Un grupo de diputados oficialistas anunciaron este lunes la conformación de la bancada «Regulación por la Paz», donde buscan impulsar la legalización del uso recreativo de la marihuana.
La propuesta es liderada por la diputada Ana María Gazmuri (IND-Comunes) y cuenta con el respaldo de integrantes del Socialismo Democrático, Apruebo Dignidad e Independientes. Los legisladores llaman a modificar la Ley 20.000 -que define los delitos de tráfico de drogas- para regular la adquisición y consumo de cannabis.
Gazmuri advirtió que la iniciativa es «más urgente que nunca. Justamente en estos días, que como país nos conmovemos con el asesinato de un carabinero en Pedro Aguirre Cerda, en que vemos crecer el poder de fuego del crimen organizado, llegó el momento de cambiar de estrategia».
«Si seguimos haciendo lo mismo, tendremos los mismos resultados. Es el momento de ponerse los pantalones largos con este tema, las faldas largas también, y avanzar», añadió.
La legisladora remarcó que «es necesario empezar a quitarle el mercado al crimen organizado, que finalmente potencia este poder de fuego. Y por otro lado, es urgente terminar con la vulneración de Derechos Humanos de las y los usuarios de cannabis, que en Chile son casi cinco millones de personas que se ven amenazadas por el Estado».
Posteriormente, la parlamentaria leyó la declaración de la bancada: «Hoy enfrentamos como nunca antes una gravísima escalada del crimen organizado, viéndose nuestros territorios tomados por grandes bandas de narcotraficantes, que corrompen estamentos públicos y capturan a nuestros niños, niñas y adolescentes para hacerlos sus soldados».
«El poder de fuego de los traficantes se ve alimentado con nada más y nada menos que un millón de dólares diarios. Es lo que gastan los usuarios de las tres sustancias de mayor prevalencia de consumo en Chile, y el 80% corresponde a cannabis, según lo publican en Emol el 2021 Francisco Cumsille y Álvaro Briones», añadió.
«Por otra parte, la persecución de las policías y de Fiscalía Nacional, se ha concentrado desgraciadamente en forma particular, en usuarios y usuarias de cannabis. Casi el 70% de las detenciones por ley 20.000 corresponden a faltas de porte, consumo, y cultivo para uso personal, y no a los delitos de tráfico y microtráfico. Esto implica una inmensa desviación de recursos públicos, que deben con urgencia reorientarse a perseguir el crimen organizado», advirtió.
Finalmente, señaló que «como parlamentarios y parlamentarias nos ponemos firmes para legislar una nueva ley de drogas. Que no persiga los usos personales ni sus altos preparatorios, mediante la despenalización efectiva del autocultivo. Queremos alejar a los consumidores de cannabis de las redes del narco».
