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Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC), critica falta de ambición del Ministerio del Medio Ambiente en compromiso de reducción de emisiones, aunque valora que Chile asuma el desafío

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En esta crisis sanitaria, social y económica la acción climática debe continuar siendo una de las principales preocupaciones e impedir que el calentamiento global y la degradación ambiental sean nuevamente foco de aparición de nuevas epidemias, estima SCAC. 

La red compuesta por más de 100 organizaciones ciudadanas analizó la presentación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) para enfrentar el cambio climático anunciadas hoy por la Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt. El documento se entrega en el marco del compromiso adquirido el año pasado durante la COP 25 y tras una consulta ciudadana que no incluyó el mecanismo de consulta indígena.

Para Ezio Costa, vocero de la SCAC y Director Ejecutivo de ONG FIMA, “la presentación tiene cosas valorables como que se haya bajado la fecha del peak de emisiones para el 2025 lo que las hace alcanzable, pero por otra parte la ambición al 2030 es solo lograr un 30% de disminución de emisiones”. “Además, no es una muy buena señal que no se mencione para nada las zonas de sacrificio, siendo este uno de los puntos negros más emblemáticos de la falta de justicia ambiental en Chile y a quienes se está condenando a seguir sufriendo los impactos de las termoeléctricas por 20 años más”, añade.

Entre las cosas que se esperaban de este anuncio, se encontraba la baja en las metas para alcanzar la carbono neutralidad al menos al 2040; la propuesta del cierre total de termoeléctricas al 2030; y énfasis en la relación con la Ley Marco de Cambio Climático entre otras cosas.

“Uno de los puntos que vemos como definitivamente deficiente, es todo lo relacionado con agua. Lo planes para manejos de cuencas se dan recién a partir del 2030, hay muy pocos humedales protegidos, solo 20. Lo mismo sucede para turberas, las cuales son solo cinco protegidas en un plan piloto al 2030, y no se mencionan para nada la situación de los salares altoandinos que actualmente están fuertemente amenazados por la extracción de litio” señaló Isabella Villanueva de CEUS Chile

Para Estefanía González de Greepeace “Los planes de adaptación son otro punto que sigue mostrando una gran debilidad en la presentación de esta NDC, estos continúan como en la propuesta anterior en un ámbito de buenas intenciones, pero sin nada concreto que los lleve a tener algún nivel realidad”.

Para las organizaciones de la SCAC, es importante el gesto de presentar estos compromisos, pero siguen siendo insuficientes, sobre todo en medio de la pandemia por COVID 2019, la cual también está asociada a la destrucción de ecosistemas y a la degradación ambiental.

Foro por el Desarrollo Justo y Sostenible valora segundo paquete de medidas económicas del Gobierno por crisis del coronavirus, pero critica falta de transparencia en su implementación

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En La Fontana publicamos declaración pública del FORO POR EL DESARROLLO JUSTO Y SOSTENIBLE, ante el segundo paquete de medidas económicas del gobierno del Presidente, Sebastián Piñera. 

*A continuación la declaración en cuestión: 

La evolución de la pandemia en Chile no puede dar lugar a un triunfalismo excesivo, ni tampoco debe llevar al gobierno a ceder ante presiones empresariales que piden levantar restricciones. Es falsa la contradicción entre economía y salud. Los costos de mantener las medidas sanitarias hasta que se supere, efectivamente, el peak de la pandemia; son inferiores a los costos de relajar las medidas sanitarias de forma excesivamente temprana, porque se arriesga un resurgimiento de la pandemia con elevados costos sociales y económicos.

En este contexto el Gobierno ha anunciado un segundo paquete de medidas económicas, el que, en lo sustancial, genera un fondo de US$ 2.000 millones para destinar ayudas económicas a 2,6 millones de trabajadores informales y aumentar en US$ 3.000 millones los recursos -, y modificar el alcance-del Fondo de Garantía para la Pequeña Empresa (FOGAPE), para que la banca comercial otorgue líneas de crédito a empresas cuyas ventas anuales no superen el millón de UF (aproximadamente $2.400 millones de ventas mensuales).

Si bien, ambas nuevas iniciativas apuntan en sentido correcto, no es posible evaluarlas sin conocer los detalles de su implementación. Por lo tanto, demandamos del gobierno la información necesaria y transparente respecto de la forma y plazo en que se ejecutarán estas medidas.

Valoramos, sí, que se asuma la necesidad de apoyar a los trabajadores informales y a las pequeñas y medianas empresas, tal como este Foro lo ha solicitado en la carta enviada el sábado 4 de abril a las máximas autoridades del país, así como también lo han demandado las presidentas y los presidentes de los partidos políticos de oposición en su declaración del lunes 6 de abril.

Modificar el FOGAPE para que alcance a empresas con ventas por $2.400 millones de pesos mensuales es un contrasentido que perjudicará a las pequeñas empresas que sufren los efectos de la pandemia. Esto se suma a que el procedimiento propuesto no resuelve las tasas de interés a las que los bancos prestarán esos recursos, la que debiera ser aquella que entrega a los bancos el Banco Central, ya que los créditos contarán con la garantía del Estado y es justo que la banca comercial contribuya al esfuerzo de todos los chilenos. El Estado debe instruir claramente respecto del uso de los recursos que aporta, de manera que éstos sean canalizados sin lucro por la banca, y estén orientados a financiar exclusivamente pagos a trabajadores y proveedores, de empresas con ventas mensuales no superiores a $750 millones.

Asimismo, asumir que el FOGAPE podrá resolver la situación de las empresas, considerando que atiende solamente a las empresas que ya están bancarizadas, dejando fuera a un tercio de las micro y pequeñas empresas, parece ser un objetivo deseable, pero difícil de alcanzar sin cambios reglamentarios y operacionales. Incorporar a SERCOTEC y FOSIS como agentes operativos puede ser una alternativa.

Desde el punto de vista financiero, las medidas anunciadas no significan uso de recursos fiscales adicionales a los ya comprometidos, esto porque los US$ 2.000 millones provendrán de reasignaciones presupuestarias, y los US$ 3.000 millones, como son un fondo de garantía, se emplean sólo cuando hay que ejecutar la garantía, que sería el caso en que los créditos otorgados dejaran de pagarse, lo que no ocurriría, de ser el caso, ni en este año ni en el próximo.
Reiteramos que estos esfuerzos son insuficientes para enfrentar la crisis económica más profunda de los últimos 90 años. La magnitud de la crisis sanitaria anuncia un efecto devastador en los ingresos de las familias que pierden empleo o parte de sus remuneraciones.

Esto sólo podrá ser compensado con un aporte fiscal que sostenga esos ingresos por el período que duren los distanciamientos que las medidas sanitarias imponen, lapso que seguramente tomará al menos cuatro meses. Distintos gobiernos han ido aumentando progresivamente las medidas y aumentando el gasto, Italia llegó al 40% del PIB esta semana y países como Estados Unidos, España y Francia tiene paquetes de 20% del PIB. Chile necesita respuestas a la altura del problema, tanto en la diversificación de medidas como en el gasto público comprometido.
Insistimos, por lo tanto, en la necesidad que se establezca una Renta Básica Temporal y un verdadero subsidio para los trabajadores que no pueden desempeñar sus labores a causa de la pandemia.

FORO POR EL DESARROLLO JUSTO Y SOSTENIBLE

Frente de Trabajadores DC cuestiona moción parlamentaria que busca limitar reelección de dirigentes sindicales

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En La Fontana publicamos declaración del Frente de Trabajadores de la Democracia Cristiana (FTDC), criticando parlamentaria que pretende modificar el Código del Trabajo para limitar la reelección de los dirigentes sindicales, VIOLA el Convenio núm. 87.

*A continuación, el comunicado:

¡¡¡¡HASTA CUANDO DIPUTADOS!!!!

Otra vez a espaldas de los y las trabajadores y de sus organizaciones se inmiscuyen de manera autoritaria en los asuntos internos de los sindicatos socavando gravemente el ejercicio pleno de la libertad sindical.

La Moción parlamentaria que pretende modificar el Código del Trabajo para limitar la reelección de los dirigentes sindicales, VIOLA el Convenio núm. 87.

Esta prohibición tendrá graves consecuencias para el normal desarrollo de un movimiento sindical donde éste cuente con un número insuficiente de personas capaces de desempeñar adecuadamente las funciones de la dirección sindical.

Una legislación que limita la reelección menoscaba el derecho de las organizaciones de elegir libremente a sus representantes.

Si bien se ha progresado en la aceptación y en el ejercicio de los principios de la libertad sindical y de asociación y de la negociación colectiva, este Proyecto de Ley de la Cámara de Diputados es un retroceso. De esta manera suma un nuevo impedimento a miles de personas, trabajadores y trabajadoras, para quienes estos principios son inalcanzables o su consecución muy ardua o simplemente sus derechos en tales áreas son conculcados.

Señores Diputados, para lograr el respeto y la aplicación efectiva de estos derechos fundamentales, es necesaria la formación de una cultura democrática basada en el respeto a los derechos humanos y sociales, incluyendo los aspectos económicos, laborales, sindicales y culturales. Además de la cuestión normativa o institucional, es fundamental asegurar una convivencia cívica basada en principios y valores democráticos, universalmente aceptados e incorporados a la práctica política.

La democracia y el desarrollo con justicia social suponen el ejercicio y respeto de la libertad sindical y de la negociación colectiva cuyo déficit se expresa en discriminación, falta de dialogo social, conflictividad y exclusión.

Señores Diputados, les exigimos más ética y decencia en su actuar, la desigual distribución de la riqueza que es una característica de nuestro país y principal fuente generadora de la pobreza y exclusión social, no va a revertir sin el pleno ejercicio de la libertad sindical y la negociación colectiva que constituye, junto a un sistema fiscal progresivo y a las políticas sociales, un instrumento para mejorar la distribución de la riqueza de forma constante y progresiva.

Les recordamos que el déficit de Trabajo Decente en nuestro país tiene entre sus principales causas la falta de libertad sindical y negociación colectiva que impacta negativamente en el empleo, protección social y dialogo social. Y que hoy día frente a la pandemia que nos azota se hace más evidente.

Hoy más que nunca debemos ser capaces, como lo han manifestado diversas organizaciones sindicales, sentar las bases para negociar un nuevo contrato social entre gobiernos, empresarios y trabajadores, que incluya:

● Que la libertad sindical y la negociación colectiva son un derecho humano fundamental.
● Una campaña Nacional de salarios resulta primordial para garantizar que ningún trabajador cobre menos de un salario mínimo que le garantice poder vivir dignamente.
● La protección social universal y la garantía de unos servicios públicos vitales resultan esenciales.
● Las políticas extremistas, incluyendo xenofobia, racismo y toda forma de exclusión, deberán ser rechazadas en aras del bien común.

Finalmente, hacemos un llamado a todas las organizaciones sindicales, Centrales y Confederaciones, a sumar todos sus esfuerzos dentro de la diversidad para defender la Libertad Sindical y la Negociación Colectiva.

 

Atte., firman 

-María Antonieta Escobar Silva Secretaria Flavio Garrido Sepúlveda Presidente

-Irene Celis Ramírez Vicepresidente

-Patricio Argandoña Rojas Vicepresidente

-Jorge Consales Carvajal Vicepresidente

-Para hacer las cosas de otra manera…

Súmate y apoya al
F.T.D.C.

Senador Pizarro (DC) y medidas económicas por Covid-19: “No entiendo por qué se sigue evitando comprometer los recursos que realmente se requieren para mantener la económica”

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El senador y presidente de la comisión de Hacienda valoró que Gobierno recogiera la necesidad de ayudar a Pymes e independientes en nuevo anuncio de paquete económico. Sin embargo, insistió en que fondo no es suficiente mientras alertó sobre reasignación de presupuesto, “se está desvistiendo un santo para vestir otro”, advirtió.

Jorge Pizarro, se refirió a las medidas anunciadas en materia económica dirigida a la pequeña empresa e independientes. Al respecto, el parlamentario aseveró “me parecen bien en la línea de lo que hemos planteado varios respecto que deba haber una mayor garantía por parte del Estado, y eso por lo que se informa se va a hacer modificando el actual sistema del Fogape, fondo de garantía para la pequeña empresa. Cómo se va a implementar? A través de los bancos y aún no hay claridad al respecto y esto es urgente. Son tres mil millones de dólares y para ser francos, es mucho más lo que se necesita, yo no entiendo por qué se sigue evitando comprometer los recursos que realmente se requieren para mantener la actividad económica partiendo de la base que lo que conviene es mantener el empleo”.

En esa línea, Pizarro añadió que en el caso de las garantías estatales se requerirá cambios legales porque actualmente se garantiza hasta empresas con ventas anuales hasta 350.000 uf con sólo 30% de garantías, mientras en este plan se propone aumentar la garantías hasta 60% para empresas con hasta 1.000.000 de UF de ventas anuales. No es conveniente que se repita lo que está pasando ahora en el Banco Estado donde pocas grandes empresas se llevan el 66% de las garantías, por ello insistiremos en que se requiere regular de mejor manera hoy a las empresas pymes, advirtió.

El parlamentario agregó que “me llama la atención que se hable de generar un fondo de dos mil millones de dólares para los independientes e informales, trabajadores por cuenta propia, pescadores, taxistas, los trabajadores que tienen que salir día a día para poder vivir. Ahí, no hay claridad, es un fondo que no se conoce su alcance ni cuánto recibirán, eso es grave porque refleja inconsistencia e informalidad en el anuncio, parece que se hizo un anuncio a la rápida sin tener claridad de cómo se va a ejecutar e implementar”.

Por último, el Senador Pizarro manifestó que “el plan fiscal requiere más gasto fiscal, hacerlo vía reasignaciones y rebajas puede ser «pan para hoy» pero menor actividad para mañana. “Tampoco me parece bien que ese fondo que se crea con dos mil millones de dólares -que se ejecutara con montos reestructurando el presupuesto asignado y me preocupa que eso afecte la inversión y gasto social. Lo que necesitamos el segundo semestre es que el Estado Invierta para generar recursos en la economía local. No se pueden parar los planes de vivienda, programas de mejoramiento de barrio, infraestructura hídrica, obras publicas que implica en zonas rurales un gran aliciente de la actividad local, estamos desvistiendo un santo para vestir otro en circunstancias que necesitamos esa inversión desde el sector público para activar la economía. Me parece una vez más insuficiente y con poca claridad lo que ha anunciado el Presidente”.

Gabriela Flores, presidenta de Confusam En La Fontana dice que el gobierno «día a día va improvisando» y que el Minsal ha entregado datos erróneos sobre cifra de funcionarios de salud contagiados con coronavirus

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En la comuna de Lota, Gabriela Flores (DC) está haciendo cuarentena preventiva. Desde allí dialoga En La Fontana para analizar la crisis sanitaria que afecta a Chile y el mundo producto de la pandemia del coronavirus.

La representante de la Confederación Nacional de Funcionari@s de Salud Municipal (Confusam) apunta que al 09 de abril de 2020, en la atención primaria de salud se registran a 192 funcionarios contagiados por Covid-19. También, que hay 4 hospitalizados y 1 de ellos grave.

Por otro lado, 171 funcionarios de consultorios u hospitales se encuentran en observación por sospecha de Covid-19. Mientras que 1.575 trabajadores de salud están en cuarentena, según datos del organismo, y en tres comunas se encuentran cerrados consultorios para evitar más contagios.

Respecto del manejo del Gobierno y en específico del Ministerio de Salud (Minsal) en combatir el coronavirus Flores indica que las medidas adoptadas hasta ahora como cuarentena en algunas comunas, cordones sanitarios y estado de catástrofe con toque de queda, son insuficientes. Sigue habiendo carencia en insumos médicos y mascarillas en diferentes consultorios y hospitales del país.

«El Gobierno sigue siendo un fracaso, partiendo porque, primero, elaboran instructivos, hacen ordenanza acerca de lo que se tiene que hacer e implementar y en dos días el ministro de Salud, Jaime Mañalich, cambia todas las órdenes que da. Por ejemplo, dijo que las mascarillas no eran necesarias usarlas y ahora se decreta que es obligación usarlas en el transporte público y en algunos privados», parte diciendo a nuestro medio Flores.

Y añade: «Lo que necesitamos como funcionarios es que nos entreguen más elementos de protección y seguridad para trabajar adecuadamente en nuestras dependencias de salud primaria, porque somos la primera línea».

Sobre este tema, la dirigenta cree que el Gobierno «día a día va improvisando, a medida de cómo avanza esta pandemia en Chile. Además, los datos que entrega no sé de dónde los saca el Minsal y con cuánto retraso los reciben, porque cuando habla de 200 y fracción funcionarios de la salud infectados, yo me pregunto quiénes son. Lo anterior, porque solo en la atención primaria tenemos a 192 contagiados con Covid-19», comentó.

-¿Los datos del Minsal son erróneos?

-El ministro Mañalich sigue hablando de los funcionarios de Salud con datos que no reflejan la realidad, porque nosotros tenemos 1.575 funcionarios en cuarentena y otros 175 en espera de la confirmación del contagio, por tanto, no cuadra lo que informa el Minsal. Además, si sumamos a todos los funcionarios de salud, tanto de nivel central como de atención primaria deben ser más de 400 los contagiados.

-¿En cuanto a los testeos de personas sospechosas de contagio han estado a la altura, en comparación con otros países de Latinoamérica?

-Eso no es así. Se está testeando unos 4 mil o 5 mil personas, pero no es lo que nosotros habíamos pedido, como testeo general. Los resultados del Instituto de Salud Pública (ISP) tienen un retraso de 48 a 72 horas, entonces, ahí pienso que el Gobierno está equivocado y las cifras no cuadran. Si en lo que tiene que ver con contabilizar con el número de contagiados de los funcionarios de salud hay errores, me imagino que nivel general de la población también deben haber más errores y retrasos para saber las cifras reales de contagios, que deben ser más personas de las que se informa oficialmente.

-¿Cómo evalúa la gestión de la Mesa Social del Covid-19 y el actuar del Colegio Médico en dicha instancia?

-La mesa social del Covid-19 no refleja la voz de los trabajadores. Nosotros reclamamos desde el inicio esta situación, porque como Confusam somos una organización pluriestamental, que están los médicos, auxiliares, conductores, administrativos, etc., y sabemos nuestra realidad. El Colegio Médico lo ha hecho bien, pero solo representan a un estamento del área salud. O sea, a nosotros nos gustaría participar a estas instancias, estamos abiertos al diálogo, pero nunca nos invitan.

-¿Y siguen faltando insumos médicos y Elementos de Protección Personal (EPP)?

-Los EPP, que son los elementos de protección, no tenemos. Según la autoridad sanitaria, se destinaron 52 mil millones de pesos para la atención primaria y cuando le pregunto a los alcaldes si estos recursos le han llegado, me dicen que no han recibido nada. Entonces, le hemos pedido al Minsal que nos entregue datos más claro, para saber dónde, cuándo y cuánto se ha entregado de forma específica, en cada servicio de salud y en cada comuna.

-¿Lo peor está por venir, según usted, por esta mandemia?

-El peak se va a notar a fin de mes o principios de mayo. Lo que más nos preocupa es que se viene el virus sincicial en junio y la influenza. Se nos pueden juntar estos virus y ahí sí que se podría poner grave la situación.

-¿La población chilena ha sido responsable en respetar cuarentenas y medidas decretadas por la autoridad sanitaria?

-Esto no es tema solo del Gobierno. Mucha gente ha sido irresponsable, porque creen que estamos de vacaciones y van a las plazas, supermercados, etc. No saben el grave daño que se están haciendo a ellos mismos a los propios trabajadores de la salud. Estamos con insumos básicos de mascarillas y guantes quirúrgicos, pero algo que es insuficiente y, por eso, tantos trabajadores nos hemos contagiado y seguirán contagiándose, al ser la primera línea de atención (…) Le hemos pedido al Gobierno que lo que diga lo haga. Señala que hay mucha plata destinada a la salud, pero no lo hemos visto reflejado en terreno por falta de mascarillas y materiales para proteger a la primera línea.//ELF

Red de Estudios Nueva Economía plantea que medidas económicas del Gobierno para enfrentar el Covid-19 son insuficientes

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*En La Fontana publicamos Declaración de la Red de Estudios Nueva Economía sobre las medidas para enfrentar el Covid-19.

Estamos en medio de una pandemia global, cuya magnitud traerá profundas consecuencias sociales y económicas. La Organización Internacional de Trabajadores (OIT) [1] proyecta que a nivel global se perderán cerca de 25 millones de empleos.

El Banco de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos vaticinó que su tasa de desempleo llegará al 30%
[2] y se ha estimado que el PIB de China, en estos dos primeros meses del año, se contrajo un 13% [3]. Se señala que, incluso, el virus no sólo traerá muertes, sino que aumentará notablemente la pobreza [4].

La crisis que enfrentamos es similar a un desastre natural: debido a su relación con una pandemia, el daño realizado a la economía se va a recuperar rápidamente una vez ésta pase. Pero al mismo tiempo es una crisis profunda, y a diferencia de un desastre natural, su finalización aún está lejos de verse.

Este tipo de crisis muestra las graves contradicciones de nuestro sistema: sin la masa trabajadora, crecientemente desprotegida, el sistema no se mueve. Los primeros efectos de las cuarentenas voluntarias se van a sentir por el lado de la demanda, con la reducción de ingresos, y la consecuente caída en consumo, con las industrias de servicios y transporte sintiendo de manera inmediata el efecto de la crisis. Pasadas las semanas, sin embargo, el efecto en el lado de la producción se va a empezar a sentir, lo que podría generar importantes cortes en suministros de bienes y servicios esenciales para la población. Por tanto, sin un fuerte impulso fiscal, y sin medidas de planificación económica, la economía y los sectores de menores ingresos en la población no podrán aguantar esta crisis sin verse profundamente perjudicados.

La otra contradicción presente es la referente a la crisis de los cuidados. Por un lado, mientras el resto del trabajo se repliega, el trabajo de cuidados remunerado y no remunerado, que recae principalmente en las mujeres, se va a ver especialmente presionado en condiciones en que una parte importante de la población está en riesgo de enfermar. Los y las trabajadores de la salud se ven en la vanguardia de la respuesta al virus, implicando condiciones óptimas y riesgosas de trabajo, y mayor explotación. Las trabajadoras de casa particular, más precarizadas que otros trabajos, enfrentan la mayor desprotección, viéndose en la disyuntiva entre elegir mantener su trabajo o perderlo para volver a sus hogares, arriesgando su salud en el proceso [5].

Frente a estas realidades, los países del mundo han reaccionado con medidas económicas sustanciales, aunque ocasionalmente muy tarde. En materia laboral, Italia ha establecido que no se podrá despedir trabajadores por dos meses. En Francia, las y los trabajadores independientes podrán recibir un fondo de solidaridad sostenido con fondos públicos. El gobierno danés anunció que temporalmente cubrirá el 75% del sueldo de las y los trabajadores de empresas privadas que podrían perder sus empleos como consecuencia de la crisis del coronavirus, bajo el compromiso de que no haya despidos [6].

Además, medios de todo el mundo se abren al debate de medidas como el Ingreso Básico Universal [7].En materia empresarial, se espera que las actividades económicas sufran una ralentización. El Reino Unido ha propuesto comprar sus aerolíneas [8]. Francia e Italia planean nacionalizar grandes empresas para protegerlas [9]. Alemania también planea comprar participaciones en empresas que lo requieran por falta de liquidez [10].

En comparación, el programa económico ofrecido por el gobierno hasta ahora es correcto en medidas impositivas transitorias para la crisis – esto es, en la protección del capital- y profundamente deficiente en todo lo demás. Especialmente en la protección de los ingresos y puestos de trabajo de los hogares, las medidas no están a la altura de lo necesario, dejando en desprotección especialmente a trabajadoras y trabajadores informales, gran parte de ellos inmigrantes, y a los sectores productivos más afectados por la crisis. Para peor, la aprobación de la ley de teletrabajo implica una mayor precarización de los trabajadores en momentos especialmente críticos para la población.

Chile ha propuesto un gasto del 5% del PIB, lo que ya en términos comparados resulta ser menor a lo que países como Francia (12%) o España (20%), en la frontera de la respuesta económica a la pandemia, están haciendo. A diferencia de estos países, y aún en estos momentos, Chile está en un punto de ventaja para tomar medidas más firmes, que comprendan una respuesta directa a la crisis. Por otro lado, hay medidas que se pueden y deben extender al largo plazo, una vez superada esta pandemia. No es la primera y, en este siglo, no va a ser la última vez que enfrentemos situaciones como la anterior.

En el anexo a esta declaración, dejamos una serie de medidas económicas para mantener el ingreso, la producción y distribución durante la contingencia, y también, medidas de largo plazo para estar estructuralmente mejor preparados frente a contingencias similares.

*Ver anexos y declaración completa acá:

DECLARACIÓN-DE-LA-RED-DE-ESTUDIOS-NUEVA-ECONOMÍA-SOBRE-LAS-MEDIDAS-PARA-ENFRENTAR-EL-COVID-19