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Politica

Chile ratificó protocolo de la OIT contra el trabajo forzoso

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Chile ratificó hoy el Protocolo de 2014 relativo al Convenio N° 29 sobre el Trabajo Forzoso de la OIT. Con la culminación de este proceso, nuestro país se constituye como el segundo estado de América del Sur en asumir el desafío de erradicar el trabajo forzoso.

La ceremonia, celebrada de manera virtual, contó con la presencia del director general de la OIT, Guy Ryder; el director de la Oficina del Cono Sur, Fabio Bertranou; el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab; el embajador de Chile ante las Naciones Unidas, Frank Tressler; la dirigenta de la CUT, Julia Requena, y el representante de la CPC, Pablo Bobic.

En la instancia, el director general de la OIT manifestó que “esta ratificación demuestra una vez más el firme compromiso de Chile de luchar contra el trabajo forzoso y de garantizar la aplicación de los principios y derechos fundamentales en el trabajo”.

Además, señaló que “con esta ratificación, Chile contribuye de manera activa a la consecución del trabajo decente y a que se alcancen los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas para 2030.”

Por su parte, el subsecretario Arab destacó la importancia de este momento, señalando que, “esta ratificación confirma nuestro compromiso por trabajar en una política nacional que permita suprimir este tipo de prácticas vulneratorias de los derechos de las personas».

Para dar cumplimiento a las obligaciones que Chile está asumiendo con la ratificación de este acuerdo, se comprometió a generar, en un contexto de diálogo social, las acciones e iniciativas necesarias e inmediatas que permitan erradicar el trabajo infantil, poner fin a la trata de personas y en general al trabajo forzoso.

Los Estados que ratifican el protocolo se obligan a adoptar medidas eficaces para prevenir y eliminar tales prácticas, proporcionando a las víctimas protección y acceso a acciones jurídicas y de reparación apropiadas y eficaces, tales como indemnizaciones, y aplicando sanciones a los autores del trabajo forzoso u obligatorio.

Diputados de oposición ingresan proyecto para instalar segunda vuelta en elección de alcaldes

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Diputados de oposición ingresaron hoy a la Cámara un proyecto de ley que busca implementar la segunda vuelta en la elección de alcaldes, siempre que el ganador no obtenga una mayoría de 50 por ciento más uno. La iniciativa establece que la segunda vuelta, en este caso, se realice al mismo tiempo que la segunda vuelta para gobernadores.

El proyecto fue ingresado por los diputados Felix González, Pamela Jiles, Alejandra Sepúlveda y los diputados DC Joanna Pérez, Iván Flores y Daniel Verdessi.

Tras el ingreso del proyecto -que será visto esta semana por la comisión de Gobierno, la diputada Joanna Pérez señaló que “esta iniciativa no beneficia a ningún partido en particular, sino a la democracia y a la ciudadanía, porque buscamos que los electos realmente representen a una mayoría. Esta situación no se abordó en la ley de primarias, pero hoy es otro el escenario, tenemos que lograr representatividad. Como presidenta de la comisión me comprometo a darle máxima celeridad porque además es un proyecto que cuenta con apoyo transversal”.

El diputado Iván Flores, en tanto, agregó que “la idea es que el tema de los alcaldes , en segunda vuelta, se resuelva, posteriormente, en una sola elección, cuando tengamos la segunda vuelta de gobernadores. Para lograr que sea ley antes de las elecciones de abril sólo se requiere la decision política, ojalá esta semana, ojalá que el Gobierno se sume también. Ese es el mensaje que queremos transmitir hoy, con unidad, desde la oposición: fortalecer nuestra democracia».

El diputado Daniel Verdessi, en tanto, agregó que “si logramos aprobar esta segunda vuelta tendremos alcaldes realmente representativos, no caudillos ni personas que solo representan a una minoría en un cargo tan relevante como son las alcaldías. Esperamos poder votarlo a la brevedad. “

Senador Pizarro pide aumentar apoyo estatal: «Este año será muy parecido al anterior, vamos a tener que endeudarnos un poco más”

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Ante el sostenido aumento de casos por Covid-19 y posible nuevo endurecimiento de las medidas de mitigación de la emergencia sanitaria, el senador por la Región de Coquimbo, Jorge Pizarro, manifestó necesario aumentar el paquete fiscal para enfrentar la pandemia en el país. “Eso va a ser absolutamente necesario, no podemos ser optimistas cuando en todo el mundo viene esta segunda ola que ha sido mucho más compleja que la primera. Y las medidas que se han tenido que tomar en materia sanitaria can siendo más drásticas. Esta estrategia de tratar de poder combinar una cierta actividad económica con cuarentenas y con resguardos sanitarios no está dando resultados. Lo primero es lo primero, la vida de las personas”, subrayó.

El presidente de la Comisión de Hacienda, indicó que, “en Coquimbo, La Serena, se tomaron medidas mucho más restrictivas, las que van a implicar un desmedro importante en los potenciales ingresos de los sectores productivos, turísticos, hotelero y gastronómico, además de entretención y cultura, todo lo que gira en torno al polo de desarrollo turístico local. Por ello, tenemos que tomar medidas que nos ayuden a recuperar el tiempo, lo que ha pasado y lo que se viene, ya que al menos, este primer semestre va a ser igual de duro en materia sanitaria y económica”

En esa línea, Pizarro insistió en que “de todas maneras vamos a tener que ampliar esa ayuda, porque cuando se formuló el acuerdo marco -que además significó el Fondo Covid- se concibió pensando en un máximo de seis meses y suponía que a estas alturas íbamos a tener un grado de normalidad. Tendremos que revisar la batería de instrumentos de apoyo, tanto a las personas, a las familias o a sectores productivos -sobre todo a la pequeña empresa-, tenemos que implementarla de nuevo’.

Para el legislador es evidente la necesidad de un nuevo Fondo Covid. “Vamos a tener que endeudarnos un poco más, el país todavía tiene una capacidad, no ilimitada, pero sí tenemos que pensar seguramente en un fondo parecido al fondo que fue acordado y ratificado en el Congreso, que logró un endeudamiento de 12 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ya tenemos experiencia y tenemos que pensar en un fondo parecido”.

Diputado Gastón Saavedra (PS) advierte que «si no hay liquidez en el mercado, el nuevo FOGAPE no servirá de nada»

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El parlamentario insistió en la necesidad de implementar un Ingreso Básico universal para la gente que ha sufrido por la crisis social y sanitaria. El diputado PS de la Comisión de Trabajo, Gastón Saavedra, advirtió que «si no hay liquidez en el mercado, el nuevo FOGAPE no servirá de nada».

En la sesión de la sala donde se vota el proyecto que mejora el Fondo de apoyo a las pequeñas empresas, el parlamentario socialista dijo que si bien «valoramos esta medida, si no hay un acompañamiento con medidas integrales no se va a reactivar la economía y las micros y pequeñas empresas seguirán desapareciendo».

«El mercado debe tener una inyección de liquidez dándole un ingreso a las familias que hoy no tienen empleo por la crisis, con eso las pequeñas empresas también se reactivan producto del comercio. Hoy estamos votando un apoyo que corre el riesgo de nuevamente no llegar a la mayoría de las pequeñas empresas, sino hay dineros frescos», dijo Saavedra.

Sobre este mismo punto el diputado PS insistió en que «el Estado debe establecer un ingreso Básico Universal para los miles de chilenos que han vivido los efectos económicos y sanitarios de la Pandemia».

«Es justamente por esta situación, es que venimos pidiendo al gobierno que entregue un bono para los mas vulnerables entre los meses de marzo y Junio», concluyó Gastón Saavedra.

Nuevamente Carabineros involucrados en millonarias irregularidades: operaciones contables y cheques sin respaldo por más de $12 mil millones

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Contraloría aseguró, en su informe final, haber detectado irregularidades y falta de respaldo de operaciones contables de DIPRECA (Dirección de Previsión de Carabineros) por casi 9 mil millones de pesos, además de cobros bancarios sin aclarar por otros 2.500 millones de pesos, por esa razón han informado que el detalle y documentos recabados fueron remitidos al Ministerio Público.

Según se especifica en el informe de auditoría de Contraloría, la fiscalización tenía el objetivo de hacer un estudio financiero-presupuestario y «desarrollar un análisis contable de activos y pasivos de DIPRECA para determinar si mantenían procedimientos de control para velar por los recursos que administra y cómo controla la ejecución presupuestaria». Todo esto para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

Contraloría pudo determinar que DIPRECA usaba dos sistemas distintos para gestión financiera y contabilidad, observando que «los balances de comprobación y saldos, al 31 de diciembre de 2018» en ambos sistemas, no son coincidentes. Habría diferencias en «cuentas contables y montos» de hasta $20.270.511.399.

El mismo informe revela que DIPRECA no utilizaba, en uno de los sistemas informáticos anteriormente mencionados, el plan de cuentas aprobado por Contraloría que tenía el objetivo de llevar un «registro secuencial de las transacciones». Por el contrario, seguían utilizando procedimientos contables que «ya no se encuentran vigentes».

Por esa razón, Contraloría solicita a DIPRECA un informe técnico que permita entender las diferencias detectadas y proponer regularizaciones correspondientes que permitan reflejar «fielmente la situación presupuetaria y financiera» de la entidad.

En el detalle, el sistema contable «INFOCHI» presenta gastos no respaldados por un total de $11.994.110.276. Los conceptos no regularizados se refieren a operaciones contabilizadas pero que «no aparecen en las cartolas bancarias» tales como: «depósitos, «otros ingresos», «cheques anulados», «cheques girados y no cobrados», etc.

El organismo fiscalizador también halló, en el periodo entre los años 1998 al 2012, giros bancarios que ascendían a $1.167.395.147 y $1.261.421.392 de dos cuentas corrientes distintas y que «pueden representar desembolsos de dineros no respaldados».

En una de esas mismas cuentas corrientes, al mes de noviembre de 2018, estaban sin contabilizar cheques por la suma de $8.972.906.986. La investigación habría revelado una intención de no reflejar ese monto, pero que «dicho ajuste careció de documentación de respaldo y de autorización».

Si bien hubo un intento de parte de DIPRECA, el 18 de marzo de 2020, por aclarar estos montos, Contraloría estimó que el registro de los referidos cheques en la cuenta «partidas por aclarar» no logran «sustentar o acreditar los desembolsos ejecutados durante el año 2002.

Finalmente, y ante esta falta de documentación que «justifique los desembolsos», Contraloría remitió todo el detalle de gastos sin respaldo al Ministerio Público «para su conocimiento y fines a que haya lugar», solicitando además, en un plazo no superior a 60 días hábiles, un informe a DIPRECA para acreditar el detalle de las operaciones por la suma de $ 8.972 906.986.

Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible: «Gobierno debe anular licitación del ITL y realizarla en condiciones de máxima transparencia»

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En La Fontana publicamos declaración pública del Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible critica la licitación del ITL, exige que ella sea anulada y señala que por tratarse de la decisión más relevante en la historia nacional, en términos de recursos y de institucionalidad, para la innovación y el desarrollo tecnológico, se justifica hacerlo en el marco de un debate nacional amplio e informado.

Esta declaración del Foro fue preparada por Jacqueline Saintard, economista, exsubsecretaria de Minería; Gonzalo Herrera, doctor en Sociología y exvicerrector de Investigación en la Universidad de Talca y Osvaldo Rosales, economista, magister en Economía y exdirector general de Relaciones Económicas Internacionales.

  1. Este 11 de enero, la CORFO anunció la adjudicación de la licitación abierta en octubre de 2019 para la creación del Instituto Chileno de Tecnologías Limpias (ITL). El propósito del ITL sería desarrollar actividades de investigación, desarrollo, tecnología e innovación en energía solar, minería sustentable, materiales avanzados de litio y otros minerales y desarrollo de tecnologías complementarias a la industria del litio en el desarrollo de baterías. Sobre la base de estas tecnologías Chile no sólo renovaría sus ventajas competitivas mineras sino que, además, lo haría en línea con las mejores prácticas ambientales, diversificando sus exportaciones de bienes y servicios hacia rubros de alto contenido tecnológico, en sectores claves en las próximas décadas.

 

  1. El objetivo del ITL era crear capacidad tecnológica nacional, en una alianza público- privada que involucraría a empresas mineras y a proveedores, generando demanda por investigación aplicada hacia nuestras universidades en industrias intensivas en cobre, materiales avanzados de litio, energías renovables y electromovilidad. El ITL aparecía como gran oportunidad, para desarrollar liderazgo mundial en tecnologías de energías limpias para minería verde e hidrógeno verde. El ITL también podría proyectarse como eje activador de un emergente sistema nacional de innovación, que vinculase a empresas, universidades y centros tecnológicos, con un fuerte componente de desarrollo regional.
  2. La licitación fue adjudicada al consorcio estadounidense Associated Universities Inc. (AUI), en asociación con la Universidad de Utah y la Escuela de Minas de Colorado, además de las universidades locales U. del Desarrollo, San Sebastián, Autónoma y de Atacama. La AUI es una entidad creada en 1946 en EE.UU. para administrar instalaciones científicas de ese gobierno. Con el tiempo, AUI se especializó en la administración de infraestructura en astronomía. Entre sus capacidades no aparece la gestión de centros de investigación en minería ni en energía. Si bien las universidades de Harvard, MIT, Johns Hopkins y Yale, entre otras, contribuyeron a la creación de la AUI a mediados del siglo pasado, ninguna de ellas participa del proyecto ITL.

 

  1. Esta licitación recibió otras propuestas. Una de ellas fue la presentada por el consorcio Asociación para el Desarrollo del Instituto de Tecnologías Limpias (ASDIT), conformado por la corporación Alta Ley y las principales universidades de investigación chilenas: las universidades de Chile, Católica de Chile, de Concepción, Federico Santa María, USACH, de Antofagasta, de Atacama, Católica del Norte, de Tarapacá, de Talca y Católica de Valparaíso. Además, este consorcio incorporaba a la Asociación de Industriales de Antofagasta y a un importante conjunto de empresas y centros de investigación nacionales y europeos de los sectores minero y energético.

 

  1. El comité evaluador de esta licitación estuvo compuesto por cinco funcionarios del gobierno: tres de la CORFO, uno del Ministerio de Ciencias y uno del Ministerio de Economía, funcionarios con currículums insuficientes para la envergadura de esta operación. La evaluación contó con una asesoría experta de nivel internacional, que recomendó adjudicar el ITL al consorcio chileno ASDIT. El Consejo de la CORFO, sin embargo, desoyó esa recomendación y sesionando con mayoría de subrogantes, dados conflictos de interés de sus titulares, adjudicó la licitación a la propuesta estadounidense. Las razones que ha dado la CORFO para explicar esta decisión han sido cuestionadas por todas las universidades nacionales adscritas al ADSIT, por la Sociedad Nacional de Minería, por la Academia Chilena de Ciencias, por las universidades regionales e, incluso, por El Mercurio.
  1. Los rectores de nuestras principales universidades, sin excepción, denuncian opacidad e irregularidades en el proceso. Las universidades marginadas del proceso son exactamente las que poseen la masa crítica más relevante en las áreas del conocimiento involucradas. Al contrario, la academia no conoce de ventajas comparativas de las universidades locales de la AUI en estos temas. Sí se conocen los estrechos vínculos de ellas con autoridades del gobierno. 
  2. Desde su inicio, este proceso muestra un marcado sesgo neoliberal, con desconfianza ideológica en la acción del Estado. Desafiando toda la evidencia internacional, la derecha no cree que el Estado tenga que jugar algún rol en el desarrollo industrial y tecnológico; se opone a cualquier esbozo de política industrial y, por ello, prefiere apoyarse en un consorcio internacional y en universidades locales que no tienen capacidad crítica en el tema.
  3. La evidencia internacional muestra que los países más avanzados desarrollan políticas públicas en ciencia, tecnología e Innovación, que no se agotan en la asignación de subsidios para compensar fallas de mercado ni en supervisar el adecuado uso de esos recursos. Son políticas que se estructuran en torno a “misiones” de largo plazo, fundadas en alianzas público-privadas que incluyen a los principales actores empresariales y académicos del país. Esto no es ideología y lo encontramos en Europa, Asia e, incluso, en varios rubros relevantes en Estados Unidos. En esta visión, el Estado actúa como conductor de este proceso y no como mero espectador o supervisor. 
  4. Las lecciones que deja la pandemia en este campo son abrumadoras: excesiva dependencia de fuentes externas para enfrentar desafíos sanitarios, tecnológicos y productivos claves y, al mismo tiempo, una notable reacción de nuestras universidades, las cuales -pese a sus limitados recursos- han podido aportar al control de la pandemia en trazabilidad, equipos mecánicos de respiración y análisis del genoma del coronavirus, entre otras contribuciones. La evidencia es clara: con transformaciones económicas cada vez más moldeadas por la dinámica tecnológica, la inversión en ciencia, tecnología e innovación es decisiva para crecer y, además, para hacerlo de un modo sostenible e inclusivo.
  5. La mayor asignación de recursos públicos que recuerde la historia nacional en el campo de la ciencia, la tecnología y la innovación, junto con la toma de decisiones sobre los mismos, es transferida por el gobierno a agentes privados y, en este caso, además extranjeros. Desde la creación de la CORFO en 1939 esta es la principal decisión de Chile en materia de ciencia, tecnología e innovación. Por tanto, se justifica el más amplio y documentado debate nacional al respecto.
  6. Tenemos la oportunidad de convertirnos en un referente mundial en tecnologías limpias aplicables a la minería y la energía, así como a los sectores económicos ligados. La decisión de CORFO le regala esta oportunidad a una entidad extranjera, sin experiencia en gestión tecnológica en estos rubros. Esto no sólo desconoce la capacidad de nuestra comunidad científica, sino que además desperdicia una oportunidad histórica para fortalecer nuestra capacidad de innovación, desarrollo tecnológico y formación de recursos humanos de clase mundial.
  7. Como Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible levantamos nuestra enérgica protesta por la forma en que se ha conducido este proceso y por los resultados del mismo. Exigimos anular la licitación. Demandamos que los actores relevantes del medio nacional participen en su ejecución y agreguen un fuerte componente de formación de capacidades nacionales en ciencia y tecnología minera y energética. Llamamos a que el Congreso cumpla su rol en esta importante decisión.

Ver declaración:

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