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Mesa del Senado contra Piñera por aumento de la delincuencia: El Gobierno es “el responsable del grave deterioro de la policía uniformada”

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La Mesa del Senado rechazó “tajantemente” las declaraciones del Presidente Sebastián Piñera, y parte de su gabinete, luego de que se endosara la responsabilidad al Congreso Nacional por el “fracaso absoluto del Gobierno en el combate a la delincuencia y el crimen organizado”.

Desde la Cámara Alta, los senadores Adriana Muñoz y Rabindranath Quinteros, afirmaron en una declaración que “se ha hecho habitual, en estos últimos años, apuntar al Poder Legislativo, por las fallas en el control de la seguridad publica, en circunstancias que es el Poder Ejecutivo el que debe asumir que tiene el mandato constitucional y las atribuciones necesarias para llevar adelante dicha función”.

En la misma línea, aseguraron que “carece por completo de verosimilitud, que sea la falta de legislación la que impida perseguir estos ilícitos. Las normas siempre pueden perfeccionarse, pero existen suficientes disposiciones para investigar y sancionar los hechos que han ocasionado conmoción pública en los últimos días”.

“La responsabilidad del Gobierno en el tema queda meridianamente expuesta en diversas situaciones”, argumentaron desde el Senado.

Desde la instancia encabezada por Adriana Muñoz sostuvieron que es el Ejecutivo “el responsable del grave deterioro de la policía uniformada, que es clave en la prevención del delito”.

“Pese a los esfuerzos que se han realizado en el Senado, en el seno de la comisión de Seguridad Pública, desde donde han emanado hojas de ruta y propuestas para una reforma integral y profunda de Carabineros de Chile, el Gobierno aun no ha presentado a discusión los proyectos de ley que se requieren para mejorar de manera sustancial la legitimidad y profesionalización de la institución”, argumentaron.

También afirmaron que “pese a las restricciones de funcionamiento por la pandemia, el Senado ha seguido avanzando en proyectos relativos a seguridad pública. Lamentablemente, es el propio Ejecutivo el que no ha presentado indicaciones a algunos de ellos, o ha sido incapaz de construir acuerdos para posibilitar su avance, como son los casos de los proyectos de ley que reforman la ley de control de armas y la ley de inteligencia, respectivamente”.

La Mesa apuntó al proyecto anunciado hoy por el Presidente Piñera contra el crimen organizado, señalando que este ya había sido “comprometido públicamente a comienzos de noviembre. Vale decir, en más de 45 días no concretó iniciativa alguna y lo ha hecho recién ante la contingencia, tras los sucesos de Maipú”.

Los senadores plantearon que están “ absolutamente disponibles para seguir avanzando en la modernización y perfeccionamiento de nuestra legislación en esta materia, con un espíritu de diálogo, colaboración y respeto mutuo”.

Finalmente, exigieron “el adecuado respeto por las instituciones democráticas. No resulta entendible que mientras continuamente, tanto el Presidente de la República como los ministros valoran públicamente el apoyo y colaboración del Congreso Nacional, se reaccione con agudas y destempladas críticas cada vez que el Ejecutivo enfrenta problemas”.

Cámara despacha al Senado Fogape 2.0: Tasa de interés no podrá superar el 4% y Hacienda expone reparos

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El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, agradeció la rapidez para tramitar el proyecto, pero aseguró que insistirá para tener «espacios de flexibilidad» en la tasa de estos créditos con garantía estatal, y así ampliar el universo de beneficiarios.

Por 113 votos a favor, nueve en contra y 16 abstenciones, la Cámara de Diputados despachó hoy al Senado el proyecto ingresado por el Ejecutivo y que apunta a modificar la ley Fogape, con el fin de mantener vigente el actual programa de créditos con garantía estatal Fogape-Covid, y crear un nuevo programa asociado también a dicho fondo, bautizado como Fogape 2.0, que lleva por apellido el título de «Reactiva».

La iniciativa busca incentivar la recuperación económica en medio de la pandemia, aliviar la carga de las empresas en la etapa inicial de reactivación y contribuir a la normalización financiera.

En el debate hubo expresiones de apoyo al proyecto, entendiendo que es necesaria en el actual contexto, pero también hubo críticas, particularmente en lo referente a liberar o ampliar la tasa de interés o en los alcances mismos de la propuesta.

Con esto, los financiamientos con garantía Fogape podrán utilizarse para refinanciamientos, sujetos a determinadas restricciones, y aumenta, hasta el 31 de diciembre de 2021, el plazo para obtener financiamiento con este tipo de garantía bajo régimen especial, incluyendo a empresas con ventas anuales de hasta un millón de unidades de fomento. Esto, considerando que el plazo vigente vence el 30 de abril.

El texto original del Ejecutivo eliminaba la norma que establecía una tasa de interés máxima de 3,5% en estos créditos, con el objetivo de generar mayor «flexibilidad» y así permitir el acceso crediticio a empresas de mayor riesgo o las que pertenecen a los sectores más golpeados por la pandemia.

En su debate en la comisión de Hacienda, se acordó que los financiamientos que garantice el fondo deberán tener una tasa de interés anual y nominal que no sea mayor al equivalente de la tasa de política monetaria más 8%. Sin embargo, La Sala aprobó una indicación que modificó aquello, fijando que la tasa no podrá superar a la de política monetaria más 4%.

Sumado a ello, se visó otra indicación que proponía que «de verificarse reprogramaciones o repactaciones de los créditos garantizados por este fondo, no podrá aplicarse en ella una tasa de interés superior a aquella en virtud de la cual se otorgó el primer financiamiento con garantía covid-19».

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, agradeció la «rápida tramitación» que tuvo el proyecto en la Cámara, destacando que «se aprobó en general y en lo particular y se rescataron los elementos principales del proyecto que es crear una nueva línea reactiva, que permite ampliar los plazos de financiamiento, financiar no solo capital de trabajo, que era lo que tenía la línea covid que ustedes conocen, sino que también financiar inversión y también reprogramación de deuda con garantía Fogape».

Aunque, recalcó, «tuvimos algunos retrocesos». En ese sentido, señaló que «para nosotros uno de los elementos centrales del proyecto es que tuviéramos mayor espacio de flexibilidad de la tasa de interés para la línea reactiva».

«La razón es obvia, la tasa de la línea Fogape-Covid quedó fijada en la ley en una tasa nominal de 3,5%, es una tasa real cercana a 0%. Esa es una maravillosa noticia para quienes acceden al crédito en esa tasa, pero deja fuera a sectores más riesgosos que quizás lo están pasando más mal y que tienen incertidumbre sobre sus flujos producto de la pandemia, pensemos en los restaurantes, turismo o la hotelería», recalcó, agregando que «eso es lamentable, entonces la idea de este proyecto era poder tener espacios de flexibilidad para poder ampliar el acceso al crédito, siempre resguardando que no tuviéramos tasas excesivas».

«Se aprobó una indicación en la Cámara de un diputado que dejó la tasa en un nivel de 4%, lo cual a todas luces no nos permite hacernos cargo de este problema, pero vamos a insistir sobre este punto que es medular en el Senado», subrayó el jefe de la billetera fiscal.

 

Ahora sólo falta su promulgación: Congreso despacha a ley proyecto del Gobierno sobre segundo retiro del 10%

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El Senado le dio un respaldo transversal a las modificaciones realizadas por la Cámara luego de varias semanas de discusión sobre la fórmula para concretar los retiros.

El nuevo retiro de parte de los fondos de pensiones ya es prácticamente una realidad. La sala del Senado aprobó en particular y despachó esta noche del Congreso el proyecto -impulsado por el Gobierno-, con lo que ahora sólo resta la promulgación de parte del Presidente Sebastián Piñera para que la iniciativa se transforme en ley.

El corazón de la norma, que contempla los montos y plazos de entrega por parte de las AFP, fue respaldado por 41 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, del senador Felipe Kast (Evópoli). Así, se dio por cerrado un debate que se extendió por varias semanas para definir la fórmula definitiva para realizar el retiro.

Posteriormente, se aprobó la indicación sobre el retiro forzoso para deudores de pensiones de alimentos, con lo que además se evitó que el proyecto pasara a comisión mixta para resolver las diferencias entre ambas corporaciones. Si bien los legisladores expresaron algunos reparos a cómo llegó el proyecto desde la Cámara Baja, reconocieron la urgencia con que se debía tramitar para lograr concretar los pagos antes de Navidad, por lo que decidieron entregar su respaldo.

Esto, producto de la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus y por las dificultades que viven miles de familias chilenas. Pese a que en un principio la idea del segundo retiro del 10% provino de la iniciativa parlamentaria impulsada por la diputada Pamela Jiles (PH) y otros legisladores, finalmente el Ejecutivo presentó su propia propuesta, la que terminó siendo aprobada esta jornada. Primero se votó en particular en la Cámara de Diputados, luego se discutió en la comisión de Hacienda del Senado y por último se tramitó por el Pleno de la Cámara Alta.

Detalles del proyecto

En concreto, la propuesta legal establece que, excepcionalmente y en el contexto de la crisis sanitaria , se autoriza a los afiliados del sistema privado de pensiones realizar, de forma voluntaria, un retiro por hasta el 10% de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias. Al igual que en el primer proyecto, este retiro no podrá exceder de 150UF ($4,3 millones), ni ser inferior a 35UF ($1 millón), en caso de que los saldos acumulados en la cuenta así lo permitan. En el caso de que los fondos sean menores a $1 millón, el afiliado podrá retirar la totalidad de los recursos de dicha cuenta y en una sola cuota.

Además, de acuerdo con la iniciativa, las altas autoridades públicas, como el Presidente de la República, ministros, subsecretarios y parlamentarios, estarán impedidos de solicitar el retiro. Por otro lado, establece que no pagarán impuestos por este retiro las personas con una renta imponible de $1,5 millones mensuales o menores a este monto. Según se acordó, los montos se cancelarán en dos cuotas: la primera en un plazo máximo de 10 días hábiles desde presentada la solicitud, y la segunda en otros 10 días hábiles a contar del desembolso anterior.

En caso de que lo retirado sea igual o inferior a 35UF, se deberá pagar la totalidad en una sola cuota y en un plazo no superior a 10 días hábiles.

Huenchumilla critica lógica binominal del Gobierno en selección de candidatos para Consejo de la Transparencia

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Para el senador de la Araucanía ambos postulantes a la directiva “reflejan típicamente el Chile dividido del Sí y el No”.

En la comisión de Constitución, el senador Francisco Huenchumilla (DC) dirigió hoy una crítica política al ejecutivo y al ministro Segpres, Cristián Monckeberg (RN), dada la propuesta del gobierno para nombrar en el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia a la abogada Natalia González y al profesor Bernardo Navarrete.

El parlamentario apuntó a que dichos nombres representan una lógica “binominal”, “el Chile dividido entre el Sí y el No”, y que a su juicio ya “cambió en Chile”.

Para el senador Huenchumilla “el gobierno, con esta propuesta sigue anclado en el pasado, porque esta es típicamente una propuesta binominal. Como si ese mundo no hubiera cambiado (…) si nosotros seguimos en la lógica de uno para ti, uno para mí, no hemos entendido que eso cambió en Chile, que tenemos que dejarlo atrás”, fustigó el senador.

“Independientemente de los méritos personales, que indudablemente los tienen (…) la señora Natalia y don Bernardo, que yo no dudo en absoluto su capacidad y su integridad (…) pero ellos reflejan típicamente el Chile dividido del Sí y el No. Y eso terminó”, insistió el legislador.

Méritos

“Evidentemente, ellos tienen los méritos intelectuales (…) pero nosotros formamos parte no del poder intelectual, sino del poder político, y el poder político es el que tiene que resolver si estos intelectuales sirven para el propósito de que la sociedad tenga un equilibrio de confianza, de legitimidad, en las tareas que tienen que cumplir”, consideró el legislador.

“Ese es el sentido del rol nuevo, que estos intelectuales, en este caso, tienen que jugar. Ya no van a jugar un rol intelectual, van a jugar un rol político, en el sentido de integrar un consejo que tiene un objetivo”, consideró.

Rol del Consejo

Asimismo, el senador DC expresó que “el Consejo para la Transparencia tiene por objeto abrir el estado, terminar con las políticas de subterráneo donde la gente, el pueblo común y corriente, veía cómo los que dirigen el estado y el poder, eran poco transparentes, hacían cosas secretas o semisecretas”.

“Hoy día estamos en sociedades abiertas, donde todo tiene que estar a la luz (…) esa es la función que cumple un Consejo para la Transparencia, y es un rol capital para la legitimidad y la credibilidad del estado, respecto de la función que cumplen los organismos públicos y el estado”, enfatizó.

Desencuentro

La exposición de los argumentos del senador DC se vio de pronto interrumpida, por la salida repentina del ministro Monckeberg de la sesión telemática. “Yo no sé si vale la pena que yo siga hablando porque el ministro se fue (…) es difícil que yo haga una exposición si el ministro se va de la pantalla y se va de la sesión. A mí me parece una falta de respeto, señor ministro, se lo digo con todo afecto”, aseveró el parlamentario.

A los pocos minutos, sin embargo, el ministro Monckeberg detalló que su desconexión se debió a un cambio de sala que debió realizar, al encontrarse presencialmente en el Congreso Nacional; explicación que fue acogida por el mismo senador Huenchumilla y por el presidente de la Comisión, el senador Alfonso De Urresti (PS).

Para terminar, el parlamentario indicó que “los argumentos los voy a guardar para cuando estén ellos acá, y espero que esté también el señor ministro, para que conozca los fundamentos de mi proposición”, puntualizó el parlamentario, apuntando a que la Comisión se dará cita nuevamente para continuar con el análisis de los nombramientos propuestos por el ejecutivo.

Comisión de Constitución del Senado aprueba agregar 23 escaños reservados para pueblos indígenas en la convención

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La comisión de Constitución del Senado aprobó esta noche la reforma constitucional orientada a asegurar escaños reservados para los pueblos originarios, y garantizar así su participación en la convención encargada de redactar la nueva Carta Magna.
En la instancia se impuso la propuesta de la oposición, por tres votos contra dos, que busca añadir 23 cupos a los 155 ya establecidos. Mientras que la idea del oficialismo de que fuesen 15 cupos, dentro de los escaños ya establecidos, fue rechazada por los integrantes de la comisión.

El proyecto fue votado durante la noche ya que el presidente de la instancia, senador Alfonso de Urresti (PS), advirtió sobre el escaso tiempo que resta para zanjar el debate.

Esto porque el 11 de enero deben inscribirse las candidaturas para quienes quieran ser parte de la convención constitucional, y aún falta que el proyecto pase por Sala del Senado, por la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y la Sala de dicha corporación.

Durante el debate de hoy, el senador Francisco Huenchumilla (DC) calificó el momento como «histórico» y destacó que la indicación aprobada se basó en la fórmula que plantearon dirigentes indígenas.

No obstante, adelantó una compleja negociación en el Pleno, ya que al tratarse de una reforma constitucional el proyecto requeriría de un quórum de 3/5 (26) para seguir avanzando, por lo que necesitaría del apoyo de parlamentarios de Chile Vamos.

«Me atrevo a decir que probablemente no van a estar los 26 votos que se requieren, entonces este es un camino que tenemos que recorrer, pero que no es muy largo, porque estamos con poco tiempo», expresó el legislador.

En tanto, desde el oficialismo el senador Rodrigo Galilea (RN) argumentó su voto en contra afirmando que puede existir un desequilibrio y una desproporcionalidad entre los pueblos originarios que se postulen a la convención.

Entre los puntos que incluye la indicación, se encuentra mantener el padrón actual, sin separar a quienes se reconozcan como de pueblos indígenas, estableciendo un distrito nacional y con un proceso de autoidentificación de los votantes. Es decir, el elector se identificaría ante su mesa como miembro de los pueblos originarios y se le entregará una papeleta especial.

En esa cédula estarían los mismos candidatos en todo el país, pero luego, a través de la corrección de mayorías, se haría el ajuste para que cada comunidad quede representada, según los cupos destinados a cada uno de los nueve pueblos originarios reconocidos (aymaras, quechua, licanantay, diaguitas, colla, rapa nui, yaganes, mapuche y afrodescendientes).

Presidenta del Senado dura con violadores de Derechos Humanos: «Es inaceptable que en democracia haya represión y violación a personas que legítimamente se movilizan»

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La presidenta del Senado, Adriana Muñoz anunció que la mesa del Senado y la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta iniciaron un trabajo en conjunto «con el propósito de contribuir a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de violación de los derechos humanos» durante el estallido social.

«Es inaceptable el silencio del Estado, es inaceptable que en una democracia ocurra esta represión y violación a personas que legítimamente se movilizan en la protesta social», criticó Muñoz.

Es debido a esto que la líder del Senado aseguró que «queremos hacernos cargos de recoger en una memoria histórica, en un texto, todo los testimonios que como Comisión de Derechos Humanos recibimos el año pasado en todas las múltiples sesiones organizadas».

Según la parlamentaria, con este trabajo se busca «entregar al país este testimonio, hacernos cargo también de medidas de reparación, contribuyendo de cara a la Ley de Presupuesto 2021 a tener los recursos necesarios para que el programa Prais se haga cargo de atender a las personas que sufrieron mutilaciones graves en su situación física y también psicológica».

«Queremos hacer una ley general de reparación con el propósito de que esto nunca más se repita. Aquí no podemos seguir soportando una cultura que no respeta los derechos humanos», puntualizó.

Finalmente comentó que «esa será nuestra contribución: queremos un relato de toda nuestra sociedad que se haga cargo que nunca más en Chile puedan suceder este tipo de violaciones a los Derechos Humanos, menos aún en una democracia que nos costó tanto conquistar y reconstruir».