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Constitucionalista

Chile Digno, Frente Amplio, Igualdad, organizaciones sociales e independientes inscriben pacto “Apruebo Dignidad” con miras a la Convención Constitucional

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En esta lista se agruparán las y los aspirantes a constituyentes de las tiendas políticas RD, CS, Unir, Comunes, Fuerza Común, PC, FRVS, Izquierda Libertaria, Victoria Popular, Socialistas Allendistas Partido Igualdad y Acción Humanista, además de candidaturas independientes y de organizaciones integrantes de Unidad Social.

Este lunes 11 de enero, día en que vence el plazo para registrar las candidaturas para las próximas elecciones de abril, el Frente Amplio, Chile Digno, Igualdad, representantes de organizaciones sociales (Unidad Social, Comunidad por la Dignidad, Victoria Popular y Socialistas Allendistas, entre otros) e independientes, presentaron alrededor del mediodía en las oficinas del Servel la inscripción formal de “Apruebo Dignidad”, pacto con el que se agruparán para competir por los escaños constituyentes.

En la instancia, y respecto a la inscripción del pacto y el gran desafío electoral que se avecina, con el que se disputará quiénes escribirán la nueva Constitución, la diputada y dirigenta de RD, Catalina Pérez, señaló que “este es, sin duda, el hito más importante de nuestra generación”.

“Nacimos para luchar por la dignidad de nuestra gente y quienes vendrán, para que nunca más en Chile los privilegios de algunos le arrebaten derechos a la mayoría. Nos ha costado caro: Decenas de personas asesinadas, centenares de ojos que fueron mutilados por agentes del Estado, y millones de personas que dejaron y que aún siguen dejando todo en las calles, manteniendo viva la esperanza. Hoy, seguimos dando la pelea para que nada de esto sea en vano”, declaró la parlamentaria.

También el diputado y presidente del PC, Guillermo Tellier, se refirió al acuerdo, explicando que lo que se conforma con este pacto “es una lista que expresa una gran diversidad de mujeres y hombres, dirigentes destacados del mundo social y sindical, de los territorios, organizaciones vecinales, de los sin casa; es una lista que en definitiva representa la sociedad chilena y sobre todo es representativa de las demandas expresadas en el estallido social y que busca una nueva constitución y un nuevo modelo desarrollo. Una lista transformadora y anti neoliberal, por eso estamos contentos de los que vamos a ofrecer al pueblo de Chile”.

Por su parte, la presidenta de Convergencia Social, Alondra Arellano, afirmó que desde su colectivo están “muy contentas y contentos de inscribir esta lista, que busca incluir todas esas voces que durante la última década hemos exigido un país más justo, con derechos sociales que garanticen una vida digna para todas las personas y los ecosistemas que lo habitan, donde no se excluyan a las mujeres, los pobres, las disidencias y los pueblos indígenas”.

Mientras, Lorena Fries, coordinadora Movimiento Unir, destacó que están “muy satisfechos y satisfechas por el trabajo realizado y por iniciar esta ruta constituyente, con candidatos y candidatas para apoyar lo que estamos proponiendo a nivel local y regional. Ahora empieza la ruta hacia las transformaciones que requiere nuestro país y que nos ha exigido la ciudadanía a partir del 18 de octubre. Esperamos estar a la altura de ese desafío”.

En la misma línea, el presidente de Comunes, Jorge Ramírez, sostuvo que “hemos logrado concretar un acuerdo lo más amplio posible de fuerzas de transformación, de cambio, pero que además tienen una posición muy clara respecto de lo que hay que hacer en la Convención Constitucional. Las organizaciones y partidos políticos tienen que entender que el órgano constituyente, que la asamblea constituyente, le pertenece a la ciudadanía”.

En tanto, el presidente de Fuerza Común, Fernando Atria, se refirió a su experiencia en estos temas, aclarando que lleva “décadas hablando sobre la necesidad de acabar con una Constitución, que lo que hace es impedirnos tomar el control de nuestro propio destino. Esta nueva Constitución es acerca de transferir el poder a donde tiene que estar en una democracia: en el pueblo”.

“Hemos inscrito una lista paritaria, con participación de independientes, organizaciones sociales de distinta índole”, dijo en la misma línea el diputado Tomás Hirsch, coordinador de Acción Humanista. “Es una lista muy diversa pero convergente en términos de aspiraciones y luchas. Yo creo que esto podrá representar las demandas y anhelos del Chile que se levantó con fuerza y esperanza en octubre del 2019”, acotó, agregando que están colaborando con candidatas y candidatos en distintos distritos del país para impulsar estas demandas, y traducirlas en un aporte para esta nueva Constitución.

Desde las organizaciones sociales que participan de esta alianza, el dirigente de Comunidad por la Dignidad y candidato a constituyente Gonzalo Bacigalupe, señaló que “como parte de este colectivo e incorporando toda la experiencia en investigación en desastres y entre ello la pandemia, espero contribuir a la escritura de una constitución que proteja los derechos humanos, los de la naturaleza, y que sea feminista y antineoliberal”.

Por último, Verónica Molina, dirigenta de Unidad Social, recalcó que “este pacto recoge, no solo el anhelo del pueblo movilizado en las calles por una constitución democrática y de derechos sociales y económicos, sino que además nos da la certeza que, junto a los partidos políticos presentes en esta lista, continuaremos trabajando por impulsar las demandas del pueblo: salud, pensiones justas, educación, Derechos Humanos, la liberación de los presos políticos del estallido social y la equidad de género”.

 

 

 

Jaime Bassa explica: ¿Qué pasará con las leyes que estén en contradicción con la nueva constitución?

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El profesor de Derecho de la UV se refirió a las alternativas para abordar los casos de inconstitucionalidad sobreviniente, en Terra.cl.

A más de un mes de llevado a cabo el plebiscito nacional y tras los resultados que dieron por ganadora a la opción de redactar una nueva constitución por medio de una asamblea constituyente son muchas las interrogantes que han surgido en torno al proceso, y una de ellas es qué sucede con las leyes vigentes que puedan presentar una contradicción con los contenidos de la nueva carta fundamental.

En este sentido, el profesor de Derecho Constitucional y Teoría Política de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso Jaime Bassa explicó que “efectivamente, una vez que se apruebe la nueva constitución, es probable que algunas leyes queden en una situación de contradicción respecto del nuevo texto, es decir, normas legales que hoy día son compatibles con la carta magna dejen de serlo cuando se apruebe una nueva».

Y agregó que «Esto se conoce como inconstitucionalidad sobreviniente, es decir, un estado de antijuridicidad en el que cae una ley vigente como consecuencia de un cambio importante en la constitución o de la redacción de una nueva constitución”.

Respecto a los mecanismos que operarían en caso de inconstitucionalidad sobreviniente, hizo referencia a tres: “La primera posibilidad es que la propia constitución contemple en su articulado transitorio normas que regulen ese periodo intermedio, que media entre la aprobación de la nueva constitución y la actualización de la ley».

«Por regla general, este articulado transitorio tiene por finalidad regular jurídicamente un periodo de tiempo de transición entre un ordenamiento jurídico y otro, para regular con mayor precisión cuál será el efecto jurídico de las normas en el tiempo”.

“Otra alternativa es que la nueva constitución contemple un mecanismo de resolución de conflictos entre normas jurídicas, como consecuencia de la aprobación del nuevo texto».

«Esto podría ser una competencia que se entregue, por ejemplo, a la Corte Suprema, de modo tal de que ésta pueda identificar aquella normativa que eventualmente entra en conflicto con la constitución y resolver su aplicación y, de alguna manera, promover ciertas actualizaciones legislativas, para lo cual sería necesario un trabajo en coordinación con el poder legislativo. Una tercera posibilidad podría ser, derechamente, no hacer nada, y de alguna manera esperar que las contradicciones entre la legislación vigente y la constitución se produzcan y generen efectos, y resolver los conflictos que se vayan produciendo a medida que las leyes son implementadas al alero de la nueva constitución”, añadió.

“A mi juicio, las dos últimas no son las mejores alternativas, porque significa entregarle a tribunales la función de resolver conflictos de constitucionalidad de las leyes por su inconstitucionalidad sobreviniente».

«Desde mi perspectiva, la mejor opción es que la propia constitución identifique con claridad cuáles son aquellas materias en las cuales va a ser necesaria una actualización de la normativa legal, ya sea a través de articulado transitorio, estableciendo un régimen de transición entre la vieja y la nueva normativa, o derechamente en el articulado principal de la constitución, con mandatos dirigidos al legislador para que éste regule las materias que la constitución le mandate».

«Esto último, lo de los mandatos normativos que la constitución dirige a la ley, es una cuestión frecuente y regular, que podría servir para resolver problemas de inconstitucionalidad sobreviniente respecto de las materias más sensibles para el actual contexto de crisis social en la que se encuentra el país».

«Por ejemplo, en materias como agua o medioambiente, donde la constitución podría derechamente definir los contornos dentro de los cuales deberá regularse legalmente la nueva normativa, y eventualmente complementar ese mandato en el articulado transitorio con un plazo para que ese mandato se haga efectivo”, subrayó.

“Esta discusión es relevante porque tenemos que pensar que el país no la tuvo cuando se aprobó la constitución del ‘80».

«Mucha normativa que estuvo vigente bajo el alero de la constitución del ‘25 quedó de alguna manera en el aire, con alguna suerte de derogación tácita, pero además la normativa de facto que fue promulgada entre los años ‘73 y ‘80 tampoco fue debidamente revisada una vez que la constitución fue promulgada».

«Hay normativa de los decretos leyes que es abiertamente contraria a la constitución en importantes materias, como protección de derechos fundamentales o del sistema de distribución de competencias normativas entre la ley y el reglamento, y es interesante notar que además este ejercicio tampoco se hizo el año ’90, una vez recuperada la democracia».

«Hay efectivamente un problema, una deuda en materia de actualización de los decretos leyes, pero también de las leyes dictadas en la década del 80 que no fueron debidamente revisadas con la aprobación de la constitución en 1980, o con la aprobación de las reformas constitucionales del año ‘89 y de la recuperación de la democracia el año ‘90. Entonces hoy día, que estamos ad portas de redactar una nueva constitución, esta es una cuestión sensible, que la nueva constitución va a tener que, de alguna manera, resolver”, cerró.

Fernando Atria: “La Constitución se hizo indefendible, porque fue desahuciada por el pueblo el 18 de octubre”

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El abogado constitucionalista y profesor de la Escuela de Derecho de la U. de Chile repasó los hitos más importantes de la vida de la Carta Magna y reflexionó sobre los motivos para embarcarse en el proceso constituyente actual. «Va a ser el evento político más importante del resto de nuestras vidas», comentó.

«En la dictadura había un alma que miraba no a la dictadura misma, el punto no era terminar con Allende, el punto era sentar las bases de una nueva República, un nuevo Chile. Esa era una de las tendencias al interior de la dictadura, no era la única, pero esa lleva a la creación de la comisión Ortúzar”.

Con esas palabras parte Fernando Atria, abogado constitucionalista y ex militante del Partido Socialista (PS), detallando en entrevista con CNN Chile y CHV Noticias el proceso que gestó la Carta Magna en dictadura.

De acuerdo al también académico de la Escuela de Derecho de la U. de Chile, la “finalidad principal era evitar que vuelva a ocurrir lo que ocurrió en 1970, es decir, evitar que vuelva a ocurrir que sea elegido un gobierno genuinamente transformador“.

“Lo que la Constitución hace es que le da forma democrática al poder, pero lo vacía de contenido“, sostuvo.

Para Atria, la Constitución lo que hizo desde que se puso en ejercicio, y con mayor fuerza tras el retorno a la democracia, fue “negar las consecuencias políticas del principio democrático” a través de varias herramientas, entre ellas, la de los senadores designados: “el poder legislativo no estaba distribuido de acuerdo a lo que se manifestaba en las elecciones, sino que estaba distribuido previamente por el orden constitucional en favor de quienes estaban por mantener el orden que había fijado la dictadura”.

Pero también habían otros mecanismos: “Como el sistema binominal, el Tribunal Constitucional, las Leyes Orgánicas Constitucionales, los procesos de reformas constitucionales. Todos estaban pensados para que pudiera haber democracia, en el sentido de que se eligiera al presidente, la Cámara de Diputados, 2/3 del Senado y desde 2005 todo el Senado, pero que esa democracia fuera una democracia vacía de contenido“.

Lo anterior se traduce, de acuerdo al abogado, en la “posibilidad de que un proyecto político transformador pudiera ganar y, segundo, pudiera realizarse, estaba excluida de entrada“.

Para Atria, esto se explica porque la Carta Magna “se dio por imposición unilateral de quienes fueron vencedores militares el 11 de septiembre y como fue una imposición unilateral de los vencedores militares del 11 de septiembre, entonces es una Constitución que los beneficia a ellos, que protege lo que a ellos les interesa proteger“.

“Está diseñada para que el orden que ellos impusieron durante la dictadura no pueda ser cambiado, que pueda ser ajustado, pero que no pueda ser transformado significativamente, que no pueda dejar de haber un sistema de pensiones de capitalización individual”, detalló, junto con concluir que “la política general durante estos 30 años no ha sido capaz de tomar decisiones transformadoras”.

Si bien Fernando Atria destaca que la modificación a la Carta Fundamental liderada por el ex presidente Ricardo Lagos “constituye un avance” y que “es la reforma que se pudo hacer dado que sólo se podía hacer lo que la derecha estaba dispuesta a aceptar que se modificara”, detalla algunas críticas importantes.

“Creo que el error no fue hacer la reforma, el error fue haber presentado la reforma como si fuera la solución del problema constitucional, porque, al hacer eso, Lagos y la Concertación lo que hicieron fue apropiarse de todo lo que quedaba de la constitución”, reflexionó.

En la misma línea indicó que “era evidente que el problema constitucional no había quedado solucionado. En las siguiente elección presidencial (2009) salvo Sebastián Piñera, todos decían que era necesaria una nueva Constitución, no reformas constitucionales. Es evidente que las reformas del 2005 no sirvieron para hacer lo que Lagos pretendió que hicieran».o

Por otra parte destacó la importancia del proceso que propuso Michell Bachelet, ya que al no ser no llevada a cabo, dijo, constituye una especie de gestación del malestar social que derivó en que el país se haya embarcado en el proceso constituyente actual.

“Quienes hicieron fracasar el proceso constituyente de Bachelet tienen una enrome responsabilidad por el hecho de que el problema constitucional no pudo ser solucionado antes de que estallara. Además, son los mismos que se quejan del estallido, que dicen ‘oh, que fue violento’. Bueno, la principal responsabilidad del estallido la tienen quienes hicieron lo suyo para que fracasara el proceso constituyente de Bachelet“, expresó.

Eso sí, puntualizó que “eso no corresponde sólo a la derecha o a la derecha que está en Chile Vamos. Había dentro de la Nueva Mayoría una parte importante de la Nueva Mayoría que simplemente no quería una nueva Constitución de verdad. Yo creo que el principal opositor dentro del gobierno de la idea de una nueva Constitución era le jefe de gabinete de la época».

Proceso constituyente 2020

En tanto que sobre el proceso actual, que tendrá un momento definitorio el domingo 25 de octubre, Atria proyecta que “si en el plebiscito participa más o menos el mismo rango de personas que participan en una elección normal, entre el 40% y el 50%, lo que tendremos que decir es que esa fuerza social que irrumpió el 18 de octubre no está ahí, decidió no estar“.

Lo anterior implicaría, de acuerdo a su argumentación, que “si no entra, entonces, yo creo que no va haber proceso constituyente: va haber un proceso formal, pero va a ser visto como un arreglo más (entre la clase política), porque la fuerza que le da vitalidad a este proceso no va a estar”.

Es por lo anterior que califica como “una oportunidad histórica, yo creo que va a ser el evento político más importante del resto de nuestras vidas“, porque “va a cambiar nuestra comprensión de lo que significa Chile”.

Finalmente, destacó que prácticamente la totalidad de la campaña constitucional, “ninguna figura relevante está diciendo ‘mire, esta Constitución es la que Chile necesita, por eso yo Rechazo‘ o ‘yo Rechazo porque quiero que continuemos con esta Constitución’. No la mayoría dice ‘Apruebo porque quiero otra Constitución’ y los que dicen Rechazo dicen ‘yo Rechazo, pero, pero, pero Rechazo para cambiarla’”.

“La Constitución se hizo repentinamente indefendible y se hizo indefendible por qué, porque fue desahuciada por el pueblo el 18 de octubre, la Constitución se acabó el 18 de octubre”, concluyó.