La Federación de Trabajadores del Cobre valora resolución de la Superintendencia de Salud, frente a denuncia de Sindicatos de Chuquicamata por intromisión ilegal de los altos ejecutivos de Codelco en las fichas médicas de trabajadores, al tiempo que exige el reintegro inmediato de los trabajadores que se encuentran apartados de sus labores, producto de esta gravísima infracción cometida por la administración de la empresa.
La Federación de Trabajadores del Cobre manifiesta su conformidad y valoración por la resolución de la Superintendencia de Salud, quien resolvió que hubo intromisión ilegal a las fichas médicas de los trabajadores representados por los Sindicatos 1, 2 y 3 de Chuquicamata, organizaciones que interpusieron una querella criminal en contra de los máximos ejecutivos de Codelco, por la magnitud y gravedad de este hecho.
Esta maniobra ilegal, que afectó a cerca de 1.000 trabajadores, se realizó sin el consentimiento y conocimiento de los mismos. Para esto, la administración utilizó datos confidenciales que están incluidos en dichas fichas médicas, relacionados a enfermedades o patologías definidas en su historial médico, buscando con ello que dichos datos se utilizaran para separar de sus funciones a los trabajadores afectados, amenazándolos con el despido inmediato por parte de la administración de la empresa, quien los obligó a acogerse a plan de egreso.
Como Federación de Trabajadores del Cobre repudiamos esta acción, que linda con lo delictivo, ya que no sólo fue realizada por personal médico del Hospital del Cobre perteneciente a la División Chuquicamata, sino además contó con el consentimiento de ejecutivos de Codelco, lo que aumenta su complejidad.
Ante la máxima gravedad de esta situación, reiteramos nuestro respaldo a todas y cada una de las acciones impulsadas por las organizaciones sindicales de Chuquicamata, contra la alta administración de Codelco, encabezada por el presidente del directorio, señor Juan Benavides y el presidente ejecutivo de esta empresa estatal, señor Octavio Araneda, al tiempo que exigimos el reintegro inmediato de los trabajadores que se encuentran apartados de sus labores, producto de estas infracciones y anomalías.