con las instituciones a cargo de fiscalizar este tipo de malas prácticas.

En esta línea, un 47,4% de los encuestados dijo que no denuncian porque “desconfían de las instituciones”, mientras que un 39,9% afirmó que “la denuncia no tendría consecuencias”.

Oposición cuestiona apoyo “incondicional” del Gobierno a Carabineros por investigación de Contraloría

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Desde la oposición indicaron que el respaldo a los generales investigados supone un debilitamiento del Estado de derecho.

Las bancadas de diputados de oposición dieron a conocer una declaración pública para expresar su rechazo al apoyo “incondicional” de La Moneda a Carabineros, luego que Contraloría iniciara una investigación contra seis generales del Alto Mando por eventuales responsabilidades administrativas tras los hechos de violencia vistos en el estallido social.

Los parlamentarios concordaron con lo señalado por la institución que dirige Jorge Bermúdez y dejaron en claro que “la Contraloría General de la República posee claras facultades para controlar la legalidad de los actos de los órganos de la Administración, lo que incluye a Carabineros de Chile”.

Desde la oposición señalaron que ningún estamento estatal “puede pretender estar excluida de la fiscalización y escrutinio de sus actos, ni menos se puede pretender que no se hagan efectivas las responsabilidades administrativas, civiles y penales por las violaciones a los derechos humanos cometidas desde el 18 de octubre de 2019”.

Junto con ello, mostraron su “preocupación por el respaldo incondicional del Gobierno a los generales investigados, lo que supone un cuestionamiento a la función de la Contraloría que debilita el Estado de Derecho”.

Los diputados reiteraron su respaldo a la labor de la Contraloría “en el ejercicio de su función de cautelar el cumplimiento de la ley y emplazamos al Gobierno a respetar la institucionalidad”.

Contraloría refuta a Carabineros y dice que puede investigar a Altos Mandos

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El organismo afirmó que posee las facultades administrativas para revisar la actuación de los policías uniformados por los procedimientos tras el 18 de octubre de 2019.

La Contraloría General de la República respondió a los cuestionamientos entregados por el oficialismo luego que presentara cargos contra miembros del Alto Mando de Carabineros por su responsabilidad administrativa por los hechos ocurridos luego del 18 de octubre de 2019.

En una declaración pública, el organismo encabezado por Jorge Bermúdez señaló que “no se ha referido ni se referirá” al contenido del proceso disciplinario, debido a que se trata de un procedimiento reservado que es conocido por el fiscal del sumario y los funcionarios a los que se les formularon los cargos.

La Contraloría afirmó que entre el 18 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2019 recibió 457 denuncias individualizadas debido al actuar de Carabineros, por lo que la entidad se encontraba “en el deber legal de actuar frente a tales denuncias”.

“La facultad de la Contraloría General para perseguir responsabilidades administrativas en Carabineros de Chile se funda en el artículo 98 de la Constitución Política de la República, que le encarga el control de legalidad de los actos de la Administración, y en el artículo 133 de la ley N° 10.336, que sostiene que ‘el Contralor o cualquier otro funcionario de la Contraloría, especialmente facultado por aquél, podrá ordenar, cuando lo estime necesario, la instrucción de sumarios administrativos’. Dicha facultad se regula, en específico, en la resolución N° 510, de 2013”, detalló la declaración.

La entidad añadió que “el procedimiento sumarial pretende establecer la eventual responsabilidad administrativa de funcionarios públicos ante la infracción de deberes legales y estatutarios y, de corresponder, termina con la aplicación de sanciones fundadas en un racional y justo proceso”.

La defensa de los integrantes del Alto Mando había planteado que la acción del contralor era “ilegal”, debido a que aquellos sumarios no estaban bajo sus facultades.

Durante este martes tanto el general director de la policía uniformada, Mario Rozas, como el ministro del Interior, Víctor Pérez, salieron a respaldar a la institución ante la presentación de los cargos.

Redes Asistenciales bajo la lupa de Contraloría: Observaciones sobre US$ 3,2 millones por software que no ocupó y juicio de cuentas por $110 millones

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Redes Asistenciales bajo la lupa de Contraloría: Observaciones sobre US$ 3,2 millones por software que no ocupó y juicio de cuentas por $110 millones.

En junio de 2019, la Contraloría General de la República (CGR) publicó un informe de auditoría que da cuenta de los detalles y resultados de una fiscalización a las adquisiciones de servicios informáticos y arriendo de equipos realizados por la Subsecretaría de Redes Asistenciales -dependiente del Ministerio de Salud-, la que en ese entonces encabezaba el ex subsecretario Luis Castillo Fuenzalida.

Tal como lo indica la Contraloría en dicho informe, estas adquisiciones se habían dado en el marco de “la estrategia del Ministerio de Salud orientada a la implementación de tecnología digital en las redes asistenciales”.

Esta estrategia ya provenía desde el gobierno anterior, con la implementación de la “Plataforma Convergente Minsal”, que buscaba gestionar grandes bases de datos en salud desde hospitales y así crear una red unificada. Otra estrategia emparentada con este tipo de propuestas es el Hospital Digital, el cual ha sido implementado por el actual gobierno de Sebastián Piñera.

En ese informe, de junio del año pasado, se encontraron algunos preocupantes hallazgos. La Subsecretaría de Redes Asistenciales había contratado la adquisición de licencias de uso de programas informáticos de biometría [software Innovatrics], servicio que fue proveído por la empresa chilena Tecnodata SA. por una suma total de US$4.866.804 por 3 años de licencia. Cabe mencionar que esta contratación data de 2017, cuando la titular del ministerio de Salud era la doctora Carmen Castillo Taucher, durante el gobierno de Bachelet.

Sobre esto, Contraloría encontró que “habiéndose recepcionado las licencias informáticas, y pagado dos de las tres cuotas pactadas, estas aún no son utilizadas, restando solo un año de cobertura para soporte”. Estas dos cuotas representan, por lo tanto, los US$ 3.244.536 que la Contraloría mantiene objetados.

Según esta auditoría, la Subsecretaría de Redes Asistenciales argumentó que no había hecho uso de este software debido a que habían recibido este proyecto en marzo de 2018, y que no habían podido utilizarlo por “falta de antecedentes”, Además, señalaron que trabajarían en buscar que el Registro Civil pudiera hacerce cargo de esta plataforma, ya que esa entidad trabaja con recolección de datos personales.

Otro de los hallazgos preocupantes encontrados en esta auditoría a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, está relacionado con los pagos de contratos por “arrendamiento de equipos computacionales y servicios asociados”, a la empresa Intesis Chile SA, negocio cuyo precio fue pactado en dólares.

Redes Asistenciales totalizó un pago de $2.687.209.297 por estos servicios entre abril y julio de 2018. Sin embargo, esta subsecretaría tardó en la autorización de la facturación para hacer los pagos, y a causa de este retraso, debió desembolsar un monto de $110.869.565 adicionales debido al alza del precio del dólar.

Irregularidades sin subsanar y juicio de cuentas

Recientemente, a finales de julio de este año, la Contraloría terminó de elaborar el informe de seguimiento que observa si la Subsecretaría de Redes Asistenciales tomó las medidas que el ente controlador le había exigido.

Sobre el nulo uso de licencias de software que mencionamos anteriormente, la CGR exigió a Redes Asistenciales que iniciara un sumario administrativo para investigar eventuales responsabilidades en el caso, y además, le exigió a esa subsecretaría que presentara una carta Gantt en la que “se determine el uso y destino final de las licencias y que además considere los acuerdos obtenidos con el Servicio de Registro Civil”, para que fuera este organismo el que se hiciera cargo de la plataforma.

Contraloría observó este año que efectivamente esta subsecretaría había confeccionado una carta Gantt, pero que no detallaba el uso y destino de estas licencias, sino que sólo se refería a procesos de “habilitación” de estos software. Tampoco se refería a los acuerdos conseguidos con el Registro Civil.

Además de esto, la CGR observó que Redes Asistenciales sí había instruido un sumario el 28 de junio de 2019, pero que a mayo de este año aún se encontraba abierto, es decir, sin resultados luego de casi un año. Por todo esto, la CGR mantuvo estas observaciones, dándole un plazo de 60 días hábiles a la subsecretaría para regularizar esta situación.

Sobre los $110.869.565 adicionales que Redes Asistenciales tuvo que pagar por arriendo de equipos debido a una demora en los pagos, la Contraloría había exigido a esta subsecretaría -en junio de 2019- el reintegro de esos fondos en la cuenta corriente de dicha subsecretaría. Para esto, Redes Asistenciales contaba con un plazo 60 días hábiles.

El reintegro es una medida que puede tomar la CGR, la que consiste en “ordenar la restitución de fondos, derivada de observaciones asociadas a la custodia, administración, recaudación, recepción, inversión o pago de caudales públicos”.

La Subsecretaría de Redes Asistenciales no cumplió con esta restitución de fondos, lo cual llevó a que la Contraloría presentara un reparo en contra de esa subsecretaría.

Este reparo es la demanda con la que se inicia un juicio de cuentas, el cual es un procedimiento que tiene por objeto determinar la responsabilidad de personas que en el ejercicio de sus funciones, puedan tener culpa o negligencia que haya “provocado un daño patrimonial al Fisco”.

Este juicio de cuentas, por el monto de $110.869.565, está caratulado con el rol el N°62 de 2020, en el Tribunal de Cuentas de la Contraloría El procedimiento se habría iniciado con posterioridad a julio de este año y tiene el carácter de secreto hasta que se conozcan sus resultados.

INTERFERENCIA se contactó con el área de comunicaciones de la Subsecretaría de Redes Asistenciales la tarde del viernes pasado para conocer si el sumario antes mencionado aún se encuentra abierto o ya arrojó resultados, considerando que ya nos encontramos a septiembre de 2020. Además, se le preguntó a este organismo por el juicio de cuentas que la Contraloría ordenó en su contra y, en particular, sobre cuáles son los funcionarios que han sido objeto de este juicio de cuentas.

Sin embargo, al cierre de esta edición, nuestro medio aún no había tenido respuesta desde este organismo.

Estas gestiones realizadas por la Contraloría se suman a la investigación que este órgano de control está realizando a propósito de irregularidades asociadas a la contratación de residencias sanitarias por parte de la Subsecretaría de Redes Asistenciales durante la pandemia, lo cual fue informado por nuestro medio.

Fuente: Interferencia

Contraloría objetó más de 1 billón de pesos mal utilizados por el Estado en 2019

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El organismo contralor dio a conocer este lunes un reporte con los principales resltados de una auditoría realizada el año pasado en diversos sectores. Entre las principales debilidades que se detectaron fueron incumplimientos de normas contables o presupuestarias (sólo en este ítem se objetaron más de $835 mil millones), incumplimientos o modificaciones de contratos, gastos improcedentes o sin respaldo, errores en manejo de fondos y débiles rendiciones de cuentas, entre otros aspectos.

La Contraloría General de la República dio a conocer ayer, un reporte con los principales resultados de una auditoría realizada en 2019, un trabajo de fiscalización que implicó 543.536 horas en 4.015 auditorías.

El trabajo de control externo fue realizado por 648 funcionarias y funcionarios nivel nacional y derivó en la formulación de 13.928 observaciones.

El año pasado la Contraloría auditó 12 sectores, entre ellos, el sector municipal, con 1.743 productos de auditoría. Le siguen el sector infraestructura, con 541 productos; Salud, con 472; Interior, con 291; Defensa, con 185; y Educación con 166.

En total, la Contraloría objetó el año pasado $1.060.974.360.397, lo que equivale a alrededor de US$1.350 millones a la fecha de hoy.

Entre las principales debilidades que se detectaron fueron incumplimientos de normas contables o presupuestarias (sólo en este ítem se objetaron más de $835 mil millones), incumplimientos o modificaciones de contratos, gastos improcedentes o sin respaldo, errores en manejo de fondos y débiles rendiciones de cuentas, entre otros aspectos.

Los mayores montos objetados corresponden al sector Interior, donde se formularon 1.308 observaciones, el 50% catalogadas como “altamente complejas” y “complejas”, es decir, observaciones que tienen graves irregularidad asociada a fondos, probidad, pérdida de recursos, eventuales comisión de delitos, afectación grave al patrimonio, graves debilidades de control, entre otros.

Contraloría inició sumario por inconsistencias en registro de contagiados del Minsal

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La entidad fiscalizadora cuestionó que los resultados de los exámenes PCR de los laboratorios enviados al Minsal están en una planilla Excel.

La Contraloría General de la República dio a conocer los resultados de la auditoría realizada a inicios de junio para verificar el nivel de cumplimiento de los protocolos respecto al registro oficial de contagiados por COVID-19, cuando Jaime Mañalich era ministro de Salud.

Y el ente contralor arrojó que la nómina de personas contagiadas presentes en la plataforma EPIVIGILA no considera la totalidad de casos confirmados por los laboratorios que realizan exámenes PCR.

Así, se consigna que en el reporte del 9 de junio, el Ministerio de Salud (Minsal) dio cuenta de 142.759 casos informados en el EPIVIGILA, pero en el sistema no estaban considerados otros 34.542 casos, lo que impide el control efectivo y la trazabilidad, señala Contraloría.

En vista de las indicaciones presentadas por Contraloría, la Subsecretaría de Salud Pública ajustó 31.412 personas contagiadas no consideradas en el EPIVIGILA. Pero no se pudo constatar que estos números fueran los detectados en la auditoría, ya que se incluyeron casos con la información recopilada hasta el 25 de junio, pero no se entregaron detalles de los contagiados a la base de datos.

Junto con ello, Contraloría cuestionó que los resultados de los exámenes PCR de los laboratorios enviados al Minsal están en una planilla Excel, ante la ausencia de un sistema automático de procesamiento de información, con el consiguiente riesgo de modificación de datos en el registro.

Ante esto, el organismo dirigido por Jorge Bermúdez instruyó un sumario a la Subsecretaría de Salud Pública para dar cuenta de las responsabilidades administrativas.

En el texto, Contraloría indica que «se constató que al 8 de junio de 2020, la información contenida en ese sistema EPIVIGILA no considera la totalidad de los casos que han sido confirmados con COVID-19 por los laboratorios que practican el examen PCR, por cuanto, no todos los facultativos cumplen con su obligación legal de notificar en el mencionado aplicativo a las personas sospechosas de parar esa enfermedad, sin que además el Minsal haya efectuado todas las acciones tendientes ingresar a la plataforma tales casos, a pesar de que contaba con la información para ello, a través de los resultados con diagnóstico positivo que le remiten dichos laboratorios».

Agrega que «a lo anterior, se suma el hecho de que existen laboratorios que realizan tomas de muestra sin la solicitud de una orden médica, por lo cual, no existe un facultativo para incorporar la información de los casos al sistema».

*Ver oficio de Contraloría:

OFICIO FINAL 283-A-2020.pdf