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Diputado Calisto (DC) por segundo retiro del 10%: “Lo queremos sin letra chica”

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Como “un gran paso” calificó el diputado la aprobación en particular en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados del proyecto que permite un segundo retiro de un 10% de los ahorros previsionales.

Como “un gran paso” calificó el diputado Miguel Ángel Calisto la aprobación en particular en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados del proyecto que permite un segundo retiro de un 10% de los ahorros previsionales, resaltando la urgencia que tienen una gran cantidad de familias que no están generando ingresos a raíz de la pandemia y asegurando que tiene que ser “sin letra chica”.

Según el legislador, “estamos muy contentos por la aprobación en particular de este segundo retiro del 10% en la Comisión de Constitución de la Cámara. Estamos avanzando y esperamos que lo antes posible este proyecto se pueda discutir en la sala de la Cámara de Diputados, esperamos que eso sea la próxima semana y después el Senado haga lo suyo y lo apruebe”.

Calisto agregó que “este proyecto es muy importante, porque hay muchas familias que no están recibiendo ingresos, especialmente en las comunas que aún están en cuarentena, como Coyhaique. Si el Gobierno no entrega el apoyo por las vías que corresponde, entonces el Congreso tiene que actuar. Por eso actuamos de la forma más rápida para que la gente pueda hacer uso de sus propios ahorros previsionales”.

Comisión de la Cámara aprueba en particular segundo retiro de fondos AFP y pasa a Sala

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Durante este jueves la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en particular el el proyecto que busca habilitar un segundo retiro desde los fondos de pensiones AFP.

En la instancia la comisión aprobó varias indicaciones, sin embargo, se declaró inadmisible una indicación que buscaba habilitar un eventual tercer retiro.

En primera instancia los integrantes de la comisión aprobaron un sistema de reintegro voluntario. Por 12 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. El mecanismo será una cotización voluntaria adicional de 5% mensual, la cual podrá ser suspendida o descontinuada por el afiliado.

Asimismo, en esta oportunidad se decidió que aplicará para el retiro un impuesto a la renta. En este caso la aprobación de la indicación no fue unánime, y fue aceptada solo por 7 votos a favor y 6 en contra. Podrán exceptuarse de este impuesto aquellos afiliados que mantengan un sueldo mensual inferior a los $2.500.000.

Para aquellos que perciban una remuneración igual o superior a dicho monto, además deberá cumplirse la condición de retirar por sobre 35 UF (alrededor de $1.010.000) para aplicar el impuesto.

De igual forma se aprobó otra indicación para que las autoridades públicas transparenten a través de su declaración de intereses y patrimonio la información relativa a este segundo eventual retiro de fondos, como también el del primero, en el caso de que retiren o hayan retirado.

Pese a que los plazos son estrechos por la tramitación de la Ley de Presupuestos, los impulsores del proyecto piden votarlo a más tardar el martes en la Sala de la corporación.

Enfermos terminales

Se debe recordar también que este miércoles la comisión aprobó y despachó a Sala otro proyecto para que enfermos terminales puedan hacer retiro de sus fondos de pensiones.

Dicho retiro podrá ser total o parcial y no constituirá renta. Para estos efectos, se entenderá por enfermedad terminal aquella condición en la que una persona presenta una enfermedad incurable, irreversible y progresiva, sin posibilidades de respuesta a los tratamientos curativos y con un pronóstico de vida limitado.

La moción determina que el carácter de terminal de la enfermedad deberá ser diagnosticado por un médico-cirujano, quien deberá emitir un informe médico específico para este fin.

Dos candidatos a constituyentes conversan En La Fontana y coinciden: «Tenemos la oportunidad de hacer un proceso constituyente ejemplar»

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♦Dos candidatos a constituyentes. Dos visiones para un mismo objetivo: ser un aporte en ideas, redacción y contenidos de la nueva constitución que Chile tendrá, construida a través de la convención constituyente, cuyos integrantes (155 hasta ahora), serán escogidos por elección popular el 21 de abril de 2021. 

🧿En La Fontana conversamos con dos aspirantes a ser delegados constituyentes. Uno, va directo en la lista de la Democracia Cristiana (DC), como militantes; y, el otro, como independiente dentro de la lista de la falange. Conocer la opinión de ambos es el objetivo de esta entrevista, a dúo.

Cada cual responde las siguientes preguntas respecto del proceso constituyente.

Hablamos, por un lado, con Jorge Andrés Cash. Abogado, quien fue presidente del Centro de Alumnos de Derecho de la Universidad del Desarrollo (UDD) y candidato alcalde por la comuna de Las Condes el año 2008. Se especializó en el área del derecho ambiental, del cual es magíster de la Universidad de Chile y posee un postítulo en la UDD. Fue Presidente Nacional de la Juventud Demócrata Cristiana (JDC) y secretario general de la Juventud de la Organización Demócrata Cristiana de América. Va, por tanto, como militante DC.

En tanto, Juan Enrique Pi, es abogado de la Universidad de Chile. Y hasta septiembre del año pasado, fue presidente Ejecutivo de Fundación Iguales. Fue parte fundamental en la tramitación de la Ley de Identidad de Género, impulsor del proyecto de matrimonio igualitario, y un férreo defensor de los Derechos Humanos de la diversidad sexual y de género en todos los ámbitos de la sociedad. Es independiente apoyado en la lista DC.

-¿Por qué aspira a ser constituyente?

Jorge Andrés Cash:

«Quiero enfrentar este desafío con coraje. Es un proceso histórico. Nos jugamos el futuro de Chile de los próximos 40 años. Hay varias oportunidades asociadas al proceso. Se podría generar mayor justicia social. Sobre todo, respeto y dignidad para los más pobres. Cualquier resultado distinto a garantizar eso, va a ser un fracaso», asegura.

Juan Enrique Pi:

«El proceso que está iniciando el país, a partir del pasado 25 de octubre, va a requerir de distintas miradas, experiencias y competencias, de personas que hay en el país. Para mí, como abogado de Derechos Humanos es muy importante -y sobre lo cual aún tenemos deuda en Chile-, que estén bien representados y debidamente defendidos en la convención. Mi objetivo es poner a disposición mi experiencia (…) El principal desafío que nos convoca redactar una nueva constitución, es ver cómo el Estado, efectivamente, tiene un mandato de garantizar y proveer derechos fundamentales y, además, disminuir las brechas que impiden el ejercicio de esos derechos», dice.

-¿Cuáles son los principales temas que defenderá en la convención constituyente?

Jorge Andrés Cash:

«Que ninguna familia se angustie más por no poder estudiar o por enfermarse, o por envejecer, como principio rector. No más miedo a no poder estudiar, envejecer o a enfermarse. Si esos principios se pueden aterrizar en la nueva constitución, perfecto, bienvenido sea. Habrá que ver los mecanismos para que eso ocurra (…) Hay que reforzar las instituciones que hoy están débiles», dice.

Sin embargo, advierte: «Hay que tener mucho cuidado, eso sí, con garantizar derechos sociales a rajatabla, porque ese camino sabemos donde empieza, pero no dónde termina. No hay cómo exigir el cumplimiento de esos derechos sociales. No hay recursos ni marcos judiciales para hacer valer esos derechos; si es que la nueva constitución estableciera que los garantiza. Eso es el camino al populismo y una caída al despeñadero más absoluto. Camino que eligió Venezuela, entre otros países. Hay que tener cuidado con el «ofertón» de derechos sociales, porque es un camino extremadamente riesgoso».

Juan Enrique Pi:

«Quiero instalar, con mi experiencia, temas de respeto irrestricto a los Derechos Humanos. Además, materias de grupos históricamente discriminados; reconocimiento no solo de la diversidad sexual, sino que también sobre respeto a pueblos originarios y personas con discapacidades», sostiene.

-¿Qué materias constitucionales vigentes deben quedar en la nueva constitución y cuáles no?

Jorge Andrés Cash:

«Hay una arquitectura institucional que hay que preservar. Existe un marco institucional, el cual no hay que reemplazar del todo (…) La protección social en materias como educación, salud y pensiones se debe resguardar, porque no son bienes de consumos ni bienes transables. Nosotros nos debemos al espíritu, al ser humano, como humanistas cristianos», asevera.

Juan Enrique Pi: 

«Lo que hay que sacar, principalmente, de la constitución actual es la trampa de este abanico de impedimentos para establecer políticas públicas, por parte del Estado chileno, con el fin de abordar distintos problemas sociales y así acabar con distintas brechas del ejercicio de derechos sociales. Muchas políticas públicas son declaradas inconstitucionales, porque la actual constitución lo que ha hecho es coartar ciertas atribuciones del Estado para ejercer su misión de velar por el bien común», plantea.

Y agrega: «Mantendría, eso sí, la separación de poderes, sin duda. Tienen que mantenerse las instituciones fundamentales del Estado como el Poder Judicial, el Legislativo, y otras (…) Tengo una buena percepción del bicameralismo, aunque todo es discutible. El unicameralismo no ha funcionado bien, por ejemplo, en Perú. En principio, no cambiaría un sistema presidencial por uno parlamentario. Sí, se podría discutir un sistema semipresencial».

-¿Cómo mantendrá una vinculación con la ciudadanía y las organizaciones civiles, si gana?

Jorge Andrés Cash:

«Quiero funcionar y coordinarme, en esta materia, más que nada con el Ejecutivo y el Legislativo. Sería un error darle a la constituyente un rol soberano, dándole una autonomía que no tiene. El rol de la convención constituyente es acotado; solo para redactar una nueva constitución, pero el Congreso Nacional debe seguir adelante, con leyes paralelas al proceso constituyente, y el Presidente Piñera debe terminar su mandato como corresponde. Hay que velar por la estabilidad de las instituciones y la coordinación con el Ejecutivo (…) Cometió un profundo error MEO al plantear disolver el Congreso. Creo que es un acto de provocación a la democracia innecesario y temerario», manifiesta.

Juan Enrique Pi:

«Es importante que la persona que salga electa mantenga ese vínculo con la ciudadanía. Si tengo el honor de salir electo, cuando nos toque visitar regiones en este proceso de la convención, mi idea es reunirme con la gente, las organizaciones de la sociedad civil, y así escuchar sus opiniones (…) No hay una sobrerrepresentación con más de 180 constituyentes si se confirma lo de escaños reservados para pueblos originarios (…) Los 2/3 nos obliga a llegar a acuerdos, al menos en el espectro amplio de la izquierda, centroizquierda e independientes, y después con la derecha», expresa.

-Por último, ¿Cómo ve este proceso?, ¿Con optimismo o pesimismo?

Jorge Andrés Cash:

«Tengo mucha esperanza sobre el futuro de Chile. Tenemos la oportunidad de hacer un proceso constituyente ejemplar. Tienen que participar el Estado, las empresas, gremios, partidos, independientes, etc., en paz y armonía. El Congreso, en paralelo, debe generar las leyes para que el proceso constituyente se desarrolle de forma efectiva. Por otro lado, veo a la Unidad constituyente como buen pacto para dar gobernabilidad a posible nuevo gobierno de centroizquierda», sentencia.

Juan Enrique Pi:

«Soy un optimista patológico y creo que seremos un mejor país de lo que éramos antes del 25-O, dando un ejemplo al mundo. Vamos a poder conversar con tranquilidad los constituyentes y no dramatizar en nuestras diferencias. Creo que será un buen proceso constituyente (…) Es la primera vez en nuestra historia que se podrá dar esta posibilidad de escribir esta nueva constitución en democracia. El proceso va a llegar a buen puerto y va a ser algo positivo para el país», finaliza. //ELF

Parlamentarios y familiares de presos de la revuelta anuncian proyecto de Ley de amnistía para su liberación

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El proyecto de ley alude a cientos de personas que tras ser detenidas en manifestaciones del estallido social han pasado meses o incluso un año en prisión preventiva, sin que su responsabilidad haya podido ser comprobada. La situación tiene su origen en una política de Estado que pretende desincentivar la protesta social, denunciaron los parlamentarios que patrocinan el proyecto de ley y los familiares de los detenidos, informa ElDesconcierto.cl.

El caso de Daniel Morales Muñoz de 35 años y de su sobrino de 16 años, quienes este martes fueron declarados inocentes tras pasar un año en prisión preventiva acusados de la quema de la estación de Metro Pedrero, dio cuenta una vez más de la situación que cientos de presos del estallido social han debido enfrentar en el último año.

En ese contexto, una veintena de familiares de detenidos acompañados de varios senadores y diputados de la República realizaron este jueves un punto de prensa en el que anunciaron la presentación de un proyecto de Ley de amnistía, que como su nombre lo indica, busca liberar a estos privados de libertad argumentando que sus extensos encarcelamientos -sin culpabilidad comprobada- serían una estrategia del Estado para desincentivar la protesta social.

La presentación se realizó en el frontis del ex Congreso, en pleno centro de Santiago, hasta donde llegaron la diputada Camila Vallejo (PC), el diputado Boris Barrera (PC), el senador Alejandro Navarro (País), así como también diversos familiares de detenidos. Telemáticamente además, participaron la diputada Emilia Nuyado (PS) y el senador Juan Ignacio Latorre (RD).

La instancia comenzó con la lectura de una declaración de parte de María José Marchant, madre y hermana de presos de la revuelta, quien exigió «el fin de la política de privación de libertad con la que este gobierno pretende aplicar un castigo ejemplificador para quienes ejercemos el legítimo y soberano derecho a las movilizaciones sociales en busca de una mejor sociedad».

En esa línea, Marchant llamó a que «los medios de prensa den a conocer nuestra realidad», y explicó que desde su perspectiva «el Estado, a través del Poder Judicial, ha instalado una estrategia basada en burdos montajes policiales, con los cuales mantiene encarcelados a centenares de jóvenes, sin ni siquiera tener la posibilidad de visita hace más de 5 meses por el confinamiento».

«Las heridas abiertas tienen que cicatrizar»

Desde el mundo político en tanto, el senador Alejandro Navarro explico que este proyecto de ley es de amnistía, y no de indulto, porque amnistía «significa que se dan por no obrados los delitos, (en cambio) en el indulto, se indulta la pena, la condena, entonces queda establecida la comisión del delito. En las circunstancias que todos conocemos, particularmente con los montajes de Carabineros, hoy no se puede discernir cuándo estamos frente a un hecho de violencia y cuándo estamos frente a un montaje, por lo que un proyecto de amnistía es lo que estamos proponiendo».

En cuanto al proyecto en sí, la Constitución establece que todos las iniciativas de este orden deben tener su origen en el Senado. Precisamente desde esa cámara, el senador Juan Ignacio Latorre, otro de los que promueve esta iniciativa, expresó que «en Chile se suele usar y abusar de la herramienta de la prisión preventiva para castigar políticamente a determinados grupos sociales; se ha abusado de la prisión preventiva con muchos presos mapuches y también con jóvenes que legítimamente salen a protestar. Se criminaliza la protesta social, el derecho a la protesta social. Se criminaliza a los jóvenes con disidencia política o que tiene una postura crítica en este caso al gobierno de Piñera».

En ese sentido, criticó que «hay jóvenes que llevan un año prácticamente en prisión preventiva, que no tienen antecedentes penales, que están acusados por delitos menores, y eso es injusto, atenta contra un debido proceso, contra la democracia y contra los principios básicos de los derechos humanos».

Otro de los puntos que han sido relevados en este tema por la oposición es que el gobierno retire sus querellas por estos casos. Al respecto, Latorre hizo un llamado al Ejecutivo para que busque «una salida política, y se deje de querellar».

Desde el PC, en tanto, el diputado Boris Barrera condenó «la actitud del gobierno de castigar el derecho a la protesta social, y de prohibir las visitas, lo cual nos parece inhumano. Están abiertos los mall, está abierto el comercio, por lo tanto es ilógico prohibir esto».

Con ello, Barrera hizo alusión a que por la pandemia, las visitas carcelarias han estado muy restringidas, especialmente durante estos últimos cinco meses en los que las visitas a detenidos en prisión preventiva derechamente se han detenido.

Sobre este punto, la parlamentaria del mismo partido Camila Vallejo señaló que «no nos podemos olvidar de nuestros presos de la revuelta. Porque ellos hicieron posible el gran triunfo del 25 de octubre. Ellos iniciaron un proceso de transformación importante en nuestro país, deseado por muchas décadas. No permitiremos que se trate delincuentes a quienes son luchadores y luchadoras sociales«.

Consultada por las declaraciones del propio Presidente Sebastián Piñera y del ministro vocero de gobierno Jaime Bellolio, quienes han negado la existencia de «presos políticos» en nuestro país, Vallejo respondió que «están presos solamente por una decisión política, ante una actitud ejemplificadora, para que más gente no quiera manifestarse«, por lo que claramente sí cabrían dentro de esta figura.

La temática también ha sido abordada por otras figuras de la oposición. De hecho, durante la semana pasada Convergencia Social presentó un proyecto similar a este, pero con la figura del indulto.

Desde el PS en tanto, la senadora por Valparaíso Isabel Allende, señaló esta semana que «si bien hemos sido claros desde un principio en condenar la violencia, nada justifica la vulneración al debido proceso y el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, lo que obliga al Estado a utilizar la medida cautelar de prisión preventiva de manera excepcional, ya que mantener restringida la libertad de una persona por un periodo extendido de tiempo, crea infracciones a la presunción de inocencia, anticipando con ello la pena”.

La diputada del mismo partido, Emilia Nuyado agregó que lo que buscan es que «los detenidos durante el Estallido social puedan salir de la cárcel mientras duran las investigaciones. Aquí hablamos de personas que no han sido condenadas pero que llevan meses encerradas, sin ser culpables aún. En su mayoría son jóvenes estudiantes y trabajadores que no han podido optar a ningún beneficio, que sólo están presos por manifestarse contra el modelo y el sistema».

El proyecto que anunciaron este jueves tanto familiares como parlamentarios, será presentado en los próximos días en el Senado.

«Le pusieron la bomba molotov en el bolso del trabajo»

Uno de los casos que fue denunciado en la oportunidad fue el de Mauricio Cheuque, pareja de hace 19 años de Jocelyne Barrera, quien acudió a denunciar la detención de su esposo.

«Ocurrió el 14 de noviembre, cuando se realizó una marcha en la población La Victoria, en el contexto de una convocatoria por el aniversario de Camilo Catrillanca», comenzó relatando Barrera, detallando que tras la manifestación, donde su marido no participó activamente pero sí la presenció, Carabineros lo detuvo.

Tras esto, miembros de la institución habrían puesto una bomba molotov en su bolso, tras bromear con su apellido, diciéndole «ah, eres mapuche, te vamos a dejar un regalito«.

Heraldo Muñoz (PPD) por nombramiento de Delgado: “El problema principal no es el ministro del Interior, es el desorden del gobierno»

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Muñoz estuvo hoy en el velatorio de quien fuera uno de los fundadores del partido, el destacado actor y director Nissim Sharim. 

El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, sostuvo que el mayor problema del Gobierno no es a quién nombra como ministro del Interior, sino que es el desorden interno que tiene la coalición gobernante, al referirse a la reciente nominación del ex alcalde Rodrigo Delgado como jefe de gabinete. Las declaraciones las entregó el ex canciller durante el velatorio de quien fuera uno de los fundadores del partido en 1987, el destacado actor y director Nissim Sharim.

“Le deseo lo mejor al ministro del Interior. Mi percepción es que es un hombre de diálogo y voy a estar dispuesto a dialogar con él si me lo solicita. Es un hombre cercano a la gente, porque ha sido alcalde, pero tiene una tarea formidable, porque el problema principal no es el ministro del Interior, es el desorden del gobierno, un gobierno sin rumbo, sin dirección, con una coalición dividida”, aseguró Muñoz.

El timonel PPD recalcó que “tiene que haber una responsabilidad del gobierno, de hacerse cargo (del desorden), no solo un cambio de nombre. Si él (Delgado) está allí, le deseamos lo mejor, estaremos disponibles, pero el gobierno debe dar garantías para el próximo año y medio que viene por delante, para que esto proceda con la mayor gobernabilidad posible”.

Consultado sobre si el titular de Interior debe solicitar la renuncia al general director de Carabineros, Mario Rozas, Heraldo Muñoz comentó que “esa es una cuestión que depende de ellos. Nosotros ya hemos dicho ya que hace tiempo que el general Rozas debiera haberse ido. Hace tiempo”.

NISSIM SHARIM

Respecto de la partida del octogenario artista y creador de la compañía ICTUS, el presidente del PPD señaló que “vengo a presentar mis respetos a un grande del teatro y de la cultura de este país, a Nissim Sharim, que supo levantar la voz en los tiempos difíciles de la dictadura, y poner su talento al servicio de la democracia y los derechos humanos. Para eso se requería valentía, y él lo hizo. Con su talento, ayudó a recuperar la democracia”.

“Fue fundador del PPD y por lo tanto yo siento un especial apego a su figura, más allá de la admiración que tenía por él. En definitiva, Chile perdió a un hombre completo, que no separó la cultura del compromiso cívico, y por eso debemos rendirle homenaje por mucho que le dio al teatro, a la cultura y al país”, concluyó el ex canciller.

Funcionarios Aeronáuticos alertan riesgos de seguridad operacional y peligro para las vidas humanas de los usuarios del sistema aeronáutico nacional

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La Asociación Nacional de Funcionarios de Aeronáutica Civil (ANFDGAC), reiteró su preocupación por los riesgos concretos a los que se puede enfrentar la gestión operacional del sistema aeronáutico nacional y el peligro para las vidas humanas por la rebaja presupuestaria planteada por el Ministro de Hacienda, para el año 2021.

A juicio de los representante de las y los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil “además de normar y fiscalizar las actividades aéreas que se realizan en el espacio aéreo controlado por Chile, prestando servicios de navegación aérea, meteorología, aeroportuarios y seguridad operacional, con el propósito de conformar una actividad aérea segura, eficiente y sustentable también tenemos la responsabilidad de cara a nuestros usuarios de alertar los riesgos que este Proyecto de Presupuesto fijado para la DGAC puede tener para la seguridad nacional aeroportuaria”.

“Estamos en total desacuerdo con las restricciones planteadas por el Ministerio de Hacienda y la teoría de “presupuesto base cero” para el año 2021, mediante el cual se fijarán los recursos para funcionamiento y desarrollo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, ya que privaron de implementar los respectivos planes de actualización de tecnología, desarrollo y mantención de eficiencia de su personal y prodigar la confiabilidad del servicio que se presta a terceros que materializan las operaciones aéreas en el país, todo acorde con el desarrollo y avance de la aeronáutica mundial”, afirmó José Pérez Debelli, Presidente Nacional de la ANFDGAC.

“En un sector tan sensible como el aeronáutico no se puede permitir experimentos económicos que pongan en riesgo la seguridad operacional y la introducción de peligro para las vidas humanas de quienes son los usuarios prioritarios del sistema aeronáutico nacional, de mantenerse esta restricción presupuestaria para el año 2021, será de exclusiva responsabilidad del actual Gobierno el deterioro que pueda verificarse en los servicios que entrega la DGAC, el que porfiadamente niega la importancia que tiene dicha institución en el sostenimiento y crecimiento del país”, concluyó el Presidente de los Funcionarios, José Pérez Debelli.