Por Alberto Undurraga
Exministro y exalcalde DC
La semana pasada se aprobó el Ingreso Familiar de Emergencia, pero para definir su valor y cobertura se requirió del veto presidencial, dado que en el trámite legislativo el parlamento no aprobó los montos, por considerarlos insuficientes.
En circunstancias normales, hasta aquí llegaría la discusión, se resolvió la ley en el marco de la institucionalidad. Son las reglas, no correspondería insistir. Sin embargo, hay un conjunto de razones por las cuales, dado la magnitud de la crisis en que estamos, es necesario insistir.
En primer lugar, está la urgencia de millones de personas en materia de empleo. A la fecha, casi un millón quinientas mil trabajadores están sin trabajo, recién despedidos o con contratos suspendidos, afectando dramáticamente sus ingresos, grupo familiar e incertidumbre respecto al futuro.
De igual forma, miles de familias tienen problemas para obtener los alimentos requeridos para el día, generándose una multiplicación de los apoyos de parte de municipios, instituciones de beneficencia, y el resurgimiento de las ollas comunes en organizaciones comunitarias.
La ayuda para todos ellos no puede esperar, el principal soporte que puede tener es el Estado y, para muchos, resulta inentendible que habiendo recursos no se aumenten los apoyos en el ingreso, generando angustia en lo inmediato y desconfianza de lo público en el mediano plazo. Las cajas de mercaderías son necesarias y bienvenidas, pero es un aporte complementario.
Una segunda razón, que agrava la precariedad anterior viene desde lo sanitario. En efecto, las autoridades han adoptado una amplia cuarentena que contempla 42 comunas del país, teniendo al menos a más de 7,7 millones de personas confinadas en sus casas, medida necesaria para enfrentar y contener el virus, pero que genera mucho costo para las familias.
Esta cuarentena contrasta con los conceptos de “Nueva Normalidad”, “Retorno Seguro” o apertura de malls que se impulsaban, apresuradamente, al inicio de la discusión del Ingreso Familiar de Emergencia.
Por lo tanto, los supuestos sanitarios considerados para impulsar la medida han sido sobrepasados por la realidad, afectando la capacidad de las familias para generar ingresos y, por lo mismo, incurriendo en problemas para el cumplimiento de la cuarentena.
Una tercera razón está en el financiamiento, donde estimaciones de economistas señalan que los montos totales de gasto público para ayudar a las personas son aún muy pequeños (0,7% del PIB, Andrea Repetto), lo que contrasta con las cifras globales anunciadas para el total de la crisis.
Por lo tanto, es posible financiar un mayor gasto que permita subir el Ingreso Familiar de Emergencia y aumentar su cobertura. Asimismo, el trasfondo de la decisión de financiamiento debe discutirse.
¿Cuánta deuda puede absorber el Estado?, es una pregunta legítima que debemos contestar y manifestarla como parte del acuerdo nacional en ciernes, así como lo fueron los de equilibrios macroeconómicos, que permita a todos saber el marco de financiamiento posible y evitar estar negociando montos cada vez que haya una nueva ley durante la crisis.
La discusión que se tuvo sobre la tramitación del Ingreso Familiar de Emergencia se dio en un contexto bajo supuestos determinados. Estos supuestos cambiaron porque la crisis sanitaria se volvió más crítica para millones de personas. Por eso ¡insisto! se requiere más apoyo para las familias. //ELF