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La Comisión de Constitucionales de la Democracia Cristiana (DC) entregó este miércoles sus reparos al texto elaborado por el Consejo Constitucional para reformar la actual carta magna, afirmando que éste es «partisano, programático, contradictorio, populista, ineficiente e ineficaz».

Los abogados que conforman esta comisión advirtieron que, «lamentablemente, si el texto constitucional de la Convención Constitucional del año pasado resultaba programático y maximalista y fue rechazado por una amplia mayoría, el que ahora se propone cumple con las mismas características del anterior. Se vuelven a cometer los mismo errores y el que pierde es Chile».

El texto, sostiene la comisión, «no da espacio para que personas de distintas posiciones políticas se sientan parte de un espacio común y, además, genera serias dificultades para un adecuado funcionamiento del Estado».

«Así las cosas, lamentablemente nos encontramos frente a un texto partisano, programático, contradictorio, populista, ineficiente e ineficaz», remarcaron en el texto que fue aprobado por unanimidad por Juan Ignacio Alarcón, Jorge Correa, Javier Couso, Gonzalo García, Augusto Quintana, José Ignacio Núñez, Edgardo Riveros, Esteban Szmulewicz, Elisa Walker y Andrés Zaldívar.

PARTISANO
La comisión advierte que el texto es partisano «porque acomoda sólo a las derechas del país, con opciones conservadoras en materia de provisión de derechos económicos, sociales y culturales, limitando derechos de las mujeres, no consagra los derechos de los niños y los deja excesivamente a merced de la voluntad de sus padres limitando la posibilidad de protección estatal de niños abusados, y porque impone deberes morales impropios de un Estado laico».

PROGRAMÁTICO
También estimó que es programático porque, «con una extensión que la ubica entre las constituciones más largas del mundo, busca plasmar (y blindar del debate democrático futuro) el programa de gobierno de la derecha, con políticas públicas en materia de salud, educación, migraciones, no sólo de un detalle que en cualquier país civilizado son materias de ley (y no de una Constitución), como el porcentaje de contenidos mínimos del currículo escolar».

CONTRADICTORIO
Los abogados sostuvieron que es contradictorio «porque, al tiempo que proclama un Estado Social y Democrático de Derecho, luego limita su alcance hasta desfigurarlo, profundizando el Estado Subsidiario Neoliberal, segregando por ingreso en el goce de derechos sociales como la salud, las pensiones y la educación, al tiempo que cuestiona la actuación del Estado, lo que en la práctica hará imposible ejercer dichos derechos a la gran mayoría de los chilenos».

«Téngase en cuenta -añadieron- que el ingreso mediano en Chile es de 502.604 , lo que hace imposible a una gran mayoría de la población optar a los sistemas privados de educación, salud, vivienda».

De la misma forma, agregaron, «es contradictorio al presentar un discurso anti Estado, pero al mismo tiempo constitucionalizar más de 20 nuevos órganos o entidades estatales con todos los costos políticos y económicos que ello supone».

POPULISTA
Respecto al «populismo» en la propuesta, los constitucionalistas advirtieron que el texto «está plagado de promesas (como más seguridad ciudadana; protección a la víctimas; freno a la inmigración ilegal; y goce de derechos sociales) que no se materializarán con la entrada en vigencia del propuesto texto, ya sea porque la ‘letra chica’ de la propuesta constitucional lo hará imposible, o porque esas promesas requieren de un financiamiento que el propio texto propuesto hará muy difícil de conseguir».

INEFICIENTE
También consideraron que el texto es ineficiente, porque «se crean 20 nuevos organismos, a los que se suma la reconfiguración de 21 los organismos, servicios, agencias o fuerzas establecidos en la Constitución, lo que da un total de 41 entidades nuevas y reformuladas».

«Muchos de los organismos nuevos se proyectan como una institucionalidad paralela a la ya existente que amenaza con debilitarla y sin garantías de mejorar las capacidades estatales que se requieren, sino todo lo contrario», precisaron.

INEFICAZ
Los expertos manifestaron también que la propuesta es ineficaz debido a que «con sus normas será muy difícil gobernar el país y dar solución a los problemas sociales presentes y futuros, pues a la vez que establece un régimen presidencial, limita la posibilidad de acción por vía reglamentaria del presidente. Esta limitación representa un grave retroceso en la modernización del Estado.

«PERMANENTE LITIGIOSIDAD»
Los abogados firmantes de la declaración divergieron «en la regulación del umbral del 5 por ciento de votación para tener presencia en el Congreso Nacional de partidos políticos para combatir la fragmentación, ya sea porque algunos apoyaban la iniciativa, otros no consideraban adecuado el umbral o tenían reparos en la forma es que se reguló por parte del Consejo Constitucional».

La declaración concluye que «producto de lo contradictorio y a veces confuso de su redacción, de aprobarse el texto propuesto nos llevará a una permanente litigiosidad y judicialización, ya que las confusiones y contradicciones del texto necesariamente la deberán resolver (como puedan) tanto los tribunales ordinarios como el Tribunal Constitucional».

«En definitiva, el texto busca atar de manos los diseños de políticas públicas y lleva a los tribunales los problemas de debate público», puntualizaron.

OPORTUNIDAD PERDIDA
Al cierre de la declaración, los abogados enfatizaron que «la pérdida de oportunidad de crear un espacio de encuentro representa un revés muy profundo para generar un nuevo pacto social y político, en especial si consideramos que la comisión experta sí logró acordar un texto consensuado y transversal».

«En caso que gane la opción ‘En Contra’, consideramos que se debería cerrar este proceso constituyente y cualquier modificación a la Constitución se deberá hacer mediante reformas constitucionales», plantearon.

Finalmente, el análisis sostuvo que «algunos de los que acá suscriben estiman conveniente que, en caso que gane la posición ‘En Contra’, se comprometa un cierre al proceso constituyente con un conjunto acotado de reformas que se acuerden en el Congreso, como aquellas 12 bases que se acordaron para el actual proceso, junto con mecanismos para abatir la dispersión de partidos en el Congreso después de lo cual podrá establecerse un quórum de 3/5 para la reforma constitucional».