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Por Fernando Atria

Abogado constitucionalista

Predeciblemente, el tema de “la violencia” es hoy un arma arrojadiza, usada por la derecha contra la oposición. La acusación no es que ésta dirige las protestas (aunque algunos han llegado cerca de decir esto): es que no la condenan de modo “suficientemente categórico”. Es que hoy se exige de cada uno una condena, y se atribuye a la respuesta un grado de intensidad. Solo los que condenan con el grado máximo de intensidad pasan. Los demás son cómplices.

Esto no es razonable. La alteración del orden público que ya ha durado cuatro meses no se explica como una suma de hechos individuales en las calles. Es el resultado de un proceso lento pero persistente de deslegitimación institucional, un proceso que, aunque era notorio, fue ignorado. Hasta que el 18 de octubre “estalló”.

¿Quiénes son responsables de la violencia que se ha producido en el contexto de este “estallido”? Es claro que en sentido jurídico, el responsable de cada saqueo, de cada incendio, de cada acto de brutalidad policial, etc. es quien lo perpetra. Pero es igualmente claro que esa discusión debe darse en tribunales. La discusión pública, por su parte, no busca identificar responsabilidades jurídicas, sino políticas.

¿Y quiénes son los políticamente responsables por el “estallido” y los daños que ha causado? A mi juicio, la respuesta es clara: quienes, frente a la deslegitimación evidente que sufrían las instituciones públicas, le negaron urgencia y quienes se opusieron a las soluciones posibles, eligiendo en vez la indiferencia y la negación.

Porque ahora sabemos que la última oportunidad de solucionar el problema constitucional en paz fue el proceso constituyente de la Presidenta Bachelet. Ese proceso fracasó por la oposición decidida de la derecha y, aunque más insidiosamente, de grupos internos a la Nueva Mayoría. Irónicamente, de los mismos que hoy exigen condenas categóricas y se reservan el derecho a calificar la intensidad de las condenas de los demás.

Hoy se cobran las cuentas impagas de una transición que hasta hace poco era celebrada por quienes la hicieron como “ejemplar”. La de las instituciones políticas, primero neutralizadas por las trampas constitucionales aunque después se acomodaron a ellas y hoy han perdido toda credibilidad, y la de Carabineros de Chile, que “se han mandado solos” durante estos treinta años (como dijo el ahora irónicamente apodado “Panzer”), de modo que nunca aprendieron a mantener el orden sin violar derechos humanos y han devenido, entonces, ineficaces.

Cuando la pregunta por el restablecimiento del orden público se plantea en este contexto, es claro que la respuesta está en un orden constitucional que asegure que las instituciones del Estado se someterán a control ciudadano y podrán de ese modo recuperar su legitimidad. Contribuir a eso, más que competir para condenar de modo más categórico que los demás, es tomarse este problema en serio.