La oposición busca fórmulas para darle viabilidad a la acusación constitucional (AC) contra el Presidente Sebastián Piñera después del remezón generado por el contagio de covid-19 del diputado y candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.
El parlamentario de Convergencia Social y otros dos diputados que fueron contactos estrechos -Gonzalo Winter y Giorgio Jackson- no podrán votar el libelo acusatorio en la Cámara, ya que deberán realizar cuarentena preventiva.
Y sin esos tres votos, la acusación difícilmente logre los 78 respaldos necesarios para seguir su tramitación en el Congreso. Además no se podrá votar telemáticamente, ya que la modalidad remota solo es permitida con el Estado de Excepción que finalizó el pasado 1 de octubre.
El recurso contra Piñera está fijado para tramitarse en Sala a las 10:00 horas del próximo lunes 8 de octubre, después de que la comisión revisora presidida por la diputada Maya Fernández (PS) entregue su apoyo o rechazo no vinculante a la iniciativa. La sesión no puede ser aplazada por plazos legales.
Debido al difícil escenario, la centroizquierda ha realizado diversas reuniones para abordar la forma de salvar la AC. Y una de las ideas que ha tomado fuerza tiene relación con dilatar la discusión hasta asegurar los 78 respaldos, en un acción que ha sido denominada como «Ley Lázaro».
Así denominó la propuesta el diputado Jaime Naranjo, quien recordó que «la sala puede sesionar dos, tres, cuatro, cinco o hasta 10 días. Y perfectamente un parlamentario puede estar hablando 48 horas u 72 horas hasta que los enfermos caminen”.
El objetivo de quienes apoyan la acusación sería extender los discursos hasta el martes, cuando termine el confinamiento de los legislar que son contactos estrechos y puedan participar en la votación.
Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen (RN), aseguró que «nunca hemos prohibido a alguien participar ni actuar libremente en la Sala, ya han estado en diferentes acusaciones constitucionales, hay quienes hablan más, que hablan menos, quienes no hablan y si el diputado acusador toma la decisión de hablar las 24 horas para llegar al día martes, es decisión de ellos, no tenemos cómo coartarle la posibilidad de que ellos hablen el tiempo que estimen conveniente. Pasa exactamente lo mismo con el abogado defensor».
Pero habría una consecuencia. En caso de aplicar la dilatación, se podría aprobar automáticamente la petición del Presidente Sebastián Piñera para extender el Estado de Emergencia que rige sobre las provincias de Biobío, Arauco (Región del Bío Bío), Malleco y Cautín (Región de la Araucanía).
La Constitución señala que si el Congreso no se pronuncia después de cinco días desde que fue ingresada la petición del Mandatario, esta se dará por validada.
«Si dentro del quinto día no se pronuncia el Congreso se entiende por prorrogado el Estado de Excepción. Por lo tanto, ahí tendrán que ver ellos y sopesar qué es lo que quieren ver y votar en esa sesión”, advirtió Paulsen al respecto, sembrando el dilema en la oposición.
Recordemos que la acusación constitucional surgió tras conocerse los nuevos antecedentes que salieron a la luz en el reportaje “Pandora Papers”, que detalla la compraventa del proyecto minero-portuario Dominga que la familia Piñera-Morel hizo con Carlos Alberto Délano en 2010 a través de un paraíso fiscal.
De acuerdo a la filtración, en la transacción había una clausula que señala que el pago de la tercera cuota estaría condicionado a que el sector donde se va a construir la instalación no se declare zona de exclusión.
Pese a que la causa se investigó en 2017 y terminó con el sobreseimiento del Mandatario, la Fiscalía Nacional decidió abrir una nueva investigación por eventuales delitos tributarios, ya que la anterior pesquisa se habría hecho en base a un preacuerdo y no al contrato original. Según trascendió, la polémica clausula no habría sido considerada en dicha indagatoria.