La iniciativa de Martín Arrau y Margarita Letelier busca además que se establezca como un deber estatal la estimulación de la investigación científica y tecnológica, así como también la protección e incremento del patrimonio cultural del país.
Los convencionales constituyentes Martín Arrau y Margarita Letelier le presentaron una propuesta a la mesa directiva de la Convención Constitucional que busca establecer el deber del Estado de fomentar el desarrollo de la educación cívica en todos sus niveles.
La iniciativa sostiene que “la temprana formación cívica resulta clave para la valoración del sistema democrático y su conocimiento, como también para el ejercicio de los derechos democráticos”.
“Por tanto, la plena ciudadanía de las futuras generaciones con sentido de responsabilidad y conocimiento de lo que significa la adquisición de hábitos cívicos, debiendo ser así la enseñanza de educación cívica un ramo importante y que debe ser tratada de manera separada de otros ramos, a fin de enseñarla en profundidad”, agrega.
Arrau, quien también es integrante de comisión de Principios Constitucionales, sostuvo que “esta nueva Constitución es una oportunidad para sentar las bases de nuevas generaciones más empoderadas, pero también con un mejor conocimiento del país”.
“Necesitamos como sociedad incentivar la reflexión y facilitar una mejor comprensión de la realidad social que compartimos, para así promover una participación mucho más activa en la vida cívica. Los jóvenes, en su gran mayoría, siguen desencantados de la política, de las elecciones, de sus representantes, y en gran parte es porque se ha perdido esta conversación necesaria y el entendimiento de nuestro Estado”, añadió.
Por su parte, Letelier, quien es integrante de comisión de Sistemas de Conocimiento, enfatizó que “debemos volver a inculcar derechos, pero también deberes ciudadanos desde etapas más tempranas. Por eso es que creemos necesario elevar a rango constitucional, el aseguramiento y el fomento del desarrollo de la educación cívica, sin que dependa de un gobierno de turno, sino que como una política de Estado que busque la formación de los sujetos para que adquieran habilidades y competencias que les permitan relacionarse con las instituciones y con su entorno político cívico de una mejor manera, informada, crítica y constructiva”.
Los convencionales explicaron que la propuesta va de la mano con estimular la investigación, así como con el cuidado que el Estado debe dar a su patrimonio cultural.
En concreto, la norma señala que “corresponderá al Estado fomentar el desarrollo de la educación cívica en todos sus niveles, estimular la investigación científica y tecnológica y la protección e incremento del patrimonio cultural de la nación».