Marco Antonio Ávila

Según Emol.com, 7 son los capítulos que conforman la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, pero uno de ellos es el que genera un interés transversal en la oposición por juzgar al jefe de la cartera sectorial: el referido a presuntas irregularidades en los programas alimenticios de Junaeb.

En el sexto acápite del líbelo acusatorio, se le imputa al secretario de Estado el «incumplimiento del rol de supervigilancia de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas con ocasión de los programas ‘de Alimentación Escolar’ y ‘de Alimentación Parvularia'».

Ello porque en la oposición denuncian que Ávila hizo caso omiso a las advertencias sobre la detección de mecanismos irregulares en la administración de los contratos privados con proveedores de las raciones alimenticias.

En detalle, en la acusación se señala que Junaeb ha transgredido la ley solicitando la prestación de raciones de alimentos por montos superiores a 1.000 UTM sin realizar un llamado a licitación pública, ni justificar su contratación mediante un trato directo, lo que radicaría en el mal manejo de montos superiores a 40 mil millones de pesos.

Adicionalmente, se indica que Junaeb ha realizado pagos por servicios licitados en dos procesos de licitación, los cuales no se realizaron finalmente. Los monto involucrados en ello se aquilatan sobre los 70 mil millones de pesos. Al respecto, el diputado y secretario general de RN, Diego Schalper, ha sostenido que «para nosotros el capítulo de la Junaeb es especialmente relevante, porque demuestra cómo el ministro, no sólo no ejecuta las leyes que tiene que ejecutar, sino que no supervisa, ni supervigila un servicio dependiente de él, que de acuerdo a los datos que manejamos, habría entregado fondos públicos por más de 110 mil millones de pesos de manera irregular, ya sea por razones alimenticias que finalmente no se entregan o pagando razones alimenticias que están fuera del contrato».

«De esa manera creemos que se configura una malversación de fondos muy significativa que da sustrato a las causales que la Constitución establece en lo referente a la acusación Constitucional. Vamos a trabajar incansablemente, porque nos parece que hay que cuidar cada peso, especialmente cuando se trata de los niños y niñas de Chile», añadió el legislador.

El contenido del capítulo seis, a diferencia de lo relativo a identidades de género y orientaciones sexoafectivas, genera adhesión en las huestes de la oposición, al punto que fue lo que gatilló el respaldo de parlamentarios de Evópoli y otros de Chile Vamos al líbelo acusatorio. En la interna de estos partidos, se considera que al ser un tema de gestión, de «un mal manejo de recursos», y no tanto de una cuestión valórica de educación sexual, el capítulo seis puede concitar la mayoría que se requiere para aprobar la acusación en la Cámara y enviarla al Senado.

Ahora bien, desde los equipos de Ávila, se considera que el capítulo no representa una falta constitucional, toda vez que estas radican en la no ejecución de una ley. Por tanto, se ve que tanto el acápite de Junaeb como la acusación en su conjunto, es un juicio al desempeño del ministro que no corresponde en un sistema presidencial. Cabe destacar que sobre este acápite, el titular del Mineduc señaló que «la directora de Junaeb está trabajando en algunas respuestas más inmediatas, si es que, efectivamente, es convocada por la prensa a preguntarle sobre este asunto».

Ahora bien, remarcó que él no se puede referir «porque sería parte de esto que ustedes mencionan, que es un capítulo de la acusación. Solo podemos responder en la medida en que esté asociado». «Ahora, dejaría claro que eso es parte de una acusación, por lo que sería más cuidadoso con las observaciones respecto a si hay o no irregularidad», acotó.

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, se refirió a la petición de parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI) para que se le de urgencia al proyecto denominado «Aula Segura 2.0».

La iniciativa busca prohibir cualquier tipo de beneficio estatal en la Educación Superior a aquellos secundarios, sancionados por actos delictuales. «Si un joven atentó gravemente contra su escuela, y privó a muchos niños de estudiar, sería injusto que esos niños con sus impuestos, dos años después, le tengan que pagar la universidad», indicó el diputado Jorge Alessandri.

Durante el lanzamiento del Global Teacher Prize Chile, Ávila apuntó a que en la actual legislación y en los manuales de convivencia de los colegios, los protocolos «pueden ser implementados en la medida que se implemente el debido proceso y podamos asegurar el derecho a la educación de niños que, por ejemplo, un establecimiento decida expulsar por distintas razones».

En esa línea, recalcó que «el derecho a la educación nunca puede ser conculcado, y esa es tarea del Ministerio de Educación», aclarando que «distinto es lo que pasa dentro de los establecimientos, donde perfectamente se pueden hacer debidos procesos y generar expulsiones si lo encuentran educado».

Concretamente sobre Aula Segura, afirmó que «es una ley que no tuvo mucho sentido ni en su minuto, ni creo que hoy día».

Sobre los hechos de violencia en el Instituto Nacional Barros Arana (INBA), el ministro afirmó que «la responsabilidad de los establecimientos de la comuna de Santiago es del sostenedor. Y en este caso, el municipio de Santiago y en especial su Dirección de Educación».

«Sin embargo, nosotros hemos sido un puente permanente. Yo mismo he estado en la Dirección de Educación de Santiago, reunido con el centro de estudiantes. Ellos mismos han desconocido la actitud que tienen algunos, pocos estudiantes, que lamentablemente recurren a la violencia», agregó.

Ante las demandas, afirmó que «se han generado mejoras, especialmente en el mejoramiento de la calidad de las raciones de alimentos que entrega Junaeb, hemos realizado apoyos en el ámbito de la reparación, y además dentro de los 714 proyectos de reparación menor de habitabilidad que el Mineduc está diseñando, están algunos establecimientos de Santiago».

De todas formas, advirtió que «hoy día, el presupuesto disponible no nos permite hacer una recuperación de infraestructura gruesa. Es decir, 450 o 500 millones de pesos que significa la reparación de un pabellón patrimonial».

Finalmente, reiteró que «no creemos en la violencia, lo hemos señalado en todos los tonos, y estamos disponibles a dialogar con aquellos que estén disponible a hacerlo».