En la Fontana

A reconstruir la centroizquierda

Ana María Gazmuri

Test de droga: Diputadas en contra de la norma recurren a la Corte Suprema

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Las diputadas oficialistas Ana María Gazmuri, Marisela Santibáñez, Marcela Riquelme, Lorena Fries y Clara Sagardia recurrieron a la Corte Suprema para revertir la resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que rechazó el recurso que presentaron en contra del test de droga obligatorio en la Cámara Baja.

Las parlamentarias manifiestan que el examen vulnera sus derechos fundamentales, como la integridad física y psíquica de las personas o el respeto y protección de la vida privada.

El documento presentado ante el máximo tribunal, las diputadas señalan que la sentencia de la Corte de Apelaciones “yerra al señalar que el Reglamento fue dictado en el ejercicio de las atribuciones que se le confieren a la Cámara de Diputados por el artículo 4 de la LOC del Congreso Nacional, lo que descarta su ilegalidad, pues la ilegalidad se funda en la necesidad de norma legal expresa que permita afectar derechos fundamentales y excepcionar la aplicación de textos legales vigentes”.

Afirman que también se equivoca “al señalar que de la exposición de los hechos no se advierte la forma en que la aplicación de este reglamento y la realización de los exámenes toxicológicos que en él se contemplan, pueda afectar sus garantías constitucionales, pues precisamente el reglamento afecta los derechos fundamentales a la integridad física y psíquica y el respeto y protección a la vida privada y a la honra de las personas, y la protección de los datos personales de las parlamentarias”.

El tribunal de alzada rechazó el pasado 25 de octubre el recurso de protección presentado por las parlamentarias, argumentando que “no se advierte la forma en que la aplicación de este reglamento y la realización de los exámenes toxicológicos que en él se contemplan, pueda afectar sus garantías constitucionales, cuya modalidad se corresponde con el practicado a otros funcionarios de algún poder del Estado, de manera que excluirlas o establecer un método distinto, supondría hacer una distinción arbitraria o prohibida por el ordenamiento jurídico”.

Emplazan al empresariado ante huelga de trabajadores de Salcobrand y Ahumada

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Con un 90% de apoyo, trabajadores de las farmacias Salcobrand y Ahumada decidieron comenzar una huelga para exigir mejor condiciones laborales. Según anunciaron, la movilización comenzará la próxima semana, si es que no se llega a un acuerdo con los empleadores.

Un grupo de diputados oficialistas se reunió con los sindicatos para abordar la situación. Tras el encuentro, los parlamentarios emplazaron al empresariado a dialogar con los manifestantes, alertando sobre los riesgos que tendría la paralización para los pacientes.

El diputado Tomás Lagomarsino (Partido Radical), presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, aseveró que los trabajadores «han tenido una votación histórica».

«El 90% de sus trabajadores votaron por una huelga, que creemos es bastante importante. En primer lugar, porque es parte de una lucha de mejoras de sus condiciones laborales, en el contexto de un país donde la inflación está golpeando el bolsillo de todos», comentó.

A ello. Lagomarsino sumó que la protesta ocurre «en el contexto de un país donde tenemos, según el último informe de listas de espera, 67 mil garantías de Oportunidad GES vencidas». En esa línea, acusó que «una de estas farmacias tiene convenio de exclusividad con varias Isapres, y pone presión a esta cantidad enorme».

En tanto, su par Karol Cariola (Partido Comunista) indicó que «acá hay una situación absolutamente injusta. Que no se llegue a acuerdo con los trabajadores y trabajadoras, que no se haga atención a demandas tan básicas como las que aquí se están planteando, nos parece que no es solo un desconocimiento de la labor que los trabajadores y trabajadoras de farmacias, aunque sean privadas, tienen en la salud de nuestro país».

Cariola puso énfasis en «lo que significa que las farmacias privadas en Chile paralicen para la totalidad de la atención de salud en nuestro país».

«Sabemos que gran parte de la cobertura en medicamentos la entrega las farmacias privadas, esa es una realidad mientras Chile no tenga una política de accesos a los medicamentos distinta», consignó.

En esa línea, la legisladora comunista hizo un llamado «a los dueños de las grandes cadenas de farmacias. Ellos saben que la cantidad de recursos y utilidades que obtienen, a propósito de la venta de medicamentos, es tremenda».

«Saben que incluso todavía se sigue incumpliendo una de las normas que establecimos hace algún tiempo atrás, que es la llamada ‘canela’. Y, lamentablemente hasta ahora, de eso no hay responsabilidad», complementó, aludiendo a la práctica donde los vendedores de farmacias reciben bonos por vender un producto en particular.

De esta manera, pidió asumir que «una paralización de trabajadores y trabajadoras de farmacias chilenas privadas generaría un tremendo daño, para cientos de usuarios GES y para la gran mayoría de chilenos y chilenas». Llamó al empresariado a «abrir la posibilidad del diálogo, responder las demandas de los trabajadores y trabajadoras».

En la misma línea, la diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista) lamentó que «por la falta de voluntad del empresariado, de poder encontrar un buen acuerdo digno con sus trabajadores y trabajadoras, finalmente terminen afectando de forma gravísima a una población que ya viene carenciada».

«La salud debe estar en el centro, es algo que está en el corazón de lo que necesitamos transformar y garantizar. Y por supuesto, que esta amenaza de desabastecimiento e interrupción de el cumplimiento de las garantías GES, nos parece gravísima», añadió.

La congresista se preguntó: «¿Qué sacamos con estar largos años en el Parlamento legislando para dar mejores normativas, como por ejemplo impedir la ‘canela’, y hoy día vemos que se burla esa normativa y se sigue aplicando igual esta venta no regulada, sugerida e incentivada, porque con ello complementan sus ingresos los trabajadores».

«El llamado es al empresariado a ponerse la mano en el corazón, a entender que debe alinearse a encaminar con justicia y equidad en la repartición de los bienes que se generan con el trabajo de trabajadoras y trabajadores», cerró.

Cabe señalar que el vocero de la Federación de Trabajadores de Farmacias -y también del sindicato Salcobrand-, Mauricio Acevedo, señaló que el problema se originó cuando se les notificó el incremento de $90 en el ítem de movilización y $380 en el de colación.

El gremialista añadió que les parece una «burla» el aumento, sobre todo porque «con la inflación y el alza de los precios, la verdad es que se hace insostenible poder mantener las familias en estas condiciones».

Corte desestimó recurso de protección de diputadas contra test de drogas

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La Corte de Apelaciones de Valparaíso declaró inadmisible un recurso de protección ingresado por un grupo de diputadas en contra del test de drogas que comenzó a aplicarse en la Cámara Baja el pasado 22 de agosto.

La acción judicial fue ingresada por las parlamentarias Marisela Santibáñez (Partido Comunista), Marcela Riquelme, Lorena Fries y Clara Sagardía (Independientes ligadas al Frente Amplio) y Ana María Gazmuri (Acción Humanista).

En el texto, las legisladoras acusaban que la modificación reglamentaria que permitió la aplicación del examen afectó sus garantías constitucionales, entre ellas la integridad física y psíquica, la protección a la vida privada, a la honra y a los datos personales; y la ausencia de justificación constitucional objetiva y razonable para levantar dichos derechos.

También alegaban una vulneración a la Convención Americana de Derechos Humanos, además de otros vicios legales en la implementación del test.

Sin embargo, el tribunal de alzada respondió que “no se advierte en el recurso la existencia de hechos que puedan constituir una vulneración de garantías constitucionales (…) se declara inadmisible el recurso de protección interpuesto”.

La Corte advirtió que «el Congreso Nacional detenta la autonomía y facultad privativa para dictar sus propias normas reglamentarias que regulen su organización y funcionamiento interno», además de considerar «la necesaria separación de poderes».

El diputado Juan Antonio Coloma (UDI) valoró el fallo. Siendo uno de los impulsores del examen, el legislador indicó que “ahora solo cabe a las diputadas, que fueron derrotadas jurídicamente en la justicia, concurrir a hacerse el test de drogas cumpliendo la ley y no alegar más subterfugios sometiéndose como todo chileno”.

Cabe señalar que la prueba se aplicará de manera semestral en el Laboratorio de Análisis Antidoping de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. Los primeros 78 diputados sorteados tienen hasta el 30 de agosto para realizársela, mientras que los resultados se conocerán entre 10 a 15 días después.

Según la norma, si el legislador se niega a hacer el examen, recibirá una sanción de parte de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara Baja.

En el caso de los parlamentarios que den positivo, se darán a conocer sus nombres y deberán dar su autorización para el levantamiento de su secreto bancario. Si existe una transacción por sobre las 800 UF (casi $26.900.000), deberán justificar los montos y si no puede hacerlo, la información será derivada a la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara o al Ministerio Público.

Legalización de la cannabis: Una forma inteligente de encontrar paz en tiempos violentos y combatir el narcotráfico

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La legalización como un derecho social. Es la consigna de quienes respaldan el movimiento canábico en Chile. La marihuana, como es sabido -y hay cientos de estudios que lo avalan-, tiene variadas aplicaciones que van más allá del consumo recreativo. Uso medicinal, gastronómico, y hasta en la construcción sustentable está teniendo cabida en la sociedad.

Si bien la despenalización es una realidad en Chile, la criminalización sigue siendo un elemento a tener presente frente a la prohibición de plantas de cannabis en el hogar. “A pesar de que esté despenalizado el uso de cannabis, hay una criminalización. Entonces, lo que urge es frenar esto. Y en una segunda instancia legalizar su uso, pero ya eso pensado con más largo aliento”, dice la diputada Ana María Gazmuri.

Y añade: “Tenemos tantos años de lucha y ahora por fin hay un horizonte cierto por el cual avanzar en nuestras demandas sostenidas por tanto tiempo. Tenemos un programa presidencial que por primera vez incluye el tema. Quizás no con la profundidad que desearíamos, pero, al menos, sentando las bases mínimas para, por ejemplo, terminar con las persecuciones del uso personal del cannabis y avanzar hacia la legalización del uso adulto”.

De izquierda a derecha: Diputada Ana María Gazmuri; Mariana Pérez, presidenta de ONG Movimental; diputada Marisela Santibáñez (PC); y Daniella Cicardini (PS).

Regulación por la paz

Gazmuri lideró esta semana a un grupo de diputad@s oficialistas, quienes anunciaron la conformación de la bancada «Regulación por la Paz», la cual tiene como fin impulsar la legalización del uso recreativo de la marihuana para combatir, entre otras cosas, al narcotráfico, restándole mercado.

La propuesta encabezada por la actriz cuenta con apoyo de integrantes del Socialismo Democrático, Apruebo Dignidad e Independientes. Los legisladores llaman a modificar la Ley 20.000 -que define los delitos de tráfico de drogas- para regular la adquisición y consumo.

Marcha cultiva

Por otro lado, el pasado sábado 11 de junio en el restaurante de Hotel Pasko del Barrio Bellas Artes se reunieron tres parlamentarias con representantes de empresas, movimientos y exponentes del uso del cannabis para reunir fondos destinados a “Marcha Cultiva Tus Derechos” del próximo 03 de julio.

Una de las diputadas asistentes fue Daniella Cicardini (PS): “Quiero contribuir a una instancia de demostración de una lucha constante por parte de un grupo de la población, que nos ha hecho un llamado para poder avanzar en nuestros derechos de cultivo del cannabis para uso medicinal, fines recreativos, etc. De hecho, hemos tenido productos derivados para poder tratar de manera muy eficiente y eficaz a tantos pacientes y pequeños con enfermedades, a quienes les hemos visto una sonrisa o una cura a sus males”.

Acerca de la manifestación que se viene, la congresista expresa: “Vamos a decir fuerte y claro que tenemos que avanzar en los derechos de cultivo, como un compromiso también de parte del Congreso Nacional (…) Trazaremos una hoja de ruta con la bancada transversal de ´Regulación por la Paz`, que nos permita de forma coordinada, justamente, hacer la fuerza necesaria para que tramiten estas iniciativas y puedan cumplir el objetivo de tener una política nueva de drogas”.

Por su parte, su colega Marisela Santibáñez (PC), también apoya la iniciativa. “Es una lucha personal en muchos aspectos. Fui ´Mamá cultiva`. Todo el tema terapéutico siempre me ha interesado como uso medicinal. La utilización del cáñamo en la parte industrial o el uso gastronómico como aceite, en fin. Es decir, tiene muchos beneficios, lo que vino a callar muchas voces en el área terapéutica. Mamás con hijos que tienen ataque de epilepsia, ven que el uso del cannabis es insuperable para calmarlos y reducir estas convulsiones”, comenta.

Sobre lo anterior, profundiza: “Por eso, voy a apoyar toda iniciativa legal en la materia, dado que más de 4 millones de personas se declaran usuarios del cannabis en Chile (…) Vamos a ser las autoridades que vamos a impulsar al Gobierno de Boric a que avance en políticas de drogas; si no vamos a quedar al debe con un cuarto de la población chilena”.

Santibáñez no quiere esperar al plebiscito de salida del 04 de septiembre para actuar. “Sabemos que no avanzaremos rápido si no hay una nueva Constitución, pero tenemos que trabajar desde ya, o sea, desde hoy mismo”, dice.

Mariana Pérez, en tanto, es presidenta de ONG Movimental. Organización que llama promueve la🌱” Marcha Cultiva Tus Derechos 3 de Julio”, en Plaza Dignidad 11 am. En la ocasión, habrá un acto cultural con vocería de las organizaciones que apoyan la manifestación.

“Funcionamos con personalidad jurídica desde el año 2014, pero realizamos la marcha desde el año 2005. Partimos como una aglomeración de organizaciones y luego se forjó en una organización que se dedicó, fundamentalmente, a difundir la ´Marcha Cultiva tus Derechos`, donde participan personas naturales, pero también empresas, marcas, organizaciones sociales, etc. Y en general cualquier persona que apoye el movimiento cannábico y quiera impulsar una nueva mirada sobre la política de drogas”, cuenta Pérez.

Finalmente, Mariana considera que debe haber una sola voz del movimiento cannábico “y que se note lo transversal de esto”. Además, es clara al señalar que: “Queremos exigir el piso mínimo de lo que prometió en campaña Gabriel Boric cuando era candidato presidencial (…) Tenemos que retomar nuestro legado cañamero, las libertades artesanales y tener una mirada más amplia de la política de drogas para no reprimir el uso personal de la marihuana”, sentencia.

El 25 de junio estaría programado otro encuentro de promotores del movimiento canábico en el mismo restaurante de Hotel Pasko del Barrio Bellas Artes para reunir fondos para “Marcha Cultiva Tus Derechos”, agendada el 03 de julio, como se mencionó con anterioridad.

Diputados piden legalizar uso recreativo de la cannabis: «Regulación por la paz»

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Un grupo de diputados oficialistas anunciaron este lunes la conformación de la bancada «Regulación por la Paz», donde buscan impulsar la legalización del uso recreativo de la marihuana.

La propuesta es liderada por la diputada Ana María Gazmuri (IND-Comunes) y cuenta con el respaldo de integrantes del Socialismo Democrático, Apruebo Dignidad e Independientes. Los legisladores llaman a modificar la Ley 20.000 -que define los delitos de tráfico de drogas- para regular la adquisición y consumo de cannabis.

Gazmuri advirtió que la iniciativa es «más urgente que nunca. Justamente en estos días, que como país nos conmovemos con el asesinato de un carabinero en Pedro Aguirre Cerda, en que vemos crecer el poder de fuego del crimen organizado, llegó el momento de cambiar de estrategia».

«Si seguimos haciendo lo mismo, tendremos los mismos resultados. Es el momento de ponerse los pantalones largos con este tema, las faldas largas también, y avanzar», añadió.

La legisladora remarcó que «es necesario empezar a quitarle el mercado al crimen organizado, que finalmente potencia este poder de fuego. Y por otro lado, es urgente terminar con la vulneración de Derechos Humanos de las y los usuarios de cannabis, que en Chile son casi cinco millones de personas que se ven amenazadas por el Estado».

Posteriormente, la parlamentaria leyó la declaración de la bancada: «Hoy enfrentamos como nunca antes una gravísima escalada del crimen organizado, viéndose nuestros territorios tomados por grandes bandas de narcotraficantes, que corrompen estamentos públicos y capturan a nuestros niños, niñas y adolescentes para hacerlos sus soldados».

«El poder de fuego de los traficantes se ve alimentado con nada más y nada menos que un millón de dólares diarios. Es lo que gastan los usuarios de las tres sustancias de mayor prevalencia de consumo en Chile, y el 80% corresponde a cannabis, según lo publican en Emol el 2021 Francisco Cumsille y Álvaro Briones», añadió.

«Por otra parte, la persecución de las policías y de Fiscalía Nacional, se ha concentrado desgraciadamente en forma particular, en usuarios y usuarias de cannabis. Casi el 70% de las detenciones por ley 20.000 corresponden a faltas de porte, consumo, y cultivo para uso personal, y no a los delitos de tráfico y microtráfico. Esto implica una inmensa desviación de recursos públicos, que deben con urgencia reorientarse a perseguir el crimen organizado», advirtió.

Finalmente, señaló que «como parlamentarios y parlamentarias nos ponemos firmes para legislar una nueva ley de drogas. Que no persiga los usos personales ni sus altos preparatorios, mediante la despenalización efectiva del autocultivo. Queremos alejar a los consumidores de cannabis de las redes del narco».

Gazmuri junto a organizaciones pro-cannabis se manifestaron afuera de la Fiscalía Nacional

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Diversas organizaciones se manifestaron en el Frotis de la Fiscalia Nacional para exigir el “fin de la persecución a usuarios medicinales de cannabis” y pedir celeridad en la tramitación de la Ley Cultivo Seguro, que lleva cerca de tres años en el Congreso y está siendo discutida en la Comisión de Salud del Senado.

En la instancia participaron agrupaciones como la Fundación Daya, con su representante, la candidata a diputada por distrito 12, Ana María Gazmuri. Y Mamá Cultiva, con alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, las que entregaron un documento emplazando al fiscal nacional, Jorge Abbott.

Al respecto, la actriz y activista Gazmuri, indicó: “Es inaceptable que Fiscalía siga insistiendo en perseguir a usarías y usuarios personales de Cannabis, incluyendo pacientes que cultivan con la indicación de sus médicos tratantes. Esto, ha generado una grave crisis de DD.HH. en esta inmensa comunidad nacional, incluso con personas privadas de libertad, tanto debido a medidas cautelares desproporcionadas, como por condenas efectivas”.

Sobre lo anterior, añadió: “Indigna que el Ministerio Público pida entre 3 y 7 años de cárcel para quienes no han cometido ningún delito. Por el contrario, al cultivar sus propias plantas están luchando activamente contra el Narcotráfico, ámbito en que el Estado solo muestra fracasos. Esto debe parar ya”.

Firmada, entre otros, por la candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y la senadora Adriana Muñoz, la misiva acusa que «que basta una denuncia anónima por la mera tenencia de plantas de cannabis para desencadenar un proceso de allanamiento, incautación y detención de personas que no son delincuentes».

«Procesos con fiscales pidiendo 7 años de cárcel por cultivar 3 plantas Esto Sr. Abott, está destruyendo vidas y traumatizando familias. No es el cannabis el que daña y quebranta a la comunidad, sino la ilegitima persecución hacia sus usuarios», añade el texto.

Tras citar distintos ejemplos, la carta recuerda el caso de «Rodrigo Barraza, en cuyo honor hemos renombrado la Ley Cultivo Seguro, el joven padre de Pichilemu quien pasó un año con arresto domiciliario total por cultivar cannabis para su pequeño hijo León, diagnosticado con TEA. Rodrigo fue absuelto de todos los cargos pero el daño ya estaba hecho y le costó su vida. La criminalización y persecución del Ministerio Público y las policías lo llevaron a quitarse la vida».

«Hoy debiésemos sentir una profunda vergüenza por tener los mayores índices de la región de ciudadanas y ciudadanos procesados, condenados y privados de libertad por cultivar cannabis; no bajaremos los brazos hasta obtener justicia y reparación para todos y cada uno de ellos», sentencia la carta.

Desde la manifestación, la diputada Karol Cariola consignó: «Nos parece necesario que se termine de manera definitiva con la persecución de los usuarios de cannabis medicinal. Hemos sido proactivos y proactivas. Hemos presentado propuestas, llevamos más de un año esperando la audiencia que se comprometió a tener con nosotras y nosotres, el ministro del Interior. Hasta ahora, todavía no nos entrega la fecha para reunirnos, pese a que nos dijo que si.

Cariola explicó que la Ley de Cultivo Seguro «fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Salud por la mayoría de los votos en la Cámara de Diputados y Diputadas. Pero que sin embargo, duerme en el Senado. Recién ahora se va a poner en tramitación en la Comisión de Salud».

La parlamentaria lamentó que «la criminalización de los usuarios de cannabis medicinal se ha mantenido en el tiempo, la persecución injustificada. ¿Cómo podemos sensibilizar al fiscal nacional, al Ministerio Público, a las policías, y decirles que aquí hay familias que están sufriendo y viven el dolor a diario por enfermedades catastróficas? y la única manera que han encontrado para disminuir este dolor es esta medicina, que no tiene costos para ellos en la medida que son capaces de autocultivarla».

«Lamentablemente, la Ley 20.000 ha sido un flagelo permanente. Seguimos con el desafío de tener una nueva ley que establezca una política de drogas integral en Chile. Pero mientras tanto, a lo menos, necesitamos sacar adelante la Ley Cultivo Seguro para terminar con este flagelo de la criminalización de los usuarios», añadió.

Finalmente, Cariola aclaró que «perseguir el narcotráfico es una necesidad. Y nosotros vamos las primeras en ponernos en la fila para impulsar la persecución del narcotráfico, que le ha hecho tanto daño a nuestras familias en las poblaciones más vulnerables de nuestro país. Pero no nos confundamos: una cosa es el narcotráfico y otra es una nueva política de drogas en Chile, y otra cosa son los usuarios, que son los criminalizados y perseguidos».