Notas

Por Rodolfo Fortunatti

Analista político y sociólogo DC

Al cabo de meses de su entrada en vigor ―bajo los estados de emergencia y de catástrofe―, el balance que deja el toque de queda revela una involución en materia de libertades y derechos, y ningún avance imputable al mismo en lo relativo a seguridad humana. El toque de queda ha servido para que militares y policías ingresen a hogares y recintos privados, recluyan personas, propinen apremios ilegítimos y se cobren víctimas fatales.

Nada justifica el toque de queda. Y nada autoriza volver a extender en marzo su vigencia. El control militar y policial, tal y como se ha ejercido hasta ahora sobre las libertades de movilidad, de reunión y de opinión de la población, evoca los peores recuerdos de la represión, de los tiempos en que se hacía desaparecer personas, se torturaba y se perseguía a los opositores por sus ideas. Aún palpita en la memoria colectiva que desde 1973 hasta 1987 el toque de queda fue el instrumento empleado por el régimen civil militar para facilitar las operaciones encubiertas, practicadas primero por la DINA y después por la CNI, destinadas a desactivar a la disidencia y, de este modo, consolidar el gobierno de facto, recurso que sin embargo no impidió las protestas nacionales y tampoco evitó la internación de armas de Carrizal Bajo o el atentado a Pinochet.

«Cómo, señor González —preguntaba en 1998 el escritor Luis Sepúlveda al expresidente del gobierno español—, no ver la fractura de una sociedad que durante 13 años soportó el toque de queda, el casi estado de sitio permanente en el que toda reunión de más de tres personas era un delito de subversión, el miedo como una constante reguladora de cualquier expresión de vida, el silencio como la mejor forma de sobrevivir, la delación como valor patriótico, la impúdica apatía del “por algo será”, “algo habrán hecho” que servía de manto para cubrir a las víctimas degolladas en las calles de Santiago».

La naturalización del toque de queda implicó que durante esos trece años la gente vivió enclaustrada en sus domicilios. Al principio, en los días siguientes al golpe de Estado, la medida se impuso con breves interrupciones para permitir a las personas hacer compras y trámites de urgencia. Posteriormente, la restricción se instaló como una institución regular y cotidiana de nueve horas de duración cada día. Se llegaba a las fiestas “de toque a toque”, como por entonces se las llamaba, antes de las nueve de la noche, y solo se las abandonaba después de las seis de la madrugada.

Desde esa época el toque de queda ha sido declarado en 2010, con ocasión de los actos de saqueo que se produjeron en ciudades como Concepción y Talca tras el terremoto del 26 de febrero de aquel año; en 2019, desde las 7 de la tarde hasta las 6 de la mañana, para sofocar/encender el estallido social; y en 2020, como medida adicional a los controles sanitarios dispuestos por el gobierno para hacer frente a la pandemia de Covid-19.

El toque de queda implantado a propósito del estallido social duró más de dos meses, desde el 19 de octubre hasta el 26 de diciembre de 2019, mientras que el toque de queda que le siguió tras un receso de tres meses, el impuesto a raíz de la calamidad pública acarreada por el coronavirus, cumplirá un año de vigencia el próximo 18 de marzo.

Un discrecional uso de la fuerza

El toque de queda es una herramienta excepcional en una sociedad libre, democrática y respetuosa de los derechos y garantías individuales. Así lo han entendido tras largas luchas y sufrimientos las naciones más evolucionadas de Europa. Un tribunal de Holanda, donde no se instituía el toque de queda desde la ocupación nazi de la Segunda Guerra Mundial, dictaminó en medio de fuertes protestas y de violentas represiones, que el gobierno debía levantarlo. La corte de La Haya concluyó que ―al igual que en Chile― no se había podido justificar la medida que viola las libertades de movimiento y la privacidad y restringe los derechos de reunión y de manifestación.

Pese a que la inobservancia del toque de queda constituye no más que una falta que se sanciona con multa, su mantención ha dado origen a persistentes abusos de agentes del Estado que se conducen con discrecionalidad frente a los civiles. Al cabo de meses de su entrada en vigor ―bajo los estados de emergencia y de catástrofe―, el balance que deja el toque de queda revela una involución en materia de libertades y derechos, y ningún avance imputable al mismo en lo relativo a seguridad humana. El toque de queda ha servido para que militares y policías ingresen a hogares y recintos privados, recluyan personas, propinen apremios ilegítimos y se cobren víctimas fatales.

Durante el estallido se sucedieron numerosas denuncias contra militares por la represión desencadenada, como documenta Alberto Mayol en Protestas y disrupción política y social en Chile 2019. La coacción ejercida contra la población civil llegó a tales extremos que, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, saltó «fuera de las normas y estándares internacionales de derechos humanos». Victoria Flores y Daniel González confirman en su tesis de periodismo Estallido social en Chile 2019, que «los datos de las lesiones varían según las fuentes de 3.449 que contabiliza el Instituto Nacional de los Derechos Humanos hasta las 12.738 atenciones médicas de urgencias que indica el Ministerio de Salud que se prestaron durante las movilizaciones. De las que tiene constancia el INDH, “51 sufrieron heridas de bala, 1.554 por perdigones, 198 por disparos de armas de fuego no identificadas y 180 por balines”. A esto se le suman 1.446 que sufrieron golpes, inhalaciones de gas…» Observadores, como Miguel Vicuña en Revolución plebiscitaria en Chile, sostienen que tales excesos se dieron en el contexto de un coup d’état dirigido a frenar a la oposición y a clausurar las investigaciones en curso sobre corrupción y violencia de las Fuerzas Armadas y Carabineros.

Pero la represión amparada en el toque de queda no cesó con el estallido de 2019, sino que se reeditó a lo largo de la pandemia de coronavirus, generando efectos colaterales a la violencia discrecional que en sí misma entraña la medida. El toque de queda ha provocado aglomeraciones en el transporte público, las que han alterado la vida laboral de los ciudadanos y mermado sus ingresos en tiempos de catástrofe. De hecho, el Ministerio del Trabajo entendió y así lo hizo saber, que los empleadores no estaban obligados a pagar salarios a los trabajadores impedidos de concurrir a sus labores por efecto del toque de queda. Muchas profesiones y actividades económicas no pueden ejercerse ni realizarse a raíz de las barreras impuestas por el toque de queda.

No se necesitan militares en las calles

¿Qué valor agrega el toque de queda al denominado Plan Paso a Paso? ¿Por qué limitar la movilidad nocturna de la gente? ¿Por qué hacerlo cuando, con independencia del toque de queda, el Plan jerarquiza los territorios y actividades sociales y económicas conforme a las categorías restrictivas de Apertura, Preparación, Transición y Cuarentena?

¿Por qué el toque de queda cuando la condición más extrema, que es la Cuarentena, prohíbe salir de casa, las reuniones sociales, la práctica de oficios, ritos y ceremonias, el funcionamiento de restaurantes, cafés, cines, teatros, pubs, discotecas, gimnasios, clubes de adulto mayores y centros de día? Actualmente hay 40 comunas del país en esta situación, que corresponde al Paso 1.

¿Por qué el toque de queda cuando la Apertura Inicial, que es el control más blando, impide las reuniones de más de 30 personas en casas particulares, y las públicas al aire libre de más de 300 asistentes, el trabajo de pubs y discotecas y el traslado a localidades en Cuarentena y Transición? De manera redundante el régimen de Apertura Inicial suprime, asimismo, todo tipo de eventos durante el horario de toque de queda, que es la causal invocada por las policías para irrumpir y practicar redadas en cumpleaños, celebraciones familiares o juntas de amigos, todas las cuales reciben el mal pensado título periodístico de “reuniones clandestinas”. La sociología policial nativa, sin embargo, ha reservado el concepto únicamente a aquellos eventos donde se cobra la entrada y el consumo, es decir, donde se da una relación de mercado, lo que lo convierte en un término económico.

El caso es que nada más que 11 comunas han quedado clasificadas en el Paso 4, de Apertura Inicial, en los momentos que hay 128 comunas en el Paso 3, de Preparación, y 166 comunas en el Paso 2, de Transición. Dicho de otra forma: la movilidad de las personas ha quedado prácticamente restringida en todo el territorio nacional.

El Ejecutivo celebra ―y con razón tras largos meses de errores y desaciertos― la vacunación de cuatro millones de personas hacia fines de febrero. Tal satisfacción debe ser valorada en su mérito, que lo tiene. Como lo tienen los municipios y el personal asignado a dicha tarea. Del mismo modo que lo tienen los funcionarios de la salud. Pero también lo tiene la población que ―a excepción de los “vacunados VIP”, apenas el 1%― ha concurrido disciplinada y cívicamente a los lugares de atención siguiendo el calendario de grupos específicos. Luego, si el proceso está siendo exitoso, sólo puede significar que estamos ad portas del fin de la pandemia o, a lo menos, de una drástica reducción de las hospitalizaciones. Y el proceso solo puede estar siendo exitoso para la autoridad sanitaria, si se lo juzga por la aprobación de funcionamiento de cines y casinos. Sin ir más lejos, el ministro de Economía, que parece hablar por el de Educación, ha exhortado a los profesores a volver al trabajo. Y el presidente de la ANFP ha dicho que «estamos muy cerca de que vuelva el público a los estadios». ¿Por qué entonces sería necesario prolongar la excepción constitucional de catástrofe y consigo la facultad presidencial de reinstaurar el toque de queda?

La mayor paradoja de este cuadro regresivo es que mientras el país está empeñado en ampliar sus libertades y garantías de derechos, en profundizar su democracia, y en hacer retroceder a sus institutos castrenses y policiales desde la frontera de guardianes de campo en que los dejó la dictadura, la presencia de estas sombras del pasado pretende sitiar y condicionar el proceso constituyente que se inaugura en abril, como no podrían hacerlo mejor los arrestos insurreccionales atribuidos a los comunistas.

El toque de queda no es solo una rémora del pasado; es el instrumento coercitivo que busca capturar el futuro y confinar las esperanzas de justicia y libertad depositadas en la nueva Constitución. El Congreso es uno de los pocos contrapesos democráticos al actual gobierno que podría impedir el asedio de soldados, camiones militares y armamento de guerra en las calles de Chile al intervalo constituyente que se avecina.//ELF