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Por Camilo Escalona

Exsenador y expresidente del PS

El impacto de la investigación periodística internacional, sobre depósitos y fraudulentas inversiones de personeros políticos y figuras públicas del mundo global en “paraísos fiscales” para evadir el pago de impuestos, incluido en esos hechos el actual gobernante de Chile Sebastián Piñera, generó un vuelco político de incalculables consecuencias.

Se trata del uso del cargo en contra del interés nacional en el ámbito económico y en abierto perjuicio de la sustentabilidad ambiental, es decir, hay notable abandono de deberes como Jefe del Estado para facilitar la posición negociadora de quienes representan sus intereses, a través de las entidades comerciales correspondientes.

En este caso, la conducta de abandono de sus obligaciones como Jefe del Estado, se originan en su participación en el proyecto de inversión minera Dominga, situado en la Región de Coquimbo, una operación financiera que traspasó activos por un valor que multiplicó por más de 10 veces el valor original de la inversión de capital, favoreciendo los intereses personales y familiares del gobernante en grado superlativo.

El gobernante negó ante el país los hechos, lo hizo con bajísimo convencimiento y en una rutina que estuvo lejos de su empalagosa retórica que lo caracteriza. Los hechos son tan evidentes y abrumadores que pareció una presentación “por cumplir”, como para que no se dijera que no fue capaz siquiera de defenderse de tan gravísimos hechos.

La Acusación Constitucional en contra de los más altos funcionarios del Estado, incluido el Presidente de la República, está inscrita en el ordenamiento institucional desde antes de la Constitución del 80. De hecho, Piñera ya libró de una que no fue aprobada.

Este instrumento jurídico político e institucional requiere de un elevado quórum para que siga su curso, en la Cámara, donde se inicia el trámite requiere de la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación, en el caso de alcanzarlo, el Senado pasa a convertirse en Jurado de última instancia que necesita de 2/3 de sus integrantes para darla por aprobada, de lo contrario, queda desechada y el trámite constitucional termina.

Con ello se establece que es un recurso excepcional, legítimo de presentar, pero de altísima exigencia para ser aprobado, en consecuencia, se trata de un instrumento constitucional para circunstancias extraordinarias de tal naturaleza y alcance que validan sus inmediatos efectos institucionales, esto es la destitución del personero sobre el que recae la responsabilidad de notable abandono de sus deberes.

La oposición no puede ser un espectador que contempla los hechos, que los puede criticar con vehemencia, pero que finalmente no va más allá de las palabras. Esa conducta que se inspira en la responsabilidad política no tiene porque ser un credo inalterable y rígido que haga cómplice del ilimitado abuso de poder del gobernante, incluso, a sus adversarios políticos.

Por eso, en el caso de los “Pandora papers” la Acusación Constitucional en contra de Sebastián Piñera está plenamente justificada, en los hechos mismos, en la conducta que asumió para resguardar sus negocios y transacciones, así como, en el infinito daño que provoca a Chile con su deplorable conducta.

*COLUMNA publicada en Cambio21.cl.