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En La Fontana publicamos carta de expresidente de la Democracia Cristiana (DC), exconvencional y diputado, Fuad Chaín, respecto de su estado de reflexión acerca de si continúa o no en la falange.

«A mis camaradas.

Luego de la Junta Nacional celebrada el pasado fin de semana y de la serie de hechos ocurrido en el partido en los últimos meses, quisiera compartir con ustedes algunas opiniones y necesarios elementos sobre los que quiero invitarlos a hacer una reflexión compartida.

Desde su formación nuestro partido se ha caracterizado por su defensa inclaudicable de la democracia y los derechos humanos, en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. Un elemento fundante de la democracia es el respeto al estado de derecho así como un derecho humano fundamental es el derecho político a elegir y a ser elegido.

Por lo mismo, más allá de una situación personal o de enfrentar lo ocurrido desde una dimensión estrictamente legal, creo necesario reflexionar profundamente sobre la coherencia del actuar de nuestro partido, a través de sus instituciones, con nuestra historia, principios y valores.

Lo digo, ya que el pasado fin de semana se realizó una Junta Nacional que tuvo un carácter electoral y se hizo mediante resoluciones de un Tribunal Supremo vencido en su mandato, respecto del que habían renunciado 2/3 de sus integrantes originales, varios de ellos haciendo graves denuncias respecto de su actuar desapegado a las normas estatutarias y legales. Además con 4 de sus 5 integrantes que eran incumbentes, ya que se postulaban para ser elegidos por un nuevo periodo en el cargo.

Fue justamente ese Tribunal vencido en su mandato el que semanas antes, en una resolución abiertamente contraria a los estatutos partidarios y a sus propias resoluciones anteriores, negó lugar a realizar la Junta Nacional auto convocada por más de 155 miembros de dicha instancia, así como el que la celebración de la misma fuese presencial.

Ese mismo Tribunal Supremo, mediante un procedimiento express y sin respetar el principio básico de “bilateralidad de la audiencia” me suspendió la militancia para cumplir con el objetivo explícito de la denuncia en mi contra “que no participe de modo alguno en la Junta Nacional” de esta manera se me excluyó de participar del debate, de responder a la campaña orquestada en mi contra y se me impidió competir como candidato al Consejo Nacional.

Del mismo modo, dicho Tribunal Supremo excluyó mañosamente al candidato a Consejero Mauricio Morales y, en el colmo del descaro, dejó fuera de competencia a 5 candidatos y candidatas que postulaban a integrar el nuevo Tribunal Supremo.

Como si lo anterior fuese poco, ya conocido el Oficio del Servel que ratificaba la inexistencia de un Tribunal Supremo legalmente constituido, dicho órgano de facto -en sus estertores- abrió una causa disciplinaria al destacado camarada y abogado Rodrigo Albornoz, quien ha defendido a quienes hemos sido afectados por las resoluciones y actos ilegales de aquel pseudo tribunal.

Además se realizó un proceso de votación telemático, cuestión no autorizada en los estatutos y que en su oportunidad sólo fue posible de implementar en el marco de las normas particulares que rigieron durante el Estado de Excepción Constitucional por la pandemia del Covid 19.

En este marco, el que la Corte de Apelaciones de Santiago haya declarado admisible un recurso de protección presentado por mí, en contra del Tribunal Supremo y que el propio Servel ratificara el hecho de que dicho tribunal (que debía garantizar el proceso) estaba vencido en su mandato al menos desde junio, tampoco fue suficiente motivo para que la Directiva Nacional optara por suspender, al menos las elecciones efectuadas en la Junta Nacional del pasado fin de semana, a la espera de generar un proceso que cumpla con la legalidad y necesaria imparcialidad en su organización y ejecución, sin excluir arbitrariamente a ningún militante.

Tal como lo dije anteriormente, más que un asunto puramente legal, los invito a reflexionar si un partido como el nuestro puede normalizar este tipo de prácticas. Si es aceptable en la Democracia Cristiana que simplemente se abuse de un órgano de facto para excluir a un ex Presidente del Partido de sus derechos como militante y se le prive de la posibilidad de participar como candidato al Consejo Nacional. Si es aceptable que se elija a un Tribunal Supremo en una elección donde los propios incumbentes -con mandato ya vencido- se permitieron excluir de la competencia a 5 candidatos y candidatas.
Para mi estos hechos revisten la mayor gravedad y nos alejan completamente de los principios que siempre inspiraron a nuestro partido.

Lamento profundamente que el nuevo Presidente no haya tenido la convicción o la capacidad de hacer las cosas en forma distinta y que ahora busque normalizar ante la militancia y ante la opinión pública estos graves hechos que terminan vulnerando derechos fundamentales de militantes del PDC. Más aún cuando fue el propio Alberto Undurraga quien se comprometió en reunión con los ex Presidentes del Partido a hacer algo totalmente distinto a lo que finalmente hizo.

Como mar de fondo ocurre lo que me parece aún más grave, nuestro partido ha sido incapaz de hacer una auténtica autocrítica sobre al abandono de nuestro electorado por actuar con un complejo izquierdista que nos ha llevado a ser un verdadero “vagón de cola” de la izquierda radical y refundacional.

Este complejo nos llevó a apoyar institucionalmente pero forma irreflexiva la ampliamente derrotada opción del Apruebo en el plebiscito de salida y a la mitad de nuestros diputados a votar por un diputado liberal (ex Frente Amplio) en lugar de un militante del Partido para la Presidencia de la Cámara de Diputados. Sin autocrítica no es posible rectificar y sin rectificación seguiremos diluyendo nuestra identidad y alejándonos de nuestro electorado.

Nos estamos farreando la posibilidad de representar a esa mayoría silenciosa que -gracias al voto obligatorio- se expresó en el último plebiscito y que sin duda demanda cambios pero con gobernabilidad y certezas, justicia social con prosperidad y libertad con seguridad.

Camaradas, ¿Se puede confiar en un partido y una conducción política que avala estos atropellos a la dignidad y derechos de sus militantes?, ¿Se pueden aceptar pasivamente estas prácticas tan lesivas con nuestros principios y nuestra propia historia?, ¿Puede el PDC normalizar el abuso y la injusticia en su propio seno?, ¿Tiene sentido un PDC sin carácter ni personalidad política propia que actúa en función de lo que dictamine la izquierda que hoy gobierna?

Yo al menos estoy auténticamente en reflexión.

Fraternalmente.

Fuad Chahin Valenzuela»

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