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ANEF anuncia que presentará recurso de protección para no volver a trabajo presencial

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La decisión de la ANEF se debe al instructivo del Gobierno respecto a que los funcionaros públicos comiencen a generar un retorno gradual a trabajar de manera presencial.

El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez, anunció este domingo, que presentarán un recurso de protección para que empleados públicos no vuelvan al trabajo presencial. “No es por un capricho, es por autocuidado”, indicó en rueda de prensa.

“Es una medida arbitraria, irresponsable, falta de criterio y criminal, que pretende una supuesta normalización del trabajo y la función pública, en circunstancias que la pandemia planetaria del COVID-19 no solo mantiene al país en el estado de excepción constitucional de catástrofe, sino que se siguen incrementado las cifras de infectados y fallecidos en una curva ascendente que no se detiene”, señaló la agrupación en un comunicado.

La decisión de la ANEF se debe al instructivo del Gobierno respecto a que los funcionaros públicos comiencen a generar un retorno gradual a trabajar de manera presencial, a partir del lunes 20 de abril.

*Ver recurso de protección:

PROTECCIÓN ANEF POR OFICIO DE MINISTERIO DE HACIENDA.

 

ANEF llama a que funcionarios públicos no regresen a sus funciones presenciales o solo hagan «turnos éticos», pese a instructivo del Gobierno que obliga al retorno de labores

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*En La Fontana publicamos declaración pública de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) sobre decisión del Gobierno del retorno a sus labores presenciales de los funcionarios públicos:

LA ANEF TOMA DECISIONES Y FIJA UN ITINERARIO FRENTE A LA DECISIÓN DEL GOBIERNO DE OBLIGAR A LOS TRABAJADORES/AS PÚBLICOS A VOLVER AL TRABAJO PRESENCIAL

Con fecha 18 abril, el Directorio ampliado constituido por las y los dirigentes Nacionales y Consejeros Regionales de la Confederación, con el fin de establecer las decisiones y acciones frente a la pretensión del gobierno, que mediante el Oficio Circular Nº 18, suscrito por el Ministerio Interior y del Ministerio de hacienda en el día de ayer, ordena la reincorporación masiva de los funcionarios públicos a sus reparticiones públicas, en modalidad de trabajo presencial.

En la citada reunión se acordó un rechazo categórico a las pretensiones del gobierno, por tratarse de una medida arbitraria, irresponsable, falta de criterio y criminal, que pretende una supuesta normalización del trabajo y la función pública, en circunstancias que la pandemia planetaria del COVID-19 no solo mantiene al país en el estado de excepción constitucional de catástrofe, sino que se siguen incrementado las cifras de infectados y fallecidos en una curva ascendente que no se detiene.

La negativa de ANEF va asociada al grave riesgo que tal decisión representa para los miles de funcionarios/as públicos que debieran volver a trabajar presencialmente, riesgos para la vida y la salud, que transforman esta disposición en un acto irracional, que no trepida en aceptar las consecuencias mortales que puede acarrear, para mostrar, en definitiva, paulatinamente una “normalidad económica”, con un claro pronunciamiento en favor de la actividad económico empresarial que la vida y la salud de los trabajadores que, sin tener las condiciones adecuadas para compartir espacios sin grave riesgo para su seguridad, se verán obligados a abarrotar la locomoción colectiva e interactuar con sus compañero y sus usuarios en claras condiciones de hacinamiento, propicia al propio contagio y al contagio a otras personas.

Las decisiones del Directorio ampliado dicen relación con las siguientes materias:

1. En el marco de los derechos constitucionales a la vida y la salud de los funcionarios/as públicas, reconocidas en el Art. 19 Nº 1 de la Constitución, y que encuentran correlato en las normas laborales del Art. 184 bis del Código del Trabajo, aplicable supletoriamente al ámbito del estatuto administrativo, se hace un llamado a todos los trabajadores/as públicos a no acudir a sus trabajos de modo presencial, continuando sus labores de carácter remoto y/o realizando, eventualmente, servicios mínimos en modalidad de turnos esenciales o éticos. Dejando en claro que las y los funcionarios públicos mantenemos la continuidad de los servicios del Estado.

2. Basado en las razones constitucionales y legales antes invocadas, se decide la presentación de recursos constitucionales de protección, Art. 20 de la Constitucional Política, basado en la grave amenaza de los derechos a la vida y a la integridad física y psíquica de los trabajadores/as públicos por estas medidas de restablecimiento de los servicios presenciales.

3. La realización de un punto de prensa el día domingo 19 del presente año, 10:30 hrs. sede de la ANEF, para comunicar estas decisiones y las acciones pertinentes, tanto legales, comunicacionales y de movilización social.

4. La integración y coordinación de estas medidas con los movimiento sindicales y sociales, para constituir un frente a los desvaríos de un gobierno obsesionado con la regularización de los mercados, a costa de vidas humanas.

5. Realizar acciones sindicales de movilización unitarias por las y los dirigentes sindicales de la Asociaciones de funcionarios en cada repartición publica de todo el país.

Posteriormente, y en horas de la tarde, la ANEF realizó un Consejo de Presidentes y Delegados, con la concurrencia de gran parte de los dirigentes de bases, quienes por unanimidad apoyaron y ratificaron estas medidas comprometiendo su trabajo de acompañar y orientar a las y los afiliados a sus organizaciones sindicales.

Hoy la ANEF, con una sola voz se pronuncia en contra de las decisiones criminales de un gobierno, que esta vez coloca la vida y salud de los trabajadores, como moneda de cambio para los propósitos empresariales y de mercado. No al regreso masivo de los funcionarios al trabajo presencial, no al privilegio del mercado por sobre la dignidad de la vida humana y la salud de la población.

Foro de Desarrollo Justo y Sostenible considera que el Banco Central debe estar facultado para financiar directamente al fisco, en situaciones de pandemias, terremotos, guerra u otras catástrofes

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*En La Fontana publicamos declaración pública del Foro de Desarrollo Justo y Sostenible.

DECLARACIÓN SOBRE FINANCIAMIENTO DEL BANCO CENTRAL AL FISCO

El capítulo XIII de la Constitución Política de la República (CPR) regula al Banco Central, reconociendo concretamente el carácter autonomo, colegiado y técnico de éste para el cumplimiento de sus atribuciones.
Como regla general, el artículo 109 inciso segundo prohibe expresamente que gasto público o préstamo alguno podrá financiarse con créditos directos o indirectos otorgados por el Banco Central (BCCH). Sin embargo, el inciso tercero del mismo artículo establece la excepción a dicha regla, al facultar que sólo en caso de guerra exterior o peligro de ella, que calificará el Consejo de Seguridad Nacional, el BC podrá obtener, otorgar o financiar créditos al Estado y entidades públicas y privadas.

A raíz de la profunda crisis económica derivada de la pandemia del Coronavirus, ha surgido la oportunidad de reflexionar sobre el rol institucional que cumple el BC en nuestra democracia. En ese sentido, se han efectuado planteamientos en torno a ampliar las facultades del BCCH, en dos aspectos.

Se plantea la conveniencia de que el BCCH siempre esté facultado para prestarle “indirectamente” al Fisco. En efecto, es una intencionada anomalía que nuestra Constitución prohíba al BC llevar a cabo operaciones de mercado abierto en el mercado secundario con instrumentos financieros emitidos por el Estado, ya que ello puede limitar la capacidad del BC de regular la liquidez en la economía, así como de influenciar la tasa de interés de largo plazo, al tener el BCCH un instrumento menos para llevar a cabo una política monetaria más efectiva.

Cabe señalar que, contrariamente a lo que pueda parecer, en este caso el BCCH no le está prestando recursos “frescos” al Fisco, ya que son operaciones con bonos del Gobierno que fueron emitidos, en el mercado “primario” con anterioridad, y con esa anterioridad, en el pasado, la colocación de dichos bonos en los mercados le permitió al Fisco tener más recursos para financiar su gasto.

• Es conveniente que, en normalidad constitucional, y ya reconocida la atribución de financiamiento indirecto de créditos, el BC no pueda prestar «directamente» al Fisco. Ello, por cuanto dicho financiamiento directo puede relajar la disciplina fiscal y llevar a importantes desequilibrios macroeconómicos.

• Sin embargo, ante estados de excepción constitucional, el BC debe poder prestarle directamente al Fisco, no solo en caso de guerra (lo que está ya contemplado en la CPR y en su ley orgánica constitucional), sino también en casos catástrofes, tales como terremotos o pandemias). Las condiciones deben ser las siguientes. Primero, debe especificarse la motivación precisa y suficiente de dicho(s) estado(s). Segundo, debe constatarse que el Fisco no tiene acceso a los mercados para su financiamiento. Y tercero, es necesario que el presidente de la República lo requiera, con el acuerdo de los presidentes del Senado y/o de la Cámara de Diputados. La idea es que el presidente de la República acuerde con el Congreso activar esta atribución por legitimidad democrática.

La propuesta permite que ésta sea una actividad ejercitada en forma separada del estado de excepción, que pueda activarse por esta vía, pero que no sea su consecuencia inmediata. Si un conjunto exigente de instancias democráticas, en esas condiciones, optan por ejercer dicha atribución, el BC debe estar autorizado a financiar al Fisco. Ese financiamiento debe ser limitado en el tiempo, y en condiciones de costos que no comprometan el patrimonio del BC.

Nos parece incorrecto negarse a esta posibilidad, con argumentos referidos a la experiencia inflacionaria chilena de la segunda mitad del siglo pasado, o la de algunos países de América Latina en la actualidad. Primero, porque la institucionalidad actual del BCCH es muy diferente a la del pasado y Chile ha logrado hace 30 años controlar la inflación. Segundo, porque se trata aquí es de situaciones de excepción constitucional, bien precisadas, graves y acotadas en el tiempo.

En síntesis, este Foro considera que el BCCH siempre debe estar facultado para operar en el mercado secundario de bonos. Asimismo, este Foro considera que el BCCH debe estar facultado para financiar directamente al Fisco, en situaciones de guerra, pandemias, terremotos u otras catástrofes, debidamente calificadas. En ese sentido, es de toda conveniencia modificar la Constitución y la Ley Orgánica Constitucional del BCCH a este respecto.

No obstante, la propuesta formulada, el problema más serio que enfrentamos es el de la política fiscal, a cargo del presidente de la República.

El Foro considera que esta debe ser mucho más agresiva e imaginativa. Actualmente, esta no tiene dificultades de financiamiento, pero sí confronta «restricciones ideológicas» e ineficiencia operativa. Es cosa de ver lo que están haciendo países como Dinamarca, Australia, Alemania, Japón y muchos otros más, donde se utilizan diversos mecanismos y medidas para intentar mantener los ingresos y la capacidad de compra de la población; la mantención de los empleos (aunque sea a tiempo parcial), así como la subsistencia de las empresas.

Diputados PPD piden al Gobierno permitir el retiro de fondos de AFP por la crisis sanitaria

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Esto, tras el primer intento de admitir un proyecto de ley para que los cotizantes pudiesen retirar parte de sus ahorros previsionales y poder hacer uso de ellos durante este periodo de emergencia sanitaria, el cual fue obstaculizado por Chile Vamos.

El diputado Rodrigo González (PPD), vicepresidente de la Cámara, acusó un actuar “poco empático con las necesidades de los trabajadores y sectores más vulnerables” por parte de los parlamentarios de Chile Vamos, luego de que éstos votaran en contra de la admisibilidad del proyecto de ley para que los cotizantes pudiesen retirar parte de sus ahorros previsionales y poder hacer uso de ellos durante este periodo de emergencia sanitaria.

“La votación en contra de la iniciativa es el fiel reflejo de una derecha que no empatiza con la disminución de ingresos y la angustia por la cesantía y las deudas de millones de chilenos que tienen que salir a trabajar o hacer filas interminables para cobrar el seguro de cesantía, el mísero bono del gobierno o sus magras pensiones”, sostuvo el parlamentario.

“Ellos prefieren defender a las AFP, que han sido incapaces de invertir bien los fondos, han tenido enormes pérdidas a costas de los trabajadores, pero siguen ganando y cobrando sus comisiones” agregó González.

El diputado emplazó al Ejecutivo a tomar la iniciativa en sus manos: “llamo al Presidente Piñera a presentar un proyecto de ley o a tener reciprocidad con este que hemos presentado diputados de la oposición para que cada chileno si necesita pueda retirar parte de sus fondos previsionales”.

“Hemos apoyado y mejorado todos los proyectos del Ejecutivo respondiendo con unidad a la emergencia nacional. Corresponde ahora un gesto de reciprocidad del Ejecutivo”, señaló el parlamentario, haciendo referencia a la última conversación de la nueva Mesa de la Cámara con el jefe del Estado.

Rodrigo González explicó que el proyecto de ley plantea “el retiro desde 5 ingresos mínimos mensuales hasta un máximo de 150 UF en cuotas iguales por 5 meses, durante el estado constitucional de catástrofe o alerta sanitaria. Estos fondos retirados constituirán un préstamo al Estado y serán restituidos bajo la forma de un bono de reconocimiento con reajuste anual de un 4% al momento en que el trabajador se jubile”.

Bancada DC pide al Ejecutivo rectificar circular por retorno presencial al trabajo de funcionarios públicos: “El Gobierno les falta el respeto con una decisión de enorme riesgo sanitario”

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Sumaron críticas, además, a la reapertura de mall y centros comerciales, criticando la falta de transparencia y los informes erróneos de contagiados por Covid-19. 

Junto con respaldar las declaraciones formuladas hoy por la Anef, en las que rechazan el llamado del Gobierno al retorno presencial a sus fuentes de trabajo, la bancada de diputados DC pidió al Gobierno rectificar esta instrucción, sumando la misma crítica por la reapertura de mall y centros comerciales, calificando estas medidas como “de una enorme irresponsabilidad, pues ponen en riesgo la vida de miles de personas aun considerando que no llegamos al peak de los contagios en el país y cuando, además, observamos informes fallidos que no reflejan la realidad con certeza en cuanto a contagiados en Chile”.

Así lo manifestaron el jefe de la bancada DC, Daniel Verdessi y el diputado DC Víctor Torres, quienes agregaron que, además, el Consejo Asesor Covid-19 no fue consultado antes de que se emitiera la circular sobre el retorno al trabajo presencial por parte de los ministros de Interior y Hacienda. “No sabemos cuál es el fundamento y la razón sanitaria para exponer de esta forma a miles de personas”, señalaron Torres y Verdessi.

El diputado Torres agregó que “tanto el retorno de miles de funcionarios a su trabajo en forma presencial, como la reapertura de centros comerciales, sin haber alcanzado el peak de la enfermedad y además con datos erróneos, son un enorme riesgo sanitario, más aún sin una estrategia implementada sobre testeos masivos para pesquisa de pacientes asintomáticos, que tienen capacidad de contagiar a otros. Si a ello sumamos la falta de transparencia del gobierno sobre dicha estrategia de confinamiento parcial con fórmula de soltar y apretar, y datos aún imprecisos, todo aquello sin duda aumenta y, con razón, la desconfianza en actores sociales, científicos, políticos y ciudadanos en general, afectando la adhesión a cualquier medida que quiera adoptar la autoridad sanitaria».

La diputada DC, Joanna Pérez, en tanto, presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, agregó que “hemos recibido en las últimas horas numerosos mensajes y consultas por parte de funcionarios públicos y con justa razón. Llamamos al Gobierno a rectificar su decisión; creemos que aún nos encontramos en una etapa en que lo primordial es cuidar la salud de todos los trabajadores. Me he reunido con parlamentarios de oposición y con los dirigentes de los funcionarios públicos para respaldar a los trabajadores que han demostrado una enorme vocación de servicio durante este tiempo. El Gobierno les está faltando el respeto; es temerario».

El diputado Mario Venegas, parlamentario por la Araucanía, una de las zonas más afectadas por la pandemia- agregó que “el Gobierno debe transparentar sus razones, y además los argumentos que tiene para que los centros comerciales vuelvan a abrir y para pedirle a los funcionarios públicos que retornen a sus oficinas; nadie lo entiende, es una decisión a lo menos irresponsable. Por un lado se le pide a la ciudadanía cuidarse y, por otro, se expone a miles de personas innecesariamente. En nuestra región, la situación es realmente crítica y aún falta el impacto de la contaminación en el aire producto de las bajas temperaturas».

PS exige al Gobierno revertir decisión de relajar medidas de aislamiento social en medio de la pandemia del coronavirus

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*En La Fontana publicamos declaración pública de la Bancada socialista, que convocará a sesión especial de la Cámara para que ministros den explicaciones.

En relación al anuncio del Gobierno del restablecimiento del trabajo presencial de los servicios públicos y de la normalización de la actividad económica, el Partido Socialista de
Chile declara:

1.- El relajamiento de las medidas sanitarias de aislamiento social es una decisión imprudente, apresurada e irresponsable que no se condice con lo que el propio Presidente Piñera ha señalado, en el sentido de que estamos entrando en las semanas más complejas de propagación de la epidemia en el país. Es especialmente grave, además, que está decisión gubernamental no haya sido consultada con el Consejo Asesor ni tampoco informada a la Mesa Social Covid-19.

2.- El Gobierno ha cedido ante las presiones que profusamente han señalado -explícita o implícitamente- en los medios de comunicación que la actividad económica debe continuar sin restricciones, a pesar del alto riesgo para la salud de las trabajadoras, los trabajadores y la población en general. Hay quienes, incluso, con desenfado han dicho que la economía es más importante que las vidas humanas, expresiones que son absolutamente inaceptables.

3.- Si bien la actividad económica es relevante, no se puede hacer todo a cualquier precio, más aún cuando se trata de la salud y la vida de las personas. Abrir los centros comerciales, como si nada estuviera ocurriendo, es una insensatez inexplicable, más todavía considerando que se trata de una medida sanitaria cuya competencia recae en el Ministerio de Salud y no en las autoridades económicas del Gobierno, como de hecho ha ocurrido.

4.- El compromiso permanente de los socialistas es la defensa irrestricta de las
trabajadoras, los trabajadores y sus familias. El Estado es fundamental para ese propósito y, por ello, valoramos la labor que realizan los funcionarios de la salud y todos los que trabajan en los distintos servicios públicos, tanto de manera presencial como telemática o
a distancia, en beneficio de la comunidad.

5.- Los organismos públicos han mantenido su trabajo presencial en casos de servicios esenciales. Restringir y poner término a las medidas de teletrabajo respecto de los demás

funcionarios públicos es una irresponsabilidad que no sólo afecta su salud y la de sus familias, sino también la de toda la población. Por ello, el Partido Socialista se suma al llamado de la ANEF a proteger la salud y la vida de los funcionarios públicos.

6.- Las medidas anunciadas por el Gobierno destinadas a la protección social de las trabajadoras y los trabajadores, tanto formales como informales, son insuficientes. La situación ahora se torna más grave cuando se eliminan medidas sanitarias con decisiones faltas de transparencia y fundamento técnico, poniendo en riesgo la vida y la salud de nuestros compatriotas.

7.- Exhortamos al Gobierno a actuar con mayor grado de responsabilidad. La crisis sanitaria aún no ha sido superada. Por el contrario, se encuentra en plena evolución.

Ahora es cuando, precisamente, debemos actuar con extrema prudencia y cuidado, dejando de lado la improvisación.

8.- Por lo anterior, rechazamos de forma categórica esta decisión gubernamental y exigimos que sea revertida. La bancada de diputadas y diputados de nuestro partido solicitará formalmente la realización de una sesión especial de la Cámara para que los ministros del Interior, Hacienda y Salud expliquen los fundamentos de esta medida.

Adicionalmente, las comisiones respectivas, tanto de la Cámara como del Senado, convocarán a estos secretarios de Estado para que den cuenta de los fundamentos del anuncio.

Atte.,

MESA EJECUTIVA PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE

Santiago, 18 de abril de 2020