Esta mañana fue firmada la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, recurso anunciado por diputados y diputadas de oposición debido a la vinculación del Mandatario, según la investigación internacional “Pandora Papers”, a la compraventa de Minera Dominga en 2010, en Islas Vírgenes Británicas.

El libelo fue firmado por 15 parlamentarios: Claudia Mix (Comunes), Feliz González (Partido Ecologista), Marcelo Díaz (UNIR), Tomas Hirsch (Acción Humanista), Marcela Hernando (Partido Radical), Emilia Nuyado (Partido Socialista), Catalina Pérez (Revolución Democrática), Pablo Vidal (Nuevo Trato), Daniel Núñez (Partido Comunista) y Andrea Parra (Partido Por la Democracia).

Además, se suman los patrocinios de Gabriel Silber (Democracia Cristiana), Gael Yeomans (Convergencia Social), Alejandra Sepúlveda (Federación Regionalista Verde Social), Pamela Jiles (Partido Humanista) y Raúl Leiva (Partido Socialista).

En la oportunidad, el diputado Jaime Naranjo (Partido Socialista) explicó que “nos hemos convocado toda la oposición unitariamente para hacer la presentación de la acusación constitucional contra el Presidente de la República”.

Además, apuntó que “en la antesala de un nuevo aniversario del 18 de octubre, queremos decir que esta acción política unitaria de la oposición sirva como un reconocimiento y un homenaje a todos los que sufrieron las graves violaciones a los Derechos Humanos y a los sectores más vulnerables de nuestro país que sufre la injusticia social”.

“Tal como lo dijimos, las causales de esta acusación constitucional son dos. Una, porque el Presidente de la República ha infringido abiertamente la Constitución en relación al principio de la probidad, y en segundo lugar por comprometer gravemente el honor de la nación”, cerró.

Por su parte, el diputado de la Democracia Cristiana (DC), Gabriel Silber, también respaldó la medida. "Más que el resultado, lo relevante es el precedente ético de que un país no avala como autoridades, a quienes sacrifican nuestro patrimonio ambiental a cambio de utilidades y un ecocidio en la Región de Coquimbo", dijo.

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