El director del Instituto de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, abordó los procesos judiciales surgidos en materia de violación a los Derechos Humanos durante el estallido social y cuestionó las medidas que ha tomado el Gobierno frente a los informes de organismos internacionales.
En declaraciones a CNN Chile, Micco explicó que han habido “cuatro condenas, y el instituto ha presentado 3.100 querellas criminales. Cuatro condenas, dos años después”.
«El Estado tiene un deber preminente de investigar las violaciones a los derechos humanos, porque es el propio estado el que las violentó”, remarcó, pese a mamnifestar su comprensión al retraso de este tipo de causas por la pandemia del covid-19.
“Nosotros le dijimos al presidente de la Corte Suprema, al fiscal, al ministro de Justicia: ‘son 3.000 casos las querellas del Instituto, habrá 5.000 causas en el país. Bueno, que se pongan recursos humanos y económicos directamente para investigar’», añadió.
Respecto a las medidas de reparación a las víctimas, Micco catalogó como «insuficiente» la posibilidad de dar una pensión de gracia » porque se trata de postular a un beneficio”.
“Ahora, en el nuevo proyecto de ley de presupuesto, el ejecutivo volvió atrás y simplemente esta glosa dice ‘aquellos que se hayan visto afectados por las manifestaciones podrán postular a una pensión de gracia’. Volvemos a una situación donde ni siquiera se quiere reconocer que acá hubo violaciones a los Derechos Humanos», criticó.
«¿Qué tanto hemos avanzado en verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición? Es poco, muy poco, y hoy día claramente -se lo dijimos todos los poderes del estado y particularmente a los integrantes del sistema de coordinación de justicia penal- Chile no esta cumpliendo con sus deberes», remarcó.
Micco criticó que “el Presidente dice ante las Naciones Unidas que en Chile el Ejecutivo va a tomar todas las medidas para que no haya impunidad, pero como señalaba, este deber de dar medios y todos los recursos o instrumentos para que en Chile se sepa la verdad y la justicia, no está ocurriendo en el país”.
Finalmente, el director del INDH cuestionó que «hay un debate que volvió a saltar: que la verdad, la justicia o reparación la dan los tribunales de justicia. Es decir, es necesario en este concepto de que hayan sentencias judiciales condenatorias para que se acredite que hubo violaciones a los Derechos Humanos, y nosotros como Instituto decimos que no”.
Tras poner como ejemplo al dictador Augusto Pinochet, que nunca fue sentenciado por la materia, seañló que “no es necesario estar esperando sentencias judiciales condenatorias para poder tener políticas públicas para reparar este tremendo mal que se le ha causado al alma de Chile”.