La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados despachó a la Sala el proyecto que busca garantizar en la ley el principio de equidad digital entre los estudiantes, asegurando la conectividad y el acceso a internet como herramienta en el derecho a la educación.

La iniciativa había sido aprobada en general a finales de noviembre y se enmarca la crisis sanitaria del coronavirus. Tras dos años de educación escolar online, la pandemia visibilizó la brecha de conectividad que sufren algunos estudiantes, especialmente los habitantes de sectores rurales.

Específicamente, el proyecto busca modificar la Ley 20.370 General de Educación para incluir que “la equidad educativa comprende el derecho de todos los estudiantes a recibir contenidos pedagógicos de manera continua, incluso de forma remota, especialmente aquellos que viven en zonas rurales de difícil acceso o de escasos recursos".

Durante la discusión en particular, la comisión respaldó una indicación de la diputada Camila Vallejo, del Partido Comunista.

El injerto en cuestión señala que los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones deberán entregar las prestaciones en su zona de servicio en un plazo de seis meses. Después de que la Subsecretaría de Comunicaciones (Subtel) pusiese reparos técnicos calificados, dicho periodo se amplió por tres meses no renovables.

Además, los proveedores deberán desplegar todos los medios necesarios para la provisión del servicio requerido en el menor plazo posible, especialmente donde hayan municipalidades, colegios y centros de salud donde el internet sea necesario para su adecuado funcionamiento. Asimismo, deberán ofrecer tarifas especiales para establecimientos educacionales o de salud que reciben financiamiento público.

El punto provocó cuestionamientos del oficialismo y del Gobierno, desde donde acusaron una fijación de precios que limitaría la competitividad.