En la Fontana

A reconstruir la centroizquierda

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Unidad Social llama a paro sectorial para este lunes 25 y huelga nacional para el martes 26 de noviembre

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Como aseguró la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, las paralizaciones son para rechazar los acuerdos suscritos entre el Parlamento y el Ejecutivo, además de pedir justicia, verdad y reparación para todas las víctimas de violación de los derechos humanos.

El bloque sindical de Unidad Social convocó a un paro sectorial para este lunes 25 de noviembre y a huelga general para el martes 26 de noviembre.

De acuerdo a lo expresado por Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, estas nuevas movilizaciones son una forma de protesta por la forma en la que se han realizado los acuerdos entre el Congreso y el Ejecutivo. Además, precisó que éstos no consideran el problema de fondo del estallido social, precisando que se trata de acuerdos cupulares.

Por otro lado, Figueroa también precisó que «no puede haber impunidad, tiene que haber verdad, justicia y reparación a las familias, a los afectados por las violaciones a los derechos humanos».

En ese mismo sentido, hizo un llamado al Gobierno «a que aquí no sacamos nada con condenar la violencia, si después al final del día, estamos relativizando los informes de organismos internacionales. Acá no puede ser que para otros países nos importe la opinión de Amnistía, pero cuando se trata de nuestro país relativicemos los informes».

Por ello, el llamado de las organizaciones sindicales y gremiales exige respuestas concretas del gobierno en materia de salarios, previsión, educación, salud y vivienda;  el rechazo al acuerdo de paz fraguado en la cocina del Congreso, y el fin a la represión y a las violaciones a los Derechos Humanos.

«El lunes 25 será movilización en todo el país y el martes 26 es Huelga General de la cual los profesores vamos a adherir junto a otros sectores de servicios como del mundo productivo privado y público», puntualizó Mario Aguilar, Presidente del gremio.

Propuesta de la DC para regular la convención constitucional

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PROPUESTA DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA SOBRE TEMAS COMPLEMENTARIOS PARA LA REGULACIÓN DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL 

1.- Número de escaños de la Convención

Nuestra propuesta es mantener los 155 escaños, elegidos por cada uno de los distritos de diputados y en el mismo número de dichas elecciones.

De resultar elegida la opción de la Convención Mixta, se deberá aplicar un factor de corrección para aquellos distritos en que el número de representantes sea impar (17 de los 28), adicionando un representante, por lo que el número total de escaños en la convención aumentaría a 172.

2.- Convención paritaria

La ley de Votaciones establece (art. 3) que en las declaraciones de las candidaturas a diputados y senadores que realizan los partidos, los candidatos ni candidatas pueden superar el 60% del total. Esto es lo denominado un 60/40 en la lista, lo cual asegura una mayor participación de mujeres en las elecciones, pero no su electividad. Por lo mismo, nuestra propuesta es que para los efectos de la convención se asegure no solo el 40 % de las candidaturas, sino que también el 40 % de la elegibilidad, por lo que se realizará una corrección asumiendo la persona del sexo que logre menos de 40%. Esto debería ser un ajuste nacional al final.

3.- Independientes

Debemos fomentar el acceso de los independientes a la convención generando cambios a la actual legislación y nuestras propuestas en esta línea son:

– Permitir la conformación de listas de Independientes, estableciendo ciertos requisitos como la obligación de reunir las firmas que exige la ley por separado para cada uno de los candidatos, establecer una propuesta que se de a conocer a la ciudadanía para saber a qué ideas pretenden representar.

– Eliminación de pactos entre partidos para igualar la cancha con los independientes.

– Autorizar pactos entre partidos e independientes.

– De no aceptarse los puntos anteriores, proponemos elección uninominal en sistema de lista única. (los representantes se eligen de acuerdo a las mayorías individuales en el número establecido en cada distrito).

4.- Pueblos originarios

Proponemos la participación de nuestros pueblos originarios a través de escaños reservados equivalente al 10% de la Convención, elegidos por padrón indígena conforme a los registros de la Conadi, y que cada pueblo elija al menos 1 miembro. Es decir, que la base sea un escaño por pueblo (son 9 pueblos) y el resto sea elegido en forma proporcional a los votos.

5.- Edad para votar

Nuestra propuesta es que para los efectos de los plebiscitos y la elección de representantes de la Convención, se permita la votación de los menores de edad desde los 16 años, pero no para ser electo delegado, para lo cual proponemos mantener las reglas actuales. Es decir, para la elección de delegados sigue vigente el artículo 48 de la Constitución que exige la edad de 21 años y sus demás requisitos.

6.- Voto en el extranjero

El artículo 13 inciso 3º dispone que los ciudadanos con derecho a sufragio pueden votar desde el extranjero para las primarias presidenciales, las elecciones presidenciales y plebiscitos. En este sentido, proponemos establecer un artículo transitorio para que estos puedan votar sólo en las elecciones de delegados en octubre de 2020, pues en los 2 plebiscitos podrán votar.

Oposición coincide en rebajar a 16 años la edad para votar en proceso constituyente

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Los partidos presentaron tres documentos distintos con sus propuestas para alcanzar un acuerdo final sobre el proceso para una nueva Constitución. El lunes se volverán a reunir con el oficialismo para analizar los planteamientos.

La oposición presentó este sábado tres documentos distintos al oficialismo con sus propuestas para el proceso constituyente, donde coincidieron en la participación de menores de edad desde los 16 años.

Las colectividades opositoras enviaron al oficialismo tres textos distintos, uno de Convergencia Progresista (PS, PPD, PR), otro de la DC y uno del Frente Amplio.

Junto con rebajar la edad a 16 años para votar en todo el proceso constituyente -aunque no para ser candidatos a la convención-, entre las propuestas de la oposición están la representación de los pueblos originarios, paridad de género y el voto obligatorio.

El texto conjunto del bloque que reúne al PPD, el PS y el PR propone escaños reservados para pueblos originarios, paridad de género, el voto de chilenos en el exterior para elección de constituyentes, que la edad para votar en la constituyente se rebaje a 16 años, el voto obligatorio en todos los eventos electorales del proceso, la integración de independientes, un programa constitucional, ampliar al doble los escaños para mayor participación (a 310), y cabildos y asambleas.

Mientras que texto del Frente Amplio plantea modificar el sistema de integración de listas para entregar igualdad de condiciones a independientes, paridad de género, participación indígena, aumentar el tamaño de la convención constitucional y que esté integrado por 310 delegados, voto obligatorio en todo el proceso, voto desde el extranjero, participación de los mayores 16 años en las etapas eleccionarias del proceso e institucionalización de la participación social de base.

Sergio Micco, director del Instituto de Derechos Humanos: “Este mes hay 4 veces más querellas por violencia sexual que en 9 años»

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El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, alertó que durante la crisis social el organismo ha debido presentar hasta cuatro veces más querellas por violencia sexual y otras torturas contra agentes del Estado que en casi una década.

Micco fue invitado este viernes a comparecer ante la comisión encargada de analizar la acusación constitucional contra el ex ministro del Interior Andrés Chadwick, instancia a la que asistió junto a los consejeros Margarita Romero, Carlos Frontaura, Yerko Ljubetic y Cristián Pertuzé, y los jefes del INDH en la Región Metropolitana y de Tarapacá, Coquimbo, Valparaíso Maule y Biobío.

Ante la comisión, entregó un balance de las observaciones que ha realizado el Instituto desde el comienzo de las manifestaciones, asegurando que «se han presentado cuatro veces más querellas por violencia sexual que en nueve años», desde la creación del INDH, «y casi el doble de querellas por otras torturas».

Micco detalló que el INDH ha realizado 158 observaciones en manifestaciones, 61 en recintos de salud; y ha visitado 601 comisarías del país, por las cuales ha interpuesto 74 querellas por tortura con connotación de violencia sexual.

Según el balance publicado ayer, eran 462 las acciones judiciales totales presentadas por el INDH, de las cuales 442 eran querellas: 341 de ellas por torturas y tratos crueles, además de las 74 por violencia sexual.

Gustavo Toro (DC), nuevo concejal de San Ramón En La Fontana: «Vengo a recuperar la labor fiscalizadora en esta comuna»

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Conversamos En La Fontana con el nuevo concejal de la Democracia Cristiana (DC) en esta comuna de la Región Metropolitana, que posee altos índices de vulnerabilidad poblacional y presenta registros delictuales ligados al narcotráfico.

Gustavo Toro, abogado y demócrata cristiano asumió esta semana como nuevo concejal de la Municipalidad de San Ramón para reemplazar un socialista que ostentaba el cargo. «Él fue destituido por parte del Tribunal Electoral Regional por actos de corrupción al haberse licitado proyectos a nombre de su propia empresa», parte explicando.

Como fue el segundo DC más votado en la última elección municipal le corresponde asumir el puesto hasta diciembre de 2020.

«Admiro harto a la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro. Es una comuna similar a la de San Ramón. Ella ha hecho una gran labor en este municipio», dice Toro.

-¿Cómo se enfrenta el problema del narcotráfico en San Ramón? 

-Llego a una comuna bastante cuestionada por la opinión pública. Ha habido muchos programas de televisión, que han dado cuenta de hechos delictuales en la comuna. Entonces, es un desafío tremendo, porque es enfrentar un mundo que te empuja a fiscalizarlo. Labor que no se ha hecho bien hasta el momento, dado que esto lo ha hecho la prensa, recordando que la labor fiscalizadora es de los concejales.

-Son hechos indesmentibles que ha mostrado la televisión…

-Sí, por ejemplo, el tema de la constatación de narcotráfico que denuncia Informe Especial de TVN. Bueno, en ese sentido, vengo a recuperar esa labor fiscalizadora como concejal en esta comuna y tener un vínculo más directo con los vecinos, con un trabajo comunitario. Ese será mi enfoque.

-Respecto de la DC, ¿Qué opina de la gestión de la mesa directiva que encabeza Fuad Chahín?

-La directiva y el partido se han portado bien. Han desarrollado un trabajo de acompañamiento. De hecho, me pudieron acompañar esta semana miembros de la mesa directiva para asumir este desafío, y la verdad es que es muy importante que no se pierda el foco en San Ramón, porque es una de las cosas importantes que tiene que hacer la DC, al ser ésta una comuna vulnerable.

–¿Está de acuerdo con que se redistribuyan mejor los fondos municipales para las comunas con menos recursos? 

-Claro. Tiene que existir una política distinta en cuanto a la redistribución de los ingresos municipales, porque sin hay algo que los municipios más vulnerables están enfrentando es que no hay ingresos para invertir y es donde más se necesita. Hay calles en mal estado, donde falta pavimentación y las áreas verdes son precarias. Entonces, el ingreso de San Ramón no se compara al de otros municipios, donde viven personas con mejor situación socio económica.

-¿Es suficiente la Agenda Social del Presidente, Sebastián Piñera, para enfrentar la crisis social y que se redacte una nueva constitución? 

-No es suficiente esta agenda social ni cambiar la Constitución. Sin embargo, valoro este acuerdo político transversal, que no fue una iniciativa del Presidente, porque es bueno que se pueda redactar una nueva carta fundamental en democracia, pero eso, debe ir acompañado de una serie de medidas que lleguen a las personas. Si bien, a los ciudadanos les importa una nueva constitución, quieren que les resuelvan sus problemas del día a día, al corto plazo.

-¿Comparte la idea de que se sigan haciendo cabildos y capacitaciones a la ciudadanía para que vote informada y en consciencia en plebiscito constitucional? 

-Claro. Los municipios tenemos la labor de formar a las personas. Informar a la gente sobre las implicancias de todo este proceso constituyente que se llevará a cabo en Chile. La idea es crear conciencia y sepa bien de esta circunstancia antes de votar. Las autoridades tenemos también un rol de formar a la ciudadanía, sobre todo, donde hay personas que no tienen acceso a mucha información y que están en sus casas, desarrollando labores en su hogar.

–Entonces, ¿En qué pondrá énfasis durante su gestión como concejal en este período que le toca asumir? 

-Creo que en dos aspectos fundamentales: el rol fiscalizador de la municipalidad frente a actos de corrupción, que puedan existir dentro del municipio. Sobre todo, por lo que se ventila por la prensa y lo que denuncian los vecinos. Y mi segundo enfoque será el mundo social. Soy abogado y colaboro hace bastante tiempo con los vecinos en aspectos jurídicos, y hay que seguir acompañado a las familias y población de esta comuna en estas materias. //ELF.

Acuerdo de cronograma para una Agenda Social

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El viernes 15 de noviembre se firmó el histórico “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”, que permitirá por primera vez en la historia del país tener una Constitución construida democráticamente y, si bien quedan aspectos pendientes – entre ellos asegurar en la Convención Constituyente la participación de independientes y dirigentes de la sociedad civil sin afectar la proporcionalidad –, creo que con la misma voluntad de la semana pasada pueden resolverse.

Por Alberto Undurraga 

Con todo, la nueva Constitución resultante de este proceso estará en el mejor de los casos recién el año 2021, y en el intertanto el país requiere urgentemente avanzar en la agenda social.

Los acuerdos a lograr en materia social presentan varias diferencias con el “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución”. En primer lugar, en cada uno de ellos se requiere ir al fondo del problema y plantear soluciones concretas en cada uno; en segundo lugar, para lograr el punto uno se demanda recursos económicos y no basta solo con acuerdo de parlamentarios, sino que requiere expresamente un acuerdo con el gobierno; en tercer lugar, se necesita de tiempos necesarios para que equipos técnicos aborden cada una de las materias logrando acuerdos sostenibles, y; finalmente, cada uno de estos acuerdos debería considerar expresamente la participación del mundo social y de la sociedad civil, con métodos y tiempos apropiados.

Por otra parte, a nivel de declaraciones generales pareciera existir bastante consenso respecto a gran parte de los temas a abordar. Sin embargo, co-existen dos miradas extremas que pueden dificultar el desarrollo de acuerdos en materia social. Por un lado, el maximalismo en las demandas (todo y ahora) y, por otro lado, el statu quo respecto a la forma de enfrentar cada una de las materias (no se puede). Será entonces un ejercicio de análisis social, económico y político, audaz y responsable a la vez, el que permitirá darle un nuevo marco social a Chile.

¿Cómo abordarlo? 

Una alternativa es abordar los acuerdos tema por tema. El problema de esta forma es que no da certezas respecto a los tiempos, cuáles serán las temáticas sociales y no hay compromiso alguno con la ciudadanía. En síntesis, este camino no establece una ruta de solución, como sí lo hizo en materia constitucional el acuerdo del pasado viernes 15.

Una solución posible es construir un Acuerdo Marco de Cronograma de la Agenda Social, en que las partes – gobierno, parlamento, oficialistas y oposición, alcaldes, mundo social, sociedad civil y sector empresarial – expresamente señalen los temas y las fechas en que cada uno de ellos será resuelto y aprobado.

Un ejemplo de lo anterior es que en diciembre se tengan aprobados acuerdos en pensiones y en materia tributaria, en enero en medicamentos, CAE y rebaja de dietas parlamentarias, y en los meses siguientes salarios, salud y Fondo Común Municipal entre otros. Aquí los temas y fechas exactas serían materia del acuerdo. El punto de partida puede ser el Marco de Entendimiento Social firmado en el Senado esta semana a propósito de la Ley de Presupuestos, pero incluyendo a más actores.

Un cronograma permite concentrar los esfuerzos para resolver los acuerdos de cada mes, con adecuado análisis técnico y con participación de actores sociales y económicos. Asimismo, se transforma en un compromiso con la ciudadanía para resolver con fecha cada uno de los temas de la agenda social.

Por otra parte, un cronograma permite a las distintas autoridades y representantes explicar el porqué de cada decisión. Adicionalmente, un cronograma no es ajeno al trabajo legislativo actual, de hecho, la Ley de Presupuestos funciona de esa forma, con fecha límite. Se trata entonces de dar certezas de temas a abordar con tiempos definidos en los que estarán resueltos. En síntesis, un acuerdo de cronograma es la construcción de una ruta de solución a la agenda social, como lo fue el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” en materia constitucional.

Las medidas y anuncios se valoran cuando son adecuadas, oportunas y construidas con participación amplia. Pongámosle fecha y trabajemos por ello.