Por Jorge Consales
Ha transcurrido un tiempo desde los sucesivos asesinatos de Carabineros, que provocaron un generalizado rechazo e indignación de la ciudadanía y también cesó la presión mediática, sensacionalista (casi morbosa) de los canales de TV, que cubrieron estos hechos, por semanas enteras y programas especiales, al igual, que connotados personeros de derecha, que utilizaron políticamente la conmoción pública que estos lamentables hechos provocan y el dolor de las familias afectadas.
Sin perjuicio del imperativo de encontrar a todos los culpables, aplicando a éstos el rigor de la ley, hay una arista que las autoridades y organismos policiales, al parecer, han dejado de lado o no han investigado lo suficiente: ¿CÓMO Y DE DÓNDE, estas bandas criminales obtienen esas armas con alto poder de fuego y sus municiones?
La tasa de homicidios en Chile subió desde 2,6 hasta 5,7 asesinatos cada 100 mil habitantes y existen serios indicios que este incremento, se debería en gran parte a la existencia de bandas criminales organizadas que tienen incorporado el asesinato en su modo de operar y lo asumen como un costo de sus acciones delictivas. Dichas bandas, además están preparadas para enfrentarse con la policía.
No es baladí relacionar el aumento de los asesinatos y las armas utilizadas en estos hechos de sangre, con el incremento de los casos de sustracción y tráfico de armamento y municiones que se han denunciado, muchos de ellos, perpetrados en los propios recintos policiales y militares. Una investigación de CIPER(*) analizó 38 casos de robos a Carabineros, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, contabilizando 54 funcionarios implicados en estos robos, a la vez la PDI, reportó la desaparición de 56 armas de sus dependencias en sólo un año.
Estos datos demuestran que es necesario, un mayor control del número de armas en las instituciones policiales y FFAA., modernizar los procedimientos de uso y entrega a los funcionarios, el registro de armas que se extravían o son robadas a éstos y la forma en que se desecha o reemplaza dicho armamento. Además, que es urgente fiscalizar como funciona el comercio legal de armas y su eventual participación en un mercado negro que arroja millonarias ganancias. Al mismo tiempo, urge continuar restringiendo al máximo, la tenencia de armas por parte de particulares, perfeccionando la normativa actual sobre la materia.
Una investigación profunda y exhaustiva sobre la ruta de las armas perdidas, sustraídas y robadas que finalmente son adquiridas por los delincuentes, debería ser abordada por las autoridades e implementada por los equipos de inteligencia policial, ya que sus resultados, permitirían la implementación de políticas y medidas de fondo, si se quiere enfrentar el flagelo de la delincuencia de manera eficaz. Esto, porque tan o más importante que reprimir el delito, es prevenirlo, y una buena forma para ello, es impedir que las armas lleguen a las manos de los delincuentes. //ELF
