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Los partidos del bloque elaboraron una propuesta en la que exigen mayor gasto público para financiar los problemas económicos y sociales que generará el coronavirus en Chile.

Los partidos del bloque Convergencia Progresista presentaron este viernes un plan económico y social para enfrentar los efectos que generará en el país la crisis sanitaria del coronavirus, subrayando la necesidad de incrementar el gasto social para financiar la ayuda hacia las personas que se verán afectadas por el avance de la pandemia.

En el documento, los presidentes del PS, PPD y PR subrayaron que «el momento que vive el país requiere amplia colaboración entre todas las chilenas y chilenos, sus representantes y autoridades, para salvaguardar la vida y el bienestar de todas y todos. Lo más relevante hoy, es la forma en la cual se enfrentará esta pandemia y sus consecuencias».

En esa línea, aseguraron que «el impacto económico de la crisis sanitaria que vivimos será una recesión; no sólo en Chile, sino a nivel global, la mayor desde la segunda guerra mundial. Para enfrentar esta difícil situación, se necesita un plan fiscal proactivo y de la envergadura que la profundidad de la crisis demanda».

A juicio de esas colectividades «Chile puede llevar a cabo este plan, por sus ahorros y condiciones para endeudarse. Hoy es cuando debemos ocupar de manera enérgica e incluso agresiva nuestra capacidad fiscal. Son estos los momentos en que el Estado debe hacer el mayor de sus esfuerzos para proteger a todas las personas».

En ese contexto, plantearon que «las medidas anunciadas hasta hoy por el gobierno son un paso positivo, pero completamente insuficiente, tanto para dar ese respaldo significativo que necesitan las personas, como para evitar la fuerte caída en la actividad económica».

«El programa de protección presentado hasta ahora es incompleto, tanto para los trabajadores dependientes como para los trabajadores por cuenta propia. La realidad es que de los casi US$12 mil millones anunciados, sólo 4.500 son gasto real. O sea, un 1,5% del PIB», lamentaron.

Por ello, advirtieron que «estamos ante una crisis de las que ocurre una o dos veces en el siglo, por lo cual hay que actuar con decisión. Perfectamente se puede llegar a un 5% del PIB, en el entendido que esos recursos no son sólo gasto fiscal, sino que también garantías, para que la economía y en particular el sistema crediticio, funcionen».

DETALLE DE LAS MEDIDAS

Para enfrentar esa situación, los partidos de centroizquierda propusieron «un programa de rentas a toda la población que se quede sin ingresos hasta finalizada la urgencia sanitaria. La prioridad debe ser las y los trabajadores de Chile y sus familias», por lo que plantearon dos vías para salvaguardar a quienes han perdido sus ingresos normales.

La primera de ellas es la creación de un seguro familiar. «Este beneficiaría a todas las familias cuyos ingresos provengan de trabajos informales (sin contrato de trabajo) o con contrato de trabajador/a de casa particular. El aporte será proporcional al número de integrantes del hogar: $126.000 por cada miembro».

«Dado que la familia promedio en Chile tiene 3.1 miembros, el ingreso promedio que estas recibirían sería de $390.000 al mes. Estimamos que alrededor de 1.700.000 hogares deberían recibir el seguro familiar, por lo que su costo mensual sería de US$ 790 millones aproximadamente», estiman, considerando a las familias inscritas en el Registro Social de Hogares, que ya cubre al 74% de la población.

La segunda fórmula es el establecimiento de un subsidio de desempleo. «En línea con lo propuesto por el gobierno, deben aportarse ya los US$ 2.000 millones para que todos/as los que pierdan o vean suspendido su trabajo formal, mantengan su ingreso, de acuerdo con las reglas de este seguro».

«Adicionalmente, proponemos que el Estado complemente con recursos del subsidio de desempleo los niveles de ingresos de los trabajadores en las empresas que, por razones justificadas y con acuerdo de sus sindicatos, no puedan pagar la totalidad de sus salarios durante la emergencia», indicaron.

Asimismo, apuntaron a la contribución del sector privado para ayudar a las personas a pagar sus deudas. «Es indispensable que durante este período de estrechez económica las familias no deban destinar sus ingresos al pago de deudas o servicios de utilidad pública. Algunas de estas empresas ya han accedido a postergar sus cobros».

Otra medida que incluyeron es la necesidad de establecer de manera transitoria la fijación de precios de alimentos y bienes básicos y esenciales, la ampliación de medidas de distribución de alimentos y el congelamiento de las tarifas de los servicios básicos, incluyendo internet.

En cuanto al financiamiento, aseguraron que «el costo de las dos medidas señaladas al inicio, sumadas, alcanza, aproximadamente, a 1,9 puntos del PIB (suponiendo tres meses de seguro familiar. Si este se extendiera por cuatro meses, el costo sería de 2,58 puntos del PIB), monto completamente financiable con los recursos que el Estado dispone o puede acceder».

«Bastaría con asignar menos de la mitad de lo disponible en el Fondo de Estabilización Económica y Social. Sin embargo, consideramos conveniente usar una variedad de mecanismos de financiamiento, entre los que se encuentran la adquisición de deuda externa, la venta de bonos del tesoro en el mercado secundario al Banco Central (requiere cambio constitucional) y la reasignación presupuestaria», enfatizaron.