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La agencia calificadora Moody’s dijo este miércoles que si los chilenos rechazan en el plebiscito de septiembre la nueva Constitución que se está escribiendo habrá «mucha más incertidumbre» y que el nuevo texto «es una oportunidad de tratar de cambiar el país».

El analista principal para Chile de la clasificadora, William Foster, afirmó que la opción del «Rechazo», a diferencia del «Apruebo», «no frenará los deseos nuevos de las personas de cambios».

«La gente en Chile quiere cambios, quiere más apoyo del Gobierno, una nueva Constitución. Es un ejercicio que la gente decidió hace meses y la Constitución puede ser el vehículo para realizarlo», apuntó Foster en un webinar para evaluar el efecto del texto propuesto en la economía del mayor productor mundial de cobre.

La convención que redacta el nuevo texto entregará el 4 de julio la propuesta final, que incluye derechos sociales como salud pública y universal, educación gratuita y de calidad, mejores pensiones, acceso a la vivienda y al agua.

La Ley Fundamental será sometida a un plebiscito el 4 de septiembre y, en caso de aprobarse, sustituiría a la Constitución actual, heredada del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990) y considerada por muchos como el origen de las grandes desigualdades del país por su corte neoliberal.

Para el analista de Moody’s, uno de los mayores riesgos en caso de que se apruebe el nuevo texto es cómo se financiarán los nuevos derechos sociales en un escenario de desaceleración económica y alta inflación.

«Chile ha tenido una trayectoria bastante buena de la deuda en comparación a los países pares. Hoy es del orden de 35 por ciento del PIB (producto interno bruto) y estamos esperando un 40 por ciento del PIB para 2023. Esto significa un deterioro y por eso es muy importante para la clasificación la forma en que se financiarán estos derechos», agregó.

La derecha chilena, que consiguió menos de dos tercios en la convención constituyente, votará en contra de la propuesta al encontrarla «radical», mientras que la izquierda oficialista se inclina por darle luz verde.

La bancada de diputados de Apruebo Dignidad criticó con dureza la acusación constitucional presentada por el Partido Republicano en contra de la ministra del Interior, Izkia Siches.

En un documento de 159 páginas, los legisladores indican que determinaron ingresar el libelo acusatorio contra la secretaria de Estado «por comprometer gravemente el honor de la Nación, por comprometer gravemente la seguridad de la Nación, por infringir la Constitución y las leyes, y por haber dejado estas sin ejecución».

Tras la presentación, la diputada Lorena Pizarro (Partido Comunista) indicó que «el problema no es la presentación de la acusación constitucional, el problema es si nos vamos a prestar para este payaserío, donde de la nada se presenta una acusación constitucional sin argumento, y que finalmente, ante la opinión pública sigue creciendo el descrédito frente al actuar de algunos sectores».

«Me van a perdonar. Pero desde hace un mes a la fecha, que la bancada de las y los republicanos estan planteando esta acusación constitucional sin argumento, ‘a pito de escopeta’. A mí me parece que este Parlamento tiene harto más trabajo que hacer», añadió.

Además, Pizarro afirmó que la acusación «está cargada de harta misoginia, que no nos extraña. Impresentable, la verdad que da vergüenza».

En tanto, su par Gael Yeomans (Convergencia Social) advirtió que «es una iniciativa que habla por sí sola. Y en eso me refiero a que son, solamente, los parlamentarios del Partido Republicano quienes están presentando una acusación constitucional sin fundamento, simplemente para tratar de hacer un punto político en contra de la ministra Izkia Siches».

«Como bancada de Apruebo Dignidad queremos presentar todo nuestro respaldo a la ministra y a su actuar. Y también, a las tareas y trabajos que le toca en el Ministerio del Interior», añadió.

Yeomans remarcó que «la vamos a respaldar, porque es parte de nuestro Gobierno y hay muchas tareas que hacer. En ese sentido, las y los parlamentarios tenemos que fijar nuestra acción, a pesar de que tenemos las atribuciones de fiscalizar, eso tiene que ser respecto a una acusación constitucional con fundamentos y con argumentación. Y no la vemos en esta acusación».

Por su parte, la diputada Catalina Pérez (Revolución Democrática) recordó que la bancada republicana ha intentado presentar el libelo desde hace un mes. «No importó la cuenta pública del Presidente, poniendo especial foco en seguridad. No importaron las medidas presentadas por la ministra del Interior, que van desde la creación de un Ministerio de Seguridad hasta el reforzamiento de los mecanismos de protección de víctimas. No importaron los estados de excepción», consignó.

«¿Por qué? Porque esta es una decisión política que persigue poner en jaque la gestión de este Gobierno, más que aportar a las soluciones que las familias de este país necesitan», complementó, afirmando que «nosotros estamos preocupados de otra cosa, de que la seguridad llegue a todos los rincones de este país».

«Una bancada tiene todo el derecho a interponer una acusación constitucional, no vamos a ser nosotros desde el oficialismo quienes les neguemos esa posibilidad. Otra cosa es determinar si esa acusación es pertinente, es adecuada, tiene fundamentos. Y en este caso, es claro que no», sentenció.