bancadas de oposición

El diputado Boris Barrera, con el apoyo de las y los legisladores, Tomás Hirsch, Camila Vallejo, Karol Cariola, Diego Ibáñez, Juan Santana y Leonardo Soto, presentó este miércoles, un proyecto de Reforma Constitucional para que las y los jóvenes de 14 años tengan derecho a voto en el plebiscito de salida de la nueva constitución política.

La moción recoge una de las demandas más sentidas por amplios sectores de la sociedad, que es el reconocimiento concreto a las y los jóvenes estudiantes como autores del movimiento de masas más grande conocido en la historia nacional hasta la fecha y que se expresa hoy, en la elección de las y los constituyentes.

Se trata de una reforma constitucional que modifica el artículo 142, para incorporar una norma excepcional que habilita el sufragio a partir de los 14 años cumplidos en el plebiscito de salida del proceso constitucional.

Barrera recordó la participación de las y los jóvenes en los procesos sociales, principalmente estudiantes secundarios y universitarios, como la Revolución Pingüina en el 2006, la lucha del 2011 por la educación gratuita y de calidad, el estallido social del 2019 que comienza con el salto de los torniquetes donde los estudiantes hacen un llamado a sumarse a la movilización contra el alza de los pasajes y donde el 18 de octubre se suma todo Chile y que deriva en el proceso constituyente.

Sin embargo, señaló el diputado, esta etapa no considera a los protagonistas del proceso histórico y único que vive el país. “Por lo tanto, nosotros acabamos de presentar un proyecto de ley que habilita, para hacer un poco de justicia con las y los jóvenes, el voto en el plebiscito de salida de la convención constitucional a partir de los 14 años” indicó.

Barrera precisó que el año pasado, la Defensoría de Niñez envió un oficio al Senado y la Cámara, instando a que se legisle sobre la participación de estos jóvenes en el proceso constituyente. Además, tienen un estudio que señala que el 54% dice que le gustaría participar incluso en la construcción de esta nueva constitución y que el 76% dijo que participaron en las movilizaciones sociales que derivaron en este en el proceso constituyente. Por otro lado, indicó, en la consulta municipal de diciembre de 2019, más del 80% se pronunció a favor de disminuir la edad de votar.

A todo esto, se suma el hecho que Chile suscribe la Convención sobre los Derechos de los niños, niñas adolescentes, donde se establece la importancia de consultarles sobre temas que los afecten, puntualizó Barrera.

Por su parte, el diputado Tomas Hirsh (Acción Humanista) indicó que “son los jóvenes los que han impulsado un proceso que nos tiene ad portas de redactar una nueva constitución para Chile. Y esta es una constitución para el futuro, por lo tanto, los que más se van a ver afectados por lo bueno o malo que incluya, por lo que se incorpore o se deja afuera, van a ser las nuevas generaciones”.

En tanto, la diputada Camila Vallejo, recordó que hace 10 años, “convocamos a la primera movilización estudiantil del 2011 que inició una serie de manifestaciones sociales, donde nos acompañaron los trabajadores de la educación, profesores, profesoras, funcionarios, nuestros padres, abuelos y abuelas. Y quería recordar esa fecha porque hay que superar la mirada adultocentrista, porque nuestra juventud ha hecho historia en distintos momentos, antes del 2011 incluso. Y no puede ser que a quienes han impulsado las grandes transformaciones junto a las clases populares, los excluimos de la toma de decisiones que son claves para la construcción del presente y el futuro”.

En esa misma línea, el diputado Leonardo Soto (PS) indicó que esta “es una norma que le hace mucha justicia a todos los jóvenes de nuestro país, porque se ganaron el derecho a participar en el proceso constituyente desde que fueron los impulsores y detonadores de los movimientos sociales que iniciaron el estallido social y nunca dejaron de impulsar el proceso y por supuesto, se ganaron el derecho a participar en esta decisión y en las que vengan(…) la nueva constitución debe surgir con la máxima legitimidad y con el mayor respaldo ciudadano y el plebiscito de salida tiene voto obligatorio, para dotar de legitimidad incuestionable a una constitución que va a ser redactada por los que resulten electos”.

Apoyo juvenil

La iniciativa también fue respaldada por dirigentes vinculados al movimiento estudiantil. Valentina Miranda, ex vocera de la Cones y actual candidata a la Convención Constitucional, señaló que “es importante que las y los jóvenes que participaron durante este proceso histórico del salto al torniquete, tienen que ser partícipes del plebiscito de salida y este proceso constituyente (…) Somos sujetos de derecho y tenemos opinión política con respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país”.

En tanto, la ex dirigenta de la Cones de la Región del Bio Bio, Leyconi Carrier, junto con expresar su apoyo a la iniciativa indicó que no se puede olvidar que “sin la movilización activa de miles de jóvenes que fueron capaces de despertar a todo un país y de estremecer los cimientos del modelo neoliberal, el proceso constituyente que actualmente estamos viendo no sería posible”.

Con el «objetivo general conjunto» de «conseguir un gobierno de mayoría en sintonía con el cambio de Constitución» cerró una reunión donde participaron representantes de todas las candidaturas presidenciales y de partidos políticos de la oposición.

Por más de dos horas, la reunión convocada por el candidato presidencial del Partido Radical, Carlos Maldonado acordó de forma unánime «el derrotar a la derecha para reemplazar el sistema neoliberal y conseguir un gobierno de mayoría en sintonía con el cambio de Constitución».

El también presidente del PR explicó que «se trata de un primer gran paso en camino a la unidad necesaria para alcanzar los cambios que Chile necesita».

«Esta definición nos pone a todas y todos tras un objetivo común, más allá de las legítimas diferencias que tengamos, que siempre van a ser menores que las que tengamos con la derecha. Es un horizonte que nos permite ordenar los esfuerzos para confluir con responsabilidad», agregó.

En la instancia estuvieron presentes Marcela Hernando (PR), Lorena Fríes (UNIR), Víctor Maldonado (DC), Álvaro Elizalde (PS), Carolina García (COMUNES), Catalina Valenzuela (PH), Eduardo Muñoz (UNIR), Emilio Oñate (PR), Gonzalo Martner (FRVS), Gonzalo Navarrete (PPD), Juan Andrés Lagos (PC), Javiera Cabello (CS) y Pablo Maltés (PH), además del mencionado Maldonado.

Los parlamentarios de oposición que integran la Comisión Mixta de Fármacos -Girardi, Quinteros, Goic y Crispi- anunciaron que este jueves pondrán en tabla, de manera unilateral, la propuesta de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que establece un precio de intermediación de los medicamentos y que evitará “incentivo para negar los genéricos”, aseguró el senador PPD.

Los senadores Rabindranath Quinteros, Guido Girardi, y Carolina Goic, junto al diputado Miguel Crispi, integrantes de la Comisión Mixta de Fármacos, anunciaron -este martes- que el próximo jueves pondrán en tabla la propuesta presentada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que establece un precio de intermediación para los medicamentos.

En el punto de prensa -en el cual se excusaron los diputados Juan Luis Castro y Víctor Torres- el senador Girardi dijo que “nuestro ánimo era llegar a un acuerdo con el Gobierno, pero llevan más de un año dilatando y, ahora quieren confundir a la gente, para seguir protegiendo las utilidades abusivas y sobre normales de la industria farmacéutica”.

Y agregó que “no seguiremos esperando al Ejecutivo vamos a votar el jueves y que se apliquen las mayorías”.

El senador Quinteros, presidente de la Comisión de Salud del Senado, señaló que “el Gobierno no tiene interés real de regular de verdad los precios de los medicamentos en las farmacias, los laboratorios y en las clínicas, para que haya una rebaja significativa de sus costos y terminar con diferencias que no tienen ninguna justificación”.

Por su parte del diputado Miguel Crispi, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, señaló que “recibimos este proyecto en 2018, avanzamos cuanto pudimos, para llegar a la mixta y llevamos un año esperando al Gobierno (…) el 31 de marzo llegó una indicación que defienden a la industria farmacéutica porque genera todo tipo de resquicios para que los usuarios queden tan indefensos como hasta ahora”.

La senadora Carolina Goic afirmó que “la legislación que vamos a establecer avanza en impedir utilidades multimillonarias a costa de las personas enfermas (…) y cautela que los pacientes puedan acceder a precios más justos. El llamado es a que el Gobierno se abra a respaldar nuestra propuesta y zanjar esto a través de un acuerdo y no por el Tribunal Constitucional (TC)”.

El senador Guido Girardi afirmó que la iniciativa, que presentaran este jueves, “establece una regulación de precios en las cadenas que es la propuesta que le solicitamos a la FNE, organismo que no tiene sesgo ideológico, y que señaló que lo mejor era establecer un precio de intermediación”.

Y acusó que el Gobierno quiere “confundir a la gente (propone) con 10 categorías distintas y que las farmacias definan cuales van a estar en cada categoría lo que hace imposible comparar el precio de una farmacia a otra. Obviamente están tratando de sabotear la postura de la FNE”.

Agregó que “el Gobierno acepta regular sólo los medicamentos que tienen cobertura, pero estos se entregan de manera gratuita y son justamente los que no tienen cobertura los que hacen que Chile tenga los medicamentos más caros del mundo y el mayor gasto de bolsillo”.

Y finalizó señalando “no vamos a esperar más las propuestas del Ejecutivo, que lleva un año dilatando a la Comisión Mixta y vamos a votar el jueves y, aunque no era nuestro ánimo, aplicaremos las mayorías”.

El gobierno «quiere pasar por secretaría una vulneración abierta» según la diputada Gael Yeomans, luego que ingresaran un oficio que permite a contactos estrechos y contagiados sin síntomas trabajar de forma remota y no disponer de su licencia. Mientras que el diputado Daniel Núñez afirmó que actuó «la mano negra de las isapres».

No se hicieron esperar las reacciones al oficio emitido por el Ministerio de Salud (Minsal) en el que se habilita el trabajo de manera telemática para quienes estén contagiados y sean asintomáticos, y para quienes sean contacto estrecho de alguien infectado con COVID-19.

Las críticas al documento, firmado por la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, apuntan principalmente a la vulneración que significaría el que no cuenten con su licencia médica para cruzar el contagio, apelando que el derecho a licencia es uno ya adquirido por el sólo hecho de ser trabajador.

Desde el gobierno, en cambio, defienden que esta medida busca proteger el empleo. El ministro secretario general de gobierno, Jaime Bellolio, explicó que este oficio es “absolutamente pro trabajador, porque cuando hay una licencia que entrega el médico, no se necesita que el trabajador diga sí o no, hay una licencia entregada“.

“Lo que está diciendo esa circular es que al ser un caso sospechoso, también puede tomar la licencia. Entonces está traspasando una ventaja al ser protegido frente a esos mismos derechos“, complementó el vocero de gobierno.

Sin embargo, para parlamentarios de oposición es una clara vulneración de los derechos laborales. El diputado Daniel Núñez (PC) afirmó que “acá se está vulnerando el que una persona enferma pueda tener el descanso que corresponde, y esto también afecta y pone en riesgo la salud de los trabajadores y trabajadoras”.

“Ahora, lo que uno se pregunta es por qué la autoridad emite una norma de este tipo. Aquí lo que está es la mano negra de las isapres, lo denuncio sin temor. Está la mano negra de las isapres que no quieren pagar las licencias médicas a un trabajador o trabajadora que es contacto estrecho o que está afectado por COVID”, dijo el parlamentario.

La diputada Gael Yeomans (CS) también criticó el oficio del Minsal, apuntando a que el gobierno busca subterfugios para producir normas.

“Estamos hablando de un derecho fundamental en materia laboral, donde el gobierno parece que ya no tiene escrúpulos en materia laboral y de protección a los trabajadores, quiere pasar por secretaría una vulneración abierta a un derecho como el que estamos hablando“, aseguró Yeomans.

Si bien el propio ministro secretario general de la presidencia, Juan José Ossa, había planteado que se realizaría una enmienda al oficio, lo que ocurrió finalmente fue que se aclaró el contenido del mismo.

“El Frente Amplio se apresuró, porque lo que le puedo decir ahora es que la subsecretaria Daza nos ha señalado que va a enmendar ese oficio. Los problemas dejan de existir cuando ya no existen“, dijo en la sede del Congreso.

El oficio fue finalmente explicado en detalle en el sitio web del Minsal, donde insisten en que “no vulnera el derecho legal a subsidio de incapacidad laboral de los trabajadores“.

“Los trabajadores que no presenten síntomas, podrán no hacer uso del derecho a licencia médica, teniendo la opción de continuar la realización de sus funciones en forma remota, durante su aislamiento obligatorio, siempre que la naturaleza de éstas lo permitan y siempre siendo el trabajador el que toma la decisión”, informó el ministerio.

Además, se detalló que aún tras aceptar esta modalidad el trabajador de todas formas cuenta con el derecho de invocar su licencia médica.