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DC se abre a aprobar idea de legislar reforma de pensiones

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Timonel de ese partido valoró este domingo “disposición” del gobierno a acoger propuestas presentadas por la oposición. Iniciativa se vota este lunes en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Voto DC es clave.

Ayer -en medio de las celebraciones del Día de la Madre- que el el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, se contactó con el diputado DC, Raúl Soto, presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara.

La conversación giró en torno a la carta que el gobierno le envió a los parlamentarios respondiendo el petitorio de 10 puntos que le entregó la oposición la semana pasada respecto al proyecto de reforma de pensiones.

Con la respuesta al petitorio de la oposición, el Ejecutivo cuenta con que se destrabará la discusión y este lunes se aprobaría la idea de legislar.

Tal como sucedió en el proyecto de reforma tributaria, en el diseño del Ejecutivo otra vez es clave la actuación de la DC que valoró la respuesta del Ejecutivo.

“Hay que valorar que hay una voluntad y disposición del Ejecutivo”, dijo a La Tercera el diputado Soto.

“Es una señal en la dirección correcta, si los compromisos de un nuevo actor público en la administración y de incorporar elementos de solidaridad con la cotización adicional se cumplen, podemos sentar las bases de un nuevo sistema previsional, que sea mixto”, añadió.

El presidente de la DC, Fuad Chahin, también destacó “la disposición que mostró el gobierno”.

“Hay aspectos que sí compartimos como el Pilar Solidario y el gobierno se abrió a un aumento de cotización administrada por un ente público. No me gustaría adelantarme, pero es un escenario distinto”, enfatizó. el timonel DC.

¿La DC votará a favor de la idea de legislar? Hasta el cierre de esta edición el diputado Soto optó por el suspenso.

“Es difícil asegurar un voto negativo o positivo si acabamos de recibir una respuesta del Gobierno. No hay que cerrarnos a aprobar o rechazar a priori”, dijo el parlamentario.

Reforma al sistema de Salud: La mirada de algunos DC que fortalece la seguridad social y suprime el lucro

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-En nuestro medio digital En La Fontana, entrevistamos a parlamentarios de la Democracia Cristiana (DC), Víctor Torres y Carolina Goic. Asimismo, al ex subsecretario de Salud, Jaime Burrows, quien estuvo en el cargo en la administración de la Presidenta Michelle Bachelet. 

-Todos coinciden en que se debe fortalecer el sistema de salud pública, Fonasa, donde se atiende el 80% de la población, dotarlo de más recursos y un seguro para garantizar calidad en la atención. En el área privada anhelan terminar con las pre-existencias y las discriminaciones por edad, sexo y acabar con el lucro, potenciando la seguridad social.

A fines de abril, el Ejecutivo presentó la tan prometida Reforma Integral a la Salud, que impulsa, supuestamente, el fortalecimiento de Fonasa, con más beneficios y menores costos para las familias. Además, se proponen cambios en el sistema privado, para eliminar discriminaciones, mejorar la protección y eliminar la cautividad en las Isapres.

El Gobierno la presentó e ingresó al Congreso sin calidad de urgencia. Dicha reforma tendrá, por ende, un largo camino para ser aprobada y despachada en el parlamento. Para conocer la mirada de algunos personeros de la Democracia Cristiana (DC), que se condice con la de la oposición, entrevistamos En La Fontana a la senadora, Carolina Goic; al diputado Víctor Torres; y al ex subsecretario de Salud, Jaime Burrows.

Expectativas

La oposición esperaba que el proyecto se hiciera cargo de fortalecer, sobre todo, Fonasa, por donde se atiende la mayoría de la población chilena. Para un Gobierno de tendencia centro derecha era predecible que la iniciativa tendiera a mantener lo que existe, con una mixtura público-privada de atención, en el que en este último prima el lucro.

Goic, al respecto, considera que la iniciativa no es suficiente para reforzar completamente el sistema de salud. «Me parece que la propuesta del Gobierno, que todos estábamos esperando con muchas expectativas, fue una decepción. Es una propuesta que no fortalece a Fonasa donde se atiende el 80% de la población y que en el caso de la salud privada más parece un traje a la medida para la industria de las isapres», comentó.

Con respecto a lo que anhela para que se apruebe el proyecto con las indicaciones que puedan colocar parlamentarios de oposición a la iniciativa, añadió: «Lo que yo espero es que se fortalezca a Fonasa de manera concreta, con más recursos y mejores condiciones para quienes se atienden en el sistema público como punto de partida. En el caso de las isapres, que se terminen con los abusos que por años han cometido desde esta industria en perjuicio de los afiliados con enormes ganancias económicas, como las tablas de factores de riesgo, las pre-existencias y las discriminaciones por edad o enfermedad».

Una visión similar, pero menos pesimista es la que tiene Burrows: «El proyecto no es un traje a la medida de las isapres, pero creo que hay propuestas dentro de lo que ellos piensan, que es lo que funcionaría mejor sin terminar con el sistema mixto que se tiene hoy en día. La pregunta de fondo es: ¿Queremos perpetuar el sistema que tenemos ahora o queremos transitar a un sistema más integrado y solidario? Podría haber un Fondo Universal o un Seguro Universal, que son dos alternativas, u otro sistema en el que se pueda transitar más fácilmente, desde un seguro público a privado y que sea algo más transparente».

Mientras que el diputado Torres, estima que es el momento de hacernos cargo como país de mejorar las condiciones de atención en la salud pública y privada.

«Esperemos que se transforme en la oportunidad que tenemos hoy de hacernos cargo de la salud pública y las aseguradoras privadas, y evitar una vez por todas el tratamiento abusivo que las isapres tienen con sus afiliados, y el lucro que termina siendo la razón de ser y existir de ellas. Desde esa perspectiva la idea es establecer un sistema que incorpore la seguridad social como elemento central, que permita introducir elementos de solidaridad, de tal manera, que no solo los que tienen más dinero puedan tener acceso a salud de calidad de forma eficiente y eficaz», indicó Torres.

Sobre lo mismo añadió: «En la bancada DC, queremos que estos conceptos de solidaridad y salud de calidad para todos estén dentro de lo que significa la reforma de salud que está planteando el Gobierno y puedan ser implementados de esa manera. Si no se consideran estos principios, no creo que se apruebe, porque el Gobierno insiste en reforzar sólo la salud privada y mantener a isapres tal como operan hoy».

No más discriminaciones

Uno de los puntos fuertes desprendidos de la iniciativa son las discriminaciones del sistema, que se dan por edad, enfermedad, sexo, las pre-existencias, entre otras. El objetivo es que se eliminen estas «distorsiones» para que el modelo resguarde la salud de las personas y no el lucro de las aseguradoras, dicen los personeros DC consultados por este medio.

«La discriminación por edad genera distorsiones en el sistema de salud, sobre todo, en el aseguramiento de la salud privada, porque se discrimina entre personas jóvenes y viejas y entre hombres y mujeres, y entre las que están enfermas versus las sanas. Y eso, tiene repercusiones en el sistema público, porque ciertas personas son más riesgosas porque tienen más antecedentes de alguna enfermedad», sostuvo Burrows, y añadió: «El piso mínimo para que se apruebe el proyecto es eliminar las discriminaciones del sistema de salud, en todos los ámbitos, no solo en el tema de la mujer y las pre-existencias».

Una mirada similar, tiene Torres. «La idea es que se eliminen las pre-existencias para que pueda darse la movilidad dentro del mismo sistema y las isapres no mantengan cautivos a los usuarios. La idea también es avanzar en torno a la eliminación de la integración vertical entre prestadoras y aseguradoras, que son elementos que a mi juicio distorsionan también no solo a los precios a los que pueda acceder una persona, sino que también afectan la libre elección del sistema. Por último, que exista un seguro de salud público que cubra gran parte de las prestaciones que requiere la ciudadanía, con enfoque de seguridad social y no a las ganancias de las aseguradoras».

Plazos

Acerca de los plazos, el diputado Torres, dijo que no hay una fecha estipulada de aprobación y que tal eventualidad tiene para mucho rato. «No hay un plazo determinado, más allá de las urgencias que pueda colocar el Gobierno, porque, por un lado, tenemos un proyecto de Ley, en el caso de Fonasa, que es muy débil, que no tiene un informe financiero que pueda permitirnos hacernos cargo de lo que que se quiere construir allí. Por otro lado, un proyecto de Ley sustitutivo de la Ley de Isapres, que ha sido declarada inconstitucional por la forma que ha sido presentada, entonces, se tiene que reformular. Todo eso retrasa de forma los avances de los proyectos, pero además en la discusión de fondo esto no se va a resolver pronto, dado que es una maratón larga», sentenció.

Burrows, por su parte, es más optimista y cree que la iniciativa podría aprobarse en la actual administración del Presidente, Sebastián Piñera. «La idea es que se perfeccione el proyecto y que se termine de tramitar dentro este periodo gubernamental para no seguir dilatando un tema que ha estado pendiente por mucho tiempo», concluyó. //ELF

Ascencio envía oficio a Contraloría por casa de Piñera en Caburgua a las que califica como «construcciones clandestinas» por más de 30 años

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El diputado de la Democracia Cristiana (DC), Gabriel Ascencio, pidió buscar responsabilidades por el hecho de que la propiedad del Mandatario en Pucón no haya sido recepcionada, esté siendo habitada y no haya pagado multas, por mantener «construcciones clandestinas» por más de 30 años, según indica.

“(Conocer) las razones por las cuales las obras se encuentran habitadas, pese a que sin estar recepcionadas son declaradas como clandestinas según la ley”. Esa es una de las peticiones que realiza el jefe de bancada de la DC, Gabriel Ascencio, en oficios enviados a la Contraloría de la República; alalcalde de Pucón, Carlos Barra Matamala y a la directora de Obras de ese municipio, Lorena Fuentes Espinoza, en relación a la propiedad en Caburgua del Presidente Sebastián Piñera, informa Cambio21.cl.

Según denunció hace algunas semanas la Fundación Defendamos la Ciudad, la propiedad del Mandatario en el Lago Caburgua no pagaría contribuciones hace más de 30 años, esto ya que los permisos de edificación no contarían con la recepción definitiva de las obras, lo cual habría impedido el avalúo del Servicio de Impuestos Internos. El propio gobierno ha reconocido que el Mandatario ha realizado acciones para regular la situación. Según explicó la vocera Cecilia Pérez, hace algunos días, se viene haciendo los trámites necesarios, pero que todavía faltaba el proyecto de gas de la vivienda para poder obtener la recepción definitiva.

En el caso de Contraloría, el diputado demócratacristiano pide que se realice una completa auditoría en la dirección de obras de la municipalidad donde además se pide aclarar “las razones por las que no han sido recepcionadas definitivamente las obras con permiso de edificación en la propiedad ROL 132-8 de la Comuna de Pucón, propiedad del Presidente Sebastián Piñera”.

Diputados DC concurren a La Moneda y piden a Piñera dejar sin efecto decreto por explosiva alza en cuentas de la luz

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«Así como el Gobierno dio pie atrás con el tema de los medidores inteligentes tras la legítima indignación ciudadana, creemos que en este caso –que es mucho más grave – puede hacerlo. Puede frenar esta escalada alcista que afectará directamente a miles de familias “, señala la carta al Presidente Piñera, ingresada hoy en La Moneda.

«Al concretarse esta desmedida alza se gatillará necesariamente una presión inflacionaria que incidirá directamente sobre el aumento del precio de la UF, lo que provocará una cadena de lamentables y preocupantes consecuencias adicionales”, agrega la misiva.

Mediante una carta dirigida al Presidente de la República, en la que se señala el “grave efecto que tendrá el alza de precios en las cuentas de la luz en miles de hogares chilenos”, los diputados de la Bancada DC solicitaron formalmente que se deje sin efecto el polémico decreto firmado en diciembre del año pasado por el mandatario, y que hoy representa, a juicio de los parlamentarios, “un duro golpe para la economía familiar”.

El ingreso de la carta fue formalizado esta mañana por el Jefe de la bancada , diputado Gabriel Ascencio y por los diputados Matías Walker, Joanna Pérez y Gabriel Silber.

Tras el ingreso de la carta , hoy en La Moneda, el jefe de la bancada DC, diputado Gabriel Ascencio, explicó que “hay cifras diversas, pero en general estamos hablando de un alza de un 15 o un 20 por ciento en el aumento de las tarifas; si a eso le sumamos que los salarios no suben, es evidente que la las familias serán más pobres y si a esto le agregamos el desempleo y que el crecimiento no es el que decía el Gobierno, tendremos una situación aún mucho más grave, durísima”.

“El Presidente puede convocar al poder Ejecutivo, Congreso, a las empresas generadoras, a los técnicos; puede mostrar voluntad y buscar una solución para esta explosiva alza de precios en las cuentas de la luz que afectará a miles de familias chilenas directamente en su ingreso familiar. Para eso están los gobiernos y las autoridades. Pero, obviamente tiene que haber voluntad política y decisión; se puede encontrar una solución; es lo que nos están los técnicos de la DC; hay propuestas; pero, hay que hacer el esfuerzo”.

El diputado Gabriel Silber, en tanto, miembro de la Comisión de Energía de la Cámara, agregó que “estamos frente a una escalada alcista grave, de un 12 por ciento ahora y en junio de un 8 o más. Hay regiones como el Bio Bio o el gran Santiago donde las alzas bordearán el 25 por ciento. Por eso, si la indignación fue enorme en el caso de los medidores, y el Gobierno tuvo que dar pie atrás, imagínese cómo será cuando las familias tengan que pagar cuatro mil o cinco mil pesos más todos los meses. Hay soluciones, pero primero pedimos que el Gobierno detenga esta alza. Desde la DC tenemos una batería de propuestas que ponemos a disposición, como la renegociación directa con las generadoras eléctricas, al igual que lo están haciendo empresas públicas y privadas, como Codelco, Metro, entre otras”.

Silber agregó, además, que “lo que pedimos es proactividad; no seguir mirando para el techo y decir que esto ha ocurrido antes. Esta alza en un bien básico tendrá directa relación e el IPC, ello influirá significativamente en las metas proyectadas de inflación y crecimiento del Banco Central y del Ministerio de Hacienda, afectando aún más la economía nacional y la de miles de hogares pues subirán los arriendos, los dividendos, el trasporte, todo. Obviamente, esto hay que detenerlo y soluciones, hay”.

Sobre el punto, la carta señala que “al concretarse esta desmedida alza se gatillará necesariamente una presión inflacionaria que incidirá directamente sobre el aumento del precio de la UF, lo que provocará una cadena de consecuencias adicionales. Así, no sólo subirán en un 20% o más las cuentas de luz, sino que tambien experimentarán un alza, a modo de ejemplo, las cuotas de los créditos hipotecarios, los planes de isapre fijados en UF e incluso también podría incidir en la fijación del valor del pasaje del Transantiago, donde el IPC tiene un peso del 37% en la determinación del polinomio.

La carta de los diputados a Piñera

SANTIAGO, 6 DE MAYO DE 2019

AL : SR. SEBASTIAN PIÑERA ECHEÑIQUE
PRESIDENTE LA REPUBLICA

DE : BANCADA DE DIPUTADOS
PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO
Señor Presidente.

Los Diputados de la bancada perteneciente al Partido Demócrata Cristiano, que abajo suscriben, de conformidad a lo establecido en Ley Nº18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional; Ley Nº18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; y, Ley Nº 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administracion del Estado, le expresamos y solicitamos lo siguiente:

1.- Que se ha procedido a dictar el Decreto Supremo Nº20 T, de fecha 13 de diciembre de 2018, del Ministerio de Energía, que “fija precios de nudo promedio en el sistema eléctrico nacional, de acuerdo al artículo 158 de la ley general de servicios eléctricos y fija ajsutes y recargos por aplicación del mecanismo de equjidad tarifaria residencial”. Dicho Decreto Supremo ha sido objeto del trámite de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República durante la semana recién pasada, pero aún no se ha procedido a su publicación en el Diario Oficial que perfecciona su entrada en vigencia.

2.- El decreto aludido, dictado en virtud del mencionado artículo 158 de la Ley General de Servicios Eléctricos, establece que los precios promedio que los concesionarios de servicio público de distribución cobren, y que deban traspasar a sus clientes regulados, serán fijados mediante decreto del Ministerio de Energía, expedido bajo la fórmula «por orden del Presidente de la República”. Dichos decretos tendrán una vigencia semestral y serán dictados en la oportunidad que determine el reglamento. Una vez vencido el período de vigencia de los precios promedio, éstos continuarán vigentes mientras no sean fijados los nuevos precios de acuerdo a lo dispuesto en el mismo artículo. Los concesionarios de servicio público de distribución pagarán a sus suministradores los niveles de precios de los contratos respectivos considerados en el decreto semestral vigente a que se refiere señalado artículo.

3.- El cálculo del precio de consumo residencial de energía electríca (BT1) aplicable a casi la totalidad de familias chilenas, que tienen una capacidad conectada no superio a los 10KW, se hace en base a una ecuación sobre una tarifa plana y una serie de variables financieras y económicas.

4.- De acuerdo a cálculos preliminares, de entrar a regir este Decreto en los próximos días, luego de su eventual publicación en el Diario Oficial, las cuentas de luz residencial de aproximamente el 97% de los hogares chilenos se elevarían en aproximadamente un 20% (veinte por ciento) o más, lo que excede todos los parámetros de alzas del costo de la vida por vía inflación y corrección monetaria, generando ganancias nunca antes vistas para las distribuidoras, hecho que no se condice en absoluto con la marcha de la economía y las proyecciones de crecimiento y metas del mismo Gobierno.

5.- Claramente esta situación es sólo homologable a lo ocurrido recientemente con los denominados “medidores inteligentes”, ocasión en la cual el Gobierno, haciéndose eco de la presión cuidadana y de una revisión profesional del tema, procedió a retirar de la tramitación la norma que pretendía consolidar una cuestión que a todas luces desbordaba lo meramente técnico y en definitiva amparaba un abuso de las compañías eléctricas y que solo iba en pos de mejorar sus ganancias y aumentar sus utilidades, sin generar beneficios alguno demostrable para las familias consumidoras.

6.- Cabe tener presente que dicha actuación, aparte de afectar directamente con ello al presupuesto familiar, especialmente de los más necesitados, y siendo que el aumento de las tarifas excede con creces las variaciones que han experimentado los índices de precios determinados por el INE, ello influirá también significamente en forma directa sobre las metas proyectadas de inflación y crecimiento del Banco Central y del Ministerio de Hacienda, al ser dicho bien y servicio un componente básico de la canasta de precios y en la determinación de la varición del IPC, por lo que se hace necesario tener también una responsabilidad fiscal en el manejo de las variables económicas y cuentas públicas.

7.- Al concretarse, entonces, esta desmedida alza se gatillará necesariamente una presión inflacionaria que incidirá directamente sobre el aumento del precio de la UF, lo que provocará una cadena de consecuencias adicionales. Así, no sólo subirán en un 20% o más las cuentas de luz, sino que tambien experimentarán un alza, a modo de ejemplo, las cuotas de los créditos hipotecarios, los planes de isapre fijados en UF e incluso tambien podría incidir en la fijación del valor del pasaje del Transantiago (donde el IPC tiene un peso del 37% en la determinación del polinomio).

8.- Pues bien, homologando la máxima jurídica que señala que “donde existe la misma razon debe existir la misma disposición”, como ocurrió en el caso de los medidores inteligentes, y apelando a la obligación y buena voluntad del Presidente de la República en su calidad de Jefe de Estado donde le corresponde el gobierno, la administración y la marcha del país, y velando los suscritos por el bienestar de todos los chilenos, es que le solicitamos en forma prudente y responsable, y previniéndole de las irreparables consecuencias de seguir adelante en lo advertido, se sirva suspender la tramitación, en forma inmediata, por las razones aludidas, del Decreto Supremo Nº20 T, de fecha 13 de diciembre de 2018, del Ministerio de Energía, que “fija precios de nudo promedio en el ssitema nacional de acuerdo al artículo 158 de la ley general de servicios eléctricos y fija ajsutes y recargos por aplicación del mecanismo de equidad tarifaria residencial, y en su reemplazo establecer una negociación, en un plazo máximo de seis meses, entre las generadoras y distribuidoras con la autoridad de una nueva tarifa tal y como éstas hacen con los clientes libres de conformidad a la ley, de tal forma que las cuentas finales se reduzca para todas y cada una de las familias de nuestro país entre un 20% y 30%. Paralelamente, se debe introducir más competencia en el suministro eléctrico e impulsar una real transición a la energía limpia con suministro de calidad.

Saluda atentamente a Usted,

Diputados:

Gabriel Ascencio (Jefe de Bancada)

Daniel Verdessi (Subjefe de bancada)

Matías Walker

Victor Torres

Gabriel Silber

Raúl Soto

Pablo Lorenzini

Manuel Antonio Matta

Mario Venegas

Jorge Sabag

Joanna Pérez

José Miguel Ortíz

Iván Flores

Miguel Calisto

cc. Ministra de Energía.

DC exige al Gobierno impedir «abusiva y escandalosa» alza en las cuentas de luz

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La Bancada de la Democracia Cristiana (DC) exigió al Gobierno dejar sin efecto el decreto que fija los precios de nudo de las cuentas de luz, dando pie a un alza en promedio de un 10,5 por ciento a nivel nacional desde mayo.

Los diputados de la falange considerando «abusivo y escandaloso» este nuevo aumento, y el integrante de la Comisión de Energía de la Cámara, Gabriel Silber, apremió al Ejecutivo a obstaculizar esta medida, tal como lo hizo con el controversial proyecto de medidores inteligentes.

«Si el Gobierno, haciéndose eco de la presión ciudadana, procedió a retirar de la tramitación la norma que pretendía consolidar una cuestión que a todas luces desbordaba lo meramente técnico y en definitiva amparaba un abuso de las compañías eléctricas y que solo iba en los de mejorar sus ganancias y aumento de sus utilidades, hoy no puede hacer menos y tiene que detener esta explosiva alza en las cuentas de la luz», sentenció.

Cabe destacar que este jueves el diputado envió un oficio de fiscalización a la ministra de Energía, Susana Jiménez, por su gestión, que hasta el momento no ha reconocido un cambio en las tarifas que el pasa domingo la DC aseguró que era «inminente».

Por su parte, el jefe de la bancada DC en la Cámara, Gabriel Ascencio, pidió también que «se busque una solución alternativa para evitar que las cuentas de luz residencial de aproximadamente el 97 por ciento de los hogares chilenos se eleven de una forma abusiva».

Según el parlamentario, la nueva tarifa estaría «excediendo todos los parámetros de alzas del costo de la vida por vía inflación y corrección monetaria, generando ganancias nunca antes vistas para las distribuidoras, hecho que no se condice en absoluto con la marcha de la economía».

En tanto, el diputado Daniel Verdessi agregó que «el Gobierno no puede mirar para el lado frente a esta alza que afecta directamente el presupuesto familiar de miles de familias, ya que el aumento de las tarifas excede con creces las variaciones que han experimentado los índices de precios determinados por el INE».

DC, PPD e independientes inscriben lista para el Colegio de Abogados de Chile

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Un grupo de abogados ligados a la Democracia Cristiana (DC), Partido Por la Democracia (PPD) e independientes inscribieron la lista “D vuelta al colegio” para la próxima elección de consejeros del Colegio de Abogados de Chile.

“Nosotros apuntamos a fortalecer la institucionalidad gremial, que nos permita trabajar por un país mejor, con colegiados y abogados comprometidos con el ejercicio profesional, pero también con las necesidades que Chile requiere de nuestra profesión. Hemos conformado una lista integrada mayoritariamente por mujeres, donde la perspectiva de género debe ser uno de los elementos fundantes, pero también el trabajar fuertemente con las regiones, con lo que pasa con nuestro gremio en el resto del país; por las modificaciones que el mismo derecho esta viviendo día a día. Debemos hacer eco de las necesidades del país, de una profesión seria, ética y responsable con lo que requiere Chile”, aseguró Laura Albornoz, abogada democrata cristiana integrante de la lista.

En esa misma línea la actual consejera, que va a la reelección, Magdalena Atria añadió “Estamos hablando de un grupo de personas que han hecho cosas, y que queremos seguir haciéndolas (…) Queremos impulsar otros tipos de reformas que sean relevantes para toda la población y desde ahí impulsar también nuevos cambios que, aunque no sean tan espectaculares a veces –como, por ejemplo, seguir impulsando el cambio de la sociedad conyugal- sí son relevantes para el 50% de la población”.

“Esperamos rescatar al colegio del empedramiento que ha estado sujeto durante tantos años. Los abogados nuevos, los abogados jóvenes no se interesan en el colegio, sienten que no los representan. Queremos que abogados comunes y corrientes sean los dueños del colegio, Acá hay abogados que hacen derecho para la gente y ese es mi desafío para estar acá”, agregó la abogada Jimena Orrego, ligada al PPD y miembro de la lista.

“Básicamente aquí hay gente del mundo independiente, DC, de Centro izquierda y básicamente queremos promover la colegiatura, que la gente comience a sentirse representada por un Colegio que es de todos, de Arica a Punta Arenas y que aquí puede encontrar un espacio de participación, donde hombres y mujeres están tratando que todos estén considerados. Una de nuestras propuestas sería la colegiatura obligatoria, lo cual creemos muy importante por la ética profesional. Cada año están titulándose 4 mil abogados y no hay una fiscalización integral”, finalizó el abogado y parte de la lista, Pablo Piedrabuena.

La lista está conformada por: Leonor Etcheberry, Laura Albornoz, Magdalena Atria, Jimena Orrego, Alejandra Krauss, Ignacio Figueroa, Luciano Fouillioux, Pablo Piedrabuena, José Miguel Burmeister.