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Campaña Plebiscito: Contraloría señala que Segegob acreditó cumplimiento de Ley

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Tras un mes de indagatorias, la Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer un primer análisis de la investigación sobre acusaciones de supuesto intervencionismo electoral, por parte del Gobierno, de cara al plebiscito de salida a ejecutarse el 4 de septiembre.

De acuerdo a lo detallado por el organismo contralor, la cartera de la Secretaria General de Gobierno (Segegob), liderada por la ministra Camila Vallejo, logró acreditar el cumplimiento de la Ley de Compras.

Cabe recordar que el día 26 de julio, se inició la investigación luego de que un grupo de parlamentarios del Partido Republicano, acusaran ante la CGR, que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, en su campaña informativa del plebiscito, estaba favoreciendo la opción del Apruebo.

En la ocasión, el Mandatario respondió a las acusaciones manifestando que «estas circunstancias las aprovecho de la siguiente manera: el gobierno no puede utilizar recursos públicos, no corresponde que utilice recursos públicos para difundir su preferencia respecto de una u otro opción, pero sí tiene el deber de informar, y nos vamos a cejar en el empeño para que todos los chilenos y chilenas voten el 4 de septiembre informados”.

En un adelanto de las indagatorias, el equipo de Auditorías Especiales de la Contraloría dio a conocer que revisó las contrataciones efectuadas por la Segegob en el marco de la campaña informativa, y verificó la recepción y distribución de los ejemplares de la eventual nueva Constitución.

Con estos antecedentes en mente, el órgano determinó que el Segegob cumplió con lo establecido en la Ley 19.886, conocida como Ley de Compras Públicas y que regula las contrataciones de bienes y servicios.

Otro dato recabado por la Contraloría, fue que el proveedor de las copias de la propuesta constitucional, entregó al Ministerio más de 310 mil ejemplares, que hasta el 16 de agosto aún no habían sido pagados.

De esta manera, en una segunda fase investigativa, la Contraloría examinará los aspectos mencionados, una vez que se ejecuten los pagos.

Cabe mencionar que el informe también estableció que el Sesegob no transfirió recursos para la campaña a otras reparticiones públicas.

«BUENA NOTICIA»

El informe de la CGR fue recibido con buenos ojos por parte de los ministros Camila Vallejo y Giorgio Jackson. Ambos, a través de redes sociales, se refirieron al tema.

“Es una buena noticia el resultado del informe que entrega Contraloría, lo que está en línea de lo que siempre hemos dicho: desde el ministerio trabajamos bajo rigurosos procesos, orientados a los principios de transparencia, probidad y buen uso de los recursos públicos”, comenzó diciendo la ministra vocera de Gobierno.

Y añadió que «en medio de este ambiente en el que ciertos sectores han intentado instalar mentiras, el informe de Contraloría esclarece que estamos cumpliendo nuestro rol de informar bajo la máxima responsabilidad. Insistimos e insistiremos, la información es un derecho”.

Por su parte, el ministro Jackson, destacó que «dijimos que el Gobierno colaboraría con todo lo necesario y que era bueno despejar lo antes posible, las acusaciones infundadas».

«La ministra Camila Vallejo ha realizado una impecable labor y el gobierno seguirá cumpliendo su rol para garantizar un voto libre e informado”, cerró.

Contraloría: Jackson no se ajustó a prescindencia por rol en reformas al Apruebo

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Contraloría General de la República informó que el ministro General de la Presidencia, Giorgio Jackson, «no se ajustó a la prescindencia» al anunciar que encausará en el Congreso los acuerdos de reformas para modificar la propuesta de Constitución en caso de que gane el Apruebo.

El ente contralor emitió un oficio tras la denuncia presentada por los diputados Joanna Pérez y Eric Aedo, de la Democracia Cristiana (DC), quienes acusaron una eventual «vulneración a los principios de juridicidad y probidad» en las declaraciones del secretario de Estado.

Firmada por el contralor Jorge Bermúdez, la resolución señala que «el Ministro comunicó en los medios que lo que se está pidiendo es que, en el caso de la opción Apruebo, los partidos puedan hacer llegar propuestas a su Cartera de Estado, añadiendo que van a recibir todas las ideas para sacar los mínimos comunes, y que el objetivo es tener claridad de los elementos y los escenarios que enfrentará el Gobierno en conjunto con el Congreso a partir del 5 de septiembre».

Explica que «desde un perspectiva meramente formal, lo descrito se enmarca en las funciones propias del Ministerio Segpres. (…) Entre las funciones que los referidos preceptos de la ley N° 18.993 le encomiendan a esa Secretaría de Estado, está la de vincularse con los partidos políticos, coordinar y prestar asesoría a las autoridades que allí se indican, proveyendo información y análisis político-técnicos, así como propender al logro de una efectiva coordinación programática general de la gestión de Gobierno y efectuar estudios y análisis de corto y de mediano plazo relevantes para las decisiones políticas».

Sin embargo, el organismo advierte que «considerando el principio de primacía de la realidad, esta Contraloría General no puede abstraerse del contexto político y eleccionario que vive el país, ni de los efectos que sobre el electorado puedan tener las acciones del gobierno, aun en el ejercicio formal de sus atribuciones».

De esta manera, acusa que «en forma previa a la realización del Plebiscito, se hizo presente a ciertos partidos que se identifican con una de las opciones plebiscitadas -Apruebo-, la posibilidad de formular proposiciones para modificar la propuesta de nueva Constitución en caso de ser aprobada, y sin que conste de los antecedentes tenidos a la vista ni de lo informado por esa cartera de Estado, que esa autoridad haya adoptado medidas parecidas en relación con la opción Rechazo».

«La manera y la oportunidad en que el Ministro Secretario General de la Presidencia efectuó la aludida comunicación, si bien se enmarcan dentro de las funciones que le corresponden a esa Secretaría de Estado, no se ajustó a la necesaria prescindencia que se requiere frente al Plebiscito, por lo que esa autoridad deberá tener presente las consideraciones antes expuestas en el ejercicio de sus funciones, en lo sucesivo», sentencia.

Por militantes: Frei, Walker, Rincón y Chahín fueron denunciados ante el Tribunal Supremo de la DC por apoyar el Rechazo

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Dos militantes del partido presentaron una acusación en contra del ex presidente, los senadores y el ex convencional, que se distanciaron de la postura de la Junta Nacional, que se inclinó por el Apruebo.

“Son acciones agravantes para lo acordado en la Junta Nacional y rompen no solo la fraternidad partidaria sino también su legalidad y las obligaciones mínimas de todo militante”, dicen.

Este fue uno de los argumentos que dos militantes de la Democracia Cristiana (DC) ocuparon para pasar al Tribunal Supremo (TS) del partido al expresidente Eduardo Frei, a los senadores Ximena Rincón y Matías Walker y al exconvencional y extimonel de la colectividad, Fuad Chahin, por anunciar que votarán Rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre.

En el escrito, los militantes Roberto Alvarado -presidente comunal de Caldera- y Guido Iturriaga, además, piden a la instancia partidaria que se les aplique a Frei, Rincón, Walker y Chahin las “máximas sanciones”, entre ellas la expulsión de la tienda.

Los cuatro representantes de la falange han dado a conocer su postura en contra de la propuesta de emanada por la Convención Constitucional, pese a que el partido, el pasado 6 de julio en su Junta Nacional optó institucionalmente ir por el Apruebo.

En el documento enviado a Andrés Parra, presidente del Tribunal Supremo de la tienda liderada por Felipe Delpín -y al que accedió La Tercera-, los denunciantes Alvarad e Iturriaga aseguran que “lamentablemente, con posterioridad a la realización de la Junta Nacional y al anuncio público de los resultados de ésta, un grupo de camaradas han manifestado profusamente su opción contraria a lo decidido en la Junta Nacional, esto es, manifestándose abiertamente por la opción Rechazo en el plebiscito de septiembre próximo”.

“Una cosa camarada Presidente del Tribunal Supremo, es el ejercicio de la libertad personal en la urna y emitir un voto de acuerdo a convicciones propias y otra muy distinta es utilizar tribuna pública, lograda en los cargos obtenidos como militantes del partido, para abiertamente ir en contra de lo decidido por los órganos partidarios pertinentes”, agregaron.

A juicio de los dos denunciantes “estas acciones contradicen el Voto Político aprobado y lo acordado en Junta, esta conducta contumaz desafía y daña nuestra institucionalidad partidaria, la credibilidad política de la Democracia Cristiana ha sido lesionada enormemente y no es posible mantenerse al margen, ignorando este tipo de acciones”.

Por todo lo anterior, aseguraron que “las acciones de los señores Eduardo Frei Ruiz Tagle, Matías Vicente Walker Prieto, Fuad Eduardo Chahin Valenzuela y la Señora Ximena Cecilia Rincón González, son agravantes para lo acordado en Junta Nacional y rompen no solo la fraternidad partidaria, sino también su legalidad y las obligaciones mínimas de todo militante”.

Es así como Alvarado e Iturriaga pidieron al TS que “aplique las máximas sanciones disciplinarias correspondientes, a nuestro entender, la expulsión del partido, o la sanción que vuestra instancia considere atendida la gravedad de los hechos denunciados, contra los personeros antes mencionados y todo aquel camarada que públicamente vaya en contra de los acuerdos adoptados en la Junta Nacional”.

Jorge Cash, uno de los militantes DC que comunicó que votaría Rechazo pese a la decisión de la Junta Nacional y que congeló su militancia en la tienda, afirmó sobre esta denuncia que “tales camaradas están haciendo uso de la libertad de conciencia que respaldó la Junta, sin embargo, este no es un problema disciplinario ni estatutario, este es un problema de la mayor trascendencia política para el futuro de la DC ya que se están enfrentando dos miradas muy distintas respecto al país que soñamos”“Y, por tanto, también en conciencia, lo razonable parece ser quienes estamos con el Rechazo, avancemos hacia una confluencia de ideas con aquellos sectores que promueven un nuevo y amplio centro político reformista”, concluyó.

Una idea similar manifestó su par, Rincón: “No solo me honra que me pasen al Tribunal Supremo PDC junto al expresidente Frei y mi colega Matías Walker y Fuad Chahin, sino que me reafirma en mis profundas convicciones: propuesta de la Convención es mala para Chile, no me callarán aunque me expulsen”.

Por su parte Chahin apuntó a la mesa directiva del partido. “Hoy me enteré de una denuncia al Tribunal Supremo DC en contra de militantes que en conciencia hemos optado por el Rechazo. La denuncia es realizada por dos militantes estrechamente vinculados a dos integrantes de la Mesa Directiva. Qué feo que no actúen a rostro descubierto”, enfatizó el extimonel DC.

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Contraloría limita la contratación a honorarios en el Estado y ordena su paso a contrata

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Los funcionarios a honorarios que cuenten con al menos dos renovaciones al 31 de diciembre de 2022 deberán ser traspasados a la contrata.

La Contraloría General de la República presentó el dictamen que restringe las contrataciones de honorarios en el Estado, salvo para situaciones excepcionales. Se espera que para 2023 esta nueva jurisprudencia tenga plena aplicación.

El contralor General de la República, Jorge Bermúdez, planteó que “es una normativa que hacía mucho tiempo que no se aplicaba tal como se establece. Eso no quiere decir que no va a haber contratados a honorarios, pero que las personas que pasan a desempeñar la función pública, la labor que es habitual del servicio, van a tener que estar en una vinculación que es pública y no con el contrato a honorarios que es una situación mucho más precaria”.

La Contraloría decidió actualizar la jurisprudencia basándose en que es una fórmula sobreutilizada en la Administración del Estado que deja en desprotección laboral a los funcionarios, pese a cumplir prácticamente el mismo régimen laboral que los que están de planta y contrata.

Por otro lado, cuando un funcionario a honorarios es despedido, éste puede recurrir a los tribunales, logrando el pago de cuantiosas indemnizaciones, que contemplan cotizaciones y demás recargos legales.

El régimen de honorarios se mantendrá de manera excepcional para asesorías específicas, funciones en gabinetes y otras situaciones, aplicándose el nuevo criterio a las nuevas contrataciones que no tenían un contrato a honorarios vigente al 31 de diciembre de 2021.

Los funcionarios a honorarios que cuenten con al menos dos renovaciones al 31 de diciembre de 2022 deberán ser traspasados a la contrata, y respecto de los que tengan menos que ese tiempo, será decisión del jefe del servicio realizar o no el traspaso.

Contraloría toma de razón el Decreto Promulgatorio de Ley que permite tercer retiro de fondos AFP

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Pasadas las 20:00 horas de este martes la Contraloría General de la República tomó de razón el Decreto Promulgatorio de Ley firmado por el presidente, Sebastián Piñera, que permite el tercer retiro de fondos AFP.

Se trata del mismo proyecto originado en moción parlamentaria que el Ejecutivo había llevado al Tribunal Constitucional, instancia donde La Moneda sufrió un duro revés durante la jornada.

Ya durante la tarde el Mandatario había dicho que acatarían la decisión del TC y procederían a promulgar el proyecto despachado por el Parlamento.

Para que el tercer retiro se haga efectivo falta sólo la publicación de la reforma constitucional en el Diario Oficial.

El proyecto alternativo del Gobierno, en tanto, fue retirado del Congreso, mientras se espera que desde el mismo Ejecutivo se ingrese un proyecto para ir en ayuda de quienes no tienen fondos previsionales para retirar.

Bancada DC ingresa presentación en Contraloría y Servel denunciando vulneración de ley electoral en puesta en escena de Piñera en La Moneda con candidatos de la derecha

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Los diputados de la bancada DC ingresaron hoy una presentación ante la Contraloría General de la República y el Servel, para que ambas instituciones se pronuncien sobre la vulneración de la ley 18.700 sobre votaciones populares y escrutinios, tras la puesta en escena del Presidente Piñera , en La Moneda, con ocasión de los anuncios que efectuara anoche el mandatario, con motivo del Tercer Retiro.

Según lo señalado tanto por el jefe como por el subjefe de la bancada, Daniel Verdessi y Gabriel Silber, respectivamente, “en tiempos electorales como los que vivimos, con las elecciones prácticamente encima, nos resulta altamente preocupante e inaceptable que en un acto de carácter público -que es transmitido por los medios- el Presidente de la República invite a candidatos de Chile Vamos”.

Según lo precisado por el diputado Gabriel Silber, “especialmente grave es el caso de la alcaldesa Evelyn Matthei, que si bien se encuentra suspendida en sus funciones por motivos de campaña, asista a un acto de naturaleza siendo oficialmente candidata al sillón municipal de Providencia. Hay un claro aprovechamiento político que debe ser fiscalizado tanto por Contraloría como por el Servel “. En el evento también asistieron otros candidatos de la derecha como Joaquín Lavín, Mario Desbordes, Sebastián Sichel y la ya referida Matthei.

Cabe señalar que la ley 18.700 sobre votaciones populares y escrutinios, en su inciso cuarto, artículo 31, señala que:

“Las autoridades públicas que realicen inauguraciones de obras u otros eventos o ceremonias de carácter público, desde el sexagésimo día anterior a la elección, deberán cursar invitación por escrito a tales eventos a todos los candidatos del respectivo territorio electoral. El incumplimiento de esta obligación será considerado una contravención al principio de probidad contemplado en la ley orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.”