Admin Istrador

Por Patricio Gilbert

Académico de la Usach

Ya instalada en la discusión diaria, el acceso a los medicamentos para toda la población, es un tema que no se puede evitar y que se debe profundizar, ya que su solución implica realizar cambios profundos en nuestra sociedad y modelo de desarrollo.

Cuando el 29 de diciembre de 1989 se promulga la Ley 18.899, se deroga el Decreto 70/1791 de 1942 el cual establecía una serie de restricción a la venta de medicamentos; se dijo que al introducir “más mercado” al mundo farmacéutico, los precios bajarían y toda la población podría tener acceso a los mismos, ya que la “iniciativa privada” permitiría que “todos” pudieran acceder a los medicamentos.

De esa promesa estamos a días de cumplir 30 años y cómo podemos ver, los efectos de la derogación de la regulación al mercado farmacéutico existente desde los años 40, solo trajo colusión de precios, particas monopólicas y aumento de los precios, así como un menor acceso a los medicamentos.

La primera conclusión que podemos sacar es que la introducción de “más mercado” en el tema farmacéutico solo generó efectos negativos que hoy día debemos revertir.

Uno de los primeros efectos negativos, fue la mayor concentración del negocio de distribución de medicamentos; rápidamente, las llamadas “Farmacias de barrio” fueron reemplazadas por las nuevas y agresivas “Farmacias de Cadena” quienes con la posibilidad de negociar mejores precios por volumen de compra y una política agresiva de captura de cuotas de mercado, hicieron que las Farmacias de Barrio fueran desapareciendo, hasta hacerlas insignificantes ante el poder de negociación que tenían estas cadenas (más del 80% de las ventas de medicamentos se realizan en 3 cadenas de farmacias); logrando concentrar en 3 actores, las decisiones respecto de cómo se debía comportar el precio de los medicamentos.

El segundo efecto negativo fue la distribución geográfica de las farmacias; al no existir la regulación de la ubicación de las farmacias, se estableció una competencia entre los tres actores mayoritarios, con el objeto de copar todos los espacios que eran “rentables para el negocio” a fin de maximizar las ganancias. Esto generó que hoy día la mitad de las farmacias de Chile se encuentren ubicadas en la Región Metropolitana, distribuidas de acuerdo al nivel socio económico de la población, más que por la cobertura de población que se requiere; generando esto que en ciertas comunas de la Región Metropolitana tengamos una alta concentración de farmacias y en otras una muy baja densidad, lo que dificulta el acceso a los medicamentos.
El tercer efecto negativo corresponde a la integración vertical del negocio, ya que de acuerdo a la visión los negocios de “venta al por menor” la forma de maximizar las utilidades está dada por acortar la cadena de distribución, teniendo la producción, distribución y expendio integrados, es así como la existencia de Cadenas de farmacias dueñas de laboratorios, hizo que los precios de sus productos disminuyeran, aumentando sus utilidades y haciendo más difícil la sobrevivencia de las farmacias que no tenían esta posibilidad.
El cuarto efecto negativo corresponde al más pernicioso de todos y corresponde a la colusión de precios de los medicamentos, hace pocos años nos enteramos que las tres cadenas de farmacias, durante al menos 6 años, estaban coordinadas y concertadas para aumentar o disminuir el precio de los medicamentos, con claros objetivos de manejar las utilidades de las cadenas, eliminar a la posible competencia que eran las farmacias de barrio y finalmente generar un poder comprador ante los laboratorios, a fin de que estos entregaran los precios que a ellos les interesaban más que para mejorar el acceso a la población. Esto trajo consecuencias nefastas para el acceso a los medicamentos, ya que lo que se logro es el aumento de los precios, sin mejorar el acceso y solo aumentando las utilidades de las cadenas.

Estos cuatro efectos negativos, que desmienten la premisa con la cual se implementó esta nueva forma de mejorar el acceso, hacen necesario replantearse y hacer un cambio estructural en la forma de ver el medicamento.

Hemos visto que las ideas del Libre Mercado, no aplican para este tipo de productos, ya que por una parte no resuelven necesidades sustituibles o la población no cuenta con la posibilidad de intercambiar productos para satisfacer sus necesidades, tal y como sería un auto, un televisor o un kilo de pan; la génesis del medicamento está en la necesidad de reestablecer o mantener una condición de salud, por lo cual, el costo alternativo de su no uso es la no salud o más bien dicho, la enfermedad que en algunos casos puede significar la muerte del paciente.

Este simple detalle hace necesario tener una mirada distinta respecto del fármaco y sus implicancias en el acceso a la población; haciendo necesario que el Estado garantice, promueva y realice acciones para que toda la población tenga acceso a ellos; es decir, debemos dejar la lógica subsidiaria, donde el estado solo provee de instrumentos que permitan “tener la posibilidad del acceso a los medicamentos” y pasar a un estado el cual debe realizar acciones para asegurar el acceso de toda la población, de los medicamentos que requiere para mantener y recuperar la salud.

Esto es lo fundamental para comenzar a trabajar y lograr que en el mediano plazo, toda la población tenga acceso seguro y oportuno, a las terapias necesarias que deba utilizar, para solucionar sus problemas de salud.
Una vez realizado este cambio de mentalidad, podremos recién comenzar a analizar, las vías por las cuales se realizará este acceso, el origen de los medicamentos, cuales son los esenciales y que el estado debe asegurar su acceso y como regulamos que nuestros pacientes tengan acceso a los mejores tratamientos, con los menores efectos secundarios y al menor precio posible; permitiendo de esta manera hablar del medicamento como un bien social, parte de la seguridad social de la población más que un simple bien de consumo, que es como se ha tratado en los últimos 30 años.

Es necesario mirar desde otra óptica, el estatus con el que se analiza el medicamento, pasando, necesariamente desde un bien de consumo a un bien social, parte de la seguridad social del país.