Politica

En La Fontana publicamos declaración pública de la Democracia Cristiana (DC) frente a las cifras de contagios y muertes causados por el COVID-19 y que ya superaron los 9 mil casos diarios y 31 mil fallecidos. Al respecto, la falange declara lo siguiente:

«Creemos que es hora de que el Gobierno de Sebastián Piñera se haga cargo del fracaso de la estrategia y manejo de la pandemia, cuyas consecuencias una vez más, se traducen en dolor, muerte, incertidumbre, a pesar de ser algo claramente advertido y que el Gobierno se ha rehusado a modificar.

Hacerse cargo implica asumir y cambiar. Por lo tanto, creemos que es hora de hacer efectivas las responsabilidades por este manejo negligente, mostrando hoy -y de cara al país- una nueva estrategia con enfoque social integral. En lo sanitario, que deje la administración del contagio y pase a cortarlo con medidas económicas amplias, efectivas y sin letra chica, con criterio de urgencia, universalidad, simplicidad y oportunidad. Con sentido de corto y mediano plazo, dirigido a familias, mujeres, personas discapacitadas y con capacidades diferentes, pymes, cultura, entre otros. Todo con el objeto de resguardar a las familias y a la vida misma que hoy está en riesgo, así como también la protección y bienestar de las personas y nuestras comunidades.

Estamos frente a una verdadera debacle; una catástrofe humanitaria, como resultado de una estrategia que ha buscado permanentemente transformar las vidas en números. Por esta razón creemos que ya no es posible más equivocaciones ni tampoco más desidia.

Exigimos al Gobierno que cambie completamente la gobernanza frente a la crisis. Ella no puede seguir dependiendo del Presidente de la República y del Ministro de Salud. Ha llegado el momento de instalar una nueva gobernanza para enfrentar la crisis: compartida, colegiada, con miembros de la comunidad científica y de expertos, de poderes del Estado, entre otros, y desde donde se tomen medidas eficaces para enfrentar esta situación. Ya no queda más tiempo.

Además de ello, el Gobierno debe entender que la forma más efectiva de disminuir el número de casos, es que las familias se queden en casa. Por lo tanto, a mayores dificultades para acceder a los beneficios y ayudas diseñadas o abundancia de letra chica, mayor será también la cantidad de personas que deban seguir obligatoriamente a la calle aumentando los contagios. El Estado no puede establecer una estrategia que ponga a las personas en la disyuntiva entre salud o sustento. Las medidas restrictivas no son viables si no hay medidas sociales instaladas. Por esta razón, llamamos al Gobierno a no dilatar más y acordar un ingreso de emergencia universal de mínimo 500 mil pesos, cuya duración dependerá de la mejora de estos índices.

Por otra parte, es claro que la trazabilidad ha sido una de las mayores deficiencias para combatir la pandemia. Por esta razón, no sólo se debe al menos sextuplicar los trazadores a nivel nacional, sino implementar un testeo masivo. De la misma forma, se necesita incrementar los recursos frescos y directos para los municipios, todos los estamentos de la salud y fortalecer las capacidades de gestión y recurso humano.

Hemos conocido también de una gran cantidad de licencias médicas rechazadas sistemáticamente, como también del drama de cuentas abultadas porque Fonasa está rechazando la ley de urgencia de pacientes covid que llegan a las clínicas. Emplazamos al Gobierno a que instruya a la Superintendencia de Pensiones y la Superintendencia de Salud, que prevengan o corrijan esta situación de inmediato, y adviertan a Fonasa, que su rol es de ser un seguro público de salud y no un entorpecedor de las garantías que debe concurrir a cada persona.

Necesitamos que se restrinja el desplazamiento dentro del territorio y aumenten -a su vez- la frecuencia de buses y trenes, y que los adultos mayores tengan horarios definido para ellos en bancos, cajas de compensación, comercio, y en todos aquellos servicios donde normalmente existe aglomeración. Exigimos al Ministerio del Trabajo y la Dirección del Trabajo, y las Policías y Ejército, que colaboren de forma masiva en la fiscalización de los permisos que día a día siguen tramitándose sin que se trate de servicios de primera necesidad. Y en aquellas zonas en que la situación sea crítica, establecer cierre de frontera regional bajo la autoridad del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, impidiendo de manera estricta el ingreso y salida de transporte aéreo y terrestre que no sea para servicios vitales.

Emplazamos al Gobierno a que pida perdón por la situación que tenemos hoy; tal como hicieron otros mandatarios con una crisis menor a la nuestra, como sucedió con Alemania. Creemos que un gesto de tal magnitud para miles de familias afectadas por muertes y enfermedades, servirá para el espíritu que necesitamos en Chile hoy. De la misma forma, exigimos al Gobierno que no ponga trabas ni lleve al Tribunal Constitucional las iniciativas para un tercer retiro. El Presidente ha llegado mal y tarde con sus propuesta de ayuda, por lo que lo legítimo es que los habitantes de este país, recurran una vez más a sus cuentas para poder subsistir. Y será parte de las iniciativas para un futuro próximo, la forma en que éstos sean recuperados. No obstante lo señalado, no hay disculpa válida sin real arrepentimiento, corrección y debido apoyo social.

Finalmente, manifestamos nuestra convicción de que la situación es de tal magnitud y gravedad, que de no verificarse cambios, responsabilidades y presentado nuevas estrategias sanitarias y económicas, exigiremos las responsabilidades que correspondan, a través de las herramientas constitucionales actualmente vigentes. El Gobierno ha agotado su tiempo frente a la crisis, y no puede pretender seguir realizando llamados vanos a la unidad o verbalizando un discurso exitista ajeno a toda realidad y respeto por quienes habitamos en Chile».