Bancada PPD

El Partido Por la Democracia (PPD) expresa nuevamente su profunda preocupación por la situación migratoria que se está viviendo en el extremo norte del país, y que pone en entredicho el papel del Estado frente a la tragedia de la inmigración irregular.

«Particular preocupación amerita un grupo de 32 personas de nacionalidad venezolana, retenidas en un cuartel de la Policía de Investigaciones en Arica, a quienes se le habrían requisado documentos, manteniéndolos incomunicados y sin asesoría legal, según denuncia de organizaciones pro migrantes y del Obispado de esa ciudad, a fin aparentemente de deportarlos, vulnerando la nueva Ley de Migraciones que establece la posibilidad de devolverlos a sus países, sin sanción», comenta el partido.

A lo anterior, se suman informes de prensa que dan cuenta de la enorme vulnerabilidad con la que llegan niños y niñas migrantes irregulares, algunos incluso menores de un año, con desnutrición, quemados por el sol y deshidratados. Solo en enero y febrero ingresaron más de 1.700 niños, niñas y adolescentes, cifra que supera a todo el 2020.

«Y las repetidas escenas de personas expulsadas con overoles blancos y chalecos amarillos -55 personas solo este fin de semana recién pasado- solo deterioran la imagen internacional de Chile, ya afectada en materia de migración, demostrando la administración política de la xenofobia por parte del Gobierno», añade el PPD.

Y sostiene: «La memoria es corta y los chilenos y chilenas olvidan el gran movimiento migratorio obligado de nuestros compatriotas en dictadura, así como la búsqueda voluntaria que muchos emprendieron durante ese periodo. Hoy se calcula casi un millón de compatriotas viviendo en el extranjero».

Por último, acerca de este tema el PPD concluye: «Emplazamos al Gobierno a garantizar los derechos de los y las migrantes, y a generarles condiciones de dignidad en consonancia con los acuerdos internacionales en Derechos Humanos suscritos por nuestro país».

La Bancada de Diputadas y Diputados del PPD hizo un fuerte llamado para que el proyecto sobre muerte digna y cuidados paliativos, más conocido como eutanasia, sea aprobado de manera transversal en la Sala de la Cámara, y despachado al Senado para cumplir con su Segundo Trámite Legislativo, durante esta semana.

El diputado del PPD Ricardo Celis, ex presidente de la Comisión de Salud y bajo cuya conducción el año pasado se tramitó gran parte de este texto, resaltó que éste es el proyecto valórico más importante de los últimos años en nuestro país. «Habiendo tenido asegurado el uso de cuidados paliativos, esta iniciativa permite que las chilenas y chilenos que tengan una enfermedad terminal y que estén allí enfrentado dolores intratables, con pocas alternativas terapéuticas y con expectativas futuras de sanación muy escasas, puedan tomar una decisión muy humana, que es poner fin a su vida de modo anticipado para no estar sometidos a esta situación de dolor que va a afectar a ellos, a su familia, a sus seres queridos», explicó el diputado Celis.

Asimismo, uno de los coautores del proyecto, diputado Tucapel Jiménez, afirmó que «es un derecho a no padecer dolores ni sufrimientos, otorgando a las personas la facultad de decidir asistencia médica para morir de forma digna. Es una decisión de un paciente adulto que expresa libremente su voluntad. La pregunta que uno debiera hacerse es si es legítimo que esa persona siga viviendo con ese dolor, si ya no quiere sufrir más. Con esto, se abre una posibilidad legal y digna para terminar con ese dolor. No pretendemos imponer nada, sino que cada persona con plena libertad pueda elegir. No tenemos el derecho de negarnos de darle esa posibilidad».

En tanto, el diputado independiente y miembro de la Comisión de Salud, doctor Patricio Rosas, indicó que “el proyecto de Eutanasia que llega a votación en la Cámara es una ley humanitaria que valida la decisión consciente y aprobada por equipo médico de que un paciente terminal, cuyo dolor no es soportable ni controlable por cuidados paliativos, pueda optar por no continuar viviendo dicho sufrimiento. Es una iniciativa compasiva y empática que debemos aprobar como Parlamento y como país.”

Por su parte, la diputada Andrea Parra, quien también integra dicha instancia, señaló que “cada parlamentario y parlamentaria debe votar en consciencia y con humanidad sobre esta materia. Estamos legislando por el derecho que tienen la personas de morir con dignidad. Aquí ha habido diálogo, apertura de todas las partes para que podamos tener una ley que muchas personas están esperando hace años”.

Este proyecto -que se discute desde el 2014 y que fue aprobado en general por la Cámara en diciembre- tuvo modificaciones en la Comisión de Salud. De esta manera, se estableció el requisito de ser mayor de 18 años, tener una enfermedad diagnosticada y que estén conscientes de la decisión tomada, lo que debe ser chequeado por un especialista. También quedó establecida la posibilidad de expresar la objeción de conciencia por parte del médico tratante.

La Bancada de Diputadas y Diputados del PPD ofició al Instituto de Salud Pública (ISP) y a la subsecretaria de Salud, Paula Daza, para solicitar que se revierta la disposición del ISP, dónde se exige presentar receta médica a todos los medicamentos con condición de receta simple, incluidos los anticonceptivos, con excepción del anticonceptivo de emergencia. 

«Nos han llegado numerosas denuncias de mujeres que al comprar sus anticonceptivos en la plataforma on line de todas las cadenas de farmacias, se les exige receta médica. Me parece inaceptable esta barrera de entrada y económica en métodos de regulación de la fertilidad que está ocurriendo en nuestro país. Me sumo a la entrega gratuita de recetas y acciones para terminar con esta discriminación a los derechos reproductivos de las mujeres, a la espera de que se pueda echar pie atrás a esta disposición», afirmó el diputado y ginecólogo, Ricardo Celis.

Por su parte, la diputada y miembro de la Comisión de Mujeres, Patricia Rubio, señaló que es inexplicable que se esté exigiendo receta médica para los anticonceptivos, dificultando de esta manera el control de la natalidad de las mujeres, justo en momentos en que hay que evitar los desplazamientos y salidas. Basta de poner en peligro la salud reproductiva de las mujeres en Chile».

Asimismo, la diputada y miembro de la Comisión de Salud, Andrea Parra, manifestó que «la disposición del ISP vulnera los derechos sexuales y reproductivos. Exigimos que se revierta el criterio y se puedan comprar anticonceptivos sin receta médica. El Estado no puede agregar más incertidumbre y estrés a las mujeres».

Finalmente, el también miembro de la Comisión de Salud, doctor Patricio Rosas, hizo un llamado al sentido común. «Muchas mujeres deberán pagar una consulta médica para obtener una receta para anticonceptivos, ya que los consultorios que los dan gratis están colapsados. Estamos en una situación crítica en materia sanitaria, lo que ha repercutido en el bolsillo de muchas mujeres. Hoy más que nunca es necesario dar todas las garantías para evitar embarazos no deseados».