Convención

El Pleno de la Convención Constitucional desarrolla este viernes con la votación de la segunda propuesta de la Comisión de Sistema Político.

En ese contexto, la instancia dio luz verde a un artículo clave para el futuro de la nueva Constitución. Se trata de las atribuciones de la Cámara de las Regiones, organismo que reemplazará al Senado en la propuesta de Carta Fundamental.

El órgano constituyente probó con 111 votos a favor, 26 en contra y 13 abstenciones la normativa de «leyes de acuerdo regional», donde se definen las materias sobre las que tendrá la nueva entidad legislativa.

La propuesta incluso contó con el apoyo de convencionales de Vamos por Chile, como Hernán Larraín Matte, Raúl Celis y Cristián Monckeberg, además de los representantes del Colectivo del Apruebo Fuad Chahín y Eduardo Castillo.

El texto señala que «sólo son leyes de acuerdo regional las que reformen la Constitución; las que regulen la organización, atribuciones y funcionamiento de los Sistemas de Justicia, del Poder Legislativo y de los órganos autónomos constitucionales; las que regulen los estados de excepción constitucional».

A ellas se suman «las que implementen el derecho a la salud, derecho a la educación y derecho a la vivienda; la de Presupuestos; las que aprueben el Estatuto Regional; las que regulen la elección, designación, competencias, atribuciones y procedimientos de los órganos y autoridades de las entidades territoriales; las que creen, modifiquen o supriman tributos o exenciones y determinen su progresión y proporcionalidad; las que directamente irroguen al Estado gastos cuya ejecución corresponda a las entidades territoriales».

También están «las que establezcan o alteren la división político-administrativa del país; las que establezcan los mecanismos de distribución fiscal y presupuestaria, y otros mecanismos de compensación económica entre las distintas entidades territoriales; las que autoricen la celebración de operaciones que comprometan la responsabilidad patrimonial de las entidades territoriales; las que autoricen a las entidades territoriales la creación de empresas públicas; las que deleguen potestades legislativas en conformidad al artículo 31 Nº12 de esta Constitución».

Finalmente se mencionan «las que regulen la planificación territorial y urbanística y su ejecución; las que regulen la protección del medio ambiente; las que regulen las votaciones populares y escrutinios; las que regulen las organizaciones políticas, y las demás que esta Constitución califique como de acuerdo regional».

Además, la normativa indica que «si se generare un conflicto de competencia entre la Cámara de las Regiones y el Congreso de Diputadas y Diputados con relación a si una o más materias dispuestas en este artículo deben ser revisadas por la Cámara de las Regiones, esta aprobará su competencia por mayoría simple de sus miembros y el Congreso lo ratificará por mayoría simple. En caso que el Congreso rechace la revisión aprobada por la Cámara de las Regiones, ésta podrá recurrir a la Corte Constitucional por acuerdo de mayoría simple».

Durante la jornada de este viernes, la Convención Constitucional votará las atribuciones de la Cámara de las Regiones, instancia que eventualmente reemplazaría al Senado si se aprueba la nueva Constitución.

El artículo que se vota esta tarde necesita 2/3 de las votaciones para su aprobación, quórum que se alcanzaría sin problemas, de acuerdo a quienes concurrieron al acuerdo que diseñó el proyecto.

De todas formas, la discusión del artículo no ha estado exenta de diferencias entre los convencionales.

Los constituyentes de izquierda debieron ceder y asumir que se agregaran más atribuciones a la nueva instancia. Entre estas, se incluye el poder injerir en reformas constitucionales o proyectos relativos a derechos sociales.

Jaime Bassa, constituyente frenteamplista y exicepresidente de la Convención, se mostró optimista frente a la medida y aseguró que “todo indica, por los compromisos adoptados y las concesiones recíprocas que se han hecho, que debiera ser un buen día para la Comisión de Sistema Político y debiera aprobarse parte muy significativa de lo que la comisión le ha propuesto al Pleno”.

Aún existen dudas respecto a la postura de los convencionales independientes, quienes hace algunas semanas condicionaron su apoyo, pues para ellos era fundamental que el artículo permitiera la participación de organizaciones políticas en el Congreso.

Cabe mencionar, que la Comisión de Sistema Político tiene plazo hasta el domingo 8 de mayo para ingresar normas transitorias. Entre las temáticas incluidas está la reelección del Presidente o la duración de su cargo.

Al respecto, el Presidente Gabriel Boric dijo no tener “ningún problema al respecto”, pues «no vinimos a aferrarnos al poder. Estamos disponibles al proceso de cambios que establezca la Convención”.

Si existe un acuerdo respecto a la medida que se votará hoy en el pleno, el artículo pasará directo al borrador de la nueva Carta Magna. Si de lo contrario, la norma es rechazada, entonces las atribuciones deberán ser establecidas por el Congreso.

El Pleno de la Convención Constitucional aprobó en la noche del martes la creación de la Corte Constitucional, que busca reemplazar al Tribunal Constitucional, pero con atribuciones más limitadas.

Además, se aprobó en general el informe de la comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional que establece un Banco Central “autónomo”, pero en particular se rechazó gran parte de la propuesta.

Sobre la Corte Constitucional, se define como un “órgano autónomo, técnico y profesional, encargado de ejercer la justicia constitucional con la finalidad de garantizar la supremacía de la Constitución”. Se agrega que “sus resoluciones se fundarán únicamente en razones de derecho”.

Se demarcó que sus 11 miembros deben ser abogadas o abogados, con idoneidad y más de 15 años de ejercicio profesional, durarán nueve años en sus cargos, sin posibilidad de reelección, y se renovarán por parcialidades cada tres años.

A su vez, no podrán postular los que hayan ocupado cargos de elección popular, los que hayan sido ministros del Estado u otros cargos de confianza del gobierno durante los dos años anteriores a la elección. Después de terminar su cargo, durante los 18 meses siguientes “no podrán postularse a ningún cargo de elección popular ni de exclusiva confianza de alguna autoridad”.

Sin embargo, el Pleno rechazó el artículo que planteaba los criterios para el nombramiento de los integrantes de la Corte y que establecía que cuatro de los miembros serían elegidos por el Consejo de Alta Dirección Pública, tres designados por el Presidente de la República a través de ternas propuestas por el Consejo de Alta Dirección Pública y cuatro por el Consejo de Justicia. Dicho texto fue devuelto a la comisión para que realice modificaciones.

Se aprobó, también, el artículo que dice que los jueces de la Corte “son independientes de todo otro poder y gozan de inamovilidad, pero que podrán ser cesados de sus cargos por haber cumplido su periodo, por incapacidad legal sobreviniente, por renuncia, por sentencia penal condenatoria, por remoción, enfermedad incompatible con el ejercicio de la función u otra causa establecida por la ley”.

BANCO CENTRAL

Respecto al informe de la comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional, que establece un Banco Central, solo se aprobaron dos y medio artículos de los ocho que contenía, los que pasarán al borrador de la nueva Constitución.

Uno de los aprobados está el que plantea que el Banco Central es “un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter técnico, encargado de formular y conducir la política monetaria”.

Además, se aprobó el que señala que el BC rendirá cuenta al Congreso y se aprobaron dos incisos que establecen que “la dirección y administración superior del Banco estará a cargo de un Consejo” y que “la ley determinará los requisitos, responsabilidades, inhabilidades e incompatibilidades para las y los consejeros del Banco”.

Todo el resto se rechazó, por lo que volverá a la comisión para que realice modificaciones para una segunda propuesta.

Durante la jornada de este viernes, la comisión de Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad presentó su informe con 38 artículos listos para ser revisados y votados por la Convención Constitucional. De las 38 normas, sólo se aprobó una.

La normativa aprobada se refiere al derecho a la identidad e integridad cultural que poseen los pueblos y naciones indígenas y sus miembros, y fue validada con 107 votos a favor, 9 en contra y 8 abstenciones.

Algunas de los puntos rechazados por el pleno por no llegar al quórum de dos tercios, fueron los relacionados al derecho de los pueblos originarios al agua, a no ser desplazados de sus territorios, el principio de plurinacionalidad, el reconocimiento del genocidio indígena, las Autonomías Territoriales Indígenas, el derecho a la consulta y consentimiento previo, entre otros.

Los temas abordados en el informe de la comisión nacieron a partir de la Consulta Indígena que realizó el organismo constituyente en enero de este año, y que contó con 19 días de despliegue dentro del territorio nacional, y que significó un costo cercano a los 300 millones de pesos.

Cabe mencionar, que desde la derecha se mostraron reacios a los artículos presentados por la comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas, desde un principio.

Arturo Zúñiga (UDI), dentro de su intervención en la discusión dijo: “Ustedes lograron trasformar esa cuestionada participación ciudadana en un documento casi idéntico a las normas ya aprobadas, ratificando su invalidez metodológica (…). Por todo esto, cuestionamos este proceso de participación indígena y su resultado”.

El convencional Eduardo Cretton, del mismo partido que Zúñiga, apoyó la invalidez del texto y enfatizó en que «hasta el día de hoy hay 43 artículos aprobados por esta Convención que contienen materias sobre pueblos indígenas, todas estas normas han sido aprobadas sin el resultado de la consulta indígena”.

Por el otro lado, Elisa Loncon (Mapuche) comentó que aunque se repitan artículos ya contenidos en el borrador de la nueva Carta Magna, “faltan todavía los más importantes: la tierra y los territorios, las aguas y otros”.

Los artículos rechazados deberán volver a la comisión para eventuales modificaciones.