Por Jorge Canals
Exsubsecretario del Medio Ambiente
Entre las primeras reacciones a los resultados del plebiscito del 4 de septiembre, llama la atención el debate en torno al 56,11% de votos que obtuvo la opción Rechazo en la comuna de Petorca. Una paradoja para un sector de nuestro país que ha padecido la escasez hídrica por años y que, supuestamente, el pasado domingo perdió una gran oportunidad, ya que el nuevo texto constitucional garantizaba el derecho de acceso al agua de todos los habitantes del país, y un nuevo estatuto constitucional que priorizaba el consumo humano por sobre los usos productivos. Una comuna símbolo de aquello que una nueva Constitución podía cambiar.
Probablemente las razones del resultado sean múltiples. Algunos hablan de miedo, falta de información, o derechamente de un intento consciente de difusión de fake news. Más allá de las estimaciones de los expertos electorales, es indudable que, desde el prisma medioambiental, las temáticas relativas al cuidado de los elementos de la naturaleza (de “recursos naturales”, en un lenguaje más convencional) exigen, más que nunca, una mirada multidimensional, que aliente una discusión intelectualmente honesta por parte de todos los actores involucrados. Esa discusión debe ser ahora.
Este necesario espíritu cobra aún mayor relevancia en el contexto posplebiscitario y el reciente ajuste ministerial. Si en semanas previas vimos al Presidente Boric y al ministro de Hacienda con una nutrida agenda pro inversiones, los esfuerzos ahora deben redoblarse con foco en la reactivación de nuestra economía, en un contexto internacional y local adverso. Si hasta hace unos meses las definiciones sobre proyectos medioambientales en evaluación podían esperar, hoy no parece adecuado dilatar esas decisiones.
Hace unos días, se esperaba la sesión del comité de ministros para abordar dos proyectos: el de saneamiento ambiental de un paño en Las Salinas, Viña del Mar, y una central hidroeléctrica de pasada en La Araucanía. La coyuntura del cambio de gabinete, que incluyó dos nuevos ministros integrantes de dicho comité, obligó a su postergación. En adelante, el comité tiene otros proyectos por abordar y, si bien se espera de las autoridades un alto nivel técnico en sus definiciones, también se les pide oportunidad y sentido político en su accionar. Cual sea su pronunciamiento de las iniciativas que deba evaluar, el país, las comunidades, los especialistas y académicos, los inversionistas y titulares, esperan señales concretas, que junto con la aplicación de estándares ambientales, permitan despejar las dudas e incertezas instaladas en estos primeros meses. Ello exige claridad de los actores, honestidad en su legítima defensa de los intereses de sus representados y derribar los mitos instalados, para, a partir de los antecedentes científicos y técnicos, avanzar a una nueva y mejor institucionalidad de evaluación ambiental de proyectos.
En el caso de Las Salinas, por ejemplo, se cuestiona la decisión de la institucionalidad ambiental que aprobó la aplicación de un método de biorremediación seguro, validado por científicos regionales y la experiencia internacional de más de 40 años, por una controversia asociada más bien por el destino del terreno luego de su limpieza. Con la evidencia que se encuentra en el propio expediente de tramitación ambiental, no hace sentido mantener un terreno contaminado cuando la solución para su saneamiento puede comenzar ahora.
Esta necesidad de poder avanzar debería ser el propósito de la institucionalidad, frente a la eterna pausa en que se encuentran muchas zonas de sacrificio o comunidades injustamente expuestas a los riesgos ambientales, donde el tironeo sostenido entre algunos activismos y empresas redunda en seguir desperdiciando territorios que podemos y debemos recuperar ambiental y socialmente.
Podemos seguir avanzando en estos desafíos robusteciendo nuestra institucionalidad ambiental, profundizando la participación ciudadana al alero del Acuerdo de Escazú, para transitar hacia un desarrollo sustentable, con participación de la comunidad con transparencia y visión crítica. En definitiva, que no minimice ni olvide los dolores y miedos de la gente de Petorca y de tantos otros en Chile. //ELF