Caso Convenios

El ministro de Justicia, Luis Cordero, descartó este jueves que Giorgio Jackson, Javiera Martínez y Miguel Crispi hayan sido citados a declarar por el Ministerio Público, en el marco de las indagatorias por el Caso Convenios.

En conversación con Radio Universo, el secretario de Estado acusó a los partidos de oposición de «utilizar herramientos jurídicas fines políticos» y criticó la querella presentada por republicanos.

«No existen citaciones por parte del Ministerio Público ni al exministro Jackson ni al asesor Miguel Crispi ni a la directora de Presupuesto, Javiera Martínez», afirmó.

«No existen citaciones a declarar de ninguna de esas tres personas», sostuvo al ser consultado por si existía la posibilidad de que las citaciones aún no han sido notificadas.

Cabe recordar que, el 20 de junio, los diputados del Partido Republicano Juan Eduardo Irarrázaval y Cristián Araya presentaron una querella “en contra de los funcionarios públicos que resulten autores, cómplices y encubridores de los delitos de cohecho agravado (…) y de fraude al fisco».

Fue en ese contexto que, ayer miércoles, surgió el trascendido de que el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson; la actual directora de Presupuesto, Javiera Martínez y el jefe de Asesores de La Moneda, Miguel Crispi, habrían sido citados por el Ministerio Público.

En razón de la querella presentada por el Partido Republicano, el ministro Cordero criticó que los sectores de oposición «utilicen las herramientas jurídicas para fines políticos».

En esa línea, la autoridad aseveró que se ha empleado de «forma errónea» el concepto de imputado, en el marco de las indagatorias por el Caso Convenios.

«En la legislación chilena, el imputado es aquella persona contra la cual se está dirigiendo una investigación (…) Desde el punto de vista procesal, la legislación chilena entiende que la condición de imputado se da para que la persona tenga garantías, es decir, tenga derecho a un abogado, ciertos derechos procesales al momento de declarar, etc», aclaró.

«Pero cuando esa denominación se utiliza en la política, el concepto de imputado deja de tener la connotación jurídica para transformarse en un verdadero acusado», añadió.

Finalmente, Cordero reiteró su crítica contra el Partido Republicano por la querella y aseguró que la petición de solicitar la renuncia de Javiera Martínez, realizada por Chile Vamos fue «apresurada».

«No corresponde utilizar herramientas jurídicas para fines políticos (…) que es lo que hizo el Partido Republicano ayer y me parece que la declaración de Chile Vamos fue apresurada», cerró.

La Fiscalía Regional de Valparaíso recepcionó una denuncia de dos parlamentarios que realizaron la acusación en la Fiscalía Nacional por actuaciones que se habrían verificado en concreto en la Subsecretaría de las Artes, la Cultura y el Patrimonio por medio de Andrea Gutiérrez.

“Esa dependencia ministerial tiene sede en Valparaíso. Se nos ha remitido para iniciar una investigación”, comentó la fiscal regional, Claudia Perivancich.

Este hecho tiene que ver por las contrataciones que se habrían realizado, que los denunciantes calificaron como un eventual tráfico de influencia. Por eso, iniciaran una investigación en conjunto con la Unidad Regional Anticorrupción.

“Atendía la participación de la subsecretaria en la definición de contrataciones que suponían entregas de proyectos y por tanto pago de dinero a una persona que estaba relacionada personalmente con ella”, mencionó la fiscal.

“Por ahora lo que entendemos es que está determinado por actuaciones de la Subsecretaría del Ministerio de las Artes, la Cultura y el Patrimonio”, confirmó la fiscal.